Nacionales
El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”
La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.
En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.
“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada
El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.
En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.
Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.
Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.
“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada
El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.
Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.
Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.
El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.
“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada
Caso Progen
En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.
“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
El gigante petrolero estadounidense Chevron y su filial TexPet abrieron un nuevo frente judicial contra el Estado ecuatoriano. El 17 de julio de 2026, las empresas presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia.
El objetivo principal de esta acción legal es lograr que la justicia norteamericana reconozca y ejecute las obligaciones compensatorias impuestas a las petroleras. Este laudo fue emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Según los documentos ingresados al proceso, el monto adeudado asciende a USD 224,3 millones. Esta cifra incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa.
Las compañías demandantes aseguran que Ecuador se ha negado por completo a pagar estos valores. Por este motivo, decidieron acudir a las cortes para cobrar la deuda derivada de esta compleja disputa que ha durado más de 17 años. Fuente: Primicias
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