Nacionales
«Que le entreguen a Rubén el cariñito» | Los chats del director de la ANT, detenido en el caso Jaque
Las escuchas telefónicas a los integrantes de una red de corrupción que cobraba hasta USD 250 por licencias de conducir permitieron la desarticulación de la organización que operaba en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el viernes 30 de enero de 2026, según el expediente judicial al que PRIMICIAS tuvo acceso.
Un operativo simultáneo y 23 allanamientos en Quito, Imbabura y Santo Domingo dejaron 10 procesados, nueve de ellos detenidos, incluido el director de la ANT, Pedro Abril Alegría, jefes de oficinas de atención al usuario, asistentes de recaudaciones y técnicos del área de Licencias.
Las oficinas de la ANT a escala nacional también fueron cerradas para la atención de usuarios, mientras se investiga el alcance que tuvo la red de corrupción que fue denunciada el 2 de julio de 2025 a la línea 1-800-Delito y cuyo reporte policial señalaba, textualmente, lo siguiente:
Ingresa una llamada de información por actos de corrupción presuntamente de funcionarios y personas civiles tramitadores de la agencia de tránsito en Cayambe. La fuente, quien no se identifica, indica que tiene números de teléfonos y los alias, que son conocidas todas las personas, quienes cobran USD 250, para ayudarles a matricular vehículos y sacar licencias, sin turnos, mientras que los ciudadanos de bien no pueden obtener un turno para realizar estos trámites.
La fuente indica que el guardia conoce a los tramitadores, que pasan a vista y paciencia del mismo, mientras que las demás personas no pueden ingresar ni a preguntar de un trámite, los alias y los números de teléfono de los involucrados son alias Charly 0988XXXXXX, alias Quique 0996XXXXXX, alias Alejo 0992XXXXXX, alias Dama 0959XXXXXX, quien seria funcionaria cabecilla de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Pichincha, alias Profesor 0963XXXXXX, alias Mica 0983XXXXXX, alias Cholo 0984XXXXXX.

Vigilancias e interceptación telefónica
Con autorizaciones judiciales, la Fiscalía inició vigilancias e interceptaciones telefónicas a varios sospechosos guiados por la denuncia del informante. Así descubrieron que la red estaba conformada por 10 personas y a la cabeza de la organización se encontraría, según la Fiscalía, el director de la ANT, Pedro Abril; además de Emma A., directora provincial de la ANT en Pichincha; y Ximena C., jefe de Oficina de Atención al Usuario.
“Los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado”, señaló Pedro Abril en un comunicado en sus redes sociales la misma noche de su detención.
No obstante, las escuchas telefónicas realizadas por los agentes investigadores a 10 conversaciones, en el periodo 28 de noviembre y 31 de diciembre, determinaron que en tres de ellas queda en evidencia su participación en la red de corrupción, diálogos que fueron sostenidos con subalternos los días 15, 19 y 31 de diciembre de 2025.

El 15 de diciembre, por ejemplo, según los informes de las interceptaciones, el director de la ANT se mensajea con una persona que se identifica como César J., quien le señala que “se le habría pasado el desarrollo de una audiencia” y le solicita conversar, a lo que el director le responde que “le señalaría una posible fecha para conversar”.
Otra comunicación se dio el 19 de diciembre. “Se señala el tiempo para salir con esa vuelta, se hace alusión a la determinación de una consulta de placas, hace alusión en este caso a que se le iría a entregar un cariñito que él señala que se lo entregue a Rubén en su cuenta”, revelaron los informes con las extracciones telefónicas de Pedro Abril.
Un tercer chateo judicializado, y que consta en el expediente del caso Jaque, se dio el 31 de diciembre entre el director Pedro Abril y una persona que le señala que alguien “está preguntando si es que le puede ayudar”. Ante esto, el director responde: “Que se acerque y pregunte por Tatiana A., que sí lo va a ayudar”.

