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Tertulia Jurídica analizó la prisión preventiva junto al jurista español Ramón Ragués Vallés
El pasado miércoles 20 de mayo, en el programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un amplio análisis académico y jurídico sobre la prisión preventiva, contando con la participación internacional del reconocido jurista español Ramón Ragués Vallés, director del Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra.
Durante la apertura del espacio, el académico agradeció la invitación y explicó su trayectoria profesional como catedrático de Derecho Penal en la universidad pública de Barcelona, institución en la que ha desarrollado más de tres décadas de labor docente e investigativa. Además, destacó su experiencia como magistrado suplente en la Audiencia de Barcelona y su colaboración permanente con despachos jurídicos especializados en materia penal, lo que le ha permitido mantener contacto directo con la práctica procesal.
El programa, que marcó el cierre de la segunda temporada de Tertulia Jurídica, abordó uno de los temas más sensibles y debatidos dentro de los sistemas judiciales contemporáneos: la prisión preventiva y sus implicaciones dentro del Estado de derecho.
La prisión preventiva y la presunción de inocencia
Durante su intervención, Ramón Ragués explicó que la prisión preventiva pertenece al ámbito del Derecho Procesal Penal y no al Derecho Penal sustantivo. Sin embargo, sostuvo que sus efectos prácticos tienen profundas repercusiones en los derechos fundamentales de las personas.
El jurista señaló que, aunque formalmente la prisión preventiva es considerada una medida cautelar y no una pena, en la práctica es vivida como un castigo por quienes la padecen, pese a no haber sido declarados culpables mediante sentencia ejecutoriada.
“Estamos ante una institución realmente complicada para los estados de derecho, porque proclamamos la presunción de inocencia como derecho fundamental y, sin embargo, permitimos que existan personas privadas de libertad sin haber sido condenadas”, manifestó.
Asimismo, afirmó que la prisión preventiva puede resultar incluso más severa que una pena privativa de libertad ordinaria, debido a la incertidumbre que enfrenta la persona detenida, quien desconoce cuánto tiempo permanecerá encarcelada y no accede a beneficios penitenciarios como permisos, trabajo externo o libertad condicional.
Una medida excepcional y de última ratio
El académico español enfatizó que la prisión preventiva debe ser aplicada únicamente como “último recurso” o última ratio, reservada exclusivamente para casos de extrema gravedad y cuando existan razones estrictamente justificadas.
Ragués recordó que recientemente publicó un libro titulado La prisión provisional como última ratio, obra en la que sostiene que esta medida cautelar solo debe utilizarse cuando sea absolutamente imprescindible para proteger intereses fundamentales del Estado y de la sociedad.
En ese contexto, criticó la aplicación rutinaria de la prisión preventiva en delitos de gravedad media, como pequeños tráficos de drogas o delitos patrimoniales, situación que —según indicó— ocurre tanto en España como en varios países latinoamericanos.
“Los delitos que justifiquen una prisión preventiva deben ser sumamente graves y generar una auténtica conmoción social”, expresó.
Alternativas tecnológicas y control telemático
Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos a la prisión preventiva mediante herramientas tecnológicas.
El especialista explicó que los sistemas judiciales deberían priorizar medidas como arresto domiciliario con vigilancia telemática, brazaletes electrónicos, fianzas, prohibiciones de acercamiento y otras formas de control menos invasivas antes de recurrir al encarcelamiento preventivo.
Indicó además que, en muchos países, los controles electrónicos son utilizados principalmente para personas condenadas que cumplen la fase final de sus penas, cuando deberían destinarse prioritariamente a quienes aún no han sido juzgados.
Riesgo de fuga e inteligencia artificial
Uno de los temas que despertó mayor interés fue el análisis sobre el riesgo de fuga como principal argumento utilizado por los jueces para ordenar prisión preventiva.
Ragués cuestionó que muchos operadores judiciales continúen razonando bajo esquemas propios del siglo XIX, considerando que actualmente los mecanismos internacionales de cooperación y extradición permiten localizar y capturar rápidamente a personas que abandonan un país.
Asimismo, abrió el debate sobre el uso de inteligencia artificial y algoritmos predictivos para evaluar riesgos procesales, particularmente el riesgo de fuga.
