Nacionales
Cuando una sociedad pierde el rumbo moral El mayor peligro para una democracia no siempre proviene de la delincuencia organizada ni de la corrupción institucional. En ocasiones, el riesgo más profundo aparece cuando una parte de la sociedad comienza a justificar lo injustificable, a relativizar la ética y a convertir en sospechoso a quien exige transparencia y rendición de cuentas. La inversión de valores es una de las expresiones más graves de la decadencia política. Se desacredita la denuncia, se ridiculiza el esfuerzo por fortalecer las instituciones y se pretende que la exigencia de justicia sea interpretada como intolerancia. Así, el debate público deja de sustentarse en principios y se transforma en una disputa donde la verdad pierde importancia frente a la conveniencia. Ninguna nación progresa cuando la honestidad resulta incómoda y la corrupción encuentra excusas para sobrevivir. La impunidad no nace únicamente de la ausencia de leyes; nace, sobre todo, cuando la ciudadanía deja de sancionar moralmente las conductas que deterioran el bien común y comienza a normalizarlas como parte de la vida política. El Ecuador enfrenta un desafío que trasciende gobiernos, partidos e ideologías. Se trata de recuperar la cultura de la responsabilidad, del mérito, de la legalidad y del respeto a las instituciones democráticas. Un país no se construye sobre la indiferencia ni sobre la complicidad silenciosa, sino sobre ciudadanos capaces de defender principios, incluso cuando hacerlo implique incomodar a quienes se benefician del desorden. La historia es implacable con las sociedades que confunden a sus referentes. Cuando los corruptos son presentados como víctimas y quienes exigen transparencia son tratados como enemigos, el deterioro institucional deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Ha llegado el momento de recuperar la memoria cívica. No para alimentar confrontaciones estériles, sino para comprender que la democracia solo sobrevive cuando la verdad tiene más valor que la propaganda, cuando la justicia prevalece sobre los privilegios y cuando el interés nacional está por encima de cualquier cálculo político. Porque un pueblo que renuncia a defender la ética termina entregando su futuro a la impunidad. Y ninguna nación puede aspirar al desarrollo si deja de distinguir entre quienes sirven al país y quienes se sirven de él.
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 2 de agosto sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 y confirmó cambios de última hora en sus principales postulaciones en Pichincha. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual, simpatizantes acompañaron a los aspirantes en una caminata hasta la sede del organismo en Quito.
Durante el ingreso de los candidatos a la delegación provincial del CNE también se registraron momentos de tensión. Personal de seguridad restringió el acceso al auditorio únicamente a los postulantes acreditados, lo que provocó forcejeos y reclamos de varios simpatizantes que buscaban ingresar junto a la comitiva oficialista.
La directora provincial de ADN y ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que el movimiento modificó sus postulaciones tras evaluar las expectativas de los electores de la provincia. Según indicó, la decisión respondió a las opiniones recogidas durante el proceso político previo a la inscripción de candidaturas.
«Lo que evaluamos siempre es lo que dice la gente«, afirmó Morillo al ser consultada sobre el cambio de última hora. Agregó que la trayectoria de Giovanna Ubidia al frente del Seguro Social Campesino influyó para que el movimiento decidiera postularla a la Prefectura de Pichincha.
Nacionales
Siete médicos del MSP, detenidos por fingir que un narco albanés fuera del país seguía en Ecuador
Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos durante la madrugada en Guayaquil, Quito y Macas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, integraban una red que ayudó a Dritan Rexhepi, capo de la mafia albanesa, a aparentar que seguía en Ecuador, pese a que había salido del país en 2022.
La operación la ejecutaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con 11 allanamientos. Cuatro de las detenciones se registraron en Guayaquil, tres en Quito y una en Macas. Los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y por delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos, y perjurio.
«Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo siempre es cuestión de tiempo», afirmó Reimberg en rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
Un narco fuera del país que seguía «presentándose»
Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, no estaba en la cárcel, sino bajo la medida de presentaciones periódicas ante la justicia.
De acuerdo con el Ministro, el albanés salió del país por el puente internacional de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, con una identidad falsa. En noviembre de 2023 fue detenido en Turquía. A inicios de 2025, fue extraditado a su natal Albania.
Aun así, en Ecuador seguían registrándose presentaciones a su nombre ante el SNAI, además de certificados médicos. Para justificarlas, la estructura habría usado documentos fraudulentos, firmas falsas, certificados irregulares y registros falsos de asistencia.
El elemento más llamativo del caso es un guante de látex con la huella dactilar de Rexhepi. «Con la vinculación de una persona del SNAI, tenían dentro de un guante de látex la huella dactilar de la persona para también hacer la presentación y así poder justificar que se encontraba aquí, cuando él seguía en actividades de narcotráfico», explicó Reimberg.
El funcionario del SNAI detenido sería quien facilitaba el uso del guante en el momento de cada presentación.
Un caso que estaba «en el cajón del olvido»
La investigación duró más de ocho meses. El Ministro aseguró que el expediente estuvo estancado hasta que la Policía pidió un cambio de fiscal. «Esta investigación estaba en el cajón del olvido, donde pensaban guardarlo hasta que esto se cierre», dijo. El caso pasó luego a una unidad especializada.
Sobre si hay funcionarios de la Fiscalía bajo sospecha, Reimberg indicó que aún se investiga quiénes permitieron que esto ocurriera. Añadió que los allanamientos también dejaron evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.
Tampoco se precisó cuántas veces se usó el guante desde 2022, ya que eso depende de la frecuencia de las presentaciones que había dispuesto el juez. Fuente: Vistazo
Nacionales
Tras la detención de Xavier Jordán, ¿quiénes siguen prófugos en los casos Metástasis y Fernando Villavicencio?
Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos por temas migratorios, los casos Metástasis y Fernando Villavicencio vuelven al centro del escenario.
En el caso Metástasis, Jordán fue señalado como uno de los supuestos administradores de los bienes del narcotraficante Leandro Norero (+). Tiene pendiente la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada desde 2024.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que lo deportarán, aunque aún no hay una fecha para ello. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estimó que esto se daría en unos 15 días aproximadamente.
Ronny Aleaga
En el primer caso, Aleaga es acusado de actuar como el operador político de Leandro Norero y Xavier Jordán en la Asamblea Nacional. Según Fiscalía, él es alias El Ruso en las conversaciones que se encontraron en el celular del narcotraficante. Tras destaparse el caso Metástasis, salió del país a finales de diciembre 2023 rumbo a Colombia y el último paradero que se le conoció fue Venezuela.
En julio de 2026, el presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Aleaga.
Mientras que en el caso Magnicidio FV, el exasambleísta habría fungido como un nexo para conectar la esfera política y financiera con la criminal.
Caso Metástasis
Además de Aleaga, en el caso Metástasis siguen prófugos seis personas más, uno de los cuales tenía un alto perfil mediático. Se trata del abogado Cristian Romero, quien defendía a Leandro Norero y sus familiares. Para lograr recursos favorables sobornaba a jueces.
Romero también lideraba una estructura criminal para liberar presos a cambio de dinero, pagando favores a funcionarios del sistema judicial. El caso se llama Plaga y tiene suspendido el juicio por presunta delincuencia organizada. Se desconoce su paradero. Fuente: Vistazo
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
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