La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.

La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.

Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de «inédito» y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias «caóticas» para la población migrante de EE.UU. y la economía del país.

La votación de este jueves en la Cámara de Representantes dio el último visto bueno al proyecto, que pasará ahora al escritorio de Trump, quien planea firmarlo en un acto en la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.

Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.

En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.

Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.

Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.

El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.

Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.

Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este informe.

La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.

Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS). Fuente: Vistazo

Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llamaron el jueves a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, en un nuevo episodio de tensiones que fractura aún más la relación entre ambos países históricamente aliados.

Washington dio el primer golpe con el llamado a «consultas urgentes» del encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, «luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia».

Así lo afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sin aclarar a qué se refería.

La relación bilateral está en sus horas más bajas. En los últimos meses el mandatario izquierdista y su homólogo estadounidense, Donald Trump, chocaron por temas como la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.

El fin de semana se sumó la revelación de un presunto complot para derrocar a Petro con ayuda de políticos colombianos y estadounidenses. El diario español El País publicó audios que sugieren una trama golpista liderada por el excanciller de Petro, Álvaro Leyva, en un caso que investiga la Fiscalía.

Petro había denunciado en junio un supuesto intento golpista organizado por la «extrema derecha» colombiana y estadounidense. Entonces, afirmó que un «líder», a quien no identificó, había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El mandatario descartó durante un discurso el jueves en Bogotá que Rubio «esté en un golpe de Estado» contra su gobierno. «No creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando (…) se ponga a pendejear con un golpe de Estado» en Colombia, agregó.

Aunque por razones distintas, la canciller colombiana, Laura Sarabia, anunció su renuncia el jueves en la mañana alegando «diferencias» con Petro.

La dimisión supuestamente no está relacionada de forma directa con la tormenta con Estados Unidos, pero la vacancia del Ministerio de Relaciones Exteriores dificulta aún más los posibles acercamientos que moderen la tirante relación entre ambos países.

Sarabia se distanció del presidente por desacuerdos en varios temas, el último de ellos sobre la extensión del contrato a la empresa que fabrica y distribuye pasaportes colombianos.

En una carta al mandatario, la ministra aseguró que no comparte «decisiones» que se han tomado «en los últimos días» y que le impiden «acompañar» el proyecto de izquierda.

El gobierno de Petro sufre una crisis de gabinete por el que han pasado más de 50 ministros, para 19 carteras, en tres años.

Sarabia, de 31 años y sin una carrera política previa, fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras su victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada canciller, la más joven en la historia moderna de Colombia.

«Fue vital en la campaña por su orden y disciplina», dijo Petro en la red social X tras la renuncia, llamándola «hormiguita organizadora».

Sarabia buscaba que Washington renueve la certificación a Colombia como aliado antidrogas. La decisión se conocerá en los próximos meses, en momentos en los que el país rompe récords mundiales de producción de cocaína.

Además del llamado a consultas a McNamara, Estados Unidos tomará otras medidas «para que quede clara» su «profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral», dijo la portavoz del Departamento de Estado.

Bruce no detalló qué acciones tomará Washington, pero subrayó que Colombia sigue siendo «un socio estratégico esencial».

El jueves, 30 legisladores colombianos pidieron en una carta al Congreso estadounidense que investigue a los parlamentarios republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez por «acciones injerencistas», supuestamente al haber «mantenido reuniones» con Leyva.

«Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya», escribió el jueves en X Giménez, y calificó al mandatario como un «socialista narcoterrorista».

«Escojan el enemigo, nosotros no somos», respondió el jueves Petro. «Yo no me arrodillo ni me dejo presionar, ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista».

El ingreso de Colombia en el megaproyecto chino Nuevas Rutas de la Seda y su búsqueda de nuevos socios comerciales también irritan a Estados Unidos.

Además, el gobierno colombiano rechazó extraditar a Estados Unidos a dos guerrilleros requeridos por delitos de narcotráfico.

Petro discrepa con Washington sobre el enfoque de la lucha antidrogas, que considera un «fracaso». A poco más de un año de dejar el poder, el izquierdista apuesta por atacar el consumo en las grandes potencias y negociar la paz con los grupos armados. Fuentes: Vistazo