Nacionales
Consejo de la Judicatura cesa funciones de jueces acogidos a jubilación; Loja pierde a trece servidores judiciales
En la sesión ordinaria desarrollada el jueves 29 de junio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el informe técnico previo a la cesación de funciones de los jueces acogidos al “Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación de las y los Servidores de Nombramiento Permanente del Consejo de la Judicatura 2026”.
Como resultado del análisis técnico-jurídico efectuado por el organismo, un total de 62 jueces cesaron oficialmente en sus funciones desde el martes 30 de junio de 2026, en distintas dependencias judiciales del país.
En la provincia de Loja, trece servidores de la Función Judicial dejaron sus cargos, entre ellos magistrados y funcionarios jurisdiccionales que se desempeñaban en áreas penales y civiles. Los jueces cesados son:
• Fernando Guerrero Córdova y Wilson Rodas Ochoa, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
• Juan Rafael Cuenca, juez de la Unidad Judicial Penal de Loja.
• Ángel Valle Vera, integrante del Tribunal de Garantías Penales de Loja.
• Hernán Peñaherrera y Franco Astudillo, de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Catamayo.
• Oswaldo Saritama, de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Chaguarpamba.
A esta desvinculación se suman además seis servidores judiciales entre secretarios y ayudantes judiciales, quienes también concluyeron sus funciones dentro del sistema judicial provincial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura procederá a designar jueces temporales mientras se desarrollan los procesos para el nombramiento de jueces titulares.
Sobre este procedimiento, el presidente de la Corte Provincial de Justicia y director provincial del Consejo de la Judicatura en Loja, doctor Adriano Loján Zumba, informó que, mientras se concretan las designaciones definitivas, algunos despachos judiciales serán encargados a otros jueces en funciones.
La medida genera preocupación en el ámbito judicial debido a la sobrecarga procesal que podría producirse en varias dependencias. Según se advirtió, un mismo juez podría asumir temporalmente la responsabilidad de dos juzgados, situación que incidiría directamente en el tiempo de trámite, despacho y resolución de causas legales en la provincia.
El proceso de desvinculación forma parte de la política institucional de renovación administrativa impulsada por el Consejo de la Judicatura durante el presente año, en el marco del régimen de jubilación para servidores con nombramiento permanente.
Nacionales
La mayor mina de cobre de Ecuador, Mirador, tendrá su propia hidroeléctrica, tras años de espera, dice Viceministro
Cinco de los proyectos mineros que están más próximos a comenzar producción en Ecuador demandarán unos 551 megavatios de potencia (MW); esto es más de lo que demanda de electricidad la provincia de Manabí; que consume en promedio unos 400 MW.
En entrevista con PRIMICIAS, el viceministro de Minas, Guillermo Flores, explica las acciones que ha tomado el Gobierno para asegurarse de que los proyectos tengan sus propias plantas de generación eléctrica, en un escenario en el que el país tiene un importante déficit de generación.
Tras más de dos años de negociaciones, Flores asegura que el Gobierno está cerca de firmar una adenda para el contrato del proyecto de cobre Mirador Norte o Mirador II, ubicado en Zamora Chinchipe.
Y es que este proyecto minero se ha retrasado porque no había acuerdo sobre la construcción de una central hidroeléctrica que exige el Gobierno a la minera Ecuacorriente para permitir la explotación de este proyecto, cuya primera fase ya está operativa desde 2019.
Según el Viceministro, en lo que queda de 2026 ya se destrabaría este problema y Ecuacorriente podría comenzar a producir cobre en Mirador Norte.
¿Qué proyectos mineros están más cerca de entrar en etapa de producción en Ecuador?
En mediana minería el más cercano es el proyecto minero El Domo-Curipamba, en Las Naves, Bolívar. La mina está en construcción y se espera que en el segundo trimestre de 2027 ya comience a producir.
Le sigue el proyecto minero La Plata, también de mediana minería, que ya tiene la licencia ambiental y está próximo a comenzar la construcción de la mina en el último trimestre de 2026.
