Nacionales
Así operaba la red de Guamán en la Prefectura

El epicentro de la supuesta red de corrupción estaba en la Prefectura de Cotopaxi. Su cabeza, al parecer, era el prefecto y líder del movimiento indígena, Jorge Guamán, quien habría integrado la organización con el apoyo de altos funcionarios públicos, familiares, y empresarios. Este vienes la jueza de la causa formalizó la orden de prisión preventiva contra ocho de los acusados y concedió medidas alternativas al prefecto Guamán, quien deberá usar grillete electrónico, con otra de las implicadas. Anoche la Conaie exigió que esta investigación siga los principios de independencia, objetividad e imparcialidad.
Redacción Código Vidrio
Jorge Guamán fue detenido este jueves 28 de julio junto con ocho sospechosos más en el operativo Depuración I realizado por la Fiscalía y varias unidades especiales de la Policía en Latacunga, Salcedo, Pujilí y La Maná. Tras su captura, la Fiscalía informó que el Prefecto es investigado por un presunto delito de delincuencia organizada.
Desde la mañana hasta la noche de ayer los sospechosos permanecieron detenidos en la Policía Judicial de Cotopaxi. Pasadas las 22:00 se inició la audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Cotopaxi.
En la diligencia intervino la fiscal Ruth Amoroso, quien presentó un sinnúmero de indicios sobre el direccionamiento ilegal en la adjudicación de contratos, a cambio del pago de sobornos de contratistas privados; así como el cobro de dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas como testaferros para ocultar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos.
Este viernes, la jueza Rosario Freire dio paso a la formulación de cargos y oficializó la detención preventiva contra Pablo Velásquez, Santiago Sinchiguano, Gilmar Sinchiguano, Pablo Albán, José Naranjo, César Coronel, Jorge Hernández y Carlos Villacís. Además concedió medidas alternativas al prefecto Guamán y Margoth Toaquiza. Así se inició la fase de instrucción fiscal. Guamán deberá usar grillete electrónico, no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial competente, mientras dure el proceso.
El abogado del Prefecto, Carlos Poveda, informó ayer que tras las detenciones se estaban tomando las versiones de los implicados y que luego se definirá si se los llama o no a juicio.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se pronunció sobre la detención para investigaciones de Guamán. “Ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción, en los espacios de la administración pública, privado o cualquier ámbito, que afecta a millones de ecuatorianos”, indica el pronunciamiento.
En el documento se mencionan presuntos casos de corrupción de los cuales el movimiento indígena ha exigido respuestas de los órganos estatales y a la administración de justicia. Se hace referencia al exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, Juan José Pons, cuyo domicilio fue allanado la semana anterior en el operativo Danubio que investiga una red que ofertaba cargos en el sector público. También los casos Pandora Papers, Ina Papers, entre otros.
“En un Estado constitucional de derechos y justicia exigimos la plena independencia de los poderes del Estado, una investigación bajo los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas de ningún tipo, que se esclarezca bajo el debido proceso los presuntos actos de corrupción”, señala el comunicado.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que la investigación sobre supuestos actos de corrupción en la Prefectura empezaron desde hace más de un año y medio, y no está orientada a afectar a ningún funcionario en particular sino a judicializar actividades delictivas.
Los orígenes de la organización
Fuentes cercanas a la investigación informaron que la organización venía operando en el Gad de Cotopaxi desde 2014 y también estaría conectada con presuntas acciones ilícitas en la Alcaldía de Latacunga.
La Fiscalía estima que se habrían cometido otros supuestos delitos de concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y trafico de influencias.

En un documento sumillado por Guamán, incautado en uno de los allanamientos realizados este jueves, se detallan algunos de los aportes que hizo al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, y a la Conaie, liderada por Leonidas Iza.
En ese docuemento se detalla que el 2020 Guamán hizo depósitos a la cuenta de la Cooperativa El Sagrario, a nombre del MICC por 7.669 dólares. Para la movilización de octubre del 2021 entregó 4.000 dólares, mientras que en lo que va de este año entregó 2.000 dólares para organización del Congreso del MICC. Además consta un aporte del 10% de su sueldo, hasta este mes, por 2.100 dólares.
Guamán, de 57 años, es uno de los dirigentes más importantes del movimiento indígena, conocido por su cercanía al líder de la Conaie, Leonidas Iza. Empezó su carrera plítica en los 90s. Ha sido diputado por la provincia de Cotopaxi, presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas del Congreso, segundo vicepresidente del Legislativo y coordinador nacional del Movimiento Pachakutik.
