Lleva un casco y un chaleco antibalas que solo se lo puede quitar una vez entra a su despacho, en uno de los pisos superiores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En su escritorio le esperan cientos de hojas de expedientes judiciales. “Desde aquí veía a los francotiradores que resguardaban el edificio, mientras trabajábamos en el caso Metástasis”, dice con voz pausada, mirando por el gran ventanal hacia la calle.

Mercedes Johanna Caicedo Aldáz tiene 37 años y es la magistrada más joven de la CNJ. Fue la jueza ponente en el juicio que terminó sentenciando a 20 implicados en la red criminal del narco Leandro Norero, el pasado 25 de octubre. Entre ellos, Wilman Terán, expresidente de la Judicatura y ex juez nacional, a quien en el proceso se conoció como alias el Diablo; a Xavier Novillo, abogado personal de Norero; a Pablo Ramírez, ex director del SNAI y ex jefe antinarcóticos, entre otros.

“Claro que tuve temor”, reconoce Caicedo. Las amenazas no faltaron y no sabe hasta cuándo tendrá este estricto resguardo policial, porque eso depende de los análisis de riesgo que haga su escolta.

Cuenta que viajaba todos los días a las cuatro de la mañana desde su natal Babahoyo, en la provincia de los Ríos, hasta la universidad. Su madre no quería que viviera en Guayaquil y revisaba sus calificaciones constantemente, con la advertencia de que si tenía un bajo promedio dejaría de estudiar en Guayaquil.

A los 21 años terminó la carrera de abogada y empezó a trabajar como asistente fiscal. Luego participó en los concursos para jueces en instancias menores y fue escalando. En 2021, ganó el concurso para conjuez en la Corte Nacional de Justicia. Y a falta de jueces titulares, Mercedes Caicedo se convirtió en jueza nacional encargada, la más joven entre los 21 jueces de la Corte.

Metástasis ha sido una prueba de fuego para la justicia. Primero, por la trascendencia del caso que salpica a la política con el narcotráfico: uno de los señalados de pertenecer a la red de Norero es el exasambleísta Ronny Aleaga, aunque se fugó y ahora denuncia “persecución política”. Y segundo, porque no solo se vinculó al exjuez nacional Wilman Terán, sino que varios magistrados salieron salpicados en los testimonios.

Caicedo dice que es doloroso saber que eso pasa en el sistema de justicia, pero que la mayoría son gente honesta. Ella tenía como colega a Terán, incluso conformó la terna junto a él en 2022, cuando se requería nuevo presidente del Consejo de La Judicatura. Terán fue el elegido. Ahora está sentenciado.

El juicio del caso Metástasis no le cayó a Caicedo de casualidad. La sala de lo penal está integrada por siete jueces y algunos de ellos ya conformaron los dos tribunales que actuaron en las instancias anteriores: en la instrucción fiscal, cuando, por ejemplo, se recibieron los testimonios anticipados de Mayra Salazar y otros procesados; y en la preparatoria de juicio, en la que se llamó a 21 procesados.

Caicedo sabía que ella conformaría el tribunal para la recta final: el juicio y la sentencia. El 15 de octubre salió sorteada como jueza ponente; completaron el tribunal los jueces Pablo Loaiza y Marcos Rodríguez.

Fue una audiencia maratónica porque en diciembre se cumpliría un año desde que estalló el caso Metástasis y caducaría la prisión preventiva. Por la premura del juicio, las defensas de los sentenciados han cuestionado que no se escucharon los testimonios anticipados en la audiencia o que no se les dio el tiempo suficiente para los contrainterrogatorios, por ejemplo.

Caicedo afirma que todo lo actuado fue en apego a la norma y que la resolución de la sentencia no solo es una respuesta para el país, sino para los mismos procesados que se merecían una respuesta justa en un “plazo razonable”. Otorga esta entrevista a Vistazo recalcando que la resolución de la sentencia fue una decisión unánime con sus otros dos colegas que conformaron el tribunal.

¿Por qué se dio el juicio en tiempo récord, cuando hemos visto otros procesos que demoran años?

El principio del debido proceso es la dignidad del ser humano. Incluye los presupuestos de ser oído con las debidas garantías, en un plazo razonable y tener un juez independiente e imparcial. ¿Qué ocurre en Ecuador? La prisión preventiva no puede durar más de un año. Que se caduque la prisión preventiva hace, en consecuencia, que no se cumplan con los debidos plazos razonables y el debido proceso penal, que le da como límite el año para cumplir con el proceso y emitir alguna decisión que resuelva su situación jurídica de las personas. El tribunal resolvió de manera unánime.

