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Caso Cumbaratza: más de tres décadas en litigio y sin fecha de finalización

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Más de tres décadas han pasado y aún el proceso legal entre el Estado, la empresa minera Cumbaratza y 262 concesiones mineras, a quienes se les otorgó un espacio en esta zona minera de forma legal y constitucional.  En contexto, está disputa inició a partir de que un asociado de la empresa minera Cumbaratza, exigió al Estado la cantidad de 30 mil hectáreas de terreno en la zona aurífera dentro de la provincia de Zamora Chinchipe

César Espinosa, abogado, ha estado al frente de la defensa de las 262 concesiones mineras, comenta para Diario El Amazónico los detalles y procesos que se vienen cumpliendo hasta el momento: “Es lamentable que un proceso judicial que no fue planteado por la empresa Cumbaratza, sino por un accionista que busca que el estado le adjudique 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe, aun no llegue a la etapa final”

Este proceso tiene más de 35 años de historia desde el año 1985, fue ahí donde el Estado ecuatoriano archivó la documentación que constituía a la empresa Cumbaratza como no patentada de un área de explotación. Diez años después, en 1995 se reanuda con un proceso contencioso-administrativo planteado por un accionista de esta empresa, donde en una primera instancia se dispone que el ministro de Energías de ese entonces, otorgue 30 mil hectáreas a la Cumbaratza.

Para contratacar, el Gobierno, el Ministerio y la Procuradora del Estado, presentaron un recurso de casación ante esta sentencia, pues aducían que no tenía ningún fundamento de orden legal.

El 10 de enero de 1996, se dictó una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, hoy Corte Nacional de Justicia, donde cazando la sentencia impugnada se rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por el accionista de la empresa Cumbaratza, Ab. Jorge Drouet Mármol, en vista de que recurso presentaba un carácter subjetivo y no objetivo. La Corte Nacional de Justicia, en ese mismo día, dejó sin derechos a la empresa por ello se debía archivar el proceso.

Pese a ello, se dictaron cuatro denominados mandamientos de ejecución de sentencia que, según Espinosa, fue conseguido ‘contrariando y violando la sentencia’.

“Es increíble pensar que esa sentencia que niega los derechos al demandante, reclamados al Estado ecuatoriano, ahora por estos llamados o mal llamados ‘mandamientos de ejecución’ se vuelva a conceder a la empresa estos derechos. Lo cual evidentemente es 100% ilegal e inconstitucional y el Estado ecuatoriano no debe cumplir con estos mandamientos violatorios a la sentencia del año 1996”, manifiesta el jurista.

La propia Corte Suprema de Justicia de ese entonces, ya menciono que todo acto que contrarié la sentencia dictada por ellos ‘es de nulidad absoluta’ por parte de la Corte de Nacional, sin embargo, que el estado ha venido manteniendo esa posición, no solamente como ejecutivo, sino por criticas de otros estamentos judiciales.

En el año 2018, un registrador minero de Zamora Chinchipe, inscribió los mandamientos de ejecución, desde el dictado en el año 1996 y 2017. Cuatro mandamientos y documentos que se desprende de ellos, ilegalmente se suscribieron en el registro minero en Zamora. De ahí están vulnerados los derechos de 262 concesiones mineras y derechos mineros otorgados en la provincia.

El 28 de octubre de 2019 la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero en ese tiempo, hoy Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, revocó las inscripciones ser elaboradas en contra de la ley y registrar ‘mandamientos de ejecución’ dictados en contra de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido tres años desde que el registrador minero de Zamora, se ha negado a cumplir con la resolución de la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Desde el año 1985, cuando fue el primer archivo para la empresa minera Cumbaratza y ha recibido cuatro archivos más en la historia.  La empresa no tiene ningún derecho, sin embargo, un funcionario público como el registrador minero les da nuevamente las esperanzas, aunque sea ilegales.  Esta situación impide y complica la actividad minera de los titulares legítimos de estos derechos de las concesiones mineras.

