Nacionales
Asamblea aprueba la reforma para permitir bases militares extranjeras en Ecuador: ¿Cuál es el siguiente paso?
Con 82 votos a favor, la Asamblea aprobó la reforma constitucional para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador, una propuesta que fue enviada por el presidente Daniel Noboa en el marco de su lucha contra el crimen organizado.
Los votos afirmativos vinieron en su mayoría de la bancada oficialista, independientes y Partido Social Cristiano (PSC). Mientras que la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto.
El debate empezó pasadas las 09:00 de este jueves tres de junio. Luego de entonar el himno nacional, los legisladores debatieron sobre un proyecto de ley para crear un Sistema de Inteligencia. Sin embargo, la propuesta volvió a la mesa legislativa de Soberanía e Integración para que se hagan los cambios propuestos en el Pleno.
Nataly Morillo, de ADN, recordó que la reforma está pendiente desde octubre del año pasado y pidió al Pleno aprobarla para que sirva como un instrumento más de la lucha contra el crimen organizado.
“No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla plenamente, de defenderla con la colaboración de países aliados en un marco de respeto al derecho internacional y la Constitución”, dijo Morillo.
Mientras que la asambleísta Nuria Butiñá, del correísmo, dijo que el cambio constitucional “puede tener efectos estructurales irreversibles para la soberanía, ya que una base es un instrumento estratégico que confiere al país que la controla capacidad de intervención regional y dominio de espacio donde se ubica”.
PELEA ENTRE OFICIALISMO Y RC
El debate estuvo marcado por críticas de ADN hacia la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa, quien eliminó la Base Aérea de Manta operada por Estados Unidos hasta 2009.
Además, los legisladores oficialistas acusaron a esa bancada de tener vínculos con bandas criminales.
“No comprendo cómo hablan de soberanía. ¿Quién le abrió las puertas al tren de Aragua en el pasado? ¿Quién legalizó a los Latin King o a los Ñetas? Háganse cargo, hasta el CAL le dieron a uno de sus representantes (Ronny Aleaga) y vienen a hablar de soberanía”, manifestó Adrían Castro, de ADN.
Por ello, la asambleísta Paola Cabezas, de la RC, pidió un punto de orden para solicitar respeto para su bancada. “Basta de tanto ataque porque aquí nadie es delincuente, a nosotros nos respetan, basta del estigma”.
Mientras tanto, Alfredo Serrano, del PSC, también solicitó un debate “de altura” sin ataques y remarcó que la propuesta es positiva para el país, pero cree que no hay interés de otros países en establecer bases en el Ecuador.
“Es necesaria esta reforma constitucional para bases militares propuesta por el Ejecutivo”. Sin embargo, afirmó que esta propuesta no devolverá la paz y la seguridad al país, “se necesita de política pública”.
Finalmente, la mayoría oficialista nuevamente logró unidad y consiguió aprobar otra ley enviada por el presidente Daniel Noboa.
¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
Ahora bien, una vez pasado el filtro de la Asamblea, la idea de las bases militares no se implementará de inmediato, puesto que falta un referéndum.
La decisión del Legislativo será remitida a la Corte Constitucional, que había publicado un primer dictamen respaldando la idea. Esta institución debe emitir una nueva resolución y después dará paso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice el proceso de votación y que los ecuatorianos vayan a las urnas en un plazo de 45 días.
En el proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa se planteaba la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”.
La Constitución establece que se necesitará al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos para aprobar la reforma.
Tras el pronunciamiento de los ecuatorianos, el CNE debe proclamar resultados en siete días y así ya queda en vigencia el tema de permitir bases militares extranjeras en Ecuador.
Cabe recordar que el expresidente Guillermo Lasso ya propuso esta pregunta en un referéndum, pero no logró el apoyo de la gente, también como una forma de rechazo a su gestión.
DEBATE EN EL PLENO
La moción planteada por Nataly Morillo para que se apruebe la reforma a la Constitución que permite el establecimiento de bases militares fue aprobada con 82 votos afirmativos.
Ricardo Patiño solicitó no aprobar la reforma constitucional porque deja abierta la posibilidad a que otros gobiernos del futuro puedan tomar decisiones deliberadas, que pondrían en riesgo al Ecuador.
“Mañana alguien dice que Estados Unidos ponga una base militar y el próximo gobierno decide darle el espacio al enemigo. ¿Por qué queremos tomar partido? Cualquier presidente con criterios antojadizos puede pedirle a Corea del Norte que traiga una base militar al Ecuador, esto puede pasar, si mantenemos el artículo 5 nadie puede hacerlo”, recalcó el exministro de Rafael Correa.