Según explicó, actualmente los jueces toman estas decisiones basándose principalmente en su experiencia personal, mientras que los sistemas de inteligencia artificial podrían permitir análisis más racionales sustentados en bases de datos y estadísticas generales del sistema judicial.
No obstante, aclaró que estas herramientas no deben reemplazar el criterio humano del juez, sino servir únicamente como apoyo técnico y orientativo.
Riesgo procesal y protección de víctimas
Durante la exposición también se abordó el denominado riesgo de obstaculización de la justicia, es decir, la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas.
Sobre este punto, el jurista sostuvo que los jueces deben fundamentar de manera concreta y específica por qué existe dicho riesgo, evitando argumentaciones genéricas que vulneren garantías fundamentales.
En relación con el riesgo de comisión de nuevos delitos, el académico estableció una diferenciación importante. Consideró legítima la prisión preventiva cuando se busca proteger la vida o integridad física de víctimas concretas, especialmente en casos de violencia de género o delitos sexuales.
Sin embargo, expresó reservas frente a conceptos ambiguos como “peligrosidad social” o “seguridad ciudadana” utilizados para justificar encarcelamientos preventivos sin amenazas específicas e individualizadas.
Problemas técnicos interrumpieron temporalmente la transmisión
La jornada académica sufrió una breve interrupción debido a problemas técnicos con la plataforma Zoom, situación que obligó a suspender momentáneamente la transmisión antes de retomar el diálogo jurídico.
Pese a ello, la conferencia continuó desarrollándose con normalidad y generó amplio interés entre estudiantes, abogados, académicos y ciudadanos que siguieron el programa.
Un debate vigente en América Latina
La participación de Ramón Ragués Vallés permitió abrir un espacio de reflexión sobre el uso de la prisión preventiva en los sistemas judiciales latinoamericanos y europeos, destacando la necesidad de fortalecer garantías constitucionales, respetar la presunción de inocencia y evitar el uso excesivo de medidas privativas de libertad.
El programa Tertulia Jurídica concluyó así su segunda temporada consolidándose como un espacio de análisis académico y debate especializado sobre temas de relevancia nacional e internacional en materia jurídica.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, Frank Ricardo Caamaño, informó que la provincia enfrenta actualmente un déficit de cinco jueces, situación que incide directamente en la carga laboral y en los tiempos de respuesta del sistema judicial.
De acuerdo con la autoridad, en condiciones normales la provincia debería contar con 22 jueces en funciones; sin embargo, actualmente operan con una reducción significativa: dos vacantes en la Corte Provincial, una en tribunales penales y dos en unidades judiciales. Estas vacantes se han generado principalmente por procesos de jubilación y traslados administrativos que no han sido cubiertos oportunamente.
Caamaño señaló que esta problemática no solo preocupa a la ciudadanía, sino también a los servidores judiciales, quienes enfrentan una creciente presión en la atención de causas. “Hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero la falta de personal se siente en el trabajo diario”, enfatizó.
Sobrecarga laboral y agenda saturada
En este contexto, explicó que, aunque regularmente se programan dos audiencias diarias, en la práctica los jueces deben atender entre cuatro y cinco audiencias por día, debido a la atención de casos urgentes como apelaciones a prisión preventiva y procesos relacionados con grupos vulnerables.
Asimismo, informó que la agenda de audiencias de la Corte Provincial se encuentra copada hasta el mes de noviembre, lo que evidencia el alto nivel de acumulación de procesos. Esta situación se agrava por la implementación del sistema procesal civil vigente desde 2016, el cual obliga a resolver incluso trámites menores mediante audiencias, incrementando la carga operativa.
Multicompetencia y limitaciones estructurales
Una de las particularidades de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe es su carácter multicompetente, lo que implica que los jueces conocen materias civiles, penales, laborales, constitucionales y de niñez y adolescencia. Actualmente, la sala provincial está conformada por tres jueces, una secretaria y dos ayudantes judiciales, quienes atienden todas las causas de la provincia.
Esta realidad contrasta con otras jurisdicciones como Loja, donde existen tribunales especializados y mayor número de personal, lo que permite una distribución más eficiente de los casos.