La sentencia es absolutamente clara, no hay una duda de que el Estado ecuatoriano ganó el proceso y que la empresa Cumbaratza no tiene ningún derecho y el que tenía prescribió en el año 1996.

El Sr. Registrador minero para su defensa manifiesta que, registra esos documentos, siempre y cuando vengan de una orden judicial, caso contrario él, incumpliría una orden judicial. La orden judicial debe ser emitida por el Tribunal Distrital Nro. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y que el revocaría la orden en el caso de que este tribunal revoque la orden de inscripción. Según Espinosa, el registrador minero no tiene un sustento legal para negarse a inscribir la resolución de revocatoria de los registros erróneos e ilegales de la empresa Cumbaratza, es más está incurriendo en ser removido de su cargo.

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Zamora: cuando la gestión se convierte en un problema

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Por: Jeamphier León.
En política, gobernar no es simplemente ocupar un cargo; es asumir la responsabilidad de transformar realidades. Sin embargo, en Zamora, la actual administración municipal parece haber perdido de vista este principio básico, dando paso a una gestión que, más que soluciones, acumula cuestionamientos.
Hablar de un “gobierno fallido” a nivel local puede parecer exagerado para algunos, pero cuando se analizan los resultados, la percepción ciudadana y la falta de dirección política, el término deja de ser retórico y empieza a describir una realidad preocupante.
Uno de los principales problemas radica en la falta de ejecución efectiva. Las promesas de campaña, que en su momento generaron expectativas, hoy contrastan con una gestión que no logra materializar obras de impacto. La planificación parece diluirse en la improvisación, y los proyectos que deberían impulsar el desarrollo local avanzan lentamente o simplemente no se concretan. Gobernar no es anunciar, es cumplir.
A esto se suma una evidente desconexión con la ciudadanía. Un alcalde no solo administra recursos, también lidera, escucha y representa. Sin embargo, la percepción en distintos sectores es clara: existe distancia, falta de comunicación y una débil presencia en territorio. Cuando la autoridad se aleja de la gente, pierde legitimidad, y sin legitimidad, cualquier gestión se debilita.
Otro aspecto crítico es la ausencia de liderazgo político sólido. Una administración eficiente requiere dirección, toma de decisiones firme y un equipo articulado. Lo que se observa, en cambio, es una gestión que transmite dudas, con señales de desorganización interna y poca claridad en sus prioridades. La política no admite vacíos de liderazgo, y cuando estos existen, las consecuencias las paga la ciudadanía.
El resultado de esta combinación es evidente: estancamiento en el desarrollo local, creciente descontento social y oportunidades perdidas para un cantón que tiene potencial, pero carece de una conducción adecuada. Zamora no necesita discursos, necesita resultados.
Este no es un llamado a la confrontación, sino a la responsabilidad. Gobernar implica rendir cuentas.
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Zamora fue sede del Campeonato Nacional de Boxeo Interclubes con destacada participación

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Del 10 al 12 de abril, la ciudad de Zamora se convirtió en el epicentro del boxeo nacional con el desarrollo del Campeonato Nacional de Boxeo Interclubes, evento que reunió a 18 delegaciones provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Zamora “A”, Liga de Nangaritza, ADN Guayas, Gasu Boxing de Chimborazo y Duglas Boxing de Manabí.

La competencia inició con una solemne ceremonia de inauguración el día viernes, en la que se rindió un justo homenaje a Milter Rivadeneira Arteaga, destacando su aporte al fortalecimiento de esta disciplina deportiva. Durante tres jornadas, el público asistente fue testigo de intensos combates que evidenciaron el crecimiento técnico y competitivo del boxeo interclubes en el Ecuador.

Tras el desarrollo de las distintas categorías, el equipo Zamora “A” se consagró campeón del torneo, alcanzando un total de 30 medallas, distribuidas en 12 de oro, 10 de plata y 8 de bronce.

