Por: Abg. César Gualberto Guadalupe Oñate
Las facultades de Derecho pueden contribuir a mejorar la atención en los juzgados si incorporarían a sus estudiantes al trabajo cotidiano de las unidades judiciales. Allí, los futuros abogados pueden observar cómo se tramita una causa, comprender las dificultades de quienes acuden a la justicia y colaborar en tareas concretas de atención y apoyo. Para que esa colaboración libere tiempo en los despachos, las universidades deben compartir la preparación, la supervisión y la evaluación de los practicantes.
En 2025, los ciclos XXIII y XXIV de prácticas preprofesionales incorporaron a 2.130 participantes, mientras que el Consejo de la Judicatura acreditó 8.955 exoneraciones hasta diciembre. En esos dos ciclos, las exoneraciones superaron en más de cuatro veces el número de practicantes incorporados. En 2026, los ciclos XXV y XXVI registraron 1.441 incorporaciones y, aunque las fuentes oficiales consultadas todavía no ofrecen un total de exoneraciones acreditadas, el antecedente de 2025 permite plantear la hipótesis de que vuelvan a contarse por miles. Si las universidades y la Judicatura lograrían vincular siquiera a una parte de ese contingente con las unidades judiciales mediante rotaciones supervisadas, los juzgados contarían con un apoyo significativo. Los futuros abogados podrían orientar al público y colaborar en la logística de las audiencias, liberando tiempo para que los equipos judiciales se concentren en la tramitación de causas.
El Consejo de la Judicatura y las universidades podrían utilizar los convenios de cooperación previstos en el Reglamento de Prácticas Preprofesionales para organizar rotaciones en unidades judiciales. El programa podría comenzar en despachos que identifiquen tareas en las que necesitan apoyo y tengan capacidad para recibir estudiantes. Cada facultad designaría un tutor académico para preparar a los practicantes, acompañarlos y evaluar su aprendizaje. La unidad judicial definiría las tareas y nombraría a un responsable de supervisarlas.
Un practicante podría indicar a un usuario dónde consultar el estado de su causa, colaborar en la organización documental o apoyar la preparación logística de audiencias. Su orientación se limitaría a trámites y canales de atención, sin asesorar sobre el fondo de los casos. El acceso a los expedientes se restringiría a la información indispensable para cada tarea, bajo reglas de confidencialidad. Así, el estudiante aprendería cómo funciona un juzgado y prestaría un apoyo concreto a quienes acuden a él.
El aporte a la descongestión debe medirse. Cada sede podría comparar, antes y después de las rotaciones, los tiempos de espera en ventanilla, el número de consultas de orientación atendidas y la proporción de audiencias fallidas por causas logísticas. También debería registrar cuánto tiempo exige la supervisión y cuánto recupera el equipo para tramitar causas. Con esos datos se podría decidir dónde ampliar el programa y qué tareas ajustar.
El éxito de la propuesta se vería en la atención cotidiana de los juzgados. Un usuario encuentra orientación al llegar, el equipo judicial dispone de más tiempo para tramitar causas y el futuro abogado aprende, desde su formación, lo que significa prestar un servicio de justicia.
