El presidente Daniel Noboa consiguió lo que ninguno de sus antecesores en el poder pudo: eliminar el subsidio al diésel sin que las protestas derivaran en una paralización nacional.

La medida, que históricamente había encendido las mayores crisis sociales en Ecuador, resistió 31 días de protestas y cierres viales focalizadas principalmente en la provincia de Imbabura y terminó imponiéndose sin concesiones.

El 13 de septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó la medida por su impacto en el transporte, la inflación y la producción agrícola, y anunció un paro nacional e indefinido desde el 18 de septiembre de 2025.

Pero las movilizaciones y el cierre de vías no alcanzaron la fuerza ni la extensión de los levantamientos de 2019 o 2022, que también estuvieron relacionados con la eliminación de los subsidios.

¿Qué cambió esta vez? Según el politólogo Santiago Basabe, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, una combinación de factores políticos y económicos explican por qué el Presidente Daniel Noboa logró sostener una medida que antes había hecho tambalear al poder.

1 Urgencia de ingresos y compromisos con el FMI
El entonces presidente Rafael Correa, especialmente durante sus primeros años de mandato, contaba con abundantes recursos fiscales y por eso no enfrentó presiones para eliminar el subsidio, explica Santiago Basabe.

Pero añade que este no era el caso de sus sucesores: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el propio Daniel Noboa, que sí necesitaban aumentar los ingresos del Estado.

Además de la urgencia fiscal, dice Basabe que Noboa enfrenta los compromisos del acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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​El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, explica que el Fondo no le dice a un país qué medida tomar, pero sí fija metas: alcanzar cierto nivel de déficit, mejorar la recaudación y reducir subsidios, y el Gobierno decide cómo hacerlo, explica.

Y Pozo añade que el margen de maniobra era mínimo: “Había una presión indirecta. No había mucho espacio para aumentar los ingresos como exigía el FMI para cumplir las metas y recibir los desembolsos programados y el subsidio representa unos USD 1.200 millones al año».

Y, si no se tocaba eso, las alternativas eran políticamente más costosas, como recortar más la nómina de la burocracia, reformar la seguridad social, dijo Pozo.

Y añade el exministro que «sin acuerdo con el Fondo tampoco puede quedarse el país; eso también debió pesar en la decisión».

2 Conaie dividida y con menor capacidad de presión
Un elemento clave es la debilidad interna del movimiento indígena, que en el pasado protagonizó fuertes levantamientos. Basabe explica que la capacidad de presión de la Conaie en 2025 “no es la misma que la del 2019 o 2022”.

El politólogo atribuye esta pérdida de fuerza a un problema estructural y organizativo dentro de la Conaie, marcado por una disputa de liderazgo.

“El liderazgo del actual presidente de la Conaie, Marlon Vargas, es un liderazgo más dentro de la organización. El liderazgo está en disputa y eso genera conflictos internos de coordinación, lo que disminuyó la capacidad de convocatoria al paro nacional», explica.​

Y es que ese fraccionamiento comenzó a sentirse en las elecciones presidenciales, en las que ganó el presidente Daniel Noboa.

En la primera vuelta, el candidato del movimiento indígena, Leonidas Iza, recibió el apoyo en siete cantones del país.

Para la segunda vuelta, Iza ofreció su apoyo a la candidata correísta Luisa González, pero no fue una decisión de consenso, pues los mismos cantones que lo apoyaron en primera vuelta y que tienen alto índice de población indígena apoyaron a Daniel Noboa.

A diferencia de lo ocurrido en 2019 y 2022, cuando Leonidas Iza tuvo un papel protagónico, las protestas de este año no lograron el mismo impacto. En aquellas movilizaciones se llegó incluso al cierre de pozos petroleros, lo que elevó la presión sobre los gobiernos de la época, algo que en 2025 no ocurrió.

Ese fraccionamiento ya se había evidenciado en las elecciones presidenciales, en las que ganó Daniel Noboa. En la primera vuelta, el candidato del movimiento indígena, Leonidas Iza, obtuvo apoyo en siete cantones del país.

Sin embargo, para la segunda vuelta, el respaldo de Iza a la candidata correísta Luisa González no fue una decisión consensuada: varios de esos cantones con alta población indígena terminaron votando por Noboa.

Al final, el levantamiento de septiembre y octubre de 2025 terminó con una Conaie debilitada y un Gobierno que no hizo ninguna concesión, recuerda Basabe.

3Una rápida estrategia militar y política del Gobierno
El catedrático Santiago Basabe destaca que el presidente Noboa mostró una mayor capacidad de rápida reacción, frente a sus antecesores, los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Así, una medida clave fue el traslado temporal de las sedes del Gobierno hacia Latacunga, con lo cual evitó que Quito, símbolo político del poder, se convirtiera en el epicentro del conflicto como ha ocurrido en el pasado.

El despliegue militar fue también decisivo.  Noboa ordenó, de manera rápida y decidida, la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía “con todos los recursos”, algo que ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso habían hecho con la misma contundencia.