Gestiones ante autoridades nacionales
El presidente de la Corte indicó que se han realizado múltiples gestiones ante la Dirección Provincial y la planta central en Quito, responsable de las contrataciones. En este sentido, anunció que se prevé un desplazamiento a la capital para exponer directamente la situación ante las autoridades nacionales y buscar soluciones concretas.
Aclaró además que la solicitud institucional no implica la creación de nuevas plazas, sino la restitución de al menos cinco jueces y cerca de 30 funcionarios de apoyo que fueron retirados desde el año 2020.
Impacto en los tiempos de respuesta
Como consecuencia del déficit de personal, los tiempos de resolución de causas han aumentado considerablemente. Mientras anteriormente las decisiones podían emitirse en aproximadamente un mes, actualmente el promedio se sitúa entre cuatro y cinco meses, lo que afecta el derecho ciudadano a una justicia oportuna.
Procesos disciplinarios y control judicial
En cuanto al ámbito disciplinario, Caamaño informó que durante el presente año se han tramitado varias declaraciones jurisdiccionales previas, mecanismo necesario para determinar posibles responsabilidades de operadores de justicia. Hasta la fecha, ha sustanciado cuatro casos, de los cuales algunos han sido remitidos al Consejo de la Judicatura para su análisis, mientras que otros han sido archivados por no cumplir los requisitos legales.
Llamado a fortalecer el sistema judicial
Finalmente, la autoridad reiteró la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial en la provincia, señalando que, pese al compromiso del personal existente, las condiciones actuales limitan una atención ágil y eficiente.
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Feria Agropecuaria Provincial “Sembrando Vida” se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en Yantzaza y Zamora
Con una inversión total de 145 mil dólares, la Empresa Pública Agropzachin EP, bajo la gerencia de Carlos Suquisupa, anunció el desarrollo de la Feria Agropecuaria Provincial “Sembrando Vida”, uno de los eventos más representativos de Zamora Chinchipe, que este año se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el cantón Yantzaza, y culminará el 10 de noviembre en el parque lineal de Zamora.
El gerente Suquisupa destacó que la feria constituye “la actividad central de las festividades provinciales, una vitrina para exponer la calidad del ganado y la producción agropecuaria de Zamora Chinchipe”. Esta edición se desarrollará en Yantzaza debido a la construcción del nuevo recinto ferial provincial en Cumbaratza, lo que ha motivado una reorganización logística y la ampliación de actividades.
Inversión y apoyo institucional
El evento cuenta con una inversión de USD 145.000, que incluye aportes de Agropzachin EP, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y la Prefectura de Zamora Chinchipe, permitiendo fortalecer la infraestructura, incrementar los incentivos y mejorar las condiciones de exhibición y competencia.
Actividades y concursos
Durante los dos primeros días en Yantzaza se realizarán los tradicionales juzgamientos de ganado bovino, tanto de carne como de leche, en un espacio cubierto y adecuado para la asistencia del público.
Entre los principales premios destacan:
• Mejor vaca lechera: USD 2.000
• Segundo lugar: USD 1.800
• Tercer lugar: USD 1.600
Además, las categorías por edades (de 6 a 12 meses, 12 a 18 meses, etc.) otorgarán premios de USD 400, 300 y 100 respectivamente.
Una de las novedades de este año será la inclusión del “Concurso de Conducción de Ganado”, que busca fomentar el relevo generacional en el sector. Este contará con dos categorías (de 8 a 14 años y de 15 a 20 años), premiando con USD 300, 200 y 100 a los tres primeros lugares de cada grupo.
Participación y alcance
Se prevé la participación de más de mil expositores y productores, entre ganaderos, criadores de porcinos, agricultores y emprendedores agroindustriales. Además, se ha extendido la programación a tres días, incorporando el segmento de emprendimientos y derivados que se exhibirá el 10 de noviembre en el parque lineal de Zamora, en paralelo al desfile cívico militar.
Durante esta jornada, se premiarán los mejores productos derivados como lácteos, ahumados y licores, evaluados por un jurado especializado. Estos espacios también funcionarán como puntos de comercialización directa, fortaleciendo la economía local y el consumo de productos zamoranos.