Luego están en camino los grandes proyectos mineros Cangrejos, de oro, y Cascabel, de cobre. Estos comenzarían su etapa de producción en 2030.
También podríamos incluir a Mirador Norte o Mirador fase II en este grupo de proyectos de gran minería que están cerca de comenzar a producir.
Con esta segunda fase, Mirador, que ya está en producción en su primera fase, pasará de producir 70.000 toneladas al día a 140.000 toneladas. Se duplica la producción.
¿Cuánta electricidad demandarán estos nuevos proyectos mineros? ¿Podrá suplirse esa demanda?
En el caso de las minas de mediana minería, sus requerimientos energéticos no son tan altos. La Plata tiene un requerimiento de 4 megavatios de potencia (MW) y El Domo, de 10 MW. Eso es poco en comparación con proyectos de gran minería. En el caso de la mina Cascabel, requerirá unos 180 MW, Cangrejos alrededor de 260 MW.
Las mineras a cargo de los proyectos de gran minería tienen claro que deben ser capaces de autogenerar el 100% de la electricidad que requieren.
«Las mineras a cargo de los proyectos de gran minería tienen claro que deben ser capaces de autogenerar el 100% de la electricidad que requieren»
Por ejemplo, el 27 de abril se firmó el contrato de explotación con Cangrejos y ahí está sumamente claro que tienen que autogenerar su electricidad.
Los proyectos de gran minería desde ya están buscando socios y estrategias para suplirse con generación hidroeléctrica, más que todo por costos y por la cantidad de energía que requieren.
Sabemos que están llegando a acuerdos con empresas extranjeras y nacionales que se especializan en generación eléctrica para contratarlas y que les provean los servicios.
Se renegociará el contrato del proyecto Cascabel para garantizar que tenga autogeneración, ¿qué otros cambios se implementarán?
Sí, se renegociará. Ya nos reunimos con los nuevos dueños de la empresa que tiene la concesión de Cascabel, recordemos que hace unos meses, Jiangxi Copper Company Limited (JCC), compró SolGold.
Ellos ya conocen las observaciones que existen por parte del Estado y los puntos que podemos ir mejorando. Será una adenda del contrato, porque ya estaba firmado.
Ya hemos tenido negociaciones de adendas, por ejemplo, con Ecuacorriente, por el proyecto Mirador, que seguimos negociando. No es ninguna novedad este tipo de procesos en los cuales el Estado y la empresa buscan mejores condiciones en función de los cambios que se van dando.
«No es ninguna novedad este tipo de procesos en los cuales el Estado y la empresa buscan mejores condiciones en función de los cambios que se van dando»
Dentro de las observaciones que se han hecho para la adenda con Cascabel están también, por ejemplo, las regalías anticipadas y el ajuste soberano.
Esto no es ninguna imposición ni nada, es una negociación que busca las mejores condiciones tanto para la empresa como para el Estado. Y ellos están dispuestos a dialogar. Somos socios y lo que buscamos es que el proyecto se pueda desarrollar, para beneficio de las dos partes.
¿Esto retrasaría el cronograma para que comience la explotación de la mina Cascabel?
La experiencia ganada con la reciente negociación del contrato de explotación del proyecto Cangrejos va a ser importantísima, porque muestra qué cosas se pueden ajustar, seguro va a facilitar la renegociación de Cascabel. Por eso no creo que se vaya a retrasar el proyecto, la fecha se mantiene en 2030.
Estamos pendientes de la presentación del estudio de perfectibilidad que lo va a hacer el nuevo titular JCC.
¿Por qué ha tardado la negociación con Ecuacorriente de la adenda del contrato para Mirador Norte?
Ellos de hecho ya tienen la primera fase con 100% de autogeneración eléctrica, ya tienen una capacidad de autogenerar 83 megavatios. Alquilaron termoelectricidad para esto.
Ahora estamos afinando detalles. A través del ministro Juan Carlos Blum esperamos agilizar esto. No quisiera dar fechas, pero lo pendiente no debería tomarnos mucho tiempo. Este mismo año ya deberíamos tener la adenda para que Mirador fase II pueda empezar.
