Nacionales
Asamblea Nacional pide la renuncia a Bella Jiménez, acusada de supuesta gestión de cargos públicos
Con 81 votos, este 20 de septiembre, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez Torres, que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta de la Función Legislativa, para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética de las acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos.
La moción la presentó su ex coideario de Pichincha, Marlon Cadena de la Izquierda Democrática. Obtuvo el respaldo de una parte de sus coidearios, de Pachakutik, PSC, CREO-BAN e independientes. Votaron por la abstención la bancada UNES, algunos de la ID, del PSC e independientes que sumaron 53 voluntades.
Cadena sostuvo que la Asamblea está siendo torpedeada por distintas fuerzas internas y externas, y sobre todo, una de las responsabilidades que tienen los 137 asambleístas es no hacer espíritu de cuerpo en las cuestiones negativas.
Consideró que la imagen de la Asamblea Nacional se ha visto lesionada y menoscabada por cuanto una de las autoridades más representativas que tiene la Asamblea Nacional ha sido cuestionada; en ese sentido, la segunda vicepresidenta de la Asamblea “ha tenido un desempeño que pone en duda la probidad con la que se debe manejar”.
Que la segunda vicepresidenta no ha hecho honor a esa tarea encomendada por parte de la bancada de la Izquierda Democrática y de los asambleístas; por lo tanto, añadió que asumen esa responsabilidad y que así como propusieron el nombre de Bella Jiménez, para que sea nominada como segunda vicepresidencia, hoy le exigen que presente la renuncia a ese puesto, porque no se sienten representados.
Cadena comentó que la presencia de Jiménez, lesiona la imagen y el buen nombre que debe tener el primer poder del Estado como es l Asamblea Nacional.
Aclaró que esta moción no constituye una persecución ni tampoco un entorpecimiento a los debidos procesos que el Comité de Ética estará elaborando, quien debe emitir un informe de manera pronta, para que se indique la responsabilidad de las acciones de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
La legisladora Bella Jiménez, representante del Guayas, intervino en la sesión para señalar que le sorprende que el legislador proponente no haya leído la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni el reglamento del Comité de Ética. Calificó de impertinente y espuria la resolución, y afirmó que no tiene motivación alguna.
Manifestó que ya está siendo procesada por el Comité de Ética y que todas las acusaciones en su contra serán desvirtuadas en la etapa probatoria.
Preguntó al proponente de la moción si la Izquierda Democrática le dio el derecho a defenderse, y si el partido escuchó algún momento a Bella Jiménez, a quien propusieron para segunda vicepresidenta. Que en menos de 24 horas la hicieron “picadillo”, y preguntó por qué no hacen lo mismo con el “compañero Eckenner Recalde y con Rocío Guanoluisa; ustedes pretenden hablar de orejas largas, que tire la primera piedra el que no tenga pecado; soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues mi caso está en investigación, no sé cuál es el apuro”, subrayó.
Advirtió que hoy será ella, mañana puede ser Guadalupe Llori, porque esta Asamblea se está convirtiendo en una cueva de guillotina, que el que menos se resbala le dan duro.
Reclamó a la Izquierda Democrática por la falta de solidaridad y llamó a respetar el debido proceso en el Comité de Ética y que faltan pocos días para conocer el resultado de la investigación. Que no se aferra a la segunda vicepresidencia, que respetará la decisión, pero que no es la manera de sacar a Bella Jiménez, sobre todo porque es mujer. Que no es la manera, y anotó como se convierten en enemigos y odiadores de las mujeres por ser la provincia del Guayas.
Manifestó que el mundo da vueltas y que el tiempo le dará la razón, pues ella no se aferra al cargo, y si tiene que renunciar a la vicepresidencia lo hará, en su debido momento.
La postulación de Bella Jiménez a segunda vicepresidenta la realizó el actual jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, quien luego de conocer la denuncia pública sobre gestión de cargos públicos, presentó un pedido de investigación a Jiménez Torres, ante el Comité de Ética. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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