«Y ahí tiene que ver el liderazgo del presidente Noboa, que reaccionó rápido y con mucha más decisión que Lasso y Moreno. Hubo una decisión férrea de Noboa frente al paro, que explica por qué el paro terminó en la forma cómo terminó: con una Conaie debilitada, que no consiguió nada».

Esa estrategia convirtió lo que pudo ser un paro nacional en una protesta localizada, contenida principalmente en Cotopaxi, Imbabura y Otavalo.

Sin embargo, un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas expresó el 24 de octubre su preocupación y alarma por la represión de las protestas registradas en Ecuador. Alertaron sobre el uso desproporcionado de la fuerza, incluido el empleo de gases lacrimógenos y munición letal, que habría dejado al menos tres muertos y cientos de heridos y detenidos.

Los expertos también cuestionaron la congelación de cuentas bancarias sin orden judicial de los líderes indígenas y la vinculación del paro con actos de terrorismo, lo que derivó en detenciones por supuestos delitos como terrorismo, lesiones e instigación.

4 La naturaleza distinta del movimiento indígena del norte
Basabe añade un factor menos visible: la diversificación económica del movimiento indígena de Imbabura y el norte del país.

A diferencia de las comunidades de la Sierra Centro o de la Amazonía, de base agrícola, las organizaciones indígenas de Imbabura están compuestas por pequeños y medianos empresarios, artesanos y exportadores.

Esto genera una visión económica más pragmática, menos dispuesta a sostener bloqueos prolongados que afecten sus propios ingresos. “Había mucho más que perder para ellos mismos”, explica Basabe.

6 Bajo precio del petróleo que permitirá sostener la medida  
El anuncio de la eliminación del subsidio al diésel se da en un contexto de precios del petróleo a la baja, lo que, según el exministro Mauricio Pozo, podría ayudar a sostener la medida en el corto y mediano plazo.
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​De hecho, el Gobierno ya anunció que el precio del diésel caería por debajo de los USD 2,80 entre el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026.
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​Y es que el propio Ministerio de Finanzas cree que el precio del petróleo promediará los USD 60 por barril en este año y caerá a los USD 53,5 el próximo año. Cuando Lasso enfrentó un paro nacional por los precios de los combustibles en junio de 2022, el precio del WTI estaba en USD 104 por barril.

7 Una medida gradual
Y un factor adicional a considerar es que la reducción de los subsidios a los combustibles ha sido progresiva.

El 2 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de eliminar de golpe los subsidios al diésel y la gasolina Extra y Ecopaís, una medida de shock que produjo inmediatamente violentas protestas nacionales. Tras 18 días de movilizaciones, Moreno decidió eliminar el Decreto.

Pero en mayo de 2020 se dio un ambiente proclive para hacer algunos ajustes fiscales en medio de las necesidades de dinero para atender la grave crisis sanitaria por el Covid-19, recuerda el exministro de Economía, Mauricio Pozo.

Entonces, el presidente Moreno introdujo un sistema de control de precios de los combustibles, con el cual el valor iba subiendo de manera gradual, con aumentos del 5% al mes, que luego bajó al 3%. Con ese sistema, el diésel pasó a costar de USD 1 por galón en mayo de 2022 a USD 1,48 en mayo de 2021, cuando dejó el poder.

El esquema siguió vigente durante el Gobierno de Guillermo Lasso, pero el precio no dejó de crecer, por lo que Lasso, en un intento por desarticular posibles protestas, decidió fijar congelar los precios en:

Diésel: USD 1,90 por galón.
Extra y Ecopaís: USD 2,55 por galón.
Eso no desactivó el malestar, que terminó en un paro nacional realizado en junio de 2022, lo que obligó a Lasso a reducir el precio a: ​

Diésel: USD 1,75
Extra y Ecopaís: USD 2,40
Pero una victoria de Noboa con 12 puntos de diferencia respecto de su contendiente, Luisa González, le da la fuerza política para continuar con el ajuste de precios a los combustibles. Lo ha venido haciendo de manera progresiva:

Abril de 2024: Sube el IVA, incluido para combustibles, con lo que el diésel pasa de USD 1,75 a USD 1,80 por galón, mientras las gasolinas Extra y Ecopaís, pasan a costar de USD 2,40 a 2,47 por galón.

28 de junio de 2024: Elimina subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, con lo que pasan a costar USD 2,72 y establece un sistema que hace que incrementen un 3% al mes o que bajen con un tope del 10% según el mercado internacional.
2 de junio de 2025: Elimina subsidio al diésel para barcos atuneros.
12 de agosto de 2025: Elimina el subsidio para aviones.
13 de septiembre de 2025: Eliminación del subsidio al diésel automotriz, que pasa a costar de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Desde diciembre de 2025 regirá un sistema de banda o control de precios que hace que incrementen un 3% al mes o que bajen con un tope del 10% según el mercado internacional.

8Compensaciones millonarias
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la eliminación del subsidio al diésel generaba un costo de USD 1.243 millones al año.

Parte de esos recursos se destinarán a las compensaciones temporales que entregó el Gobierno a los sectores afectados por la medida.

