“Un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a nadie” ya no suena a chiste: suena a diagnóstico. En Ecuador, esta frase resume una realidad incómoda sobre la educación superior, especialmente en Derecho. Hoy, el problema no es que más personas estudien, sino que muchas universidades han convertido la formación profesional en un trámite rápido, cómodo y superficial, donde el esfuerzo real del estudiante parece haber desaparecido.

El caso más alarmante es el de los posgrados. Maestrías que se ofrecen en ocho meses, con clases cada quince días, sin exámenes rigurosos, sin investigación seria, sin lectura profunda y sin verdadera exigencia académica. Se promete un “cuarto nivel” como si fuera un producto más del mercado. No se forma al profesional; se le vende un título. Y cuando el título se compra con tiempo y no con mérito, pierde todo su valor.

Las universidades, en muchos casos, han dejado de ser espacios de pensamiento crítico para convertirse en fábricas de certificados. Se prioriza la matrícula sobre la calidad, el número de graduados sobre el nivel de formación. El estudiante ya no suda el conocimiento, no se enfrenta al error, no es desafiado intelectualmente. Todo es cómodo, rápido y liviano. Así, se gradúan abogados que nunca escribieron un verdadero ensayo, que nunca investigaron un problema jurídico en serio y que jamás fueron evaluados con dureza.

El resultado es evidente: profesionales con títulos, pero sin base sólida. Abogados con maestrías, pero sin criterio. Jueces, fiscales y litigantes que manejan conceptos sin profundidad, que repiten fórmulas sin comprenderlas y que confunden la profesión con un negocio. Por ende, la corrupción no sorprende; florece donde no hay ética, ni rigor, ni vocación.

La justicia ecuatoriana hoy está en crisis, y no solo por la infiltración del crimen organizado, sino por la debilidad estructural de quienes la integran. Si la universidad no forma con exigencia, el sistema judicial recibe operadores frágiles. Y cuando un sistema se construye con personas mal formadas, lo que se obtiene no es justicia, sino simulación de justicia.

No se trata de negar el derecho a superarse. Todo lo contrario. Se trata de recuperar el sentido del esfuerzo, del estudio serio, del mérito real. Una maestría no debería regalarse por asistir cada quince días. Un título no debería entregarse sin haber pasado por un examen riguroso, investigativo y crítico. Mientras las universidades sigan ofreciendo comodidad en lugar de excelencia, la frase seguirá vigente. Y la justicia seguirá pagando el precio.

En medio de una tormenta política y legal alrededor de la Función Judicial, Leonardo Alarcón ocupa uno de los despachos clave del país: la Fiscalía General del Estado.

Llegó como encargado tras una consulta jurídica, pero no oculta su deseo de quedarse. Mientras investiga casos que tocan las fibras del Gobierno de Daniel Noboa -como el caso Progen y las denuncias en la Judicatura- y enfrenta un déficit presupuestario para 2026.

En entrevista con PRIMICIAS, el funcionario confirmó de forma tácita su intención de participar en el concurso para ser el titular del Ministerio Público hasta 2032 y defiende la imparcialidad de sus investigaciones frente a las acusaciones de persecución política.

El nombramiento en la Fiscalía
Usted fue nombrado fiscal General encargado por un cuestionado Consejo de la Judicatura. ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Le correspondía por experiencia o puntaje?
He sido funcionario de carrera aproximadamente 18 años en la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General que me antecedió (Wilson Toainga) realizó una consulta a la Procuraduría para establecer un mecanismo de reemplazo cuando el titular no se encuentre en funciones, ya sea por enfermedad, viaje o vacaciones.

La Procuraduría emitió un informe al Consejo de la Judicatura indicando la manera de elegir al encargado. En ese contexto, el cuerpo colegiado se activó con tres perfiles: el mío, como coordinador de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -cargo que ejercí por seis años- y el de otros dos compañeros con perfiles similares.