En los paros realizados en octubre de 2019 y junio pasado tuvo un papel importante como principal autoridad política de Cotopaxi, que fue un punto neurálgico de las movilizaciones.
Familiares y amigos cercanos en la red
La estructura habría estado conformada por familiares y amigos cercanos del Prefecto. Empezó a operar en la campaña electoral, para su primer período en la Prefectura en 2014. En la campaña al parecer recibió logística y recursos económicos de un grupo de amigos, que luego ocuparon cargos importantes en la Prefectura.
En esta trama se presume la participaron Pablo Albán, quien era chofer en la Universidad Técnica de Cotopaxi, y luego fue nombrado Director Administrativo de la Prefectura. Otro personaje importante es Pablo Velásquez, que dejó de ser docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi para ir a ocupar el cargo de Director de Compras Públicas de la Prefectura.
Sitios donde se realizaron los allanamientos de la Policía

Eloisa T., esposa de Guamán, sería la encargada del cobro de dinero a cambio de la entrega de cargos en la Prefectura. Además por la renovación de contratos en la entidad. Con ese dinero, según los elementos acopiados, adquiría bienes que fueron traspasados a testaferros para burlar las auditorías sobre su incremento patrimonial.
Su hija, S. G., economista de profesión, presuntamente se encargaba de las coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos. A cambio, al parecer, recibía importantes cantidades de dinero, que eran traspasadas a prestanombres que compraban bienes. Además realizaba constantes viajes turísticos al extranjero, especialmente a Estados Unidos. Su último movimiento migratorio registra su salida a España, el 16 de junio pasado, en un vuelo de KLM desde Guayaquil.

Desde su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, Guamán ubicó en puestos estratégicos a los miembros de la organización que lideraba. Así, exigía a los contratistas el cobro de un porcentaje para la concesión de obras públicas. También habría pedido coimas a sus trabajadores para otorgar más puestos en la Prefectura.
Desde el primer año de su gestión, en 2014, Guamán habría establecido el cobros de diezmos a los empleados de la Prefectura para aportaciones del MICC y la CONAIE. Con los recursos producto de esos supuestos ilícitos adquirió varias propiedades en el país. Guamán es dueño de una envasadora de gaseosas y socio mayoritario de una cooperativa de ahorro y crédito con varias sucursales en el país.
Los miembros de la red
Andrés Velásquez, director de Compras Públicas. Era el brazo derecho del prefecto Guamán. Fue ubicado en el departamento de Compras Públicas para gestionar la adjudicación ilegal de obras. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía. Con el dinero recolectado habría incrementado sustancialmente su patrimonio los últimos años, lo cual no concuerda con su nivel de ingresos. Adquirió varias propiedades. Entre otras una suite en el edificio ONE, en Quito, y un departamento en el edificio Soho, en Guayaquil.

Paúl Sinchiguano, contratista. Su función principal ha sido la adjudicación a su favor de contratos públicos para el GAD de Cotopaxi. La mayoría de acuerdos, según evidencias que se recogieron durante la investigación, fueron otorgados a sus empresas de manera ilícita. Para acceder a las contrataciones habría pagado sobornos en efectivo, con propiedades y vehículos. Además, según los investigadores, sería el intermediario con el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, donde también se investiga la existencia de una red. Se presumen delitos como tráfico de influencias, concusión y peculado. Para ocultar su participación directa en la organización, Sinchiguano creó varios consorcios para participar como proveedor de la Prefectura. Los contratos eran asignados por el Director de Compras Publicas.
Fernando Albán, director administrativo. Su función era colaborar en los procesos administrativos presuntamente ilegales ordenados por el Prefecto. Autorizaba el uso de presupuesto para contrataciones, removía funcionarios públicos y gestionaba la contratación de las personas que cedían a las exigencias de dinero de la red. También estaba encargado del cobro de dinero para la logística que generaba ingresos a los empleados de la Prefectura .
Margoth Toaquiza, exdirectora administrativa. Entre 2014 y 2018 colaboró como Tesorera de la Prefectura de Cotopaxi, realizando cobros indebidos del 10% (diezmos) a los empleados del GAD de Cotopaxi, para realizar aportes al MICC y la CONAIE. Además intervino como gestora para la creación de la cooperativa de ahorro y crédito INOVACION ANDINA. En esa entidad, según los indicios recabados, el prefecto Guamán realiza la reinserción al mercado de divisas del dinero adquirido de manera ilícita por esta organización delictiva. Para ocultar las transacciones e ingresos transfirió el dinero obtenido a sus familiares, que actuaron como sus testaferros.

