Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Ecuador anuncia alza en la tarifa de transporte del crudo colombiano tras escalada por aranceles y electricidad
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció este jueves 22 de enero una nueva medida contra Colombia, en medio de la escalada comercial derivada de la imposición unilateral de aranceles ordenada por el presidente Daniel Noboa, decisión que posteriormente recibió una respuesta del Gobierno de Gustavo Petro.
Manzano informó que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
«Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética«, señaló la ministra a través de su cuenta en la red social X.
En respuesta, «la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad».
Escalada entre Ecuador y Colombia
El reciente anuncio se produce luego de que el Gobierno colombiano suspendiera la venta de energía eléctrica a Ecuador para priorizar su “soberanía energética”, como respuesta a la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos dispuesta por el presidente Noboa, ante una supuesta falta de cooperación del Gobierno de Gustavo Petro en el combate contra el crimen organizado.
En respuesta, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió una resolución «mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño».
«Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional», manifestó en un comunicado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Los dos países tienen una interconexión eléctrica con capacidad de 400 kilovatios, y durante la crisis energética que vivió Ecuador por la sequía entre 2023 y 2024, Colombia duplicó sus envíos de electricidad a ese país para ayudar a mitigar los apagones diarios.
De forma paralela, el Gobierno colombiano también anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a las importaciones provenientes de Ecuador.
La medida afectará inicialmente a 20 productos ecuatorianos y, según las autoridades de ese país, constituye una “respuesta proporcional, transitoria y revisable” frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. Colombia también advirtió que no descarta extender la restricción a un grupo más amplio de productos.
No obstante, el Gobierno colombiano aclaró que la aplicación de estas medidas no implica renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada, dentro de los canales diplomáticos e institucionales establecidos entre ambos países. Fuente: Vistazo
Nacionales
Empresarios de Colombia piden a Ecuador a reconsiderar el arancel del 30% a sus productos
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, pidió este miércoles a Ecuador reconsiderar la «tasa de seguridad» del 30 % impuesta a las importaciones colombianas, porque considera que la medida provoca «inmensa incertidumbre entre los productores y los consumidores».
«Hacemos un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconsidere esta decisión y al Gobierno colombiano para que se siente con el Gobierno de Ecuador y puedan solucionar cualquier diferencia que tengan en términos de seguridad nacional para que haya trabajo conjunto», expresó Mac Master.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que tomó la decisión de imponer aranceles a los productos colombianos por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una medida recibida con sorpresa en Bogotá.
Por esa razón, el mandatario ecuatoriano indicó que la medida se mantendrá «hasta que exista un compromiso real» de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera (de 586 kilómetros), con la misma seriedad y decisión que hoy» su país asume.
Comercio entre los dos países
En el campo comercial, entre enero y noviembre pasado, Ecuador fue el sexto destino de las exportaciones colombianas al recibir el 3,7 % del total.
En total, Colombia vendió 1.673 millones de dólares a Ecuador, principalmente productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, combustibles, y vehículos.
«No podemos en este momento, por diferencias que se puedan presentar incluso de orden de seguridad nacional, generar esa inmensa incertidumbre entre los productores y los consumidores de los dos países«, dijo Mac Master, quien recordó que Colombia y Ecuador tienen acuerdos que les «permiten exportar mutuamente productos hacia un lado y hacia el otro».
En opinión del líder empresarial, «el mundo está suficiente convulsionado» para que Colombia y Ecuador, a nivel regional, impongan «medidas arancelarias» o de «restricción del comercio para poder solucionar» asuntos «que deben ser del orden o la dimensión de la democracia».
«Si existen descontentos o quejas respecto de temas como la seguridad nacional (…) o la lucha contra el narcotráfico -que no tenemos la menor duda de que hay mucho por hacer entre los dos países- existen canales diplomáticos (…) para poder solucionarlo«, añadió.
Por su parte, la Asociación de Capitales de Colombia (Asocapitales) pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que, «por la vía diplomática y técnica», avance «de manera prioritaria en una solución frente al arancel del 30% impuesto por Ecuador», que «afecta de manera directa la dinámica comercial, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de varias regiones».
