Nacionales
Asamblea Nacional pide la renuncia a Bella Jiménez, acusada de supuesta gestión de cargos públicos
Con 81 votos, este 20 de septiembre, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez Torres, que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta de la Función Legislativa, para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética de las acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos.
La moción la presentó su ex coideario de Pichincha, Marlon Cadena de la Izquierda Democrática. Obtuvo el respaldo de una parte de sus coidearios, de Pachakutik, PSC, CREO-BAN e independientes. Votaron por la abstención la bancada UNES, algunos de la ID, del PSC e independientes que sumaron 53 voluntades.
Cadena sostuvo que la Asamblea está siendo torpedeada por distintas fuerzas internas y externas, y sobre todo, una de las responsabilidades que tienen los 137 asambleístas es no hacer espíritu de cuerpo en las cuestiones negativas.
Consideró que la imagen de la Asamblea Nacional se ha visto lesionada y menoscabada por cuanto una de las autoridades más representativas que tiene la Asamblea Nacional ha sido cuestionada; en ese sentido, la segunda vicepresidenta de la Asamblea “ha tenido un desempeño que pone en duda la probidad con la que se debe manejar”.
Que la segunda vicepresidenta no ha hecho honor a esa tarea encomendada por parte de la bancada de la Izquierda Democrática y de los asambleístas; por lo tanto, añadió que asumen esa responsabilidad y que así como propusieron el nombre de Bella Jiménez, para que sea nominada como segunda vicepresidencia, hoy le exigen que presente la renuncia a ese puesto, porque no se sienten representados.
Cadena comentó que la presencia de Jiménez, lesiona la imagen y el buen nombre que debe tener el primer poder del Estado como es l Asamblea Nacional.
Aclaró que esta moción no constituye una persecución ni tampoco un entorpecimiento a los debidos procesos que el Comité de Ética estará elaborando, quien debe emitir un informe de manera pronta, para que se indique la responsabilidad de las acciones de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
La legisladora Bella Jiménez, representante del Guayas, intervino en la sesión para señalar que le sorprende que el legislador proponente no haya leído la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni el reglamento del Comité de Ética. Calificó de impertinente y espuria la resolución, y afirmó que no tiene motivación alguna.
Manifestó que ya está siendo procesada por el Comité de Ética y que todas las acusaciones en su contra serán desvirtuadas en la etapa probatoria.
Preguntó al proponente de la moción si la Izquierda Democrática le dio el derecho a defenderse, y si el partido escuchó algún momento a Bella Jiménez, a quien propusieron para segunda vicepresidenta. Que en menos de 24 horas la hicieron “picadillo”, y preguntó por qué no hacen lo mismo con el “compañero Eckenner Recalde y con Rocío Guanoluisa; ustedes pretenden hablar de orejas largas, que tire la primera piedra el que no tenga pecado; soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues mi caso está en investigación, no sé cuál es el apuro”, subrayó.
Advirtió que hoy será ella, mañana puede ser Guadalupe Llori, porque esta Asamblea se está convirtiendo en una cueva de guillotina, que el que menos se resbala le dan duro.
Reclamó a la Izquierda Democrática por la falta de solidaridad y llamó a respetar el debido proceso en el Comité de Ética y que faltan pocos días para conocer el resultado de la investigación. Que no se aferra a la segunda vicepresidencia, que respetará la decisión, pero que no es la manera de sacar a Bella Jiménez, sobre todo porque es mujer. Que no es la manera, y anotó como se convierten en enemigos y odiadores de las mujeres por ser la provincia del Guayas.
Manifestó que el mundo da vueltas y que el tiempo le dará la razón, pues ella no se aferra al cargo, y si tiene que renunciar a la vicepresidencia lo hará, en su debido momento.