La designación se realizó con el voto de todos los vocales del Consejo de la Judicatura en funciones. Por lo tanto, mi designación es absolutamente legítima, avalada por la Procuraduría y la Judicatura.

Las críticas a su nombramiento señalan una supuesta cercanía con el presidente Daniel Noboa, pues usted manejó los casos Nene, Triple

A y Petroecuador. ¿Fue una coincidencia que esos casos llegaran a su despacho?  
Cuando ingresa un expediente existen sorteos y asignaciones reguladas por reglamentos internos. En esa fecha, éramos cinco fiscales en la Unidad de Transparencia. Los expedientes se nos asignan por sorteo o resolución interna.

Es decir, el expediente no me llega porque yo lo pida. Absolutamente no. El proceso es transparente y, efectivamente, llegaron a mi conocimiento esos tres casos. Aunque usted dice que «son del señor Presidente», yo no lo veo de esa manera; yo investigo delitos, no persigo personas.

Sin embargo, se habla de persecución política. En el caso Triple A, por ejemplo, se investiga al alcalde Aquiles Álvarez, crítico de la gestión del Ejecutivo.
En el caso Triple A no existe ninguna persecución. Se inició una investigación previa, se pasó a instrucción fiscal y luego a la etapa intermedia, que es crucial: la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Allí se analizan vicios de nulidad que puedan afectar el debido proceso.

Es importante aclarar a la ciudadanía, para que no se mediatice la idea de una persecución, que solo una de las defensas alegó vicios. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía actuó con absoluta objetividad y garantizó el derecho a la defensa. Una vez superado ese filtro, el caso está a la espera de día y hora para la etapa de juicio ante un Tribunal Penal. Con todo el acervo probatorio que presentaremos, sostenemos que es un caso completamente sólido.

Los casos a su cargo  
Volviendo a la Judicatura, hay una crisis por supuestas presiones a un juez en un caso de lavado de activos. ¿La Fiscalía abrió una investigación previa? ¿Apunta a autoridades con fuero nacional como Mario Godoy?
Hay dos investigaciones abiertas. Una se encuentra en la Unidad de Transparencia desde diciembre de 2025. Existe otra denuncia que involucra, como es público, al doctor Mario Godoy, al Consejo de Participación Ciudadana y a otras personas.

Esa investigación la conozco yo directamente porque gozan de fuero de Corte Nacional. No puedo dar más detalles porque el caso es reservado, según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Qué ocurre con el caso Progen? ¿Involucra a funcionarios con rango de ministros y está a su cargo?  
El caso Progen también tiene fuero de Corte Nacional  (involucra a funcionarios con rango de ministros del Gobierno de Daniel Noboa). Lo estoy investigando yo y, como es de conocimiento público, la semana anterior se realizaron allanamientos en Guayaquil.

Esto evidencia que la Fiscalía está actuando, contrario a lo que se dice sobre que no investigamos expedientes que interesan al Estado. Se están adelantando diligencias y el caso avanza.

La Fiscalía titular  
Está en marcha un proceso para designar al nuevo Fiscal General Titular, que deberá estar en el cargo hasta 2032. ¿Usted se postulará?
Al momento me encuentro en calidad de Fiscal General del Estado encargado y estoy centrado en esta actividad. Por lo tanto, no tengo yo aún ninguna aspiración a aquello. Primero lo primero, luego será lo que usted me consulta.

¿Pero no lo descarta?
Yo este momento le puedo decir que sí, que estoy con la intención de concursar, pero podría ser que de aquí a la otra semana sucedan muchas cosas y no pueda concursar.

Pero sí puedo decir que me siento preparado y me siento también una persona que sí, como lo estoy haciendo ahora, pueda asumir las funciones de la Fiscalía General del Estado.

La operatividad de la Fiscalía

La institución tiene un déficit de más de 600 fiscales. ¿Cómo afecta esto a la operatividad?  
Efectivamente, la falta de agentes fiscales nos resta la productividad y contundencia que deberíamos tener. A pesar de ello, estamos cubriendo las necesidades para que la ciudadanía no quede desprotegida.

