El Gobierno de Daniel Noboa implementará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que pondrá en marcha un proceso de fiscalización de manera inmediata.

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio este lunes 16 de junio de 2025, y destacó que se trata de una medida “sin precedentes” en Ecuador, ya que por primera vez se llevará a cabo la fiscalización del Impuesto a la Renta Única (IRU).

La portavoz explicó que, hasta la fecha, cerca de 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de USD 30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.

Jaramillo incluso expuso un ejemplo concreto —aunque sin mencionar nombres— ya que, según dijo, “fácilmente se podrá inferir de quién se trata”, al referirse a una empresa de telecomunicaciones muy conocida y rentable.

Detalló que, en este caso, el hijo transfirió sus acciones a su padre por un valor un 80 % menor al real: apenas USD 58. Esta operación habría provocado un perjuicio al Estado de al menos USD 6,6 millones.

Al ser consultada sobre si el caso en mención tiene que ver con la familia Topic, Jaramillo solo respondió: «me estoy refiriendo a todas la empresas que defraudan al Estado ecuatoriano».

«Cuando se defrauda al SRI, se defrauda al Estado ecuatoriano», enfatizó la vocera.

Por último, la funcionaria acotó que, según las estimaciones del Gobierno, este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a este impuesto que ya existe.

Otro anuncio presidencial fue que el Gobierno Nacional implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.

Sobre este punto indicó que se trata de un proceso progresivo que lleva adelante la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los responsables en 35 entidades priorizadas del Estado.

La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.

“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenirla corrupción”, indicó.

Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.

Según el Gobierno, la diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad. Fuente: Vistazo

El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.

Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.

Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.

El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.

El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.

Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:

Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.

Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades

Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?

La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.

El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.

Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.

Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.

Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.

David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.

“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.

Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.

Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.

Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.

Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.