Nacionales
Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE
En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.
Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.
Modus Operandi
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:
-Reporte de operaciones inusuales ROI 202
-32 mil euros en efectivo
-Análisis de la documentación
-Parte policial
-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
-Informe de seguimientos y vigilancias
-Órdenes judiciales autorizando las diligencias
-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,
-Versiones,
-Más de 20 reportes telefónicos,
-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,
-Informes ejecutivos sobre los procesados,
-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,
-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Nacionales
Mónica Palacios reacciona al pedido de levantamiento de su inmunidad para procesarla por calumnia
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, reaccionó al pedido de levantar su inmunidad parlamentaria por parte de un juez que tramita una querella interpuesta por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.
Palacios había denunciado el intento de una joven, identificada como Jenny Ramírez, de comprar un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad por USD 2,7 millones. Tras el escándalo, el proceso fue revocado por las autoridades municipales de esa localidad.
Según la legisladora correísta, Ramírez sería hija de la empleada doméstica de Gellibert.
Mientras tanto, Gellibert también interpuso una querella penal contra la asambleísta de la RC por calumnia, ya que la parlamentaria habría atribuido falsamente un delito.
“Es insólito que mientras la Fiscalía y la UAFE miran para otro lado, ahora la querellada sea yo. Una vez más, el gobierno de Daniel Noboa usa la justicia para tratar de amedrentarme. ¡No me van a callar!”, escribió Palacios en la red social X.
Agregó que mientras su notitia criminis no muestra avances, la querella de Gellibert “avanza con velocidad inusual”.
PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD
Al ser legisladora, Palacios goza de inmunidad parlamentaria. Por ello, no puede ser procesada penalmente sin la autorización previa del Pleno.
En este sentido, el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el levantamiento de la inmunidad para comenzar con el proceso penal por presunta calumnia.
Una vez que ingrese el pedido, el Legislativo deberá analizarlo y ponerlo a votación del Pleno.
Para levantar la inmunidad parlamentaria a un asambleísta se requiere el apoyo de la mayoría calificada, esto es, al menos, 101 votos. Fuente: Vistazo
La noche del centro de Guayaquil se vio interrumpida cerca de las 22:00 de este martes 7 de abril por un trágico suceso. Jennifer Mariuxi Garcés Chipre falleció de manera instantánea tras caer desde el cuarto piso de un edificio ubicado entre las calles Los Ríos y 9 de Octubre.
Según testimonios de moradores, el incidente fue precedido por una fuerte discusión en el balcón del departamento entre la víctima y su conviviente. «Escuchamos el grito de la chica y luego el impacto», relató a la prensa una residente del sector, quien junto a otros vecinos intentó auxiliar a la mujer sin éxito.
Procedimiento policial y detención
Agentes del distrito 9 de Octubre y personal de Criminalística acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios. La presencia de familiares de Garcés Chipre en el sitio generó momentos de tensión, ya que señalaron directamente a la pareja de la víctima como el presunto responsable del hecho.
El sospechoso fue trasladado en una unidad policial en medio de reclamos e intentos de agresión por parte de los allegados de la fallecida. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre la situación jurídica del uniformado ni sobre los resultados preliminares de la autopsia que determinen las circunstancias exactas de la caída. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ecuador envía nota de protesta a Colombia luego de que Petro dijo que Glas es un preso político
La tensión entre Ecuador y Colombia se mantiene tras la querella digital entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, por el exvicepresidente Jorge Glas. La Cancillería ecuatoriana envió una nota diplomática de protesta al país vecino, según confirmaron fuentes del Gobierno a PRIMICIAS.
La nota diplomática fue enviada la noche del 7 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Se conoce que en el documento, que no se ha difundido de forma pública, la Cancillería expresó «su más enérgica protesta» ante las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro.
«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas», dice presidente Noboa tras supuestos bombardeos de Ecuador en Colombia
El actual conflicto empezó con una publicación del presidente de Colombia, la noche del lunes 6 de abril, en la que volvió a mencionar que ha pedido la liberación de Jorge Glas, a quien considera un preso político y le otorgó la nacionalidad colombiana.
Noboa reaccionó al día siguiente y aseguró que las declaraciones de Petro constituyen «un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional»
Petro volvió a pronunciarse, insistiendo en que Glas es un preso político y, además, un ciudadano colombiano. Con eso terminó el cruce de mensajes en redes sociales, pero la situación derivó en una nota de protesta diplomática.
PRIMICIAS también conoció que la Cancillería de Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong.
Esta tensión diplomática ocurre mientras Ecuador y Colombia mantienen una guerra arancelaria desde enero de 2026, cuando el presidente Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad o arancel del 30% a las importaciones del país vecino.
El Gobierno ecuatoriano defiende esta medida con el argumento de que Colombia no ha tomado las medidas necesarias para mantener el control de la frontera, mientras que el Gobierno de Petro defiende que sí las ha cumplido.
Actualmente, Ecuador aplica un arancel del 50% a las importaciones de Colombia, con la excepción de ciertos productos y servicios. Mientras que el país vecino mantiene una tarifa del 30% para las importaciones ecuatorianas, aunque hay un proyecto para subir el arancel al 50% a más de 200 productos. Fuente: Primicias
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