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Noticias Zamora

Presidente del barrio Jambué destaca gestión comunitaria y cuestiona falta de atención provincial en el Valle del Jambué

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José Zapata, presidente del barrio Jambué, perteneciente a la parroquia Timbara, expuso una serie de criterios relacionados con la gestión comunitaria, el trabajo articulado con el Municipio de Zamora y la limitada atención, según indicó, por parte del Gobierno Provincial en sectores productivos del Valle del Jambué.

Durante su intervención, Zapata señaló que actualmente se ejecutan diversos trabajos en coordinación con la Alcaldía de Zamora, enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y productiva. Subrayó que estas acciones responden a necesidades colectivas y no a intereses individuales, enfatizando el carácter comunitario de las intervenciones.

En este contexto, destacó labores como el adecentamiento del cementerio en el sector La Pituca y la apertura de accesos para facilitar la movilidad de productores locales. Según explicó, estas acciones benefician directamente a al menos diez familias que, a su criterio, han permanecido históricamente desatendidas.

No obstante, el dirigente cuestionó declaraciones de una concejala del cantón, a quien exhortó públicamente a recorrer las comunidades rurales para constatar en territorio los trabajos ejecutados. Asimismo, hizo un llamado general a todos los concejales del cantón a mantener una presencia activa en el campo y no limitar su gestión al ámbito administrativo.

En relación con la vialidad, Zapata indicó que existen deficiencias en el mantenimiento de las vías rurales, particularmente en tramos que, según afirmó, representan riesgos para los usuarios. Añadió que, si bien se han realizado intervenciones puntuales, estas no responden a una planificación sostenida.

Respecto al Gobierno Provincial, el presidente barrial manifestó que el apoyo en materia productiva ha sido “prácticamente inexistente”, citando como ejemplo la falta de atención a solicitudes para la canalización de ríos que han provocado afectaciones a zonas de cultivo, así como la pérdida de infraestructura artesanal destinada a la producción de panela.

De igual forma, mencionó limitaciones en programas de fomento productivo, como la entrega de insumos sin el acompañamiento técnico necesario, lo cual, según afirmó, ha generado costos adicionales para los beneficiarios.

En el ámbito político, Zapata aclaró que las decisiones dentro del movimiento Pachakutik responden a procesos orgánicos y colectivos, desmintiendo que existan designaciones unilaterales. Confirmó además que Manuel González es el candidato a la Prefectura por dicha organización, mientras que la candidatura a la Alcaldía aún se encuentra en proceso de análisis interno.

Finalmente, el dirigente reiteró su llamado a priorizar el desarrollo del sector rural, destacando que el Valle del Jambué constituye una zona estratégica de producción agrícola que abastece a la ciudad de Zamora. “Si el campo no produce, la ciudad no come”, puntualizó, insistiendo en la necesidad de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

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Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo

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Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.

Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.

Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

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Noticias Zamora

CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027

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CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.

Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:

  • Diego Israel Aldean Jaramillo
  • Ligia Zoraida Punina Chela
  • Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
  • Mariana del Rocío Seminario Ramón
  • Galo Patricio Mena Pérez

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.

La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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Nacionales

Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe

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Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.

Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.

Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.

El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.

La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.

La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

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