En las comunicaciones, los agentes descubrieron que el director era conocido con el alias de ‘Pedrito’, pues así se referían a él sus interlocutores. La casa de Pedro Abril, de 38 años y funcionario de la ANT desde 2022, fue allanada la madrugada del 30 de enero de 2026.
Durante la inspección en su residencia, en el conjunto La Rinconada, en Tumbaco (Quito), los policías encontraron billetes de USD 100, USD 20 y USD 5, que sumaron la cantidad de USD 19.780, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con dos alimentadoras y 29 cartuchos 9 milímetros.
En la requisa al domicilio de Pedro Abril la Fiscalía decomisó también las siguientes evidencias:
Una carpeta con documentos anillados que en su portaba señalaba “Fiscalía General del Estado. Instrucción Fiscal 17010XXXXXX. Delito: Asociación Ilícita / Enriquecimiento Privado No Justificado / Tráfico de Influencias /Concusión. Sospechosos: Sergio Patricio G., Eddy Fernando S., Fausto Antonio M., Rubén Darío L., Xavier Augusto V., Segundo José S., y otros.
Una carpeta con 13 hojas impresas y que contenían nombres de personas bajo un título encabezado que señalaba “Cuentas por cobrar aspirantes Terminal Terrestre al 12/05/2022”.
Maleta de cuero marca Calvin Klein con un MacBook Pro de marca Apple.
Tres dispositivos móviles de marca IPhone color azul y dorado.
Un Apple Watch modelo Ultra 49 mm color Titanium.
Una tableta tipo IPad Pro, marca Apple, color plateado
20 dispositivos USB de marcas Kingston, HP, Gemalto, Safenet, Lander, Toshiba y Maxell.

“Un muerto por poner trabas”
Con el alias de ‘Xime’ se identificó en los chateos a la jefa de la Oficina de Atención al Usuario de la ANT, Ximena C. G. Varias comunicaciones dan cuenta de su participación en la organización, una de ellas el 30 de octubre de 2025, en la que coordina el depósito de USD 800 en billetes de USD 100, efectivo que guardaría en el sistema de “ahorro programado”.
Los informes de la Fiscalía, señalan que alias ‘Xime’ decía: “no vale que entre tanto dinero, usar tantas cuentas”. En una comunicación del 6 de noviembre de 2025, menciona que una persona “habría muerto, porque posiblemente habría sabido poner trabas en la emisión de licencias”.
Otra interceptación telefónica permite leer que alias ‘Xime’, de 46 años y funcionaria de la ANT desde 2014, mantenía reuniones en el patio de comidas de un centro comercial y que se quejaba porque “no puede pedir vacaciones, porque no cogería nada”.
“Jorge R. está buscando jefatura pero ha de pagar por el puesto porque ha hecho un pacto con escuela, que reciben USD 5.000, y ya se va Pedro, el que viene con la misma consigna, de seguir robando”, escribió el 23 de enero de 2026.
Procesados por el caso Jaque
Por presunta delincuencia organizada en la ANT. Nueve de 10 recibieron prisión preventiva.
| Abril Alegría Pedro Javier | Director de la ANT |
|---|---|
| Carrera Guerrón Ximena Cecilia | Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT |
| Huertas Paredes Oswaldo Rodrigo | Técnico en Emisión de Licencias de la ANT |
| Sanguano Quiroz Edwin Miguel | Asistente de Recaudación Cantonal de la ANT |
| Costta Escobar Gustavo Gabriel | Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT |
| Sierra Méndez Dora Flor | Técnico de Servicio al Ciudadano Provincial de la ANT |
| Palacios Aguirre Manuel Alejandro | Asistente de Atención al Usuario de la ANT |
| Ordóñez Oviedo Carlos Alexander | Desconocida |
| Castillo Aveiga Enrique Andrés | Teniente Político Parroquia de Cascol en Manabí |
| Aguayo Escobar Emma Melissa* | Directora Provincial de Pichincha de la ANT |
Otro de los procesados, Oswaldo H., de 34 años y funcionario técnico del área de Emisión de Licencias la ANT desde 2018, era identificado en la red como alias ‘Rojo’. En una comunicación del 29 de octubre del 2025 señala: “Se necesita una orden de pago, no puedo sacar, he perdido dos días de plata, son USD 2.000”, y el mismo día: “Tengo la licencia por imprimir, ya puse documentos a digitadores, nadie va a saber eso”.
