Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
CONEXIA reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial para conocer sus necesidades y abrir nuevas posibilidades de relacionamiento entre universidad y empresa.
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en alianza con Fundación Ninari, reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial en una nueva edición de CONEXIA, Encuentro Universidad–Empresa, un espacio de acercamiento orientado a fortalecer la relación con el sector productivo, presentar capacidades de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, y abrir nuevas posibilidades de colaboración.
Durante la jornada participaron representantes de empresas vinculadas al ecosistema productivo de Tungurahua, entre ellas Muebles León, Andesfood, Bioalimentar y Laboratorio Génesis, además de otros actores del sector empresarial.
El encuentro buscó abrir un primer espacio de diálogo con las empresas para conocer de cerca sus necesidades y los desafíos que enfrentan en su actividad. Durante la jornada se conversó sobre aspectos relacionados con productos, procesos, métodos y servicios.
Para Ruth Bolaños Núñez, directora ejecutiva de Fundación Ninari, generar este tipo de espacios resulta especialmente relevante en una provincia caracterizada por su dinamismo empresarial.
“Tungurahua cuenta con alrededor de 54,5 mil empresas activas y ocupa el tercer lugar nacional en densidad empresarial, con 935,8 empresas por cada 10.000 habitantes. Estas cifras reflejan la fortaleza de su tejido productivo y, al mismo tiempo, la importancia de generar espacios que permitan escuchar a las empresas, conocer sus retos y conectar a los distintos actores del ecosistema para identificar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación”, señaló.
La provincia mantiene, además, una estructura productiva diversa. Entre sus principales vocaciones se encuentran el cuero y calzado, el sector textil y de confección, la metalmecánica y carrocerías, el agro y la agroindustria, el comercio y la logística, la madera y artesanía, así como el turismo y la gastronomía.
Para Marco David Jadam Guerrero, gerente general de Laboratorio Génesis, este tipo de encuentros permite acercar los procesos de innovación a la realidad de las pequeñas empresas. “Estos acercamientos nos permiten a pequeñas empresas vincular un poco más el proceso de innovación hacia nuestra realidad productiva”, señaló.
Como parte de CONEXIA, los asistentes participaron también en un showroom tecnológico, donde pudieron conocer algunas de las capacidades de la UTPL y dialogar directamente con el equipo del Parque Científico y Tecnológico. El propósito fue identificar puntos de conexión entre las necesidades de las organizaciones y las capacidades de conocimiento y tecnología disponibles en la Universidad, con miras a futuras iniciativas de investigación aplicada, innovación o transferencia tecnológica.
La UTPL continúa fortaleciendo su estrategia de acercamiento al sector productivo, basada en conocer sus necesidades y construir progresivamente oportunidades de trabajo conjunto.
La oportuna intervención de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, en coordinación con Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de una ciudadana que presuntamente intentaba ingresar sustancias sujetas a fiscalización al Centro de Privación de Libertad (CPL) Morona Santiago N.° 1, durante el horario de visitas.
El procedimiento se activó tras una alerta de inteligencia y durante los controles establecidos en el filtro de ingreso al centro penitenciario. Ante la alerta, los servidores policiales aplicaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la ciudadana al Hospital General de Macas para una valoración médica.
Durante el procedimiento médico, la ciudadana expulsó un paquete que, según la información policial, mantenía oculto en su organismo. Tras la verificación correspondiente, se determinó que el paquete contenía presuntas sustancias sujetas a fiscalización.
La persona aprehendida fue identificada como Lliana M. M. M., de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, no registra antecedentes.
Indicios encontrados
• 140 dosis de marihuana.
• 1 terminal móvil.
La Policía Nacional señaló que mantiene de manera permanente los controles y filtros de seguridad en los centros de privación de libertad, con el propósito de prevenir el ingreso de sustancias prohibidas, objetos no autorizados y otros elementos que puedan afectar la seguridad y el orden dentro de estos establecimientos.
La ciudadana quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las instancias judiciales correspondientes.
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