Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.
En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.
Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva
El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.
Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.
Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.
«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.
El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC
Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.
No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.
«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.
Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.
El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.
Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo
Nacionales
Caso Triple A: Aquiles Alvarez comparece en la fase de pruebas y cuestiona el origen de la investigación
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, compareció este domingo dentro del juicio del denominado caso Triple A, en el que es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustible.
Además de Aquiles Alvarez, entre los procesados figuran Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z. Las empresas llamadas a juicio son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S.A.
El alcalde defendió la actividad de las empresas comercializadoras de combustibles y rechazó haber intervenido personalmente en la firma de documentos mientras estuvo al frente de sus compañías.
Asimismo, sostuvo que el control sobre el destino final del combustible corresponde al Estado y no a las empresas comercializadoras. De igual manera, aseguró que Copedesa, una de las compañías procesadas en el caso, cuenta con todos los permisos necesarios para operar de manera legal.
El alcalde también afirmó que Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), habría sido presionada para presentar la denuncia que dio origen al proceso, en julio del 2024.
Caso entró en su recta final con la fase de pruebas
El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían participado junto a Alvarez en una presunta trama de comercialización irregular de combustibles, acusación que las defensas niegan y buscan desvirtuar durante esta fase del juicio.
La audiencia de juicio que se instaló este domingo en el Complejo Judicial Norte de Quito fue parte de la fase de pruebas de descargo. Durante esta etapa, las defensas presentan documentos y testimonios para desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
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