Abg. César G. Guadalupe Oñate
Del 1 al 10 de noviembre de 2026, el Decreto 519 restringe la circulación de 00:00 a 05:00 en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí. La ciudadanía espera que este esfuerzo permita vivir con más seguridad y menos miedo. Por eso, además de conocer cuántos operativos se ejecutan, necesitamos saber cuánto contribuye el toque de queda a reducir la violencia.
El decreto documenta la actividad del período anterior, recogiendo un balance del Ministerio del Interior con 2.561 aprehensiones, 1.310 operaciones y 1.050 puntos de control en septiembre. Son datos importantes, pero responden a preguntas distintas, por un lado se registra el quehacer de las autoridades. Por otro lado, no establece cuánto disminuyó el delito gracias a impedir la circulación.
La presentación de las cifras también limita el análisis a saber que los 33 homicidios registrados durante la madrugada entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre reúnen días con toque de queda y días posteriores a su terminación. Sin separar ambos períodos, resultando imposible determinar, qué cambió mientras estuvo vigente la restricción.
La exigencia de evaluar tiene fundamento constitucional, el artículo 164 de la Carta Fundamental, establece principios como necesidad, proporcionalidad, temporalidad y razonabilidad. Si una restricción se justifica por sus beneficios esperados, corresponde verificar después sus beneficios reales. Que la violencia persista exige actuar, pero no demuestra, por sí solo, que deba repetirse la misma herramienta.
Ante lo dicho, es menester generar una metodología coherente con la ciencia, comparar lugares, fechas y horarios equivalentes. También revisar las horas sin restricción y los cantones vecinos, una reducción de madrugada pierde alcance si los delitos simplemente cambian de momento o lugar.
Por ello cada decreto debería establecer indicadores, metas, fechas de revisión y criterios para mantener, modificar o levantar la medida. Los informes posteriores deberían publicar resultados, costos y limitaciones. La seguridad requiere decisiones oportunas y controles efectivos. Evaluarlas permite respaldar las que funcionan y corregir las que no ofrecen beneficios suficientes. La ciudadanía merece conocer qué obtiene a cambio de su libre tránsito.
