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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Cortes de luz temporales se deben a un aumento de sedimentos en Coca Codo Sinclair, informa Energía

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El Ministerio de Ambiente y Energía informó este 21 de mayo de 2026 que habrá cortes de luz temporales en varios sectores del país, debido a afectaciones en la operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por el «incremento extraordinario de sedimentos» .

El incremento de sedimentos en Coca Codo Sinclair fue provocado por la crecida de los ríos que alimentan a la central, explicó el Operador Nacional de Electricidad Cenace, de acuerdo con el comunicado de la Cartera de Energía.

Entre las 00:00 y las 12:00 de este jueves, Coca Codo Sinclair operó a un promedio de 808 megavatios (MW), es decir, al 53,8% de su capacidad instalada que son 1.500 MW, según el reporte en tiempo real del Cenace. Sin embargo, una acumulación de sedimentos puede afectar la operación de la central e incluso sacarla de operación, de ahí que el operador activó las medidas.

«El sector eléctrico activo acciones operativas y generación adicional para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible», señaló el Ministerio en su comunicado.

La Cartera de Estado explicó a PRIMICIAS que, debido a que este evento se desarrolla en tiempo real y requiere acciones inmediatas para proteger la infraestructura eléctrica y mantener la estabilidad del sistema, «se efectuarán desconexiones temporales en varios sectores del país hasta que las maniobras de limpieza duren».

Según el comunicado de Energía, las empresas distribuidoras «informarán oportunamente» sobre los sectores afectados con cortes de luz temporales.

De hecho, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó en redes sociales a las 12:10 de este 21 de mayo que, conforme a esta disposición, se encuentran afectados los siguientes sectores de Quito: Pomasqui, Barrio Nuevo, El Bosque, Conocoto, Iñaquito, Cumbayá, Río Coca, El Inga Bajo y sus alrededores.

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/economia/operacion-coca-codo-sinclair-afectacion-incremento-sedimentos-cortes-luz-apagones-123371/

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Jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio es destituida por la Judicatura

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El Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la jueza María Daniela Ayala, quien estaba a cargo del proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La decisión fue tomada por el pleno del organismo el 21 de mayo de 2026, en el marco de un expediente disciplinario abierto en su contra. 

Nadia Larco Bravo

Cuestionamientos por decisiones en audiencia clave

La sanción se relaciona con la actuación de la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos del caso, en la que optó por no dictar prisión preventiva para algunos procesados señalados como presuntos autores intelectuales.

En su lugar, Ayala dispuso medidas alternativas, como la presentación periódica ante autoridades consulares en el exterior para José Serrano y Xavier Jordán.

Según el análisis del organismo disciplinario, la jueza habría actuado con irregularidades al no acoger el pedido de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la fundamentación de su decisión.

Magnicidio. El expediente fiscal del caso Villavicencio está compuesto por versiones, pericias, chats, etc.

Magnicidio. El expediente fiscal del caso Villavicencio está compuesto por versiones, pericias, chats, etc.API

Antecedentes del proceso disciplinario

La destitución se produce tras una serie de acciones previas contra la funcionaria. En 2025, la jueza había sido suspendida de manera temporal mientras se investigaba su actuación durante la misma audiencia, luego de una denuncia presentada por la Fiscalía.

En ese proceso también se analizaron expresiones emitidas por la magistrada durante la diligencia, consideradas fuera de su rol dentro del sistema judicial. Estas actuaciones dieron paso a un sumario administrativo que culminó con la sanción definitiva. 

Caso Villavicencio sigue en investigación

El proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio continúa en curso y busca determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del crimen, ocurrido en agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito.

La investigación involucra a figuras políticas y empresariales, y ha estado marcada por decisiones judiciales que han generado polémica pública y debate en torno a la independencia de la justicia. Fuente: Expreso 

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La Tertulia Jurídica se consolida como uno de los principales espacios académicos del país

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El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.

Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.

Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.

“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.

La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.

Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.

Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.

Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.

Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.

Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.

“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.

El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.

Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.

En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.

“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.

El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.

Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.

Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.

“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.

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