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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Consejo de la Judicatura aprobó el uso de avatares para proteger la identidad de los jueces

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El Consejo de la Judicatura aprobó un nuevo protocolo de seguridad de juecesfiscales y otros operadores de justicia frente a las amenazas del crimen organizado. En este marco, el Pleno de la institución aprobó el «Protocolo Técnico-Operativo para el Uso de Avatares Digitales en Audiencias Telemáticas».

Este nuevo protocolo forma parte del Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial. El principal objetivo es proteger la seguridad de los jueces con transparencia total, indicó el Consejo de la Judicatura.

Esta nueva disposición implementa el uso voluntario de avatares digitales en audiencias telemáticas. Esta herramienta promueve el resguardo de la identidad biométrica de los jueces, el cumplimiento del debido proceso ya que el juez dirige la audiencia y las partes procesales conocen su identidad en todo momento.

Esta nueva disposición no se trata de un sistema de jueces sin rostro

«No se trata de un sistema de ‘jueces sin rostro'», enfatizó la institución.

El objetivo de esta decisión es resguardar, de manera exclusiva, la identidad biométrica de los administradores de justicia durante las diligencias virtuales relacionadas con casos de alta complejidad y riesgo.

El Consejo de la Judicatura indicó que este mecanismo garantiza la total transparencia procesal y difiere radicalmente de otros sistemas como los denominados «jueces sin rostro» donde se desconoce la identidad total de quienes administran justicia.

El contenido del protocolo aprobado asegurará que, desde el sorteo de las causas, las partes procesales conozcan en todo momento los nombres, apellidos, cargos y competencias de los jueces asignados.

«Lo único que se sustituirá tecnológicamente es la transmisión de los rasgos faciales de los magistrados, es decir, el avatar protegerá su imagen biométrica para evitar el perfilamiento criminal, el reconocimiento facial automatizado y la creación de contenidos de video, imagen o audio manipulados mediante tecnologías como la inteligencia artificial«, explicó el Consejo de la Judicatura a través de un comunicado.

Uso de avatar cumple con el COIP

El uso del avatar institucional no vulnera la exigencia de una comunicación real, directa y fidedigna establecida en el artículo 565 del COIP, puesto que no sustituye al juzgador.

Detrás de la representación gráfica, se encontrará el juez en tiempo real, previamente autenticado. Él mantendrá de forma exclusiva la dirección de la audiencia y sus facultades jurisdiccionales.

«De esta manera, se preserva la validez y autenticidad de la diligencia al tiempo que se armoniza las garantías del debido proceso con la protección a la seguridad e independencia de los operadores de justicia», señaló la institución.

Jueces decidirán voluntariamente el uso del avatar

El protocolo establece claramente que el uso del avatar no será obligatorio ni generalizado. Será un mecanismo voluntario y excepcional que el juez podrá solicitar frente a riesgos objetivos, como procesos de delincuencia organizada, crimen transnacional o amenazas directas.

El uso del avatar no reemplazará a la toma decisiones jurisdiccionales ni delegará funciones que le corresponden al juez quien continuará dirigiendo personalmente la audiencia, valorará la prueba y garantizará los derechos de defensa, inmediación, contradicción y publicidad.

Esta medida fue aprobada el pasado 6 de agosto con los votos de la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, y los vocales Alfredo Cuadros y Fabián Fabara. Según el Consejo de la Judicatura, esta disposición busca proteger la integridad física y psicológica de los operadores de justicia y sus familias, sin comprometer el debido proceso ni las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Amenazas a jueces en Ecuador

El Consejo de la Judicatura realizó un diagnóstico nacional, en el cual se registró que 127 servidores judiciales han recibido amenazas y 23 han sido víctimas de hechos de violencia. También se contabilizaron tres ataques contra la infraestructura judicial y 142 falsas alarmas de bombas.

Para reforzar la seguridad de los servidores judiciales, la institución tiene previsto suscribir un convenio de cooperación con el ECU911 para implementar un botón de emergencia.