Alias ‘Rojo’ mensajea el 6 de noviembre de 2025 a otro miembro del grupo y le comenta que “Sistemas no quiso hacer licencia, pueden ser Choneros”. En el allanamiento en su vivienda, los agentes hallaron 15 anillos metálicos, cinco anillos, nueve dijes, dos pulseras, ocho cadenas, una cadena platead, cinco relojes, 32 aretes, cuatro dispositivos móviles, relojes marca Fossil, USD 13.091 en billetes de USD 100, USD 50 y USD 20.
“Sí está saliendo dinero para pagar al director”
Miguel S., asistente de Recaudación Cantonal de la ANT, también se delató por sus comunicaciones. Empleado desde 2016, se lo menciona en la red con el alias de ‘Miguelito’.
“Un compañero de Quito ha llamado para retirar licencia, cuánto será? Eso es personal?. Vaya por el tema de licencia con un hd que está en Guayaquil. De haciendo, luego hablan del tema del dinero (…) Suba a firmar, el dinero para hacer la transferencia tiene que tener mucho cuidado”, escribió alias ‘Miguelito’ en un mensaje del 4 de diciembre de 2025.
Gustavo C., alias ‘Cholo’ y empleado del área de Atención al Usuario, escribió un mensaje el 9 de septiembre de 2025 en el que señalaba “ha llegado 50 o 60 trámites, puedo hacer 20, el coordinador es Rodrigo hay que decirle para traer los documentos chuecos Pedrito, dirección no le satisface lo que le están dando, 2.200 es para el jefe y ellos se quedan con la diferencia”.
A Dora Flor S. se la ubica con el alias de ‘Rosa’. En una comunicación presuntamente con la esposa de Abril le dice que “devuelva el dinero, no los tenga engañados”. “Sí está saliendo dinero para pagarle al director y que quede dinero para el grupo, un examen estaría en USD 130 más la emisión de licencia sportman”, escribió el 13 de octubre.
Manuel P., asistente de Atención al Usuario de la ANT era identificado con el alias de ‘Alejo’. En su domicilio se encontraron 22 matrículas vehiculares del cantón Durán y certificados de matriculación vehicular.
Carlos O., con el alias de ‘Charly’. “Fui a dejar los verdes, estaba preguntando para mandar las licencias, debe cobrar primero, han mandado a hacer una renovación. La encomienda de Cayambe ya le ha enviado la licencia, envía guía por Whatsapp”. En el allanamiento a su vivienda se decomisó 18 revisiones vehiculares de la alcaldía de Playas, 10 de Quito, documentos de una escuela de capacitación.
Enrique C., alias ‘Kike’, teniente político de la parroquia Cascol (Manabí). En un chat conversa para salir con alias ‘Rosa’, ingresa a las oficinas de la ANT en Cayambe. En el allanamiento se le decomisó documentos sobre permisos de escuelas de conductores.
Nacionales
Gobierno suspende actividades mineras en Napo, El Oro y Loja: esto se conoce sobre la resolución
El Ministerio de Ambiente y Energía suspendió las actividades mineras en las provincias de Napo, El Oro y Loja para reforzar acciones de protección ambiental y contra la extracción ilícita de recursos. Se empezará con un monitoreo de calidad de agua en los cuerpos hídricos de las localidades antes mencionadas.
La mañana de este lunes 2 de febrero, la ministra Inés Manzano emitió una resolución “frente a la extracción ilícita de minerales, que ha generado graves afectaciones ambientales en la Amazonía ecuatoriana y el sur del país”.
En Napo se cancelan todas las actividades mineras de forma indefinida debido a que hay contaminación en el río del mismo nombre. Además, el Gobierno pretende establecer orden en la pequeña minería y sus contratos de operación.