«Este mismo año ya deberíamos tener la adenda para que Mirador fase II pueda empezar»
Para nosotros es importante agilizar esto, porque en la medida en que ellos puedan ampliar su producción también se van a ampliar los beneficios para el Estado.
La segunda fase de Mirador requerirá unos 97 megavatios más de electricidad, ¿construirá la empresa la hidroeléctrica que el Gobierno pide?
La vía que se está haciendo es la construcción de hidroeléctricas. En un principio, se tenía la idea de que la autogeneración tenía que estar in situ, en la misma zona de la mina, pero no es así.
El Viceministerio de Electricidad ha explicado que la central puede estar en cualquier zona del país, porque eso ingresa al sistema nacional y generara un crédito a favor de la empresa.
«El Viceministerio de Electricidad ha explicado que la central puede estar en cualquier zona del país, porque eso ingresa al sistema nacional y generara un crédito a favor de la empresa»
¿Y el sitio que está donde va a estar la hidroeléctrica de Mirador ya se definió?
No, por ahora no lo podría decir.
Otros proyectos importantes en gran minería son Warintza y Llurimagua, ¿en qué estado se encuentran?
Es interesante el potencial de la minería, como país tenemos proyectado más de USD 12.000 millones en inversiones por proyectos mineros dentro de los próximos ocho años.
La expectativa con el proyecto de cobre Warintza es poder sentarnos en el segundo semestre de 2026 para una prenegociación de su contrato de explotación.
Ese está llamado a ser nuestro quinto contrato de explotación de minas a gran escala y tiene proyectada una inversión de USD 5.600 millones.
«Ese está llamado a ser nuestro quinto contrato de explotación de minas a gran escala y tiene proyectada una inversión de USD 5.600 millones»
Y Llurimagua ha generado un interés súper positivo a nivel mundial. De las 10 empresas mineras más grandes del mundo, al menos la mitad estuvo en Ecuador por interés en este proyecto.
Luego de la salida de Codelco del proyecto de cobre Llurimagua, ¿qué avances hay para ponerlo en marcha de nuevo?
La responsabilidad recae en la Empresa Nacional Minera, que es la titular de Llurimagua.
Ellos están teniendo importantes reuniones para establecer una hoja de ruta que permita garantizar transparencia. Lo único que nos piden las grandes empresas es transparencia, que este proceso sea llevado de una manera técnica y que permita competir en las mejores condiciones.
Por eso ya estamos trabajando con diferentes bancos de inversión a nivel mundial para blindarnos de mejor manera y garantizar el proceso.
Ya tenemos algunos bancos de inversión interesados, lo importante es que el banco seleccionado también genere confianza en los interesados de que este será un proceso serio.
Conocemos que la minera Boroo de Mongolia ha adquirido una o varias concesiones en Ecuador, ¿bajo qué características entra al país?
Sí, con ellos nos reunimos semanas atrás. Adquirieron, un número importante de concesiones a Emsaec, filial de Codelco.
Nos dijeron que tenían interés de continuar exploración en estas concesiones.
¿Qué está haciendo el Viceministerio para combatir la minería ilegal?
Es una preocupación importante para el Estado. En lo que va del año se han desarrollado ya 216 operativos en 17 provincias en el país.
Uno de los objetivos es poco a poco ir erradicando esta actividad ilegal la que se realiza, no se trabaja solo a nivel de Ecuador, sino en colaboración con Colombia y Perú, entendiendo que es un problema regional. Fuente: Primicias
Nacionales
ADN mueve sus fichas para las seccionales de noviembre
La lista de precandidatos para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 sigue tomando forma. El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) definió este miércoles 1 de julio sus cuadros para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha, tras cumplir con su proceso de primarias internas. La organización política postuló a Giovanna Ubidia para la capital y a Harold Burbano para el gobierno provincial.