Agregó: “Poner una base militar es tomar partido ante la geopolítica mundial, entendámoslo, las bases militares implican una posición en el plano político internacional”.
La legisladora pidió un punto de orden para exigir respeto para su bancada luego de que la asambleísta del oficialismo Jadira Bayas aseguró que los parlamentarios de la RC tienen vínculos con la delincuencia.
“Basta de tanto ataque porque aquí nadie es delincuente, a nosotros nos respetan, basta del estigma”, dijo Paola Cabezas.
Respaldó la Reforma Constitucional al artículo 5 de la Constitución sobre bases militares. Llamó a sintonizar con las necesidades de la gente: “El derecho internacional y público del Ecuador habla de un estado de paz, eso es lo que quiere la ciudadanía”.
La asambleísta Nuria Butiñá, asambleísta del Guayas, se muestra en contra del proyecto de reforma constitucional.
«Puede tener efectos estructurales irreversibles para nuestra soberanía, ya que una base es un instrumento estratégico que confiere al país que la controla capacidad de intervención regional y dominio de espacio donde se ubica».
Agregó que la presencia de bases extranjeras «podría comprometer la neutralidad del Ecuador en conflictos armados internacionales, arrastrando a nuestro país a situaciones que no responden a nuestros intereses nacionales y exponiéndonos a tensiones geopolíticas».
La asambleísta de ADN recordó que la reforma está pendiente desde octubre del año pasado y pidió al Pleno aprobarla.
«No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla plenamente, de defenderla con la colaboración de países aliados en un marco de respeto al derecho internacional y la constitución», dijo Morillo.
Agregó que Ecuador necesita intervenciones en los espacios aéreos, marítimos, terrestres y fluviales. «Hoy votamos por el derecho de las familias a vivir sin miedo», reiteró.
Legisladores conocen y resuelven el informe para segundo debate del proyecto de Reforma Parcial al artículo 5 de la Constitución, que habla sobre las bases militares extranjeras.
El secretario lee el informe para el segundo debate.
La asambleísta Inés Alarcón pide la suspensión del segundo punto del día, relacionado con la ley de inteligencia. Esto con el objetivo de recolectar las recomendaciones dadas en el Pleno sobre el proyecto.
La propuesta regresó a la mesa de Soberanía e Integración y luego deberá regresar al debate.
Legisladores de distintas bancadas exponen sus pensamientos a favor y en contra del proyecto de ley para crear un Sistema de Inteligencia.
Asambleístas entonan el himno nacional. Fuente: Vistazo
Quito, Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha marcado un punto de inflexión en su historia política. En el marco del VIII Congreso Nacional, realizado en Conocoto, la organización indígena más emblemática del país ha elegido a Marlon Vargas como su nuevo presidente, quien se impuso con 617 votos sobre los 540 obtenidos por el actual dirigente, Leonidas Iza.
Este resultado no solo representa una alternancia en la dirección de la Confederación; constituye, además, una señal inequívoca de las transformaciones internas que experimenta el movimiento indígena ecuatoriano, enfrentado a retos de cohesión, liderazgo y estrategia política en un escenario nacional cada vez más complejo.
El retorno de un dirigente amazónico a la presidencia de la CONAIE fue celebrado por amplios sectores de la organización, quienes ven en Vargas una figura capaz de reconectar las bases con los principios fundacionales de la Confederación: unidad en la diversidad, defensa de los territorios ancestrales y construcción de un Estado plurinacional con justicia social y ambiental.
Durante las deliberaciones, delegaciones de las tres regiones —Costa, Sierra y Amazonía— coincidieron en la urgencia de redefinir el rumbo político de la CONAIE, luego de años marcados por intensas movilizaciones sociales, confrontaciones con el poder central y disputas internas que pusieron a prueba su cohesión histórica.
Marlon Vargas asumirá la presidencia hasta 2028, con el desafío de reconstruir los puentes entre las distintas corrientes del movimiento indígena y proyectar una agenda que combine la resistencia frente a las amenazas extractivistas con el diálogo político estratégico. Su liderazgo simboliza un nuevo ciclo en la Confederación, en el que las bases amazónicas vuelven a ocupar un rol protagónico en la conducción del movimiento indígena ecuatoriano.