Agregó que la medida regirá hasta que se arreglen los temas documentales de las concesiones mineras y se restaure el río Napo, lo cual implicaría “muchos años”, por lo que la medida será indefinida.
Además, la cartera de Estado dispuso la suspensión de las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de El Oro y Loja.
La resolución se fundamenta también, en los principios de precaución y prevención ambiental, en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango – Tumbes”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

PRÓXIMAS ACCIONES
La cartera de Estado dispuso el inicio de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública.
Las acciones buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado; y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas.
Así también, a través de las Direcciones Zonales 7, 8 y 10, iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios a los operadores de actividades mineras, por las infracciones que se identificarán conforme a la normativa ambiental y de agua vigente.
La ministra Manzano enfatizó que el objetivo no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades. Fuente: Vistazo
Nacionales
Militares hallaron celulares, droga, armas blancas y pipas en el Centro de Privación de Libertad N.° 1 Bolívar
Un operativo se desplegó en la cárcel de Guaranda, en la provincia de Bolívar, este lunes 2 de febrero de 2026. Intervinieron los soldados de la Brigada de Caballería Blindada, para mantener el orden y la seguridad al interior del centro penitenciario.
Los uniformados hallaron:
- Teléfonos celulares.
- Cocaína.
- Armas blancas.
- Accesorios para celulares.
- Pipas artesanales.
- Otros objetos prohibidos.
Esos objetos fueron hallados dentro de colchones, paredes y enseres que estaban al interior de las celdas de este centro de reclusión.
Nacionales
Minería ilegal en Ecuador opera en la impunidad: Hubo 1.654 denuncias desde 2021, pero solo 34 condenas
La impunidad reina en los casos de denuncias de minería ilegal en Ecuador, según datos de la Fiscalía.
De 2021 a 2025, la Fiscalía reporta 1.654 denuncias por delitos de minería ilegal pero de ese total, unos 1.151 casos (el 69,5%) seguían en investigación previa y otras 275 denuncias fueron archivadas.
En cambio, solo en 34 casos hubo una sentencia condenatoria y en 32 casos la sentencia ratificó la inocencia de los acusados.
En otros 69 casos, los acusados fueron sobreseídos; es decir, el proceso finalizó porque no hubo pruebas suficientes.
Hasta 30 años de cárcel dicta el Código Penal
El Código Integral Penal establece una pena de 16 a 20 años de cárcel por la «actividad ilícita de recursos mineros».
El artículo 260 de ese Código menciona que incurre en este delito toda persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros. En el caso de minería artesanal ilegal, la pena es de 13 a 16 años.
Además, si se ocasionan daños al ambiente, la sanción sube a cárcel de 22 a 26 años; y si se comete como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada la pena es cárcel entre 26 y 30 años, más una multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados.
Y el artículo 261 tipifica, además, otro delito: el financiamiento o suministro de maquinarias para la actividad de extracción ilícita de recursos mineros, con pena de cárcel de tres a cinco años.
Las denuncias han aumentado en 2025
Solo en 2025 la Fiscalía recibió 393 denuncias por los dos delitos: actividad ilícita de recursos mineros y financiamiento o suministro de maquinarias para minería ilegal.
Se trata de un incremento importante frente a 2021, cuando se reportaron 249 denuncias.
De los dos delitos, el más denunciado es el de actividad ilícita de recursos. En 2025, de las 393 denuncias, 388 fueron por este delito.
La lentitud en el avance de los procesos se debe a que en la mayoría de los casos denunciados ante la Fiscalía el delito se reportó como «no flagrante».
Esto significa que cuando las autoridades llegaron al punto en donde se estaba realizando la actividad de minería ilegal, ya no había personas en el sitio o las máquinas ya estaban apagadas, dice el abogado especialista en minería, Stevie Gamboa.
«La razón para tan pocos resultados es la dificultad para seguir los procesos sin que haya personas detenidas. Los procesos que más o menos avanzan son los que están en flagrancia», añade Gamboa.