José Naranjo, jefe de la Unidad de Producción de la Prefectura. Está identificado en las investigaciones como el facilitador en la entrega de sobornos de los empresarios al Prefecto y sus colaboradores. Prestaba su nombre para el intercambio de propiedades de bienes inmuebles entre los miembros de la organización. Específicamente el empresario Santiago Sinchiguano puso a su nombre una hacienda, ubicada en Cotopaxi, que era parte de un soborno que debía pagar al Prefecto Guamán, por la adjudicación de un contrato. Aplicaba el mismo mecanismo con vehículos que la organización se repartía como ganancia de sus actividades ilícitas.
César Coronel, contratista. Es la mano derecha del empresario Sinchiguano. Se habría encargado de pagar sobornos en efectivo, tanto en la Prefectura de Cotopaxi como en la Alcaldía de Latacunga, para recibir contratos. También acordaba de forma presencial las actividades ilícitas que la organización delictiva quería mantener en secreto. Así servía como emisario entre los líderes de la organización y sus colaboradores.
Diego Sinchiguano. Es hermano del empresario Santiago Sinchiguano, cuya función principal era realizar la supervisión de los contratos presuntamente ilícitos acordados por su hermano con la Prefectura y la Alcaldía de Cotopaxi. Asímismo realizaba las actividades necesarias en la Prefectura y la Alcaldía para mantener la adjudicación presuntamente ilícita de contratos públicos, usando tráfico de influencias con el pago de sobornos.
Jorge Hernández, contratista. Este ciudadano extranjero, de nacionalidad cubana, colaboró con la red delictiva prestando su nombre y su estatus dentro del portal de compras públicas para la adjudicación de contratos públicos de forma presuntamente ilícita.El objetivo era encubrir al empresario Santiago Sinchiguano. y al prefecto Guamán para el direccionamiento ilícito a un solo empresario en todas las obras ejecutadas por la Prefectura.
Carlos Villacís, funcionario de la Prefectura. Ocupaba un puesto estratégico dentro del esquema de direccionamiento ce contratos a cambio de sobornos. Autorizaba los requerimientos administrativos en los procedimientos de contratación en la Prefectura. Así evitaba que los entes de control detecten las irregularidades y velaba porque se cumplan las disposiciones del Prefecto, en torno a que la empresa que debía ganar los contratos cuente con todos los sustentos documentales en el área administrativa de la entidad. Fuente: codigovidrio.com
Nacionales
Productores alertan: el Moko amenaza la producción de plátano en Ecuador

En una entrevista concedida a este medio, Diario El Amazónico, Rosa Cuasés, gerente de la Corporación Agrícola Volviendo al Campo y miembro activo del Centro Agrícola Cantonal de Santo Domingo, expuso la compleja situación que enfrenta el cultivo del plátano en el país, producto de la propagación de la enfermedad conocida como Moko del plátano, el cambio climático, la pérdida de suelos productivos y la inseguridad en el sector rural.
Cuasés explicó que el Moko del plátano —una enfermedad bacteriana causada por Ralstonia solanacearum— se ha expandido desde hace varios años en Santo Domingo y representa una amenaza creciente para toda la cadena productiva. “Los síntomas iniciales como el amarillamiento y marchitamiento de las hojas deben reportarse de inmediato a Agrocalidad, pues la bacteria se propaga rápidamente a través del suelo y el agua, especialmente en épocas de invierno”, advirtió.
La dirigente agrícola identificó cuatro factores principales que han incidido en la escasez y el incremento del precio del plátano:
1. Cambio climático: heladas, lluvias intensas y sequías que provocan estrés hídrico y reducen la productividad.
2. Sustitución de cultivos: miles de hectáreas de plátano han sido reemplazadas por cacao debido al aumento en el precio de este producto.
3. Erosión y desgaste del suelo: la falta de prácticas de reposición de nutrientes genera plátanos de menor tamaño y calidad.
4. Delincuencia rural: el robo de cosechas, tanto de plátano como de cacao, se ha convertido en una amenaza constante para los productores.
Además, cuestionó la falta de políticas sostenidas de apoyo al agro y llamó a la asociatividad como herramienta clave para enfrentar las crisis productivas:
“No es lo mismo que vaya un agricultor solo a reclamar, que lo hagan tres mil productores organizados. La unión y la tecnificación son indispensables para fortalecer al campo y darle valor agregado a nuestros productos”, subrayó.
