Por: AB. Christian Avilés Jaramillo Msc. .
El incumplimiento de las pensiones alimenticias constituye una problemática que trasciende el ámbito económico y representa una amenaza directa al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, su tratamiento jurídico exige comprender que el derecho de alimentos debe garantizarse sin desconocer las garantías constitucionales de las personas obligadas a cumplirlo.
En Ecuador, el artículo 44 de la Constitución establece la prevalencia de los derechos de la niñez y adolescencia, mientras que el artículo 45 reconoce, entre otros, sus derechos a la integridad, salud, educación y alimentación. En concordancia, el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho de alimentos como un mecanismo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas y garantizar su desarrollo integral.
La obligación alimentaria no constituye una concesión de uno de los progenitores hacia el otro. Es un derecho de los hijos y una responsabilidad jurídica de sus padres, que no desaparece por la separación, el divorcio o los conflictos familiares.
No obstante, cuando se produce el incumplimiento, surge un debate relevante: ¿debe disponerse automáticamente la privación de libertad del alimentante?
El artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos establece un procedimiento específico. Cuando se adeudan dos o más pensiones alimenticias, el juzgador, a petición de parte y previa constatación del incumplimiento, debe convocar a una audiencia para determinar las medidas aplicables, considerando las circunstancias que impidieron el pago. Si el obligado no comparece, se aplica el régimen de apremio personal total. Asimismo, cuando no justifica su imposibilidad de cumplir por falta de actividad laboral y recursos económicos, discapacidad o enfermedad que le impida trabajar, pueden disponerse las medidas previstas en la norma.
Esta regulación evidencia que el apremio personal no debe entenderse como una sanción automática, sino como un mecanismo coercitivo sujeto a condiciones legales y control judicial.
La Corte Constitucional, mediante sentencia 012-17-SIN-CC, estableció la necesidad de una audiencia previa para valorar las circunstancias del incumplimiento y evitar
decisiones que desconozcan el derecho a la libertad personal. Posteriormente, la reforma legal de 2019 incorporó este procedimiento al artículo 137 del COGEP.
El desafío de la justicia de familia consiste en encontrar un equilibrio constitucional: proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, pero también distinguir entre quien deliberadamente evade su responsabilidad y quien acredita una imposibilidad real de cumplirla.
La falta de recursos económicos no puede convertirse en una excusa para eludir las obligaciones parentales; tampoco puede ignorarse que privar de libertad a una persona sin valorar sus circunstancias puede dificultar la generación de ingresos necesarios para satisfacer las pensiones adeudadas.
Por ello, el Estado debe fortalecer los mecanismos de ejecución, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones alimentarias, así como promover decisiones judiciales oportunas, motivadas y proporcionales.
La justicia no puede permitir que los niños queden desprotegidos por la irresponsabilidad de sus progenitores, pero tampoco se debe confundir la pobreza con la voluntad de incumplir. El verdadero sentido de la justicia familiar consiste en garantizar que los derechos de los hijos se hagan efectivos, sin sacrificar injustificadamente las garantías constitucionales.