Proyección y desarrollo genético
El gerente Suquisupa resaltó que Agropzachin EP mantiene catorce años de trabajo continuo en mejoramiento genético bovino, lo que ha permitido posicionar a la provincia como referente en calidad ganadera. “Nuestro objetivo es que los animales de Zamora Chinchipe sean reconocidos y comercializados a nivel nacional; ya existen ganaderos que venden a Saraguro y Loja, lo cual demuestra el avance alcanzado”, indicó.
Asimismo, la feria contará con la participación de asociaciones nacionales como Holstein, Gyr y Girolando del Ecuador, fortaleciendo los vínculos técnicos y comerciales entre provincias.
Invitación a la ciudadanía
El evento contará con presentaciones artísticas y culturales, cuyos detalles se confirmarán en los próximos días. La presidenta del Directorio de Agropzachin EP, Ing. Karla Reátegui, y el equipo técnico de la institución extienden una invitación abierta a toda la provincia y regiones vecinas para participar activamente en la feria.
“Después de una fuerte crisis ambiental, es momento de apoyar a los productores, consumir lo nuestro y fortalecer la reactivación productiva de Zamora Chinchipe”, expresó Suquisupa.
La Feria Agropecuaria Provincial “Sembrando Vida” promete ser un espacio de integración, aprendizaje y promoción del desarrollo agropecuario local, reafirmando el compromiso de la provincia con la sostenibilidad y el progreso del campo.
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Destitución de Abdalá Bucaram en 1997: ¿Por qué la CIDH pide explicaciones al Ecuador?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses al Estado ecuatoriano para que justifique las causas por las que se declaró la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, lo cual motivó su destitución de la Presidencia de la República.
La notificación fue emitida el pasado lunes 11 de agosto del 2025 con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas, específicamente la Cancillería, expongan sus alegatos de descargo y justificaciones ante la denuncia interpuesta por el exmandatario en octubre del 2015.
Revise: Inicia juicio contra Abdalá Bucaram y tres personas más por presunta delincuencia organizada
“Se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este (el Estado ecuatoriano) presente sus observaciones”, dice el documento de la entidad de derechos humanos.
Por su parte, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reaccionó a través de la red social X en donde escribió que “nunca es tarde para hacer justicia”.
¿POR QUÉ DEMANDA ABDALÁ BUCARAM?
En febrero de 1997, Ecuador vivía una crisis política y social con varias manifestaciones en contra del Gobierno de Bucaram Ortiz.
A la par, el diputado Fanklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para destituir al entonces presidente, alegando discapacidad mental.
La idea fue apoyada por 44 diputados del PSC y de Democracia Popular. Es así que se declaró la incapacidad de Bucaram para gobernar con base en un supuesto informe médico sobre problemas mentales.
Tras la destitución de Bucaram, Fabián Alarcón, entonces presidente del Congreso, asumió como mandatario interino del Ecuador.
Sin embargo, Bucaram alega que su destitución fue ilegal porque no hubo un juicio político que le permitiera defenderse. Además, dice que fue declarado incapaz mental sin un juicio civil que contempla la ley, ni la participación de un cuerpo médico que constate las supuestas afectaciones.
Ahora con la notificación de la CIDH, el Estado ecuatoriano debe decir si fue legal o no la destitución del expresidente, pero además los diputados que votaron a favor de la moción deberán justificar su decisión.
BUCARAM EN MEDIO DE UN JUICIO
Mientras tanto, el expresidente junto a su hijo Jacobo Bucaram y dos personas más enfrentan un juicio por delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas covid-19 Agentes AMT’.
La Fiscalía intenta probar que estas personas habrían conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y otros insumos médicos.
“Para ello, habrían movilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”, dice el informe de la institución.
Añade que estos insumos fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado miles de dólares en efectivo a Sheinman Oren, quien estaba junto a Shy.
Estos dos extranjeros fueron aprehendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. Además, se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el departamento en que se hospedaban.
El llamado a juicio por esta causa se dictó en diciembre del 2021, pero no se logró concretar por dilataciones por parte de los procesados. Durante todo este tiempo, hubo problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces. Fuente
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