La gerente recordó también que el actual incremento del precio del plátano —que en algunos casos llega a 10 o 12 dólares— refleja apenas el valor real del trabajo agrícola, históricamente subvalorado. Señaló que la pandemia demostró que la seguridad alimentaria depende directamente de la producción rural:
“Podemos tener oro, pero si no hay alimentos del campo, no hay vida. El país debe reconocer el rol estratégico de sus agricultores”.
Finalmente, Cuasés insistió en la necesidad de promover la planificación agrícola, la educación financiera y el relevo generacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la producción.
“Los agricultores no queremos sobrevivir, queremos vivir bien en el campo, con dignidad y futuro para nuestros hijos y nietos”, concluyó.
Nacionales
Magnicidio Fernando Villavicencio: Prisión preventiva solo para Aleaga y Salcedo; Jordán y Serrano se presentarán en Miami

Pese a un nuevo intento de diferir la audiencia de formulación de cargos del caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio, la jueza María Daniela Ayala ratificó la convocatoria e instaló la audiencia la mañana de este miércoles. Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano serán procesados por asesinato.
La audiencia
03/09/2025: 13:52.- Prisión para Aleaga y Salcedo
Luego de escuchar las alegaciones de la Fiscalía y de las partes procesales, de inmediato, la jueza María Daniela Ayala dio a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva en contra de Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo.
La Magistrada, en primer lugar, dispuso que ninguno de los procesados puede acercarse a la vivienda de las víctimas -las hijas de Fernando Villavicencio-, así cómo de otros familiares en primer y segundo grado. Además, tienen la obligación de alejarse al menos 200 metros de cualquier lugar en el que estas personas se encuentren.
Además, la Jueza aclaró que los procesados están impedidos de hacer cualquier tipo de contacto con las víctimas. Incluso, a través de redes sociales.
Sobre la orden de prisión preventiva, Ayala decidió orden de prisión preventiva en contra de Ronny Aleaga, ya que él salió del país por una frontera terrestre después de que se empezó a investigar el caso Villavicencio lo que podría evidenciar un intento de evadir a la justicia.
Mientras que para Jordán, ya que salió del país por una vía regular e, incluso, antes del asesinato de la Villavicencio, la Jueza resolvió que no cumpla con prisión preventiva. Puesto que no hay evidencia que no vaya a comparecer al proceso. Dispuso presentaciones periódicas en el Consulado de Miami, una vez a la semana, empezando el lunes 8 de septiembre de 2025.
Sobre Serrano, en cambio, Ayala dijo que es de público conocimiento que se encuentra a órdenes de las autoridades de Estados Unidos y no es dueño de su libertad. Por lo que resolvió que se presente una vez a la semana ante el Consulado de Miami, desde que sea liberado. Y, en el caso de que sea deportado, lo hará en Ecuador, cada semana, empezando en el tercer día posterior a su llegada.
Finalmente, sobre Daniel Salcedo, quien al momento ya está detenido por otros casos, Ayala indicó que seguirá preso en la Cárcel 4.
03/09/2025: 12:42.- Llamado de atención a la Fiscalía
Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza Ayala llamó la atención a la fiscal Ana Hidalgo por problemas en la fundamentación de los pedidos de prisión preventiva y también por referirse a los procesados como personas sentenciadas, cuando el caso recién inicia.
Por ejemplo, la jueza dijo no entender qué riesgo procesal existe si no se dicta la orden de prisión preventiva en contra de Serrano, Jordán y Aleaga, cuando han estado fuera del país desde el inicio de la indagación.
«Fiscalía no puede y no debe hacer alegación con base en conjeturas y si no tenemos ningún indicio estamos actuando de manera irresponsable porque Fiscalía no es el brazo ejecutor del político de turno».
Incluso, la jueza Ayala le dijo a la fiscal Hidalgo que si no tiene la capacidad de actuar objetivamente en este caso, debería de excusarse.
«No estamos aquí para hacer ningún show, estamos para buscar la verdad», cerró la jueza.
03/09/2025: 12:17.- Las defensas de los procesados rechaza pedidos
Del lado de las defensas, el primero en intervenir fue Juan Carlos Salazar, abogado de Xavier Jordán. El jurista rechazó la petición de prisión preventiva en contra de su cliente, ya que dijo que no había indicios reales para vincularlo con el asesinato de Villavicencio.
