Nacionales
Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados
Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.
Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.
Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.
Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.
Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.
DESAPARICIÓN FORZADA
Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.
Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.
Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.
En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.
“Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.
LO QUE SALIÓ A LA LUZ EN EL JUICIO
Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.
Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.
ERROR DE PROCEDIMIENTO
Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.
Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.
Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.
“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.
Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.
LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO
En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.
En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.
Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.
Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.
Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.
GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.
Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.
Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.
Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.
Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.
Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.
Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.
Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.
De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo
Nacionales
Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo
El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.
Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.
Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.
El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.
Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.
Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».
Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.
¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento?
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.
La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.
No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.
El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.
No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.
¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo?
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.
Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.
Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.
«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo
¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas?
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.
Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.
Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.
Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.
En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.
Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año?
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.
Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.
Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.
En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.
¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema.
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.
Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.
¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad?
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.
Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.
Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.
Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias
Nacionales
Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial
Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.
Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.
«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.
Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.
«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.
El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.
En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias
https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857
La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.
Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total
La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.
La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.
Extracción limitada solo fuera del parque
La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.
No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.
También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.
La ley no amplía derechos mineros en Galápagos
El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.
Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.
Galápagos bajo protección constitucional
Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.
La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.
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