La postulación de Bella Jiménez a segunda vicepresidenta la realizó el actual jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, quien luego de conocer la denuncia pública sobre gestión de cargos públicos, presentó un pedido de investigación a Jiménez Torres, ante el Comité de Ética. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Alcalde de Riobamba, concejales y otros son llamados a juicio por asociación ilícita en ‘Caso Altares’
La Fiscalía General del Estado acusó al alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y otras ocho personas del presunto delito de asociación ilícita, en el marco de una investigación por posibles actos de corrupción en el Municipio riobambeño.
Tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Jueza Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó auto de llamamiento a juicio contra Rafael Teodoro Q. P. y Carlos Octavio A. S. (concejales), René Javier L. G. (particular), Jhon Henry Vinueza (alcalde) y Lenin Stalin F. G. (exdirector departamental del Municipio). Además, ratificó las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Para Edison Germán T. C. y Galo Esteban F. M. (concejales), Roberto Javier M. B. y Ramiro Alonso V. M. (exdirector de Movilidad), dictó auto de sobreseimiento. No obstante, la autoridad judicial dispuso iniciar investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con representantes de cooperativas de transporte.
La investigación se originó a partir de diligencias que incluyeron allanamientos a domicilios de funcionarios públicos y particulares, el 30 de enero de 2025.
Según la teoría del caso, los procesados habrían conformado una estructura para cometer delitos como tráfico de influencias —para intervenir en causas de tránsito—, cohecho —relacionado con la presunta habilitación irregular de 255 cupos de taxis rurales— y falsificación informática, mediante la eliminación de multas.
De acuerdo con los elementos recabados, existirían indicios de entrega de dinero para acceder a estos beneficios; no obstante, estos hechos continúan en investigación.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles, documentación institucional relacionada con proyectos de ordenanza sobre transporte, versiones de involucrados en la recaudación de dinero e información proporcionada por un cooperador eficaz, entre otros elementos de convicción. Asimismo, hizo el anuncio de la prueba que será presentada en la audiencia de juicio.
Este no es el único inconveniente que ha enfrentado el alcalde John Vinueza. En enero de 2025, la mayoría del Concejo Municipal lo destituyó debido a modificaciones en la donación de un terreno para la construcción de una morgue, pero el Tribunal Contencioso Electoral anuló el proceso de remoción de Vinueza, ya que no se cumplieron las formalidades del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno allana oficinas de CNEL en varias provincias del país: John Reimberg y Daniel Noboa lideran operativo
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de abril de 2026 sobre un operativo de allanamiento a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias del país.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario anunció la intervención pasadas las 10:40 y compartió imágenes del operativo, en las que aparece junto al presidente de la República, Daniel Noboa.
En las fotografías difundidas se observa un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Noticia en desarrollo
Nacionales
El retorno de los extraditables se frena por beneficios diplomáticos, recursos judiciales y trabas burocráticas
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador archivó la extradición de Gabriel Massuh, procesado en el caso Encuentro. La decisión judicial del 16 de abril de 2026 obedece al estatus de refugio otorgado por Colombia.
Este hecho expone la incapacidad estatal para lograr el retorno de prófugos de la Justicia. La impunidad se afianza debido a trámites estancados por la burocracia y procesados detenidos en el exterior sin resolución.
Casos archivados o suspendidos por asilos políticos
El fallido proceso de Gabriel Massuh se perdió en octubre de 2025, cuando la Cancillería de Colombia reconoció su refugio y llevó al presidente Gustavo Petro a revocar la extradición inicialmente concedida. Sin la voluntad del Estado requerido (en este caso, Colombia), el Estado requirente (Ecuador) no puede obligar al otro a repatriar a un procesado por la justicia.
Pese a la decisión de Petro, la Notificación Roja de Interpol permanecerá activa. Por lo que, si ‘El Turco’ abandona territorio colombiano y es detenido en otro país, una solicitud de extradición podría reactivarse.
Este patrón de protección diplomática ha beneficiado a otros exfuncionarios, como el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica con estatus de refugiado, dejando su requerimiento bloqueado pese a la insistencia estatal de febrero de 2025.
