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Fiscal y Jueces investigados por infringir aparentemente en el ‘error inexcusable’

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La administración de justicia prácticamente define el futuro o situación de las personas que se encuentran inmersas en un litigio; constituyéndose en un intermediario para la solución de conflictos a través de elementos y fundamentos argumentados. En vista de ello, he ahí la importante responsabilidad que recae en los hombres de los magistrados y fiscales.

La Corte Constitucional pronuncia lo siguiente con respecto al ‘error inexcusable’: “el error judicial puede entenderse como la equivocación generalmente imputable al juez o tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y consiste en un sentido en una inaceptable aceptación de las normas jurídicas o alteración de los hechos referidos en la litis” expone. Esto sería mala interpretación de las normas jurídicas y se alteran los hechos conforme a lo referido durante un litigio por jueces y fiscales.

Ante esta aclaración, en la provincia de Zamora Chinchipe se conoció que varios servidores judiciales estarían siendo investigados por no haber desarrollado sus funciones de acuerdo a lo establecido por la Ley.

“En estos casos se está siguiendo el debido proceso con su derecho a la defensa y en lo que concierne al tema administrativo interno, seremos muy minuciosos y tomaremos las decisiones que correspondan”, expuso el director provincial del Consejo de la Judicatura en Zamora Chinchipe, Francisco Sarango con respecto al proceso investigativo que se está llevando adelante y que en antecedentes se inició en noviembre de 2021.

Es importante destacar que el nuevo director provincial recibió esa designación el pasado 24 de febrero, quien cumplió con los requisitos para estar al frente de este órgano judicial en la provincia y prevé cumplir sus objetivos planteados. Escuchar a los servidores judiciales y las dificultades que presentan; además ha mantenido reuniones con los círculos de abogado de Yantzaza y Zamora.

La aplicación de la justicia con transparencia en los tiempos y plazos establecidos en la norma, que debe ser acatada, sería de una de las prioridades de Sarango en esta nueva administración, esto pese a la situación de un fiscal y seis jueces que ponen en tela de duda la credibilidad de la aplicación de justicia en la provincia.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial

Una de las propuestas de esta administración a nivel nacional sería la de garantizar la estabilidad laboral porque aproximadamente un 70% de los servidores públicos judiciales están bajo esta modalidad y consideran mantenerla. Para los nuevos servidores judiciales les tomarán en cuenta su perfil profesional porque eso les va a garantizar tener mayor productividad y mayor eficiencia para el servicio de los ciudadanos.

Cuatro líneas fundamentales:

  1. La lucha contra la corrupción.
  2. La independencia de la Función Judicial.
  3. El fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en los casos de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
  4. Buscar la transparencia en la Función Judicial. (Recuperación de la confianza en la ciudadanía con el trabajo de la función judicial).

El director indica que hace falta personal en la provincia, tanto en la parte administrativa como logística en todos los nueve cantones. Pero aseguran que, pese a ello, no están dejando de dar un servicio a la ciudadanía, con los métodos y análisis.

Trabajo a futuro:

Dan a conocer a la ciudadanía que cuentan con el servicio de ‘mediación’ como un método de solución de problemas y para ello van a coordinar con los gobiernos parroquiales, presidentes de las organizaciones sociales para resolver sus problemas de manera ágil y oportuna, sin generar gastos innecesarios.

Invita a la ciudadanía a confiar en la función judicial y se compromete a seguir trabajando de manera articulada con las demás instituciones para dar una respuesta oportuna, eficiente, eficaz, frente a cada uno de los casos.

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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