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Juicio político contra Guillermo Lasso entra a la Comisión de Fiscalización; estos son los plazos

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Para este lunes 3 de abril de 2023, a las 14:00, se convocará a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para avocar conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así lo dio a conocer el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside esta Comisión.

De acuerdo con Fernando Villavicencio, hasta el martes 4 de abril se notificaría sobre el proceso al presidente Guillermo Lasso y a los asambleístas solicitantes del juicio político (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo). A partir de la notificación formal, que incluirá el informe de admisibilidad y la documentación remitida por la Corte Constitucional, empezarán a correr los plazos para procesar dicha solicitud.

En la primera etapa del proceso, la defensa de Guillermo Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con diez días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Esto incluirá sábados, domingos y también el feriado de Semana Santa que está de por medio.

Posteriormente, habrá diez días adicionales para evaluar las pruebas de cargo y descargo por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para Fernando Villavicencio, esta etapa es de suma importancia ya que allí se evaluará la calidad del material que presenten el acusado y los acusadores.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización tendrá diez días para redactar el informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio sostiene que los plazos se respetarán, sin apurar el proceso debido a la importancia que este tiene para el Ecuador.

Para centrar esfuerzos en la realización del informe, el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) dispuso la suspensión de todos los procesos que estaban dentro de la Comisión de Fiscalización.

Fernando Villavicencio sostiene que en los 30 días del proceso dentro de la Comisión, que podrían correr a partir de martes 4 de abril, su meta es “reivindicar el hecho de que un juicio político tiene que respetar el derecho”.

El fin de semana antes de que se inicie el proceso en la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Ricardo Vanegas realizó una entrevista a Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec y un testigo que formaría parte en el proceso de juicio político. La acusación por posible peculado que llevará al Presidente al juicio político sostiene que Guillermo Lasso habría consentido “la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos”.

Ricardo Vanegas reveló que el informe de la Contraloría que se usó como prueba en la solitud de juicio político no concluye que el contrato con Flopec debía darse por terminado. Rosero dijo, además, que dicho documento disponía que se renegocien esos contratos “para que se puedan emitir las soluciones al caso” tras un análisis económico-legal. Según Vanegas, Flopec habría aplicado las recomendaciones de la Contraloría, por lo cual se habría generado USD 400 millones más en el 2022 con relación al 2021 en los ingresos operacionales relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos. Fuente: El Comercio

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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