Gamboa explica que para entender mejor el problema de la impunidad en los casos de minería ilegal también se debe analizar cuántos amparos administrativos recibe la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) por parte de las empresas con concesiones mineras formales.
Los amparos administrativos son los recursos que presentan las empresas mineras, además de las denuncias en Fiscalía, cuando identifican que en sus concesiones hay actividad de mineros ilegales.
Se trata de un proceso obligatorio que deben hacer las empresas, pues si no lo hacen, pueden perder las concesiones, dice Gamboa.
Y pese a que las empresas serias presentan estos amparos a la Arcom y pagan dos tasas para que la Agencia haga las inspecciones, Gamboa explica que la mayoría de trámites no prospera, pues quedan archivados.
El abogado dice que los funcionarios de la Agencia se demoran tanto tiempo en tramitar los amparos que en muchos casos los mineros ilegales ya se han ido explotando todo lo que pudieron.
Otro problema es que hasta hace poco, uno de los requisitos para presentar un amparo administrativo era informar «la relación circunstanciada de los hechos con la indicación de los nombres y apellidos de las personas causantes de la invasión, despojo u otra forma de perturbación».
Pero el 31 de diciembre de 2025 se eliminó ese requisito mediante un decreto ejecutivo.
En tres provincias hay más denuncias de minería ilegal
Tres provincias concentran el 62,5% de todas las denuncias presentadas por minería ilegal en 2025. Se trata de Zamora Chinchipe, Loja y Napo.
La provincia amazónica de Zamora Chinchipe, de hecho, lidera la lista de denuncias por minería ilegal desde 2021.
Según la Arcom, en Zamora Chinchipe hay alrededor de 10 puntos rojos de minería ilegal identificados: Zumbi, Cumbaratza, Yanzatza, Nangaritza, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza Chinapintza, La Saquea, Yacuambi.
Este problema contrasta con la otra cara de la moneda en esta provincia, que también es el centro de la actividad minera industrial formal del país, pues desde 2019, ahí operan las dos únicas minas a gran escala que tiene el país:
La mina de cobre a cielo abierto, Mirador, a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente.
Y la mina subterránea de oro, Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Lundin Gold.
Producto de esa actividad, la recaudación de impuestos en Zamora Chinchipe creció 39% en 2025 y es la cuarta provincia en donde se recauda más impuestos.
Las otras dos provincias con puntos críticos y más denuncias de minería ilegal son Loja y Napo.
La minería ilegal en Napo, al mando de Choneros y Lobos
En Napo, organizaciones como Napo Ama la Vida denuncian desde 2020 el avance de la minería ilegal en zonas como Yutzupino (Puerto Napo), Tena, y en Carlos Julio Arosemena Tola, en donde ríos como el Jatunyacu y Anzu ya muestran signos de contaminación con mercurio.
José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama la Vida, explica que tras el mega operativo de Manatí, en febrero de 2022, para desalojar la minería ilegal en Yutzupino, la actividad no desapareció, sino que se movió a otros puntos y se multiplicó incluso en territorios de comunidades indígenas.
«La mayoría de concesiones mineras entregadas en Napo son terrenos en donde viven familias y comunidades indígenas y muchas zonas ya están tomadas por mineros ilegales», dice Moreno.
Y añade: «ahora vemos comunidades en donde los niños tienen problemas en la piel, en donde no se puede pescar, nadar, ni usar para nada el agua de los ríos que antes eran cristalinos».
Moreno explica que la minería ilegal es un fenómeno que ha dividido a los pobladores de Napo pues, por una parte, hay familias que han permitido el ingreso de mineros ilegales a cambio de dinero o de que les permitan sacar también oro de las orillas de los ríos.
Pero también hay comunidades indígenas que se han organizado para oponerse y cerrar el paso a los mineros ilegales en sus territorios, añade.
Moreno explica que la problemática es más grave pues la minería ilegal está ahora al mando de grupos armados en Napo, como Los Lobos y Los Choneros. Fuente: Primicias
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