El juez Francisco Morales, presidente de la Corte de Justicia del Guayas, dictaminó arresto domiciliario contra Jorge Enrique A., juez de Garantías Penales, quien es investigado por el presunto delito de prevaricato.

El magistrado fue aprehendido la tarde del miércoles 23 de enero, tras allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en el Centro de Rehabilitación Social Guayas No. 4, el Complejo Judicial Norte Albán Borja y en el domicilio del procesado.

Según informó la Fiscalía, el magistrado habría concedido un beneficio a una persona privada de libertad, a través supuestas violaciones a las leyes y procedimientos establecidos.

El mecanismo habría sido conceder un indulto expedido por el expresidente Guillermo Lasso, conforme al Decreto 265 del 22 de diciembre de 2021, en favor de Bryan Vicente A., alias «Momo», sentenciado por delincuencia organizada e investigado por otros delitos.

La medida fue concedida en condiciones irregulares, según la entidad de justicia, debido a que el procedimiento solo aplicaba para personas con sentencia ejecutoriada y la de alias «Momo» estaba pendiente de apelación. Además este beneficio excluía a personas que hayan sido condenadas por delincuencia organizada.

En los allanamientos se incautaron  ocho teléfonos móviles, cuatro computadoras portátiles, ocho USB, un disco duro, una tablet, USD 5.910 en efectivo, joyas, una bitácora de registros y otros documentos vinculados a la investigación.

El juez Morales dictaminó el arresto domiciliario con resguardo policial, debido a que el juez procesado es una persona de la tercera edad.

Cabe señalar que el Decreto 265 fue derogado junto a otros cuatro decretos relacionados a indultos a personas privadas de libertad por el presidente Daniel Noboa, el 22 de enero de 2025.

Fuente: El Telégrafo

Rafael Correa, expresidente del Ecuador, señaló que ,en caso de que Luisa González ganara la Presidencia del Ecuador, se reconocería a Nicolás Maduro como legítimo presidente de Venezuela.

«¿Y por qué no lo vamos a reconocer? ¿Por qué no les gusta a los gringos que haya ganado él?«, dijo en una entrevista con el medio digital El Cabezazo Ecuador.

Correa, quien se ha considerado como amigo de Maduro, mencionó que no se han comprobado las irregularidades en la Elección Presidencial realizada en Venezuela el año anterior. «Que demuestren que hubo fraude», recalcó.

Mencionó que la oposición venezolana dijo que su candidato (Edmundo González) ganó con un 60%, pero que «las pocas actas que tenían decían que no era cierto».

«¿Por qué no tengo que reconocer a Maduro? ¿Por qué le cae mal a (Donald) Trump? ¿Se acuerda cuando se inventaron a (Juan) Guaido? No, no aprendemos de la historia», finalizó.

A finales de julio del año anterior, Correa le había ratificado su apoyo a Maduro, a través de una felicitación por su «triunfo» electoral. De hecho, cuando fue presidente (2007-2017), el exmandatario, actualmente prófugo de la justicia, mantuvo una cercanía con el Gobierno venezolano gobernado por el fallecido Hugo Chávez y posteriormente por Maduro.

En 2019, dos años después de dejar la presidencia, Correa reconoció que realizaba consultorías y asesoraba al Gobierno venezolano.

Maduro arrancó su tercer período como mandatario el 10 de enero, luego de proclamarse como ganador de unas elecciones, cuyos resultados emitidos por un Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- no han sido reconocidos por falta de transparencia por varios países y organismos bilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).-

Entre los países que no reconocen el triunfo de Maduro y lo califican como fraude electoral se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estas naciones enviaron una declaración conjunta el 14 de enero, en la que rechazaron su investidura y exigieron al régimen dictatorial el restablecimiento del orden democrático.

Los resultados también han sido calificados como fraudulentos por el Centro Carter, organización que actuó como observadora en las elecciones, y que reveló el 2 de octubre de 2024 las actas electorales que daban el triunfo al candidato opositor Edmundo González.

Fuente: El Telégrafo

Carlos Edwin Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, condenados como autor mediato y coautora del asesinato del político y periodista Fernando Villavicencio, buscan revertir sus sentencias mediante una apelación. A esta acción se sumaron Víctor Flores y Edwin Ramírez, juzgados como cómplices del crimen.

El pasado 17 de diciembre de 2024, su solicitud conjunta fue admitida a trámite, lo que obliga a un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha a revisar el caso en una audiencia. Sin embargo, hasta la fecha, el sistema judicial no ha designado a los jueces responsables ni establecido las fechas para la diligencia.

Laura Castillo y alias Invisible recibieron penas de 34 años de prisión. Según la Fiscalía, Castillo desempeñó un papel clave en la logística del asesinato, proporcionando armas, vehículos y dinero. Por su parte, Carlos Edwin Angulo, quien dirigió el ataque desde la cárcel de Cotopaxi mediante un celular, ordenó los disparos que terminaron con la vida de Villavicencio.

Víctor Flores y Edwin Ramírez, sentenciados a 12 años como cómplices, también participaron en la planificación y ejecución del atentado. Ramírez lideró el reconocimiento del lugar y escoltó a Castillo en motocicleta, mientras que Flores conducía una segunda moto.

Alexandra Chimbo, la única de los cinco sentenciados que no apeló, deberá cumplir su condena de 12 años. La Fiscalía determinó que ella estuvo presente en el mitin de Villavicencio y alertó al grupo criminal cuando el político salió del lugar, facilitando el ataque.