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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Nacionales

Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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