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Regresa la modalidad trimestral en el sector Educativo

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El gobierno de Guillermo Lasso a través del Ministerio de Educación publicó un nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural el pasado 22 de febrero de 2023, donde se efectúan algunos cambios como la eliminación de los exámenes remediales y de gracia; así como también la modalidad de estudio de forma trimestral.

Los exámenes y evaluaciones durante el periodo escolar que transcurre, en este caso en el régimen sierra, continuaran de la misma manera, pero para el próximo calendario escolar 2023-2024, se iniciará con la nueva modalidad. Así lo explicó Narcisa Orellana, directora del Distrito de Educación 19D01 Zamora-Yacuambi.

A partir del siguiente año lectivo, se eliminarían estos exámenes. La finalidad es que los docentes puedan retroalimentar y hacer un control más seguido a los estudiantes desde la institución y desde la parte familiar. “Se ha escuchado que estamos retrocediendo y no es así; estamos buscando un sistema de apoyo a nuestros estudiantes para que logren los aprendizajes en cada uno de los años y cursos”, expuso Orellana frente a las críticas sobre si se generaría un retroceso con esta metodología adaptada por esta cartera de estado.

De la mano de este cambio, nuevamente regresa el periodo académico estudiantil de forma trimestral. De igual forma, hasta este año se desarrollarán el ámbito escolar por quimestres, que en pocas palabras significa la realización de dos evaluaciones sumativas al finalizar cada quimestre de 5 meses.

La funcionaria indica que muchas de las veces, como docentes se han percatado que los estudiantes no han avanzado a adquirir los conocimientos en tal o cual curso, lo que ha ocasionado cierto grado de dificultad por lo que muchos estudiantes han optado por retirarse de las instituciones o repetir el año lectivo.

Con esta nueva forma de trabajo académico serán más seguidos los exámenes y evaluaciones a los estudiantes acerca de los conocimientos adquiridos. La evaluación también denotaría el trabajo que vienen realizando los maestros porque si se detecta una falla a nivel de varios estudiantes de un mismo grupo, aparentemente sería una falla en la metodología de enseñanza predispuesta por el docente; casos que ya han sido identificados.

Dentro de las actividades desarrolladas del Distrito, su directora menciona que, en años anteriores el Ministerio de Educación, no tenía la oportunidad de trabajar en infraestructura. “Para el gobierno nacional, representado por Guillermo Lasso ha sido su prioridad reabrir instituciones educativas que fueron cerradas en gobiernos anteriores”, determinó la docente.

El año anterior en este distrito hubo una inversión de $230.000 mil dólares en infraestructura ejecutada en tres instituciones educativas. Este año con el trabajo mancomunado y en conjunto han logrado culminar en primer lugar el tema de ejecución presupuestaria a nivel de todo el país, como Zona 7 y en reconocimiento a esa labor, la ministra de Educación, María Brown ha decidido duplicar el monto con referencia al año anterior.

El distrito tendrá un valor similar o un poco mayor con relación al número de instituciones educativas que necesiten una adecuación en su infraestructura, en los dos cantones Zamora y Yacuambi. Aseguran que el trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación es arduo y si la ciudadanía ciudadanía no lo ha conocido es porque no han solicitado un espacio en los medios de comunicación para difundir este tipo de información.

En el lapso de los dos años que lleva al frente del país, Guillermo Lasso habría cancelado el salario a los jubilados del sector educativo desde el año 2013 hasta el año 2019. La cataloga como una gran inversión y que están igualándose en el pago, tratando de liberarse y seguir trabajando hasta nivelar los pagos. En este distrito se han cancelado a alrededor de 25 docentes jubilados y se van sumando más porque se encuentran en un proceso de desvinculación, cumpliendo con los requisitos necesarios.

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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