Nacionales
Avanza juicio político contra exministra de Energía Andrea Arrobo a la Comisión de Fiscalización
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó a trámite el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, en el marco de la crisis energética que enfrenta el país.
En la sesión realizada la noche de este miércoles 8 de mayo, la mesa legislativa aprobó la solicitud luego de conocer el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político.
En vista de ello, se calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por el presunto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.
El impulso para el juicio político contra la exministra proviene de dos frentes principales: el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). Fueron estos dos actores políticos quienes, respaldados por 40 firmas, presentaron formalmente la solicitud el pasado 24 de abril.
Arrobo fue acusada de sabotaje y traición a la patria por el presidente de la República, Daniel Noboa, tras la serie de apagones registrados a escala nacional debido a una situación crítica en las hidroeléctricas del país.
Según la tesis del Gobierno, 21 funcionarios y exfuncionarios del sector eléctrico habrían ocultado información sobre el estado de estas centrales y habrían abierto las compuertas de la hidroeléctrica de Mazar para vaciar el embalse.
Según esta denuncia, presentada por la Secretaría General de Administración Pública, la entonces ministra habría «intencionalmente suprimido y desechado las advertencias y alertas (de la CENACE, el operador nacional de electricidad), con la finalidad de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna, sin que se conozca la finalidad de su actuación; existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política».
Fuente: vistazo.
Nacionales
Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional
El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.
Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.
Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china
La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.
Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.
La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.
Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.
Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.
Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo
Nacionales
Cedulación en Ecuador: ¿por qué los niños deben esperar hasta los siete años para tener el código dactilar permanente?
A los siete años de edad, las niñas y niños registran por primera vez sus huellas dactilares en la cédula de identidad. Es recién en esta etapa cuando las crestas papilares (los relieves en la piel que forman las líneas de los dedos, palmas y plantas de los pies) alcanzan la nitidez y definición necesarias para garantizar una identificación biométrica confiable.
En este proceso responde a criterios científicos y técnicos y es un dactiloscopista de la entidad, quien realiza una verificación técnica y registra el código dactilar permanente, el cual reemplaza al registro temporal asignado durante la primera infancia.
¿Por qué las huellas dactilares son confiables?
Las huellas dactilares poseen características que las convierten en uno de los métodos de identificación más seguros del mundo. Estas son algunas de ellas:
- Son únicas: No existen dos personas en el mundo con el mismo dibujo dactilar.
- Son permanentes: Se mantienen sin variaciones estructurales desde su formación y maduración técnica.
- Son inmutables: No cambian con el paso del tiempo ni por el crecimiento físico.
Al acudir a cualquiera de las agencias a nivel nacional, el ciudadano debe presentar la siguiente documentación según su caso:
- En caso de requerir una renovación del documento se debe acercar a la institución con su cédula anterior.
- Si la cédula fue robada o se perdió, será necesario llevar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea.
- Llevar el recibo impreso solo si la transacción se realizó previamente en canales virtuales o banca externa.
La cédula emitida por primera vez tiene un costo de USD 5; sin embargo, por renovación su precio cambia a USD 16.
Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Registro Civil del Ecuador extendió la atención de los servicios de cédulas y pasaportes, sin agendamiento de turno hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión, se implementó en todas a las agencias de la entidad a escala nacional. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía investiga a jueces de la Corte Nacional que presuntamente recibieron dinero a cambio de una sentencia
La Fiscalía realizó varios allanamientos la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026 en el norte de Quito, como parte de una investigación previa de un presunto caso de cohecho, que se desprende el caso Plaga.
El Ministerio Público detalló que investiga a jueces de la Corte Nacional de Justicia, «quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación en una causa en la que estaría involucrada una empresa china».
La investigación se inició con base en el testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, informó la Fiscalía.
Entre los indicios levantados durante el operativo constan computadores, teléfonos celulares y documentos.
La Fiscalía todavía no ha proporcionado más detalles de este caso. Pero hay antecedentes.
El abogado quiteño Michael Hernández, conocido en círculos judiciales como ‘Mike’, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, declaró en septiembre de 2024 que habría operado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En su testimonio anticipado vinculó a los entonces magistrados Iván Saquicela y Wilman Terán con una supuesta estructura de favores y pagos ilegales.
Según Hernández, se habrían entregado USD 30.000 a Saquicela para influir en un proceso relacionado con la empresa china China Railway, que reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano. El caso terminó con una decisión judicial que ordenó un pago cercano a USD 59 millones a favor de la compañía.
La causa se originó por un contrato firmado en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. Tras la terminación unilateral del contrato en 2018, la empresa inició acciones legales y obtuvo fallos favorables en tribunales administrativos.
Saquicela rechazó las declaraciones de Hernández y calificó el testimonio como una supuesta maniobra política. Por su parte, Terán purga actualmente condenas por corrupción. Fuente: Primicias
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