La Comisión de Fiscalización realiza un proceso de investigación sobre el financiamiento de la campaña de la Revolución Ciudadana. En ese marco ya se ha solicitado información al Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer la situación. La Fiscalía General del Estado también realiza una investigación dentro del caso Caja Chica, en el cual ya se hicieron allanamientos a los correístas Luisa G. y Andrés A.

Diana Jácome, asambleístas oficialista de ADN, señaló que se analizan dos denuncias que están en el Tribunal Contencioso Electoral. “En estas dos denuncias se evidencia que no se ha podido justificar gastos por cerca de medio millón de dólares (…) se evidencia que algo está pasando”.

Jácome también habló sobre Santiago D., exasambleísta correísta acusado de presunta violación. Él actuaba como jefe de campaña de la Revolución Ciudadana. 

Ante la pregunta de si lo llamaría a comparecer a la Comisión de Fiscalización, Jácome dijo que no descarta escucharlo en la mesa legislativa. “Lo que están investigando la Fiscalía es un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Entonces hay que saber quién trajo ese dinero, cómo lo ingresó al país y para qué fue utilizado”.

Y reiteró que “no lo descartamos. Si tiene elementos para aportar dentro de la Comisión lo recibimos”.

Allanamientos en viviendas de correístas

La vivienda de la excandidata presidencial, Luisa G., fue allanada días atrás por la Fiscalía y la Policía Nacional, como parte de las investigaciones del caso Caja Chica. En este se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

¿La excandidata presidencial ha pedido su comparecencia en la Comisión de Fiscalización? Jácome respondió que no, pero si ella quisiera lo puede hacer. “Si necesita ser escuchada, no tengo ningún inconveniente”.

La investigación por el denominado caso ‘Apagón’ entró este viernes, 6 de febrero de 2026, en una nueva fase. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional ejecuta un operativo simultáneo en tres provincias del país para recabar indicios vinculados a un presunto delito de peculado en contratos de generación eléctrica, firmados en 2024, entre Celec y la empresa Progen.

Operativos en tres provincias

Según informó la Fiscalía a través de su cuenta oficial en X, las diligencias se desarrollan de manera paralela en Pichincha, Guayas y Tungurahua. El objetivo de la intervención es levantar información, documentos y otros indicios que permitan avanzar en la investigación penal.

Investigación por presunto peculado

El proceso se enmarca en una indagación por presunto peculado, delito que implica el uso indebido de recursos públicos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado si existen personas detenidas ni los lugares específicos intervenidos, debido a que el operativo continúa en desarrollo.

Diligencias en curso

Las autoridades señalaron que los resultados del operativo serán comunicados una vez concluidas las acciones investigativas y se consolide la información recabada en territorio.

El reciente caso Caja Chica, en el que la Fiscalía investiga un supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023, puso nuevamente la atención en las organizaciones políticas y los recursos que utilizan en las contiendas electorales.

La Fiscalía apunta a un presunto delito de lavado de activos y sostiene que los fondos provenían de Venezuela. Aunque la cúpula correísta afirma que se trata de un nuevo show de persecución política en su contra.

Sin embargo, por fuera de las investigaciones fiscales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha presentado ya varias denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incumplimientos del artículo 281 del Código de la Democracia, relativas al financiamiento de la política y el gasto electoral.

Las alertas que se refieren a la campaña de agosto de 2023 empezaron a llegar a partir de noviembre de 2025, es decir, más de dos años despues.

Eso permitió que las organizaciones y personas infractoras puedan participar nuevamente en las elecciones de 2025, sin que hayan aclarado las incógnitas sobre su gasto electoral, sin que se hayan determinado responsabilidades y sin que se hayan impuesto las sanciones respectivas, de ser necesario.

Por ejemplo, el mismo caso Caja Chica coincide con la denuncia del CNE del 24 de diciembre de 2025, sobre el binomio de la lista 5, Luisa González y Andrés Arauz, y su responsable del manejo económico, Estefanía Molina.

Aunque la autoridad electoral deja por fuera a Santiago Díaz, quien fue el jefe de campaña y ahora está colaborando con la Fiscalía en esta investigación. Pese a que el artículo 218 (segundo inciso del numeral 3) establece que tanto los jefes de campaña y los candidatos «responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine».