Por ejemplo, sobre la aseveración de la Fiscalía de que Jordán financió el sicariato, Salazar dijo que no se ha logrado establecer cuando, dónde y cómo se entregó ese dinero. Además, aseguró que pese a no estar en el país, Jordán ha comparecido telemáticamente a todos sus casos, ya que salió del país antes de que estos empezaran.
Según el abogado Salazar, Jordán no puede salir de Estados Unidos hasta marzo de 2027, fecha para la que está citada una audiencia en la que se va a tramitar una solicitud de asilo a su favor en ese país. Por eso, solicitó que se rechacé la prisión preventiva y, en caso de que se ordene presentación periódica, se lo haga ante un consulado en Estados Unidos.
El segundo abogado en intervenir fue Jonathan Espín, representante de Ronny Aleaga. El defensor dijo que no hay pericias que comprueben las supuestas reuniones para planificar el asesinato de Villavicencio y la participación de Aleaga.
Solicitó que se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva, ya que hay una insuficiencia de indicios presentados por la Fiscalía.
Carlos Mansolvas, abogado de José Serrano, por su parte, dijo que los supuestos indicios que relacionan a su cliente con el magnicidio de Fernando Villavicencio son insuficientes. Por ejemplo, dijo que el testimonio de Lenin Vimos habla no solo de Serrano, sino también de Jorge Glas, Viviana Veloz y otras personas, que no están procesadas. Por lo que es una versión únicamente referencial.
Además, el jurista recordó que Serrano está detenido en Estados Unidos, a espera de resolución de una solicitud de asilo. Por lo que se preguntó que hay detrás del pedido de la Fiscalía de que se dicte una orden de prisión preventiva y una difusión roja de Interpol en medio de ese proceso.
Por esta razón, pidió que se niegue la orden de prisión preventiva. Y añadió que no cabe tampoco ninguna medida alternativa, debido a la falta de fundamentación de la Fiscalía. Pero que si se dicta la orden de presentación periódica se lo haga ante una autoridad en Estados Unidos y una vez que sea liberado.
Finalmente, del lado de las defensas, intervino Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo. Dijo que el caso de su cliente es distinto al de los demás procesados, ya que Salcedo ya está preso en estos momentos cumpliendo una sentencia y otras órdenes de prisión preventiva
Ante esta situación, Montero aseguró que ninguna de las medidas alternativas es suficiente en el caso de Salcedo. Por lo que no se opuso a la prisión preventiva, pero pidió que se mantenga en la Cárcel 4 de Quito, dónde ya está recluido actualmente.
03/09/2025: 10:15.-
Fiscalía pide medidas cautelares
Al final de su intervención, que duró un poco más de una hora, la fiscal Hidalgo solicitó a la jueza Ayala que dicte prisión preventiva contra los cuatro procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio: José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
Salcedo, ya está detenido puesto que en su contra pesas seis sentencias por distintos casos de corrupción. Jordán y Aleaga, en cambio, están prófugos por el caso Metástasis, por lo que una orden de prisión no cambiaría su estatus actual.
Finalmente, está el caso de José Serrano, quien está detenido desde el 7 de agosto de 2025 en una cárcel migratoria de Miami, en Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2025, en ese país se resolverá su futuro y podría ser deportado, por lo que una orden de prisión preventiva significaría que apenas llegue a Ecuador sería enviado a prisión.
Ahora, los abogados de los cuatro procesados tendrán que pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva. Y, al final de la diligencia, la Magistrada tendrá que pronunciarse.
03/09/2025: 09:40.- ‘Este trabajo fue para el señor de arriba»
Como parte de los elementos de convicción que sustentan la investigación de este caso, la fiscal Hidalgo reveló que uno de los sicarios que participó en el asesinato de Fernando Villavicencio fue entrevistado por un agente del FBI, agencia estadounidense que colaboró con las investigaciones en 2023.
Según el relato de Hidalgo, el sicario le habría dicho al agente norteamericano que «este trabajo fue para el señor de arriba». Y tras la pregunta de a quien se refería con ese apelativo, el hombre habría dicho que era el presidente Rafael Correa.
Esta persona fue uno de los seis sicarios asesinados en octubre de 2023, mientras estaban detenidos en la Penitenciaría del Litoral. Por lo que no llegó a ser juzgado y está confesión no fue parte del juicio contra los sicarios.