¿Desde cuándo operan con este déficit?  
Es un antecedente histórico. Faltan agentes fiscales y sus equipos de asistentes y secretarios. Necesitaríamos aproximadamente 631 fiscales más sus grupos de trabajo para dar la respuesta que la ciudadanía necesita frente a la delincuencia organizada y la corrupción.

¿Quién debe nombrar a estos funcionarios?  
El nombramiento se realiza mediante concurso dirigido por el Consejo de la Judicatura. Se necesita el presupuesto para que dicha institución realice el concurso y puedan ingresar más agentes y sus equipos de trabajo.

¿Cuál fue la carga laboral en 2025?  
En 2025, la Fiscalía receptó 341.784 noticias del delito a nivel nacional. De esta cifra, es necesario realizar una precisión que es técnica. No se trata de causas que se encuentran represadas, son noticias del delito, es decir, que ya iniciaron una investigación previa. Al 31 de diciembre estas ascendieron a 1.461.325 expedientes fiscales a escala nacional.

Podría precisar el dato, ¿los 1.461.325 expedientes son los que están acumulados hasta el año pasado?
Sí, que quede eso claro. Esas 1.461.325 son otras que ya se encontraban abiertas y se sumaron a estas. Es decir, existe toda esta carga procesal a nivel nacional.

¿Cómo está el presupuesto para 2026?  
Para 2026, el presupuesto es de USD 138,3 millones. El 92% se destina a nómina, lo que deja apenas un 8% para cubrir las necesidades básicas de operatividad.

Frente a este escenario, hemos priorizado lo esencial. Estamos gestionando con el Ministerio de Economía la asignación de partidas, pero la falta de recursos no nos detiene. Seguimos trabajando para que los delitos no queden en la impunidad. Fuente: Primicias

El deporte ecuatoriano se encuentra en un momento vulnerable, a partir de una pugna entre sus dos máximos organismos: el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte.

El origen de esta pelea administrativa se da a partir de la legitimidad, o no, de la actual dirigencia del COE, presidida por Jorge Delgado.

Esta confrontación ha dejado varias secuelas para el deporte ecuatoriano, en temas de financiamiento, instalaciones y preparación para competencias.

¿Qué dice cada una de las partes involucradas, cuáles serían las posibles soluciones y cómo ha afectado, hasta el momento, a los deportistas de nuestro país?

¿Por qué el Viceministerio no ha registrado al directorio del COE?
El 5 de mayo de 2025, el capitán Jorge Delgado fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, junto a Jefferson Pérez, como vicepresidente. El exnadador cumpliría su segundo mandato a cargo de la institución deportiva, de 2025 a 2029.

En dicha elección, Delgado acumuló 37 votos a favor y derrotó a Roberto Ibáñez (en ese entonces, presidente de Fedeguayas), quien obtuvo 33 votos.

Este proceso fue avalado por un miembro del Comité Olímpico Internacional y un asesor jurídico de la Organización Deportiva Suramericana.

Sin embargo, este directorio nunca fue registrado por el Viceministerio (antes Ministerio) del Deporte, debido a inconsistencias durante el proceso electoral.

El 4 de diciembre de 2025, culminó el primer mandato de Delgado y, desde ese momento, según el Viceministerio, el COE se encuentra en acefalía.

Roberto Ibáñez, quien actualmente funge como viceministro del Deporte, explica que Jorge Delgado no debió ser reelegido debido a que formó parte de anteriores directorios del COE y, por lo tanto, estaría en contravención del Artículo 151 de la Ley del Deporte:

Art. 151.- Períodos de los Directorios.- Los períodos, para los cuales los directivos fueren electos para dirigir sus organizaciones deportivas, serán entre uno y hasta cuatro años de acuerdo a sus Estatutos y podrán optar por la reelección inmediata por una sola vez. Para una nueva postulación al mismo cargo, deberá transcurrir mínimo un período, y bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el Organismo sin que haya transcurrido al menos un período desde la finalización de su cargo. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

Además de esto, Ibáñez cita a una consulta que el Ministerio del Deporte hizo a la Procuraduría en octubre de 2023, la cual fue respondida con el siguiente pronunciamiento:

«Un miembro del directorio que ya haya ejercido como tal en dos períodos consecutivos, bajo ninguna figura, podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un período desde la finalización de su cargo».