Ubidia es la actual directora nacional del Seguro Social Campesino y ya participó en la papeleta electoral de febrero de 2025 como candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha, bajo el auspicio del oficialismo. Su nombre se suma a una contienda en Quito que comienza a llenarse de aspirantes de distintas organizaciones políticas, mientras los partidos cierran sus procesos de democracia interna. Para la Prefectura de Pichincha, ADN apostó por Harold Burbano, exministro de Trabajo.
El movimiento oficialista también alista sus cartas en Guayas. De acuerdo con información publicada en diversos medios, Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional, aparece como una de las principales opciones para la Alcaldía de Guayaquil, mientras que la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, sería perfilada para disputar la Prefectura del Guayas.
Olsen renunció a la Presidencia de la Asamblea el pasado 8 de junio y dejó abierta la posibilidad de asumir un nuevo encargo político dentro de ADN. Rovira, en cambio, se mantiene al frente del Ministerio de Desarrollo Humano, cartera que forma parte de los cambios anunciados por el Ejecutivo dentro de su reorganización del gabinete.
En Manabí, reportes locales difundieron que la militancia de ADN-Lista 7 eligió a Mario Amado Zambrano como precandidato a la Alcaldía de Chone, durante las primarias provinciales.
El proceso se desarrolla en la recta final del periodo de democracia interna. De acuerdo con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), las primarias iniciaron el 18 de junio y se extenderán hasta el 2 de julio de 2026. Después, las organizaciones políticas deberán avanzar hacia la inscripción de candidaturas, etapa prevista para agosto, antes de que el organismo electoral apruebe las listas definitivas que aparecerán en la papeleta. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Jueza llama a juicio a Aquiles Alvarez por incumplir uso del grillete | “Deberían perseguir a los de Progen”, dice el alcalde de Guayaquil
En la audiencia preparatoria de juicio del caso Grillete, este 1 de julio de 2026, la jueza Karen Alarcón resolvió llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, cuya pena va de uno a tres años de prisión.
En esta diligencia -que inició pasadas las 08:00- le correspondía a la defensa del alcalde presentar sus argumentos de inocencia. Aquiles Alvarez estuvo representado por un abogado particular y un defensor público designado por el Consejo de la Judicatura.
Ambos defensores señalaron el lunes pasado que no habían tenido suficiente tiempo para revisar los seis cuerpos (600 páginas) del expediente judicial en vista de que no habían logrado reunirse con el alcalde, recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Luego de casi tres horas de alegatos de los abogados del alcalde, la Fiscalía informó en su cuenta de X que la jueza había dado por “concluida la intervención de los sujetos procesales” y que había dispuesto “un receso para analizar lo expuesto en la audiencia y emitir su decisión sobre si llama o no a juicio al procesado Aquiles Alvarez”.
La audiencia se reanudó cerca de las 15:00 y luego de tres horas de lectura de su decisión, la jueza Karen Alarcón acogió el pedido de la fiscal Lisset Barragán, de la Unidad de Administración Pública 1, y dictó el auto de llamamiento a juicio contra Aquiles Alvarez.

«Decisión será impugnada»
La decisión provocó el rechazo de la defensa técnica del alcalde. En un comunicado de prensa anunció que impugnará la decisión de la jueza: “Hemos sido notificados con la resolución de llamamiento a juicio dictada dentro del denominado caso Grillete, decisión que será impugnada por las vías previstas en el ordenamiento jurídico”.
Según los abogados, el llamado a juicio “evidenciar serios cuestionamientos sobre la motivación judicial, el control de legalidad y la admisión de elementos que, a criterio de esta defensa, no podían superar la audiencia preparatoria de juicio”.
