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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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