Nacionales
Trámite de demanda contra reforma tributaria de Guillermo Lasso puede durar años en la Corte Constitucional
Existen pocas posibilidades de que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 sea eliminada o que deje de estar en vigencia, incluso luego que el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitiera a trámite la acción de inconstitucionalidad planteada el 13 de diciembre por el asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Joao Acuña Figueroa.
La ley que incrementa el impuesto a la renta, sobre todo a quienes tienen más ingresos, y que establece contribuciones temporales a empresas y personas con millonarios patrimonios, está en vigencia desde el 29 de noviembre pasado y espera generar unos $ 800 millones al fisco solo el primer año.
Sin embargo, para el constitucionalista Ismael Quintana son bajísimas las posibilidades de un tratamiento expedito y más aún de una retroactividad de la ley. Explica que si se aplicaran estrictamente los plazos establecidos en la Ley de Garantías Constitucionales, el trámite en la Corte no debería durar más allá de tres meses. “Ese es el deber ser”, comenta. Sin embargo, en la práctica, los procesos en la Corte pueden llegar a durar años completos, dice.
Además sostiene que de manera tradicional, el tema tributario no es prioritario y esto se puede apreciar en el sentido de que la sala que admite a trámite no hace una recomendación de procesar el tema de manera urgente o rompiendo los esquemas del tiempo. Tampoco establece una medida cautelar de suspensión de sus efectos.
Por ello, considera que el trámite podría demorar de cinco a diez años, y si después de ese lapso se llegara a declarar la inconstitucionalidad, difícilmente sería retroactiva.
Basa su análisis en lo que ha sucedido recientemente con la Ley de Fomento Ambiental, acerca de la cual la Corte acaba de emitir una sentencia luego de diez años. Le ley que data del 2011 establecía diversos impuestos como al banano, a las botellas, entre otros. Sin embargo, se la encontró inconstitucional por no cumplir el principio de unidad de materias. La sentencia de la Corte, sin embargo, establece que esta seguirá vigente hasta el 2023 a fin de darle tiempo al fisco para resolver el hueco fiscal que generaría, y no genera ningún efecto de retroactividad.
Quintana también comenta que las demandas de UNES y Yaku Pérez Guartambel tienen deficiencia argumental. Ellos se han basado en cómo fue la votación.
La demanda señala que la ley en cuestión no fue aprobada como lo establece el artículo 140 de la Constitución. Dicen que no fue aprobado, pues hubo 88 votos en contra, 19 abstenciones y 30 votos a favor, como consta en el registro de votaciones de la Asamblea Nacional.
En realidad, el artículo 140 dice que en el caso de que la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. También indica que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.
La Asamblea, no logró negar el proyecto, pues la moción de negar y archivar dicha ley tampoco contó con los suficientes votos. Entre ellos, justamente la bancada de UNES se abstuvo. Esto dio pie para que se hablara incluso de un pacto entre UNES y el Gobierno.
Es por ello que la ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), considera que este tipo de demandas ratifican la percepción que ya existe en el mercado y en los actores económicos de la débil institucionalidad en el país y la falta de acuerdo y entendimiento de los sectores políticos y sociales sobre la necesidad de tener cuentas públicas sólidas y una economía sana.
Muestra de ello es que el riesgo país sigue alto, pese a los altos precios del crudo e incluso de la entrada en vigencia de la ley tributaria. Sobre el tema de la constitucionalidad, no debe existir duda sobre que la ley sí es constitucional, pero además considera que si hubiese un pronunciamiento de la Corte, sería ratificando la vigencia de la ley.
Para Carrera, los argumentos de los demandantes solo reflejan la mediocridad de la Asamblea, desconocimiento y la falta de responsabilidad política.
Sobre el tema, Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, considera que la potestad de presentar una demanda de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica totalmente legal. Sin embargo, dice que los asambleístas correístas no están pensando en las consecuencias para la economía.
Refiere que el presidente Rafael Correa ya implementó desde el 2015 medidas neoliberales de ajuste fiscal para buscar estabilización fiscal, pero las élites económicas no respondieron con su contraparte pagando mayores impuestos. Ahora, el actual gobierno de derecha pone en marcha una agresiva reforma tributaria que corrige esta situación sobre las élites, y que también ajusta a la clase media, que ya se había acostumbrado a no pagar lo que debían durante décadas.
Explica que lo que no terminan de entender los asambleístas es que los ingresos permanentes son muy importantes para atender las necesidades de la población y estos justamente son generados por impuestos. No es válido rechazar el incremento de impuestos, basados en el alza del precio del crudo. Son cosas distintas. “Al gobierno de Correa ya le sucedió que se le cayó el ingreso petrolero por el volátil precio y no aprenden”, dijo. (I)
Nacionales
Fijan fecha para vincular a alias ‘Pipo’ y otros dos cabecillas de Los Lobos al caso Magnicidio FV
La formulación de cargos en contra de tres cabecillas del grupo de crimen organizado «Los Lobos«, a quienes la Fiscalía prevé vincular a la investigación sobre la planificación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, fue fijada para el viernes 12 de diciembre, a las 08h30, por la jueza Luz María Ortíz.