¿Cuál es el argumento del Comité Olímpico Ecuatoriano?
Desde el COE, en cambio, argumentan que la elección del directorio de Jorge Delgado cumplió con la Ley del Deporte y recibió el aval del Comité Olímpico Internacional. Además, se basan en el Artículo 71 del Reglamento a la Ley del Deporte, que está vigente desde 2020.

Dicho artículo señala que «solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por reelección a la misma dignidad aplica el Artículo 151 de la Ley del Deporte (…) Así, un vicepresidente, aunque haya sido reelecto en este cargo, puede candidatizarse a presidente de la entidad y lo mismo aplica para las demás dignidades».

Francisco Moreno, abogado del COE, explicó en rueda de prensa qué significa este artículo: «Si yo fui elegido vicepresidente y después me candidatizo a presidente, puedo optar por la reelección a presidente, sí lo puedo hacer».

¿Qué efectos ha tenido esta pugna en el deporte ecuatoriano?
Al no ser reconocido por el Viceministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano no ha recibido fondos públicos, y esto ha afectado gravemente su presupuesto y el de las federaciones nacionales por deporte.

Además, el 6 de enero de 2026, el COE anunció el cierre de sus departamentos médico y metodológico por la falta de pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre por parte del Gobierno nacional.

En respuesta, el Viceministerio informó que había coordinado con las federaciones provinciales y el centro médico deportológico de Quito para brindar los servicios respectivos a los deportistas.

Por otra parte, el 15 de enero, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) anunció la «terminación parcial y anticipada» del comodato suscrito con el COE respecto a los predios ubicados en el sector del estadio Modelo Alberto Spencer.

Esta decisión se tomó luego de que «el propio COE haya reconocido su incapacidad financiera para garantizar mantenimiento, servicios básicos y atención médica, obligaciones establecidas en el contrato de comodato».

El COE respondió que «en el caso de pretender alegarse la terminación anticipada, por un supuesto incumplimiento contractual, este incumplimiento debiere ser declarado de forma judicial y no por un simple comunicado».

¿Cuáles serían las soluciones a este conflicto?
Por un lado, el viceministro Roberto Ibáñez cree que el único organismo que puede solucionar este problema sería el Comité Olímpico Internacional (COI).

«Hoy, el Comité Olímpico Ecuatoriano está en acefalía, porque su período terminó el 4 de diciembre. ¿Eso qué significa? Que ellos no pueden convocar (a elecciones), no pueden hacer nada (…) Lo que yo he pedido es que venga el Comité Olímpico Internacional y solucione el problema», dijo el dirigente en una entrevista con Diario La Hora.

Ibáñez, además, explica que el Viceministerio no va a intervenir al COE, ya que esto significaría una injerencia del Gobierno y, según lo establecido en la Carta Olímpica, podría acarrear una sanción al deporte ecuatoriano.

«La solución es que hagan elecciones, escójanse democráticamente, sin que ningún dirigente incumpla con las normas, con la Ley del Deporte, y se solucione el problema».

Mientras que John Zambrano, secretario del COE, cree que la solución sería presentar el conflicto al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y, mientras tanto, registrar una directiva temporal.

«¿No están seguros si la elección fue legal? Está bien, nos quedamos en lo estrictamente deportivo y vamos al TAS. Yo accedo, como COE», expresó en una entrevista con radio Forever.

Sin embargo, con el paso de los días, esta pugna parece solo seguir agravándose, y esto continuará afectando al financiamiento y la preparación competitiva de los deportistas, en medio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. Fuente: Primicias