El segundo lugar fue para la Liga de Nangaritza, con 18 preseas, mientras que ADN Guayas y Gasu Boxing de Chimborazo compartieron el tercer puesto, con 11 medallas cada uno.

En reconocimiento al alto rendimiento individual, la organización destacó como mejores deportistas del campeonato a Enrique Granda, en la categoría de 54 kg, representante de Urdesa de Loja, y a Alexa Cabrera, de la categoría infantil del equipo Zamora “A”. Ambos pugilistas sobresalieron por su desempeño técnico y disciplina en el ring.

Los organizadores expresaron un especial agradecimiento a los padres de familia, auspiciantes, firmas comerciales y a la comunidad vinculada al boxeo zamorano por su respaldo en la ejecución del evento. Asimismo, se reconoció el apoyo institucional de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe (FEDE Zamora), cuyo acompañamiento fue clave para el éxito de la competencia.

De igual manera, se destacó el compromiso de entrenadores, jueces árbitros y delegaciones participantes, así como el aval otorgado por la Asociación Sudamericana de Boxeo Interclubes y su Vicepresidencia con sede en Ecuador.

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Concejala Ximena Montaño analiza gestión municipal, fiscalización y necesidades del cantón Zamora

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En el marco de una entrevista, la concejala del cantón Zamora, Ximena Montaño, abordó diversos temas de interés público relacionados con la gestión municipal, el estado de la vialidad, el uso de recursos públicos y la situación del sector rural y urbano del cantón.

En el inicio de su intervención, Montaño extendió un saludo conmemorativo por el Día del Maestro, reconociendo la labor de los docentes a nivel cantonal, provincial y nacional, destacando su rol fundamental en la formación de valores y el desarrollo de la sociedad.

Durante el diálogo, la concejala enfatizó su labor de fiscalización, señalando que ha mantenido un trabajo constante tanto en territorio urbano como rural, donde ha podido constatar directamente múltiples necesidades ciudadanas, especialmente en comunidades que carecen de servicios básicos. En este contexto, cuestionó la distribución de recursos y la priorización de obras, indicando que existen sectores rurales que continúan siendo atendidos de manera limitada.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el uso de maquinaria municipal en zonas rurales, particularmente en el sector de Sacanza. Montaño indicó que, si bien es importante apoyar a las comunidades, estos trabajos deben ejecutarse bajo el marco legal correspondiente, mediante convenios interinstitucionales y respetando las competencias establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Asimismo, manifestó que no se ha evidenciado documentación formal que respalde ciertas intervenciones.

En cuanto a la vialidad urbana, la concejala expresó su preocupación por el deterioro de calles y espacios públicos, señalando que esta situación afecta directamente la imagen del cantón, el turismo y la reactivación económica. También mencionó deficiencias en el mantenimiento de áreas recreativas y espacios emblemáticos, así como limitaciones en el personal destinado a estas tareas.

Montaño también hizo referencia a la planificación institucional, indicando que existe un incremento significativo en el gasto de personal sin que ello se refleje en una mejora visible en la gestión municipal. En este sentido, destacó la necesidad de una adecuada organización administrativa y el cumplimiento de la normativa vigente, particularmente en relación con la distribución presupuestaria establecida en el modelo 70/30 (obra pública y gasto corriente).

Otro tema abordado fue la recaudación por concepto de uso de la vía pública por transporte pesado, cuyos ingresos, según indicó, deberían destinarse prioritariamente al mantenimiento vial urbano. No obstante, señaló que estos recursos no estarían siendo invertidos conforme a lo estipulado en la normativa.

Finalmente, la concejala reiteró su compromiso con la fiscalización y la transparencia, manifestando que continuará ejerciendo su rol hasta el final de su periodo administrativo. Subrayó que su accionar responde a las demandas ciudadanas y a la necesidad de garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos, promoviendo una gestión coordinada y en apego a la ley.

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