Nacionales
Brasil a segunda vuelta: Lula adelanta a Bolsonaro por 4 puntos
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 47,93 de los votos válidos en las elecciones de este domingo en Brasil, tendrá que definir la Presidencia en una segunda vuelta con el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43,63 %, según los datos oficiales.
De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras haber sido escrutado el 97,45 %, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos, listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta, y Bolsonaro ya no podrá superar a Lula. El dirigente progresista y el líder ultraderechista, como los dos más votados en la primera vuelta, definirán la Presidencia en el balotaje previsto para el 30 de octubre.
Bolsonaro, que aspira a la reelección, consiguió en las urnas una diferencia menor frente al dirigente progresista, de menos de cuatro puntos porcentuales, que la que señalaban todas las encuestas, que preveían una victoria de Lula con entre el 50 % y 51 % de los votos y una ventaja de 14 puntos sobre el gobernante (entre 36 % y 37 %). El expresidente (2003-2010) era señalado por todos los sondeos como el favorito para imponerse con una amplia ventaja pero no consiguió más de la mitad de los votos que esperaba para garantizar la elección este domingo y sufrió duros reveses en algunos estados, como el estratégico Sao Paulo.
La sorpresa de Bolsonaro
El gobernante venció en el mayor colegio electoral de Brasil, con el 47,7 % de los votos válidos, frente al 40,8 % del exmandatario. En el emblemático estado de Río de Janeiro, tercer colegio electoral, la ventaja de Bolsonaro fue aún mayor, con el 50,9 % frente al 40,7 % de su rival. Bolsonaro es el primer presidente brasileño en intentar ser reelegido que queda en segundo lugar en la primera vuelta.
Desde que Brasil recuperó la democracia en 1985 tan solo un presidente consiguió ser elegido en la primera vuelta: Fernando Henrique Cardoso garantizó su elección en 1994 y su reelección en 1998 con más de la mitad de los votos. Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), perdió tres elecciones (1989, 1994 y 1998) antes de ser elegido por primera vez, pero tuvo que ir a la segunda vuelta en 2002 y cuando se reeligió en 2006, así como le ocurrió a su ahijada política y sucesora Dilma Rousseff en 2010 y 2014.
Fuente: La República
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien es presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), informó que el Gobierno planea ejecutar un proyecto habitacional para las familias afectadas por el aluvión en la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora.
La zona amazónica resultó gravemente afectada tras el desbordamiento de un río, que se llevó todo lo había a su paso: casas, autos, plantaciones y personas.
Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, hay al menos cinco fallecidos y 10 desaparecidos, entre ellos la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi.
Por ello, anunció que el Gobierno planea hacer un proyecto habitacional, pero aclaró que primero se levantará información del número exacto de víctimas y luego se buscará un terreno.
A nivel sanitario, el ministro aseguró que se van a trasladar ciertos insumos médicos que estaban haciendo falta en Zamora y Loja, donde funciona un hospital regional.
Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, mencionó que los afectados también recibirán bonos y otros estímulos, una vez que tengan la data total de afectados.
Militares ayudan en rescate de víctimas
Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, informó que desde ayer se han desplazado varios equipos especializados de militares para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas.
Además, en la zona hay tres helicópteros para el traslado de kits y medicinas.
Por su parte, la Secretaría de Riesgos detalló que hay 300 familias afectadas, las cuales recibirán ayuda humanitaria. Fuente: Vistazo
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