Sabíamos que se iban a presentar incidentes. Entonces recuerdo que dijimos: ¿cuáles son los peores escenarios para que una audiencia no se haga? Que las partes se enfermen, entonces vamos a tener médicos, paramédicos y ambulancias. ¿Qué más puede pasar? Que abandonen la defensa los defensores particulares, entonces vamos a tener defensores públicos que nos asistan durante todo el desarrollo de la audiencia. Puede ocurrir que no venga un procesado que está en libertad, entonces advirtamos que van a traerlos con la fuerza pública si no quieren venir. Era una construcción jurídica que cerraba todas las puertas que posiblitaban que la audiencia no se haga.

¿Hubo alguna presión para acelerar el juicio?

Yo creo que para el tribunal fue el compromiso. Teníamos que darle una respuesta al país y a los propios procesados, y tenía que salir en términos de completa imparcialidad. No hubo presión social ni de ningún tipo, nada más que no sea lo jurídico.

¿Hay críticas de que no se escucharon los testimonios en la audiencia o se limitó los contrainterrogatorios?

Las decisiones del tribunal no fueron improvisadas, sino pensadas desde la norma. ¿Qué nos dice la norma sobre los testimonios anticipados? Que se realizan de manera anticipada, en instrucción. La norma no dice que yo tengo que escuchar los testimonios en audiencia. El tribunal dijo: no necesitamos escucharlos en la audiencia porque eso ya lo escucharon las partes procesales, ya lo contradijeron en el momento oportuno, eso ya lo escuchó el país entero. Los jueces, en el momento en que el resto descansaba, nosotros escuchábamos los testimonios anticipados.

En cuanto a la contradicción y al límite del interrogatorio se les dio seis horas, pero, por ejemplo, se quiso extraer información de la vida sexual de Norero con algunas de las involucradas y lo que hizo el tribunal fue decir: “bueno, los límites se están pasando y en consecuencia vamos a limitar la contradicción y limitar el examen”. Es una decisión apegada a derecho, que demuestra la imparcialidad.

¿Podría asegurar que la sentencia está blindada?

Todavía no podemos hablar de la sentencia porque la sentencia (escrita) todavía no ha salido. Esperamos tenerla dentro de este año. La diferencia de la resolución y la sentencia escrita es el tecnicismo, pero la decisión no varía (las condenas no cambiarán). Este tribunal resolvió en derecho y está apegado no solo a la jurisprudencia nacional, sino también a la jurisprudencia interamericana. No se dejó que los procesados hagan lo que quieran, quería evitar la instalación de la audiencia a la primera convocatoria. Yo creo que quizá estábamos acostumbrados a eso y este proceso dijo: no, aquí se cumple lo que la norma. Y como toda decisión habrá quien se sienta perjudicado o beneficiado.

Más allá del juicio, ¿qué significa esta sentencia para el país?

Yo he sido de las que cree que la justicia abierta, transparente, es lo que va a hacer que la ciudadanía recobre la credibilidad en la administración de la justicia. Recuerdo que empezamos (la lectura de la resolución de la sentencia) con una frase de Montesquieu: «No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia», porque prácticamente lo que se estaba discutiendo era cómo la administración de justicia había servido para que la delincuencia organizada quede impune. Queremos darle un mensaje a la ciudadanía que esto que han hecho ciertas personas no es normal, no debe pasar.

¿Tuvo o tiene temor de condenar a personas vinculadas con el narco?

Uno siente miedo. Cuando entramos a Metástasis no sabíamos el fondo de esto. Yo recuerdo que un día a las ocho o nueve de la noche se me acerca un abogado y dice: “doctora, le voy a dar un consejo. Bájele dos rayitas porque lo están tomando personal”.Y yo recuerdo que ese día no lo tomé muy en serio. Pero al siguiente día me quedé pensando en esa frase y recuerdo que hay un contexto en el que Norero se refiere a (la fiscal) Lidia Sarabia y dice: “ella tiene algo personal conmigo”. Al siguiente día vine y dije: imposible bajarle, hay que seguir con la misma valentía.

Luego de unos días viene otro abogado y me dice: “yo soy de Babahoyo y vivo en tal lugar”. Un lugar que era a la vuelta de la casa de mi mamá. Y después me llaman de la garita de mi casa en Babahoyo y me dicen: “doctora, le vinieron a buscar tales personas”. Cuando terminó el juicio, el jefe de mi escolta me dijo: “no sabe cuántas amenazas hubo, pero no dijimos nada para que pueda trabajar tranquilamente”. Mi celular fue hackeado al inicio de la audiencia y nuevamente hace pocos días. Fuente: Vistazo