Entre las compensaciones están bonos de USD 1.000 para agricultores en situación de pobreza y bonos para transportistas, entrega de tractores, así como aumento del número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

El costo de esas medidas asciende a, al menos, USD 923 millones. Fuente: Primicias 

La Asamblea Nacional de Ecuador se acerca a su sexto mes de funcionamiento y las estadísticas dicen que aún hay legisladores que no han intervenido nunca en una sesión de Pleno y un 16% lo ha hecho en una sola ocasión.

Para sorpresa de muchos, la voz del asambleísta más joven del actual periodo, Dominique Serrano, de Acción Democrática Nacional (ADN), se escuchó por primera vez en la sesión virtual del 22 de octubre de 2025.

Pidió la palabra para dejar sentada su postura en el primer debate del proyecto de Ley para la Reactivación de la Economía a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación.

Aunque la intervención, de cuatro minutos, generó críticas, porque aparentemente leyó el texto, a Dominique Serrano le sirvió para quitarse el peso de ser el último asambleísta de la bancada ADN en intervenir antes sus colegas desde la posesión.

Como Serrano, hay 20 legisladores más, de diferentes tendencias políticas, que registran una sola participación en alguna de las 50 sesiones que ha celebrado el Legislativo desde el 14 de mayo de 2025.

Según el sistema de Datos Parlamentarios de la Asamblea, en ese grupo están, por ejemplo, Camila Cueva de ADN; Mireya Pazmiño, de Revolución Ciudadana (RC); Johnny Terán, del Partido Social Cristiano (PSC); o el exPachakutik, José Nantipia.

Una gestión silenciosa
Hay situaciones más críticas: las de cinco legisladores que en más de 160 días no han hecho sus aportes en los debates de leyes y resoluciones que tiene el Pleno de la Asamblea.

En este grupo están dos parlamentarios que llegaron al Legislativo de la mano de Pachakutik: el asambleísta por Napo, Edmundo Cerda y Manuel Choro que representa a Cañar.

Ambos son parte del grupo de seis que al inicio respaldó las iniciativas del gobierno y que el 16 de septiembre fueron expulsados de las filas de Pachakutik justamente por esa alianza con ADN.

A raíz del paro indígena que se concentró por un mes en Imbabura, Choro ha dejado de apoyar los planteamientos del Ejecutivo en la Asamblea, mientras que Cerda se mantiene incondicional.

Según los datos de la Asamblea, en Revolución Ciudadana, aparecen tres nombres que no registran participación alguna en los debates legislativos: Hermel Campos, de Santo Domingo de los Tsáchilas; Germania Romero, de Guayas; y Humberto Alvarado, de Los Ríos.

Otro correísta que engrosa la estadística es Juan Guzmán Cruz, aunque cabe señalar que recién se integró a la Asamblea, como suplente de la asambleísta Mariuxi Sánchez, que falleció a finales de agosto de 2025.

Los que ‘acaparan’ el micrófono
El primer mes de funcionamiento de la Asamblea estuvo marcado por el predominio, en varios aspectos, de la bancada oficialista ADN y sus aliados que relegaron a RC y PSC a la hora del debate.

Con el pasar de los meses, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue abriendo el abanico de las intervenciones buscando equilibrar la balanza, aunque todavía es una tarea pendiente.

Los datos legislativos señalan a Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), como el que más ha intervenido en el Pleno en este tiempo

Sin embargo, detrás del experimentado político, se ubican en número de intervenciones cuatro legisladores del bloque de gobierno, con Andrés Castillo a la cabeza, como principal confrontador de los embates del correísmo.

Recién en el sexto lugar aparece Viviana Veloz que, pese a haber dejado la coordinación de la bancada de Revolución Ciudadana, sigue siendo la voz de correísmo.

Una responsabilidad compartida
Las pocas intervenciones que registran un gran número de asambleístas, no siempre sería por falta de interés en participar en las discusiones legislativas.

Revolución Ciudadana, insiste que el presidente Olsen continúa con la política de otorgar la palabra de forma selectiva, inclinando la balanza hacia su bancada, especialmente cuando se tratan temas complicados para el gobierno.

El 14 de octubre, Mariana Yumbay, que es parte del reducido grupo de Pachakutik, reclamó que a ella y a sus coidearios, Alex Toapanta y Dina Farinango, les han negado sistemáticamente la palabra.

Se debatía el informe de primer debate de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, pero la discusión se desvió a la supuesta represión militar contra los manifestantes en Imbabura.

«Ha tenido cuatro minutos para hablar de cualquier tema, menos del punto del debate», reclamó Olsen a Yumbay que reiteró que se les ha negado la participación a los legisladores de Pachakutik.

El presidente de la Asamblea contestó que eso no era verdad y le recordó que una semana antes le quiso otorgar el uso de la palabra, pero que fue ella la que no estuvo en el Pleno para ejercer ese derecho.

Ataque armado en el cantón Rocafuerte de Manabí. (Foto: redes sociales )

GALOPANTE VIOLENCIA