Por: Abg. César Gualberto Guadalupe Oñate
La denominada Ley Antimafias introduce un debate sobre la responsabilidad penal de abogados y contadores que utilizan sus conocimientos profesionales para facilitar, encubrir o sostener actividades del crimen organizado. La reforma plantea una interrogante fundamental, dónde termina el ejercicio legítimo de una profesión y comienza la complicidad criminal.
El artículo 30 de esta Ley reforma el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estableciendo reglas específicas de inhabilitación profesional para abogados y contadores que, dolosamente, utilicen sus actividades como medio directo y esencial para cometer, facilitar u ocultar determinados delitos vinculados con organizaciones criminales.
La disposición responde a una realidad fáctica, las estructuras delictivas necesitan mecanismos jurídicos, contables y financieros para ocultar patrimonio y legitimar operaciones ilícitas. Sin embargo, combatir estas prácticas exige distinguir entre responsabilidad penal individual y sospechas derivadas de una relación profesional. El problema se vuelve complejo ante la denominada ignorancia deliberada, es decir, ¿Qué ocurre cuando un profesional identifica señales evidentes de ilegalidad y decide conscientemente ignorarlas?. Esta conducta puede aportar indicios sobre el dolo, pero jamás sustituir la obligación de probar los elementos del delito para imputar una conducta delictiva a los profesionales en libre ejercicio.
También preocupa el origen de los honorarios profesionales. El abogado tiene derecho a recibir una remuneración por su trabajo. Exigirle que renuncie a cobrar, o presumir que todo pago proveniente de un investigado es ilícito, equivaldría a dejar sin defensa técnica a quienes están siendo objeto de investigación por estos delitos. Recibir honorarios no equivale automáticamente a lavar activos. Distinto sería simular servicios jurídicos o contables para introducir deliberadamente recursos ilícitos en el sistema financiero. Entre los indicios que podrían revelar esa simulación están los honorarios manifiestamente desproporcionados respecto del servicio prestado, los pagos fraccionados en efectivo, los pagos realizados por terceros sin vínculo con el caso, las devoluciones injustificadas de fondos y la facturación de servicios inexistentes. La mejor protección del profesional honesto es la transparencia a través de un contrato escrito, facturación regular, pagos bancarizados y una debida diligencia razonable sobre quién paga y por qué.
La reforma exige una interpretación restrictiva, sentencia ejecutoriada, individualización proporcional de la sanción y posibilidades de rehabilitación profesional. La severidad legislativa no debe sustituir las garantías constitucionales ni transformar la sospecha en culpabilidad.
Finalmente, la responsabilidad debe recaer sobre quien utiliza dolosamente sus conocimientos para delinquir, nunca sobre quien cumple legítimamente sus obligaciones profesionales. Combatir al crimen organizado exige sancionar la complicidad demostrada, no criminalizar la litigación penal ni la contabilidad.