“La resolución recoge sustancialmente la tesis acusatoria de Fiscalía, pero no desarrolla un análisis autónomo, suficiente e individualizado de los argumentos de descargo planteados por la defensa”. Defensa técnica de Aquiles Alvarez
Los defensores del alcalde cuestionaron que se hayan admitido “elementos cuya utilización como prueba se encuentra expresamente prohibida por la normativa procesal penal”. “Observamos con preocupación la celeridad con la que se condujo esta fase procesal, la rapidez no puede utilizarse para restringir materialmente el ejercicio de la defensa”, señalaron. Pruebas de cargo y descargo
En la primera parte de la audiencia, el lunes 29 de junio de 2026, la fiscal Lisset Barragán presentó ante la jueza Karen Alarcón dos listados de pruebas contra el alcalde, uno con 25 testimonios, principalmente de agentes policiales, y otro con 26 documentos, entre ellos peritajes técnicos del estado del grillete e informes de las alertas emitidas por el dispositivo.
Entre los testimonios, la fiscal presentó las versiones de los policías de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), quienes participaron en el operativo de allanamiento en la casa del alcalde, en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí.
“Ingresaron al dormitorio principal, donde encontraron al señor Aquiles Alvarez junto a su esposa y, al levantarse de la cama, pudieron apreciar que no portaba en su tobillo el dispositivo de vigilancia electrónica, el cual se encontraba a un costado de la cama, en el suelo”. Lisset Barragán, fiscal
La misma fiscal también incluyó entre las pruebas de descargo la versión libre y voluntaria del alcalde, en la que señalaba que no fue detenido huyendo sino en su domicilio y que la zona donde vive aparece en el sistema del SNAI como ‘fuera de servicio’, razón por la cual se generaban alertas en el dispositivo electrónico.
“Cuando el SNAI me entrega y me coloca el grillete, el acta dice bien clarito, después de hacer un análisis tecnológico, que mi domicilio registra movimientos offline, no por mi culpa ni por culpa de mi casa, sino por el sistema antiguo que tiene el SNAI, el grillete y el ECU 911. Yo duermo ahí, es mi casa, y siempre se generaron alertas”. Aquiles Alvarez, alcalde
Alvarez remarcó: “esa es la tecnología de los grilletes, del SNAI y del ECU 911. En vez de perseguirme a mí, deberían perseguir a los de Progen, que se robaron los USD 240 millones. En vez de perseguirme y armar el proceso como lo han armado, deberían comprar nuevos grilletes y renovar la tecnología del ECU 911, que es una porquería”.
Sin embargo, el dato del alcalde sobre Progen no es correcto. La Fiscalía impulsa un proceso penal por el perjuicio de USD 104 millones en la fallida compra de generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen.
Caso Goleada, pendiente
El llamado a juicio contra el alcalde en el caso Grillete se produce dos días día después de que el 29 de junio de 2026 concluyera la etapa de instrucción fiscal en el caso Goleada, en el que Alvarez consta como procesado por el delito de lavado de activos.
En esta causa, las fases siguientes corresponden a la presentación del dictamen del fiscal Dennis Villavicencio y la posterior audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía presenta las pruebas de cargo y descargo obtenidas para llevar a juzgamiento al alcalde.
Paralelamente, este mes de julio, a partir del día 18, se ha previsto la reinstalación de la audiencia de juzgamiento de Aquiles Alvarez en el caso Triple A, que comenzó en julio de 2024 y que lo procesa por el delito de comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas.
Origen del caso Grillete
- El caso Grillete surgió a raíz del allanamiento que realizó la Fiscalía a la residencia del alcalde el 10 de febrero de 2026, cuando agentes policiales dijeron haberlo encontrado sin el dispositivo electrónico que le había ordenado el juez Renán Andrade, en el caso Triple A.
- El allanamiento fue una acción judicial dentro de una investigación por el delito de lavado de activos, conocida hoy como caso Goleada. El 11 de febrero, el fiscal Dennis Villavicencio formuló cargos contra Aquiles Alvarez y un juez le dictó prisión preventiva.
- Paralelamente, la fiscal Lisset Barragán inició de oficio una investigación previa contra el alcalde, en esta ocasión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, por uno portar el grillete electrónico. En este caso, Barragán formuló cargos contra el alcalde el 16 de marzo y ese mismo día un juez le ordenó privación de libertad. Fuente: Primicias
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