A esas causas se suman, en el terreno electoral, otras contra la alianza Claro que se puede (Unidad Popular, Partido Socialista, Democracia Sí), movimiento Construye y el movimiento AMIGO. Todas esas agrupaciones tuvieron candidatos presidenciales en 2025.

PRIMICIAS revisó los archivos del Consejo y de los ocho binomios que participaron en la primera vuelta de 2023, hay cuatro que todavía tienen los reportes quincenales incompletos: AMIGO no presentó nada; la alianza Claro que se puede presentó apenas el presupuesto inicial y un reporte de gastos; la alianza Actuemos (Avanza, SUMA) entregó información incompleta; y la alianza ADN (Pueblo Igualdad y Democracia y Mover) también entregó información incompleta.

Este problema no es nuevo, la capacidad de control y fiscalización del Consejo Nacional Electoral (CNE) es lenta. Y no solo se trata del financiamiento de la política, tema ampliamente reformado por ADN y el correísmo en la Asamblea, pese a que ninguna agrupación cumple a cabalidad con la normativa. El otro problema está en los obstáculos para controlar la campaña anticipada, la entrega de prebendas y el uso recursos públicos, y los abusos en redes sociales.

Las cuentas de 2025
PRIMICIAS revisó también los reportes quincenales de la última campaña presidencial de 2025. Desde la primera vuelta han transcurrido casi 12 meses y todavía hay agrupaciones que no han completado la información requerida por el Código de la Democracia.

De los 16 binomios que participaron, hay tres que no presentaron ninguno de los nueve informes: el Partido Socialista, la Izquierda Democrática y SUMA. A esto se suman otros dos, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el movimiento Creo, que presentaron todo en cero.

Sin contar que, en muchos casos, los gastos declarados no coinciden con la masividad de las campañas ejecutadas. Por ejemplo, pese a que el gasto en redes sociales ya debe ser cuantificado en estos reportes, no sucede.

En 2025, en la segunda vuelta, Acción Democrática Nacional (ADN) superó ya todos los plazos legales para completar la información. Con corte al 5 de febrero, la agrupación que impulsó la reelección del presidente Daniel Noboa todavía no ha presentado los informes con sus ingresos para la contienda, es decir, se desconoce de dónde salió el financiamiento de los USD 116.563 que dijeron haber gastado. Mientras que la Revolución Ciudadana los presentó con retraso.

Y, de acuerdo al ritmo de las autoridades electorales, las posibles denuncias de estas infracciones electorales llegarían al TCE en un plazo de dos años. A lo que debe sumarse el tiempo que los jueces electorales se tomen para tramitar cada caso y emitir una sentencia.

Las sanciones electorales
El Código de la Democracia establece como sanciones para este tipo de infracciones multas que van desde los USD 9.640 hasta USD 33.740 y la suspensión de los derechos políticos de los responsables, de dos a cuatro años.

Además, si las autoridades electorales determinan exceso en el gasto permitido, las organizaciones políticas, sus titulares, los responsables del manejo económico y los jefes de campaña serán responsables de pagar una multa equivalente al doble del monto sobrepasado. Y, si ese exceso supera el 30 % de lo autorizado, la multa será del cuádruple de esa cantidad.

Incluso, en caso de sospecha de aportes ilícitos, vinculados a actividades ilegales, las autoridades electorales deben notificar sus hallazgos a la Fiscalía.

En estos casos las sanciones van más allá de la pérdida de derechos políticos: los candidatos recibirán una multa del doble de esos valores, quienes haya recibido esos aportes recibirán una multa por el triple del valor ilícito, si los candidatos fueron electos perderán el cargo, y las organizaciones políticas perderán el financiamiento estatal (fondo partidario o fondo de promoción) hasta cubrir el monto de las multas no pagadas.

Y, si alguna organización política se negara a entregar las cuentas de campaña, esto implicaría la suspensión de su registro electoral por un periodo, y si la negativa se mantiene conllevará a su eliminación defitiva del tablero electoral. Fuente: Primicias