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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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38 allanamientos en siete provincias para desmantelar red de presunto tráfico de armas

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Un nuevo golpe se dio a estructuras criminales en Ecuador. Se realizaron 38 allanamientos.

La madrugada de este jueves, 21 de mayo de 2026, se realizó un operativo, cuyo objetivo fue desmantelar una red por el presunto delito de tráfico de armas y explosivos. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg.

Cómo fue el operativo

El operativo se realizó en siete provincias: Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha. En total se desplegaron cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional.

“Se está desarticulando una organización por presunto tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. La afectación es Ecuador, Perú y Colombia”, señaló el titular del ramo.

Estos insumos fueron entregados a bandas delictivas. En Ecuador, por ejemplo, iban para ‘Los Lobos’. 

Desde Huaquillas, en El Oro, el ministro Reimberg dijo que esperan tener más de 24 objetivos capturados, entre ellos el cabecilla de esta estructura delictiva.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional y tomaron alrededor de 11 meses hasta buscar todas las evidencias necesarias “para que no salgan de la cárcel”, tomando en cuenta que hay reincidentes.  Fuente: El Telégrafo

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Nacionales

Ecuador tiene tres caminos para responder a pedido de la CAN por aranceles a Colombia

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La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.

Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.

Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los  aranceles si Ecuador también lo hace.

Escenario 1: Levantar aranceles 
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.

Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio,  baje a 75%.

Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.

Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.

Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.

En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».

Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.

Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.

Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.

Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).

Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.

Escenario 3: Salirse de la CAN 
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.

Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.

El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias

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En un año, ADN presentó 151 proyectos en la Asamblea y uno se convirtió en ley 

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La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha tenido todas las herramientas posibles para impulsar en este primer año de funcionamiento de la Asamblea Nacional sus iniciativas y propuestas.

Arrancó el 14 de mayo de 2025 tomando el control de la mesa directiva de la Función Legislativa, con Niels Olsen a la cabeza. ADN también copó todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) junto a sus aliados.

Además, domina el 90% de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea, lo que le permite tener el control en temas como la fiscalización – que para la oposición es una deuda pendiente- así como de los contenidos y tiempos para tramitar proyectos de ley.

En la estadística, se establece que ADN y sus aliados acapararon el 60% de las intervenciones en el Pleno. Además, de los 111 cambios del orden del día, más de la mitad han sido propuestos por la bancada de gobierno.

Con altos y bajos, el bloque oficialista ha logrado mantener la mayoría compuesta (al menos 77 votos) con los exmiembros de Pachakutik, los desertores de la Revolución Ciudadana (RC) y los independientes.

¿Ha aprovechado ADN este panorama favorable para promover y aprobar los proyectos de ley de su autoría?

Casi el doble de propuestas con similar resultado
Hasta el 19 de mayo, en el sistema que registra los proyectos de ley ingresados a la Asamblea había 302 propuestas: 91 de estos proyectos corresponden a iniciativas de Revolución Ciudadana (RC) y 151 fueron de ADN.

Las propuestas presentadas por la bancada de gobierno se encuentran en el siguiente estado:

  • Calificados por el CAL: 80
  • Proyectos recién presentados: 23
  • Conocidos por alguna comisión: 20
  • A la espera del Informe de la Unidad Técnica Legislativa: 13
  • Retirados: 4
  • Con informe para primer debate: 7
  • Con informe para segundo debate: 2
  • Pasó el primer debate: 1
  • Aprobado y publicado en el Registro Oficial: 1

Si bien ADN tiene presentadas 60 leyes más que el correísmo, el resultado final es prácticamente el mismo. Según los datos que arroja la web de datos legislativos, cada agrupación política cuenta con una ley aprobada, aunque la de RC aún espera el veto del presidente Daniel Noboa, mientras que la de ADN ya está en el Registro Oficial.

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Se trata de la Ley para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación (Ley Dual) presentada por Valentina Centeno.

La agenda la marcó el gobierno
Quien tuvo más leyes aprobadas por ADN -en su rol de colegislador- fue el presidente Daniel Noboa que desde el inicio del periodo legislativo envió 9 proyectos urgentes en materia económica y todos fueron aprobados.

Estas propuestas fueron:

  • Ley de Solidaridad Nacional (declarada inconstitucional)
  • Ley de Integridad Pública (declarada inconstitucional)
  • Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas  (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley para el Fortalecimiento para la Minería (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Transparencia Social (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Vivienda de Interés Social
  • Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
  • En diálogo con PRIMICIAS, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, descartó que haya sido el Ejecutivo el que haya marcado la agenda y el trabajo de la Función Legislativa.

«Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo es un colegislador y es el Ejecutivo el que ha presentado nueve proyectos de ley en materia económica urgente. Lo que corresponde es debatir esos proyectos que entran por ventanilla», explicó Olsen. Fuente: Primicias

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