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Colectivo LGBTI: empatía es respetar la realidad ajena y los derechos de los demás

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El 28 de junio de cada año, se celebra el Día del Orgullo LGBTI u Orgullo Gay, representado por los colores del arcoíris, simbolizando el respeto a la diversidad sexual. Esto, con la finalidad de que una persona no se vea en la situación de ocultar su orientación sexual y vivir su sexualidad por miedo al rechazo social.

En Ecuador la primera marcha y celebración por el Orgullo LGBTI se dio en el 2001, a partir de ahí, en distintas ciudades y provincias, manifiestan su pensamiento y sentimiento, buscando el respeto y derechos. Son diversas actividades que se realizan, pero muchas de las veces, no son bien vistas por un porcentaje de la sociedad.

Muchos miembros del colectivo que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, pansexuales y asexuales, celebran este día para buscar que la sociedad los incluya y sobre todo respete sus derechos a pesar de la diversidad sexual.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) penaliza los actos de discriminación (Art. 176) y odio (Art. 177), que se cometan éstos a través de violencia física o psicológica contra las personas por su identidad de género y su orientación sexual. Cada año se ha ido creando políticas públicas para garantizar que no se vulneren los derechos de este colectivo.

Respeto a los derechos de las personas con diversidad sexual

Es preocupante la situación, pues de enero de 2023 hasta la presente fecha ha habido 60 personas asesinadas por transfobia y homofobia, casos que no han sido sentenciados. La Constitución del 2008, ampara y garantiza los derechos del colectivo LGBTI, pero quienes son parte de ello, aseguran que no se ha visibilizado en la realidad. Aseguran que la protección de los derechos del colectivo LGBTI, no está dando los pasos que corresponde o es bastante retrasada, dijo Richard Nole, quien pertenece al colectivo en la provincia de Zamora Chinchipe.

Hace días atrás, Nole indica que tuvieron la oportunidad de participar en la socialización de la primera encuesta piloto sobre “La Realidad de Vida de la Población LGBTI en Ecuador. Aquí se dieron a conocer ciertos indicadores y es una situación alarmante porque no existen profesionales LGBTI, son pocas las personas que se están preparando y no es porque no existan los medios, sino las condiciones y situaciones de vida.

En la provincia de Zamora Chinchipe, después de muchos años de trabajo y empoderamiento, consideran que aún no existen frutos. “Todavía tenemos autoridades con pensamiento conservador que, creen que sus pensamientos lo pueden aplicar en sus cargos de poder público”, indicó el miembro del colectivo LGBTI en Zamora Chinchipe.

Aseguran tener un pensamiento propio y no tratan de imponer ideas, están incentivando al respeto, inclusión, equidad e igualdad, rescatando que han sido pocas las autoridades que han sido sensibles ante las necesidades de la población LGBTI; quienes son los encargados de poder ejecutar las políticas públicas, con decisión política y convicción por el bienestar común.

En octubre de este año, se lanzará el primer censo poblacional del colectivo LGBTI. Con ello, aspiran conocer la realidad y las necesidades urgentes. En el actual gobierno de Guillermo Lasso, se creó la Subsecretaría de las Diversidades con los recursos económicos invertidos.

Apoyo familiar

Aparte de las autoridades, la familia también en ocasiones ha sido parte de esa exclusión, por la situación de no estar preparada a causa de la mala información y la educación, hace que aun existan estos patrones culturales, en donde se piensa que la comunidad LGBTI son un ‘daño para la sociedad’. Nole señala que es importante el respaldo brindado por la familia, para que desarrolle, sus habilidades, destrezas y autoestima para que vaya preparada a enfrentar a una sociedad con prejuicios y estigmas sociales.

Existen muchos casos donde la familia al momento de enterarse de la orientación sexual de su hijo o hija, tiende a marginarlo y echarlo de la casa, generando situaciones negativas. “En carne propia he participado de algunos actos de discriminación y violencia por parte de muchos entes del gobierno. Efectivizar la protección es bien difícil, estos organismos de control de la seguridad ciudadana y del orden público”, aseveró el ciudadano y que este tipo de situaciones afecta la parte psicológica por que los planes de vida de cada persona se truncan, que muchas de las veces causan suicidios.

Proyecto social del colectivo LGBTI

El 24 de mayo, presentaron el mismo proyecto con el Gobierno Provincial con la finalidad de obtener recursos económicos para poder realizar las actividades en el marco de esta fecha mundial, siendo conscientes de la época de transición de administración. Y para este año, fue imposible porque los recursos han impedido que se pueda seguir desarrollando este proyecto.

La respuesta del gobierno provincial hacia este colectivo ha sido que este proyecto no es factible, pese a que fue el mismo que se aprobó el año anterior con similares características y enfoque de promoción, protección y fortalecimiento de los derechos humanos, para minimizar y erradicar la discriminación. Pero les pidieron reformular el proyecto, tanto en el contenido como en el presupuesto, por lo que aún tienen la esperanza y continuarán trabajando.

El valor del proyecto estaría estimado de parte del Gobierno Provincial en USD 10.000 y la contraparte del colectivo LGBTI de USD 5.000. Seguirán tocando las puertas de las autoridades y de las empresas privadas y con el aporte de los miembros del grupo LGBTI en Zamora Chinchipe. El evento se posterga esperando que se lo pueda efectivizar a través de las autoridades.

“Ya no queremos las marchas en las calles, ya no queremos más víctimas de violencia, que se pierdan más vidas, más bien queremos tener esa convicción de trabajar en las mesas de dialogo y afrontar los nuevos retos que presenta la sociedad, recibir cargos donde podamos tomar decisiones”, dijo concluyó Nole.

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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