03/09/2025: 09:10.- La teoría del caso
En el inicio de la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo indicó que el caso se relaciona con el asesinato de Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, quien fue abatido a la salida de un mitín político cuando era candidato a la Presidencia de la República.
En las investigación, explicó la investigadora, se identificó a 11 participantes en el crimen: de los cuales cinco ya fueron sentenciados y seis murieron en medio de las investigaciones.
Además, recordó que en el caso contra los sicarios, un testigo protegido reveló que el crimen de Villavicencio “valía USD 200.000 y lo hizo el Gobierno de Correa”. Por lo que con esa información se abrió una nueva investigación previa para identificar a los autores intelectuales.
También ya abierta esa indagación, la Fiscalía tomó el testimonio de otro abogado, en calidad de testigo protegido. Esta persona señaló que dentro de los autores intelectuales estaban: Jorge Glas, José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
Incluso, Salcedo -uno de los investigados- rindió testimonio en junio de 2025 y manifestó que “es importante que algo que me pase la gente sepa la verdad sobre el asesinato de Fernando Villavicencio”.
Además, Salcedo manifestó que el narcotraficante Leandro Norero le pidió de favor “identificar los pasos de Fernando Villavicencio”, en 2022. Esto ya que Salcedo se dedicaba a ser rastreador, lo que significaba que identificaba las rutinas de las personas.
También Norero le había dicho que esa información no era para él sino para Jordán y que les habría cobrado USD 20.000 para lograr identificar todos los pasos de Villavicencio. Asimismo que iba a participar José Serrano, ya que necesitaban intervención de elementos de la Policía Nacional, en donde tiene influencia.
“Cuando se quiere hacer un buen trabajo, la vigilancia ya lo teníamos porque lo hizo mi caso. Pero necesitábamos la avanzada para buscar el momento exacto cuando realizar el trabajo, por ejemplo cuando no ande en carro blindado”, dijo Salcedo en su testimonio.
Incluso, Salcedo dijo que tuvo entre cuatro y cinco videollamadas con José Serrano, Jordán y Norero. Y que quedaron en que Jordán sería el financista del asesinato, Aleaga sería el “nexo con el partido político (Revolución Ciudadana)”.
En julio de 2023, según Salcedo, se reunió con Aleaga y le comentó que ese plan seguía en pie, pese a que Norero ya había sido asesinado. Ahí, además, le habían comunicado que ‘Pepe’ (Serrano) seguía colaborando.
Incluso, Salcedo habría recibido la visita de Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, quien le habría ofrecido ayuda y dinero para seguir con la planificación del asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.
Según Salcedo, «Serrano es el brazo armado de Rafael Correa» e informó que en Estados Unidos vivía en un departamento de Xavier Jordán, en Estados Unidos.
03/09/2025: 08:43.- Empieza la diligencia
Cerca de las 09:00 del miércoles 3 de septiembre de 2025, la jueza María Daniela Ayala declaró instalada la audiencia de formulación de cargos por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo expondrá la teoría del caso y los indicios recabados contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
03/09/2025: 08:28.- Hijas de Villavicencio con protección
Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, antes de la instalación de la audiencia informó -junto a su hermana Tamia- que desde hoy forman parte del sistema de protección a víctimas y testigos que dirige la Fiscalía, por lo que ahora cuentan con custodia policial.
Tamia Villavicencio anunció, además, que presentaron una denuncia por intimidación y hostigamiento contra Xavier Jordán, uno de los presuntos autores del asesinato de su padre.
03/09/2025: 08:00.- El operativo
Desde las primeras horas de la mañana de este 3 de septiembre de 2025, un operativo policial se desplegó en las inmediaciones del Complejo Judicial del Norte de Quito. Fuente: Primicias
Nacionales
16 militares son detenidos por presunta filtración de información sobre operativos en la frontera

Dieciséis militares y cinco civiles fueron detenidos este miércoles 3 de septiembre en el marco de una investigación por posible «filtración de información y operaciones ilícitas», según informó el Ejército Ecuatoriano en un comunicado.
De acuerdo al boletín, la investigación inició hace varios meses y se originó a partir de operaciones de inteligencia militar que revelaron filtraciones de información sobre acciones en zonas fronterizas.
Según la institución castrense, las pruebas fueron entregadas de manera urgente a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Loja.
Los allanamientos de este miércoles ocurrieron en viviendas y en instalaciones militares. Participaron policías y agentes de la FGE, detalló el Ejército. Las intervenciones ocurrieron en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo De Los Tsáchilas, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas y Pichincha.
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