Esto se complementa con los nuevos lineamientos para el teletrabajo para situaciones de riesgo y/o seguridad. También hay un protocolo de primeros auxilios en el área psicológica para los funcionarios judiciales y capacitaciones de autoprotección y prevención de riesgos. Fuente: Vistazo

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Caso Villavicencio: Fiscalía pidió difusión roja de Interpol para José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Wilmer Chavarría

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La Fiscalía General del Estado solicitó en su dictamen acusatorio la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que se registró el pasado 9 de agosto de 2023 en Quito.

Además, pidió que Xavier Jordán; el exministro del correísmo, José Serrano; el exasambleísta del correísmo, Ronny AleagaDaniel Salcedo; y tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Luis Arboleda, alias Gordo Luis; y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, sean procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato.

En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó que se declaren como prófugos a Jordán, Serrano, quienes se encuentran en Estados Unidos; a Aleaga, en Venezuela; y, Chavarría, en España.

Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes

En tanto que para los siete procesados, la Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el sistema financiero nacional.

En favor de las víctimas, la institución solicitó medidas de protección y la ratificación de las medidas dispuestas en la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía pidió al juez de la causa que emita el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados.

La audiencia se reinstalará el 9 de agosto con la intervención de las acusaciones particulares.

Al momento, cinco personas ya fueron sentenciadas en calidad de autores y cómplices por el acto material del asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo

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Amigos de Fernando Villavicencio recordaron los tres años de su asesinato

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Varios amigos de Fernando Villavicencio recordaron este 9 de agosto los tres años de su asesinato en el lugar en donde fue acribillado el excandidato presidencial, en el norte de Quito. Acudieron con un arreglo floral, con un cartel con la imagen del excandidato presidencial y con camisetas de la campaña de 2023.

Christian Zurita y Carlos Figueroa encabezaron el encuentro para recordar el crimen de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

La muerte de Villavicencio ocurrió luego de un mitin político que se realizó en un coliseo de un colegio privado. Su asesinato ocurrió en las transitadas avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, durante la campaña electoral, en la que Fernando Villavicencio era candidato presidencial por el Movimiento Construye.
Por este caso, al momento, cinco personas ya fueron sentenciadas en calidad de autores y cómplices por el acto material del asesinato de Fernando Villavicencio.

Mientras que otros siete procesados son inculpados por la Fiscalía de ser autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato. En esa lista se encuentran José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. En este caso, todavía se realizan las audiencias preparatorias de juicio,

Tres años de lucha para evitar el olvido del asesinato de Villavicencio

Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, recordó que estos tres años han sido de lucha incesante de su familia y de quienes han ayudado a evitar el silencio y sobre todo el olvido.

«Fernando dejó un enorme vacío en la sociedad ecuatoriana. En lo político, un proyecto truncado, en lo social, en lo civil, en lo ciudadano, un vacío difícil de llenar. Una voz única irrepetible en la historia del país«, indicó Zurita, quien como periodista colaboró en varias de las investigaciones impulsadas por Villavicencio y luego fue nombrado candidato presidencial en su reemplazo en las elecciones de 2023.

Zurita enfatizó que esta es una lucha contra la desesperanza, es una lucha contra el olvido y sobre todo nos regocijamos por el hecho de que el Estado y la institucionalidad haya logrado dar con una parte de los asesinos, con un grupo de los responsables a nivel intelectual.

«Existen otros grupos que todavía están por definirse. El primer grupo de asesinos relacionados a los carteles políticos han sido ya puestos al descubierto, pero existen otros grupos que aún no han sido tocados y que luego de la sentencia aspiramos que pueda considerarse y tomarse en cuenta», indicó Zurita.

En tanto que Carlos Figueroa indicó que todavía falta sancionar a las responsabilidades intelectuales. «Lo que nosotros hicimos al inicio determinó de que se logre llegar a los culpables. También hay que darle el crédito a la justicia, a la Fiscalía que han hecho su parte, pero todavía falta aún más», afirmó Figueroa.

Carlos Figueroa, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio eran conocidos como los «tres de Sarayaku». Ellos se refugiaron en esa comunidad de Pastaza huyendo de la persecución en el gobierno de Rafael Correa en 2014, luego de que fueron enjuiciados por calumnias. Fuente: Vistazo

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