Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.
El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.
Un proceso marcado por audiencias fallidas
El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.
Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.
Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.
Nacionales
Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo
El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.
Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.
La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.
Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.
Contrato de USD 240 millones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Nacionales
Ecuador aún enfrenta desafíos para consolidar ciudades inteligentes y conectadas
Ecuador avanza de manera progresiva hacia la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes; sin embargo, todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la conectividad, infraestructura tecnológica y aprovechamiento de datos. Así lo señaló Katty Rohoden, directora de la Carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante una entrevista con Diario El Amazónico sobre el tema: “Ciudades inteligentes: ¿Está Ecuador preparado para vivir en ciudades más conectadas?”
Rohoden sostuvo que, de acuerdo con la política pública nacional, actualmente no se puede afirmar que una ciudad ecuatoriana sea completamente digital o inteligente, aunque existen localidades que han desarrollado iniciativas orientadas a este objetivo. A su criterio, el país todavía presenta cierto retraso en materia de conectividad, particularmente frente al despliegue de tecnologías de nueva generación.
Uno de los aspectos abordados fue la implementación de redes 5G. La académica explicó que Ecuador tuvo un retraso en los procesos relacionados con la concesión de frecuencias, lo que incidió en el despliegue de esta tecnología. No obstante, señaló que desde finales de 2025 y durante 2026 operadores como CNT y Claro han iniciado el despliegue de redes 5G en el país.
La especialista también puso énfasis en la brecha digital existente en sectores rurales, donde todavía existen comunidades que no disponen de acceso a internet e incluso carecen de cobertura de telefonía celular. Esta situación limita oportunidades relacionadas con la educación en línea, telemedicina, acceso a información y otros servicios digitales.
Conectividad como base de las ciudades inteligentes
Para Rohoden, una ciudad o territorio inteligente no necesariamente requiere contar desde el inicio con la tecnología más avanzada. El elemento fundamental es disponer de conectividad, ya sea mediante radioenlaces, redes Wi-Fi u otras soluciones tecnológicas que permitan garantizar el acceso a la comunicación y la información.
En este proceso, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplen un papel estratégico, debido a que pueden establecer políticas y asignar presupuestos para transformar proyectos tecnológicos en soluciones concretas para la ciudadanía.
La directora de Telecomunicaciones explicó que desde la academia pueden desarrollarse proyectos como sistemas de monitoreo ambiental y redes de sensores; sin embargo, su impacto depende de que existan recursos y mecanismos institucionales que permitan implementarlos a escala territorial.
La experiencia de Loja
Durante la entrevista también se analizó el proceso desarrollado por Loja, ciudad que ha impulsado iniciativas vinculadas con conectividad, puntos Wi-Fi, movilidad y sistemas tecnológicos aplicados a los servicios urbanos.
Rohoden destacó experiencias relacionadas con el monitoreo del tráfico y la congestión vehicular mediante sensores, señalando que estas iniciativas pueden constituir referencias para otros territorios del país.
No obstante, advirtió que el desafío no consiste únicamente en instalar sensores y recopilar información. El siguiente paso es procesar y utilizar los datos mediante herramientas como la inteligencia artificial, con el objetivo de generar análisis predictivos y mejorar la toma de decisiones públicas.
Universidad y formación de nuevos profesionales
La académica destacó el papel de las universidades en la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades tecnológicas de los territorios.
En el caso de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL, explicó que se trabaja en un proceso de rediseño orientado a integrar las telecomunicaciones con áreas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas tecnologías de conectividad.
La formación busca que los futuros ingenieros no solamente conozcan las bases teóricas de las telecomunicaciones, sino que también puedan diseñar e implementar soluciones tecnológicas, considerando las características geográficas y las necesidades específicas de cada comunidad.
Tres desafíos para Ecuador
Al realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades del país para los próximos diez años, Rohoden identificó tres aspectos prioritarios:
1. Reducir la brecha de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores alejados.
2. Fortalecer e incrementar la infraestructura tecnológica, necesaria para el despliegue de redes de nueva generación como 5G.
3. Realizar un uso adecuado e inteligente de los datos, considerando tanto la información generada por dispositivos y sistemas de monitoreo como la protección de datos personales.
Respecto a la conectividad rural, la especialista mencionó a Starlink como una alternativa tecnológica que puede contribuir a atender sectores donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de infraestructura terrestre. Señaló que su utilización debe analizarse de acuerdo con las condiciones, necesidades y presupuesto de cada comunidad o municipio.
Finalmente, Rohoden enfatizó que el concepto de ciudad inteligente debe estar orientado principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no limitarse a incorporar tecnología. A su criterio, el desarrollo tecnológico debe avanzar paralelamente con la atención de las necesidades básicas y la reducción de las desigualdades de acceso a internet.
La UTPL, a través de su Carrera de Telecomunicaciones, informó además que mantiene abierto su proceso de matrículas hasta inicios de octubre, invitando a los estudiantes interesados en tecnología, conectividad, redes satelitales, Internet de las Cosas y soluciones inteligentes a formar parte de esta área de formación profesional.
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