«De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Ecuador, Colombia es actualmente su tercer proveedor de bienes, lo que evidencia el carácter estratégico y estructural de esta relación bilateral», añadió Asocapitales.
En el marco de una entrevista especializada, el doctor Alex Mejía Viteri, Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, abordó de manera técnica y académica el tema “Facultad para la firma de minutas en procesos de partición extrajudicial de bienes”, destacando el rol fundamental del notariado ecuatoriano en la generación de seguridad jurídica, prevención de conflictos legales y descongestión del sistema judicial.
Durante su intervención, el Dr. Mejía Viteri explicó que el servicio notarial constituye un servicio público esencial, propio del sistema notarial latino, cuya finalidad principal es dotar de certeza y autenticidad a los actos y contratos jurídicos, especialmente aquellos relacionados con la transferencia de dominio de bienes inmuebles, como compraventas, donaciones y particiones. Esta función se ejerce mediante la autorización de escrituras públicas, documentos que reflejan de manera inequívoca la voluntad de las partes y gozan de fe pública.
La seguridad jurídica como eje del servicio notarial
El notario señaló que la seguridad jurídica se construye a partir de un proceso riguroso que incluye la identificación plena de las partes, el uso de sistemas biométricos del Registro Civil, entrevistas personales y, de ser necesario, entrevistas separadas para descartar presiones o vicios del consentimiento. Este procedimiento permite garantizar que la voluntad expresada sea libre, consciente e informada, constituyéndose en un elemento clave para la validez de los actos jurídicos.
Asimismo, enfatizó que la custodia del protocolo notarial es una obligación legal estricta, lo que asegura la conservación de la matriz de las escrituras públicas. En casos excepcionales de pérdida por causas fortuitas, la legislación prevé mecanismos judiciales para la reposición del instrumento, preservando así los derechos de los usuarios.
Naturaleza jurídica de la minuta
En relación con las minutas, el Dr. Mejía Viteri aclaró que estas constituyen un antecedente contractual, elaborado y suscrito por un abogado en libre ejercicio profesional, conforme a la Ley Notarial y la normativa de la Federación de Abogados del Ecuador. La minuta no es firmada por el notario, sino que habilita la actuación notarial, permitiendo que el acto o contrato sea elevado a escritura pública.
Este requisito, propio del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de algunos países de la región, no es común en la mayoría de sistemas notariales latinos, lo que resalta su particularidad dentro del marco normativo nacional.
Partición extrajudicial de bienes: alcance y competencia notarial
El notario explicó que la partición —no “participación”— implica la división de una comunidad indivisa, situación frecuente en casos de herencias o copropiedad de bienes. Cuando existe acuerdo voluntario entre las partes, la partición puede realizarse de forma extrajudicial ante notario, mediante escritura pública, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles.
A diferencia de la partición judicial, que se caracteriza por su complejidad, altos costos y prolongada duración, la vía notarial permite resolver estos procesos en plazos significativamente menores, reduciendo gastos y evitando la conflictividad propia de los litigios. De esta manera, el notariado actúa como auxiliar del sistema judicial, contribuyendo a su descongestión.
Protección de derechos y declaración juramentada
El Dr. Mejía Viteri también abordó escenarios complejos en materia sucesoria, como la aparición de herederos no considerados inicialmente. En estos casos, destacó la importancia de la declaración juramentada de herederos, mecanismo que protege a terceros adquirentes de buena fe, sin perjuicio de los derechos que la ley reconoce a coherederos posteriormente identificados.
Recomendaciones a la ciudadanía
Finalmente, el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito recomendó a la ciudadanía contar con asesoría jurídica especializada, particularmente en derecho civil, sucesorio y notarial, antes de iniciar trámites relacionados con bienes y patrimonio. Asimismo, invitó a los usuarios a acudir con confianza a las notarías, destacando que el notario no solo autoriza actos, sino que también orienta técnicamente para asegurar que los procedimientos se desarrollen conforme a la ley.
Con esta exposición, el Dr. Alex Mejía Viteri reafirmó el papel del notariado ecuatoriano como garante de la seguridad jurídica, la paz social y la eficiencia en la administración de justicia, especialmente en los procesos de partición extrajudicial de bienes.
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