El pasado miércoles 29 de octubre, el programa La Tertulia Jurídica desarrolló un espacio de análisis académico con la participación de la doctora Alejandra Santamaría Cedeño, destacada constitucionalista, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad Casa Grande de Guayaquil.

El tema central del diálogo fue “La pensión de alimentos, un derecho desde el embarazo”, una reflexión jurídica y social sobre la protección integral de la mujer gestante y del niño o niña por nacer.

Durante la entrevista, la doctora Santamaría explicó que el derecho a los alimentos no se limita a la etapa posterior al nacimiento, sino que se reconoce desde el momento de la concepción, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, especialmente en la sentencia N.º 325-23-EP/23.

“La pensión de alimentos desde el embarazo no es solo un asunto legal, sino una medida de protección integral. Garantiza que la mujer gestante tenga condiciones adecuadas de salud, seguridad y estabilidad, y que el niño o niña que está por nacer cuente con una base de bienestar desde el inicio de su vida”, enfatizó la jurista.

La experta detalló que este derecho cubre cuatro etapas fundamentales: el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, con una extensión de hasta 12 meses posteriores al nacimiento. Además, subrayó que el proceso judicial correspondiente se tramita bajo el procedimiento sumario, dada la naturaleza urgente del derecho que se protege.

En el ámbito procesal, Santamaría precisó que la demanda de pensión de alimentos para la mujer embarazada se presenta ante las unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia, y debe contener información esencial como la identidad de la madre gestante, la del presunto progenitor, el domicilio de citación, la relación entre las partes y la solicitud de fijación provisional de alimentos desde la concepción.

Asimismo, explicó que es indispensable acompañar la demanda con certificados médicos o ecografías que acrediten el estado de gestación, informes de gastos estimados del embarazo y documentos que reflejen la capacidad económica del alimentante. En caso de desconocerse los ingresos del padre, se puede solicitar al juez el auxilio judicial para obtener esta información a través de instituciones públicas o privadas.

La especialista también aclaró que, actualmente, no existe una tabla específica de pensiones para mujeres embarazadas, por lo que los jueces aplican los parámetros de la tabla general de pensiones alimenticias vigente, siendo el monto provisional mínimo de 130 dólares. No obstante, este valor puede variar dependiendo de los gastos médicos, alimenticios o de salud que demande el embarazo.

En cuanto a la responsabilidad subsidiaria, Santamaría explicó que, si no se conoce el paradero del progenitor, el juez puede requerir información migratoria o consular y, de ser necesario, determinar la responsabilidad de otros familiares directos, siempre que cumplan con las condiciones económicas y legales establecidas.

Otro punto de análisis fue la posibilidad de que el padre solicite una rendición de cuentas sobre el uso de la pensión alimenticia. Sobre este tema, la doctora Santamaría aclaró que la normativa ecuatoriana no contempla la obligación de la madre de justificar los gastos. Sin embargo, el juez puede disponer una inspección o informe técnico social cuando existan indicios de que los recursos no se están destinando al bienestar del niño o niña.

Finalmente, la jurista resaltó que el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
“El derecho a los alimentos es un derecho humano fundamental, ligado al derecho a la vida, a la salud y al desarrollo integral. Desde el embarazo, el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de garantizar que este derecho se cumpla de manera efectiva”, concluyó Santamaría.

El programa La Tertulia Jurídica que se emite todos los miércoles en el horario de 07:00 a 08:00 PM es un espacio de formación académica que promueve el conocimiento jurídico sobre los derechos y garantías que sustentan la justicia en el Ecuador.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomisó 9.637 caramelos y dulces en un local de Turumbamba, al sur de Quito. Los productos estaban caducados y se comercializaban sin notificación sanitaria.

El operativo tras una denuncia ciudadana registrada a través de la aplicación Arcsa Móvil. Cuando se inspeccionó el lugar, los técnicos identificaron que los caramelos tenían fecha de vencimiento expirada y que no contaban con los permisos correspondientes para ser comercializados.

La intervención se realiza como parte de los operativos previos a las festividades navideñas. En esta época, el consumo de caramelos aumenta considerablemente debido a las compras para fundas de regalos, eventos escolares y actividades comunitarias. La Arcsa reforzará los controles en mercados, bodegas y locales comerciales para garantizar que los productos sean seguros e inocuos.

Efectos nocivos para la salud

La institución recordó que consumir alimentos caducados puede provocar problemas gastrointestinales, reacciones alérgicas o intoxicaciones, especialmente en niños, quienes son los principales consumidores de caramelos durante estas fechas. Además, recomendó evitar productos sin etiqueta o de procedencia desconocida.

Aislada en medio de un bosque

Capacidad para 736 presos