Una situación parecida cobija a Walter Solís, exministro de Correa detenido en México por Interpol en noviembre de 2024, pero liberado horas después al ratificarse su estatus de refugiado.
El trámite de repatriación de Ramiro González, apresado en 2019 en Perú, también se suspendió, ya que el expresidente del Directorio del IESS solicitó refugio. Ni en el archivo judicial ecuatoriano ni en el peruano se ha confirmado la concesión de ese estatus; sin embargo, la extradición no avanzó.
El estancamiento por burocracia
La lentitud procesal mantiene a varios procesados en libertad o con escasos avances, como ocurre en el caso Encuentro con Hernán Luque, quien goza de arresto domiciliario en Argentina.
Aunque un juzgado de primera instancia declaró procedente su extradición, la defensa apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese país.
Ante esto, el 19 de febrero de 2026, el presidente de la Corte Nacional de Ecuador, Marco Rodríguez, pidió oficiar a las autoridades argentinas para ratificar el interés del Estado en la continuidad del trámite de extradición de Luque.
Otro ejemplo de esta situación es el caso Metástasis, donde los expedientes de Xavier Jordán, Marcel Loaiza y Ronny Aleaga llevan meses de retrasos e inactividad.
Documentos judiciales exponen que, desde mayo hasta octubre de 2025, la Presidencia de la Corte solicitó en reiteradas ocasiones copias certificadas de los elementos de convicción al juez de la causa, Manuel Cabrera.
El Magistrado contestó continuamente que dichas pruebas fueron presentadas de manera oral por la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio y que los documentos físicos reposaban en esa entidad investigativa.
Durante esos meses de cruces documentales, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol bloqueó la visualización de la Notificación Roja de Loaiza y procedió a eliminar definitivamente los datos de Aleaga tras analizar recursos legales.
Mientras tanto, Jordan y Loaiza están libres en Estados Unidos. Y Aleaga en Venezuela. O, al menos, esos son sus últimos paraderos conocidos.
Trámites demorados de detenidos en el exterior
Un tercer grupo reúne a sujetos capturados internacionalmente, pero con retornos no resueltos en los tribunales, destacando María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías dentro del caso Sinohydro.
Ambos fueron arrestados el 23 de abril de 2025 en el edificio residencial PH Ocean One, ubicado en el sector Costa del Este de Panamá, durante la Operación Celada.
Ante este suceso, el 28 de abril de 2025, el presidente de la Corte Nacional ofició a la Cancillería para ejecutar gestiones diplomáticas que permitan conocer el estado del proceso. Hasta ahora, un año después, no hay noticias.
Mientras tanto, en España, la extradición de Mercedes Villarreal, procesada en el caso Plaga, fue condicionada a que Ecuador demuestre garantías para proteger su vida en una cárcel local, en un plazo que concluirá en mayo de 2026. Un proceso parecido que ocurrió antes de la liberación de ‘Negro Willy’.
William Alcívar, alias ‘Negro Willy’, cabecilla de Los Tiguerones, fue liberado en España a finales de 2025. Ecuador no entregó a tiempo las garantías penitenciarias, obligando a la Corte Nacional a pedir el inicio de un nuevo proceso de extradición en abril de 2026.
Una suerte contraria tuvo Álex Alcívar, hermano del cabecilla de Los Tiguerones. España aceptó entregarlo a la justicia ecuatoriana en enero de 2026 tras corroborarse el cumplimiento estatal de los estándares de derechos humanos. Pero la extradición aún no se concreta.
Por otro lado, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, afronta un cruce de pedidos, ya que Estados Unidos reclamó a España formalmente su extradición por narcotráfico en febrero de 2026, al igual que lo hizo Ecuador.
A la lista de espera se suman dos detenidos en Estados Unidos. César Cóndor, procesado por femicidio, fue apresado en Carolina del Sur a inicios de 2025. Carlos Pólit, excontralor, está preso hasta la culminación de su condena carcelaria previa. Los dos son investigados en Ecuador. Fuente: Primicias
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas