Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Siete médicos del MSP, detenidos por fingir que un narco albanés fuera del país seguía en Ecuador
Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos durante la madrugada en Guayaquil, Quito y Macas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, integraban una red que ayudó a Dritan Rexhepi, capo de la mafia albanesa, a aparentar que seguía en Ecuador, pese a que había salido del país en 2022.
La operación la ejecutaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con 11 allanamientos. Cuatro de las detenciones se registraron en Guayaquil, tres en Quito y una en Macas. Los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y por delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos, y perjurio.
«Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo siempre es cuestión de tiempo», afirmó Reimberg en rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
Un narco fuera del país que seguía «presentándose»
Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, no estaba en la cárcel, sino bajo la medida de presentaciones periódicas ante la justicia.
De acuerdo con el Ministro, el albanés salió del país por el puente internacional de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, con una identidad falsa. En noviembre de 2023 fue detenido en Turquía. A inicios de 2025, fue extraditado a su natal Albania.
Aun así, en Ecuador seguían registrándose presentaciones a su nombre ante el SNAI, además de certificados médicos. Para justificarlas, la estructura habría usado documentos fraudulentos, firmas falsas, certificados irregulares y registros falsos de asistencia.
El elemento más llamativo del caso es un guante de látex con la huella dactilar de Rexhepi. «Con la vinculación de una persona del SNAI, tenían dentro de un guante de látex la huella dactilar de la persona para también hacer la presentación y así poder justificar que se encontraba aquí, cuando él seguía en actividades de narcotráfico», explicó Reimberg.
El funcionario del SNAI detenido sería quien facilitaba el uso del guante en el momento de cada presentación.
Un caso que estaba «en el cajón del olvido»
La investigación duró más de ocho meses. El Ministro aseguró que el expediente estuvo estancado hasta que la Policía pidió un cambio de fiscal. «Esta investigación estaba en el cajón del olvido, donde pensaban guardarlo hasta que esto se cierre», dijo. El caso pasó luego a una unidad especializada.
Sobre si hay funcionarios de la Fiscalía bajo sospecha, Reimberg indicó que aún se investiga quiénes permitieron que esto ocurriera. Añadió que los allanamientos también dejaron evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.
Tampoco se precisó cuántas veces se usó el guante desde 2022, ya que eso depende de la frecuencia de las presentaciones que había dispuesto el juez. Fuente: Vistazo
Nacionales
Tras la detención de Xavier Jordán, ¿quiénes siguen prófugos en los casos Metástasis y Fernando Villavicencio?
Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos por temas migratorios, los casos Metástasis y Fernando Villavicencio vuelven al centro del escenario.
En el caso Metástasis, Jordán fue señalado como uno de los supuestos administradores de los bienes del narcotraficante Leandro Norero (+). Tiene pendiente la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada desde 2024.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que lo deportarán, aunque aún no hay una fecha para ello. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estimó que esto se daría en unos 15 días aproximadamente.
Ronny Aleaga
En el primer caso, Aleaga es acusado de actuar como el operador político de Leandro Norero y Xavier Jordán en la Asamblea Nacional. Según Fiscalía, él es alias El Ruso en las conversaciones que se encontraron en el celular del narcotraficante. Tras destaparse el caso Metástasis, salió del país a finales de diciembre 2023 rumbo a Colombia y el último paradero que se le conoció fue Venezuela.
En julio de 2026, el presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Aleaga.
Mientras que en el caso Magnicidio FV, el exasambleísta habría fungido como un nexo para conectar la esfera política y financiera con la criminal.
Caso Metástasis
Además de Aleaga, en el caso Metástasis siguen prófugos seis personas más, uno de los cuales tenía un alto perfil mediático. Se trata del abogado Cristian Romero, quien defendía a Leandro Norero y sus familiares. Para lograr recursos favorables sobornaba a jueces.
Romero también lideraba una estructura criminal para liberar presos a cambio de dinero, pagando favores a funcionarios del sistema judicial. El caso se llama Plaga y tiene suspendido el juicio por presunta delincuencia organizada. Se desconoce su paradero. Fuente: Vistazo
Nacionales
Apagón voluntario en Ecuador: 150 industrias dejarán de producir un día a la semana
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
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