La mañana de este martes 9 de diciembre, durante una rueda de prensa, representantes del sector minero de Zamora Chinchipe informaron a la ciudadanía sobre la resolución judicial favorable que pone fin a varios años de denuncias por supuesta minería ilegal en contra de concesionarios de la provincia.

El anuncio fue realizado junto al abogado defensor, Dr. Diego de Jesús Pozo Torres, representante legal en el proceso de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, quien se pronunció de manera telemática para explicar el alcance jurídico de este resultado.

Un proceso iniciado en 2016 finalmente llega a su fin
Según detalló el Dr. Pozo, el caso se remonta aproximadamente al año 2016, cuando un grupo de personas presentó reiteradas denuncias señalando la existencia de presunta minería ilegal en varias concesiones de la zona de Zamora. Estas acusaciones derivaron en una investigación que acumuló entre 800 y 900 hojas y que, durante varios años, generó afectaciones laborales, emocionales y administrativas a los sectores mineros involucrados.

El proceso fue inicialmente radicado en la Fiscalía de Delitos contra la Naturaleza de Quito, entidad que determinó que:
• No existía delincuencia organizada,
• No existían agresiones o afectaciones ambientales atribuibles,
• Y que las concesiones investigadas contaban con las autorizaciones estatales y ambientales vigentes.
Con estos elementos, el expediente fue posteriormente remitido a la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe.

Archivo por inexistencia de delito
El abogado Pozo informó que la señora jueza del cantón Zamora fue contundente al resolver el caso. Si bien el fiscal había solicitado el archivo, la jueza aclaró que la investigación no se archiva por falta de pruebas, sino porque la conducta denunciada no constituye delito.

“Es fundamental comprender —señaló el jurista— que no toda conducta debe ser criminalizada. Si existieran dudas o quejas administrativas o ambientales, estas deben tramitarse en sus ámbitos correspondientes, no en materia penal”.

Durante su intervención, el Dr. Pozo explicó que las denuncias presentadas en años anteriores se tornaron extorsivas e intimidatorias, pues los denunciantes no acudieron a rendir versiones pese a ser convocados reiteradamente.

Asimismo, destacó la actuación del Fiscal Dr. Edgar Orlando Silva, quien de manera objetiva y conforme al artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), coincidió con los criterios de la Fiscalía de Quito sobre la inexistencia de responsabilidad penal.

El abogado informó también que la resolución judicial no es impugnable, por lo que el proceso queda definitivamente cerrado.

La Cooperativa 11 de Julio evalúa acciones legales
Con la resolución a su favor, la Cooperativa 11 de Julio anunció que analiza iniciar acciones legales por denuncias maliciosas y temerarias, así como por la divulgación pública de información reservada durante la etapa investigativa, lo cual constituye una infracción conocida como difusión de información restringida, tipificada en el COIP.

Pozo enfatizó que este precedente será clave para evitar futuras denuncias infundadas que buscan obstaculizar el trabajo de los mineros que operan dentro de la ley.

Respaldos del sector minero
Durante la rueda de prensa, intervino también James Salcedo, secretario ejecutivo de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, quien destacó la importancia de esta resolución como reconocimiento a la minería legal y formal de la provincia.

Salcedo subrayó que en esta causa también estaban involucrados concesionarios de Nambija, Sultana del Cóndor, Las Nanguipa y otros sectores, quienes fueron denunciados sin fundamento.

“Lo que sigue —indicó— es evaluar un juicio por daños y perjuicios contra quienes atentaron contra nuestras concesiones. Este proceso nos quitaba la tranquilidad, porque un proceso penal afecta no solo la actividad económica, sino también la estabilidad emocional y familiar”, señaló.

Añadió que Zamora Chinchipe, reconocida como la capital minera del Ecuador, necesita que se respete y proteja el trabajo de los mineros formales, quienes cuentan con permisos, estudios, auditorías y cumplen con la normativa vigente.

Llamado al Gobierno Nacional
Salcedo recordó además que el Presidente de la República ofreció, en campaña, avanzar con la regularización y el censo minero para los pequeños mineros y artesanales de la provincia, así como concluir procesos pendientes como el del sector Cumbaratza. El dirigente exhortó al Gobierno a cumplir estos compromisos y abrir mesas de diálogo que permitan promover una minería responsable, transparente y sostenible.

La minería legal como aporte a la provincia y al país
El Dr. Pozo reiteró que la resolución marca un precedente relevante:
• Identifica claramente la diferencia entre minería ilegal y minería legal y regularizada.
• Reconoce el aporte de la minería formal a la economía, al trabajo comunitario y al desarrollo sostenible.
• Sienta las bases para frenar denuncias sin sustento que afectan la dignidad y el derecho al trabajo de ciudadanos y concesionarios.

“Respaldamos a todos los mineros legales y a quienes cumplen con las regulaciones del Estado. La dignidad de las personas debe ser respetada, así como el trabajo honesto que sostiene a esta provincia”, afirmó.