La derrota de Leonidas Iza, una de las figuras más visibles de la protesta social en los últimos años, es interpretada por analistas como un giro hacia un liderazgo menos confrontacional, pero igualmente firme en la defensa de los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
La CONAIE, nacida en 1986 como un proyecto de unidad y resistencia, entra así en una etapa de renovación que será determinante para su incidencia en la política nacional, en un momento en que el país debate la redistribución del poder, la justicia climática y el reconocimiento efectivo del Estado plurinacional.
Nacionales
Puerto López: encuentran cinco cuerpos en área rural; se presume que son los jóvenes reportados como desaparecidos
La Policía Nacional encontró cinco cuerpos en avanzado estado de descomposición en el sector El Triunfo, una zona rural del cantón Puerto López, provincia de Manabí. Según información preliminar, los cadáveres pertenecerían a jóvenes oriundos de Manta, que desaparecieron hace 10 días.
Medios locales reportan que moradores de la comuna El Pital percibieron un fuerte olor y la presencia de gallinazos. Al hurgar en el sitio, encontraron los cuerpos sin vida: estaban maniatados y algunos mutilados en una fosa.
Agentes policiales avanzaron al lugar la noche del pasado martes y procedieron con el levantamiento de los cadáveres e indicios.
Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, pero ya se habría confirmado que las víctimas eran los cinco jóvenes del barrio La Pradera de Manta, que desaparecieron el 6 de julio tras salir a la playa.
Los cuerpos arribaron al Instituto de Ciencias Forenses de Manta la mañana de este miércoles 16 de julio. Familiares arribaron al sitio para ejecutar los protocolos correspondientes.
Además, de manera preliminar se sabe que habría una mujer más entre los fallecidos, lo que elevaría a seis el número de víctimas.
La Policía investiga si los jóvenes fueron asesinados en esa comunidad rural o simplemente los dejaron tirados allí.
ASÍ FUE LA DESAPARICIÓN
Los cinco jóvenes, entre 19 y 26 años, habrían asegurado que iban a viajar a una playa en un auto suzuki gris, pero al poco tiempo, los familiares perdieron contacto con ellos.
Lo último que se supo es que, el día de la desaparición, una de las víctimas subió un estado de WhatsApp indicando que estaban en Puerto López.
Al ver que no llegaban, los familiares acudieron a esa localidad y hallaron prendas de vestir de uno de los muchachos. “Ellos no han tenido ninguna amenaza”, recalcó una pariente de los desaparecidos. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
“‘No hay que tener miedo’: Ministra del Trabajo detalla el proceso de evaluación para servidores públicos”
Ante las dudas alrededor de la Ley de Integridad Pública, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó cómo se realizarán las evaluaciones a los servidores públicos y aclaró que se continuará pagando la compensación para las personas que se jubilan a partir de los 60 años de edad.
La nueva norma, catalogada como urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea, entró en vigencia el pasado 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial.
Algunas organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE) o el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han expresado su rechazo a la ley porque a su juicio viola diversos derechos constitucionales y propicia los despidos masivos bajo la excusa de las evaluaciones.
“El Ministerio de Trabajo registra muy pocas evaluaciones a menos de 140 instituciones del sector público y los resultados de aquellas personas que dejan sus puestos por concepto de no pasar las pruebas en las dos fases que establece la ley es mínima”, apuntó la funcionaria en entrevista con Teleamazonas.
Agregó que “no hay que tener miedo a la evaluación” porque en las entidades públicas debe existir eficiencia administrativa, ya que el Estado invierte no solo recursos económicos a través de los pagos mensuales, sino también en tecnología para una “atención al público más ágil y transparente”.
Núñez detalló que la evaluación se realizará cada seis meses y que todas las instituciones públicas deberán acatar la disposición a excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura, que tienen procesos diferentes.
Finalmente, dijo que no cree que haya una inconstitucionalidad en la propuesta y que más bien las evaluaciones surgen con base en normas de la Carta Magna.
COMPENSACIONES
En cuanto a las compensaciones para la jubilación, la ministra subrayó que se continuará accediendo a este beneficio con 480 aportaciones sin límite de edad y con 360 aportaciones a partir de los 60 años de edad.
Calificó como “confusión deliberada” los señalamientos de organizaciones sociales sobre el aumento de la edad de jubilación y apuntó que el Gobierno sigue pagando las compensaciones.
A la fecha se han cancelado 95 millones de dólares. Fuente: Vistazo
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