Nacionales
Caso Nene | Verónica Abad rompe el silencio tras la detención de su hijo en Ecuador
«Me están presionando para que renuncie y salga de aquí (…) Es un golpe a mi vida y a la institucionalidad del país, quieren quitarme del medio para quitarme de la Presidencia del país», afirmó este domingo la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al referirse por primera vez en público a la detención de su hijo en Ecuador.
El 22 de marzo de este año, un juez dictó prisión preventiva contra Sebastián B. A., procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias, en calidad de autor directo, en un caso llamado «Nene», que investiga el supuesto cometimiento de este acto ilícito en la Vicepresidencia.
El procesado fue arrestado en un operativo ejecutado por la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, la madrugada del 21 de marzo, en Cuenca. También se realizaron allanamientos en otros inmuebles en las provincias de Pichincha y Azuay, en donde se recabaron los indicios relacionados con la comisión del delito.
En una entrevista concedida al programa Central Noticias del canal OPA de Costa Rica, la segunda mandataria resaltó su indignación por la detención de su hijo «sin haber tenido prueba alguna» e hizo responsable al presidente Daniel Noboa por su vida, considerando que «está en peligro» tras haber sido encarcelado provisionalmente.
Además, destacó que no puede regresar a Ecuador sin cometer un abandono de funciones ya que, para hacerlo, es necesario obtener un permiso por parte de la Cancillería ecuatoriana.
«Ecuador tiene que darme la licencia para que pueda estar junto a mi hijo. No pueden violentar de esta manera y extorsionarme con la vida de mi hijo. Esto es una persecución política, hay una violencia política constante», declaró.
Denuncia ciudadana
La investigación, a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, inició tras una denuncia ciudadana, precisó la Fiscalía en el escrito. Según el relato de la víctima, que consta en el expediente, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República, en diciembre de 2023.
El pasado 8 de diciembre, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B. A. y otra persona, en un hotel de Quito. Agrega que, ambas personas, presuntamente, le ofrecieron un puesto de trabajo (Coordinador General) dentro del servicio público, con un sueldo de 3.200 dólares. «No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente 2.000 dólares a Francisco Sebastián B. A.».
«Luego de negociar, acordaron la entrega de cerca de 1.700 dólares al procesado, mientras que la víctima se quedaría con el resto«, señaló la Fiscalía. Para garantizar este pago, convencieron al perjudicado de firmar una letra de cambio por 30.600 dólares.
Tras obtener el cargo ofertado, la víctima «no pudo realizar el primer pago acordado y por esa razón se habría coordinado la entrega, personalmente a Francisco Sebastián B. A., el valor de 3.400 dólares en febrero de 2024″, anota.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados en la investigación, entre los que se incluyen la versión del denunciante, el informe de vigilancias y seguimientos, el informe de los audios de las conversaciones sostenidas entre la víctima y el procesado. Fuente: Vistazo
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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