Un oficio difundido en redes sociales confirmó que los imputados serán Wilmer Chavarría (Pipo), líder principal de la organización delictiva detenido en España el 16 de noviembre, así como Ángel Aguilar (Lobo Menor) y Luis Arboleda (Gordo Luis), ambos identificados como cabecillas.
La fiscal Ana Hidalgo había solicitado este lunes a la jueza que determinara el día y hora para la realización de la audiencia de vinculación en contra de los tres sujetos, pues existen «elementos que hacen presumir» su participación en el magnicidio.
Al ser señalados como presuntos autores intelectuales, Chavarría, Aguilar y Arboleda pasarían a incorporarse a los otros cuatro procesados dentro de la misma investigación: el exministro correísta José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga.
Sobre los cuatro investigados pesa una orden de prisión preventiva. No obstante, solo Salcedo se encuentra encarcelado en Ecuador. Jordán no ha sido detenido en Miami, ciudad de Estados Unidos donde reside, y Serrano se encuentra retenido por autoridades migratorias en esa misma ciudad. Aleaga, por otro lado, permanece en un paradero desconocido luego de viajar a Venezuela, en abril del año pasado.
La fiscal Hidalgo había solicitado días atrás que la Policía ubicara a los sospechosos y los notificara para que designaran a sus abogados. No obstante, según declaró este lunes, no fue posible contactar ni a «Pipo», quien fue detenido en España el pasado 16 de noviembre, ni a «Lobo Menor», por lo que pidió que ambos sean representados por un defensor público.
El testimonio de alias ‘Pipo’ se vuelve fundamental en esta etapa del proceso, porque él, como máximo cabecilla de Los Lobos, debió estar al tanto de cómo se ejecutó el asesinato de Villavicencio. Aunque ‘Pipo’ estaba en Europa, manejaba todos los hilos de la organización criminal.
Cinco condenas de prisión y ocho sospechosos asesinados
Hasta ahora, cinco personas han recibido sentencias de prisión como autores materiales del asesinato. Entre ellos figura Carlos Angulo, conocido como «El Invisible», un cabecilla de «Los Lobos» que coordinó la planificación y logística del crimen desde un centro penitenciario.
Además, otros ocho involucrados no llegaron a juicio, ya que fallecieron antes de la etapa procesal. Entre ellos se encontraban los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio. Fuente: Vistazo
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Convención de Revolución Ciudadana: así se definirá el futuro de Marcela Aguiñaga tras polémica con Rafael Correa
El futuro político de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, podría definirse en la Convención Nacional del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que se realizará el 10 y 11 de enero de 2025 en Manta, provincia de Manabí.
La presidenta de la organización, Luisa González, ha manifestado que el encuentro marcará un nuevo impulso interno con énfasis en la participación de las bases y la renovación del movimiento.
La convención se desarrollará en medio de la creciente tensión entre Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa, líder máximo de la RC, quien este martes rompió públicamente con la prefecta.
Correa marca distancia de Aguiñaga
“Marcela querida: eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros no lo haremos”, escribió Correa en su cuenta de X, luego de que la prefecta manifestara en una entrevista que analiza su salida del movimiento.
Aguiñaga también recordó su trayectoria dentro de la RC. «Yo voy a recordar lo que he sido para la RC, yo soy política desde que inició este partido. He aguantado las duras y las maduras. Siento mucha nostalgia dejar la organización que he ayudado a construir«, señaló la prefecta, que también fue líder nacional del movimiento antes de que asumiera ese cargo la excandidata presidencial Luisa González.
La prefecta enfatizó que »el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa y el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común”.
Correa respondió nuevamente con un mensaje cargado de ironía. «Marcela: No reflexiones NADA. Te insisto: eres demasiado importante y sabia para nosotros. Seguramente con Lourdes Tibán y tu -merecido- capital político ganarás la reelección. Eres una mujer muy valiosa. Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo. Un abrazo y el cariño de siempre», escribió Correa en otra publicación en X.
El exmandatario ya había criticado fuertemente a Aguiñaga el pasado 20 de noviembre, cuando la prefecta se reunió en Guayaquil con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien es una acérrima opositora del correísmo.
Reacciones dentro del correísmo
La asambleísta correísta Paola Cabezas dijo este miércoles que el conflicto entre Correa y Aguiñaga deberá resolverse en las instancias internas del movimiento. “Hay problemas urgentes del país que necesitan atención, antes que una situación interna. No entiendo por qué esto ha escalado a tal nivel”, dijo.
Asimismo, el legislador Héctor Rodríguez coincidió en que será la Convención Nacional la que determine si corresponde una separación, expulsión u otra medida disciplinaria.
«Dentro de la lógica de Revolución Ciudadana tenemos instancias que tendrán que resolver si cabe la separación, expulsión o lo que fuera. No soy parte del comité de ética, pero tengo entendido que hay un tratamiento especial y el buró comunicará al respecto», señaló.
También recordó que Rafael Correa es el presidente vitalicio del movimiento, por lo que su voz “no solo es autorizada, sino relevante” en estas decisiones.
En medio de la polémica, Luisa González también ha enfatizado que «todo lo alcanzado en estos años no es mérito de una sola persona, sino de un gran equipo, incluido Rafael Correa, los miembros del buró, la militancia de la RC5, los ciudadanos, comunicadores, influencers y todos quienes han contribuido a este proyecto político».
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