Nacionales
Corte Constitucional se renueva con los candidatos propuestos por el Gobierno y la Asamblea Nacional
La Corte Constitucional (CC) experimentará una reestructuración en su pleno con la designación de tres nuevos jueces elegidos mediante un concurso público que realizó una Comisión Calificadora y del que los mejor calificados fueron Richard Ortiz Ortiz, Jhoel Escudero Soliz y Alejandra Cárdenas Reyes, que asumirán sus cargos en los próximos días en el pleno de la Asamblea Nacional.
Estos tres últimos serán jueces principales, mientras que Ana Donoso Bustamante y Luis Sarango Macas fueron designados para el banco de elegibles.
Casi seis meses tomó a la Comisión Calificadora organizar este concurso de méritos, impugnación ciudadana y oposición, que se inició con nueve candidatos auspiciados por tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social.
Son dos candidatos auspiciados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y una por el pleno de la Asamblea Nacional quienes aseguraron su ingreso a la Corte.
Es la Constitución en sus artículos 432, 433 y 434 que establece la metodología para su designación.
La Corte se integra por nueve jueces, que estarán en funciones por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
Este 5 de febrero se cumplen tres años del primer periodo del organismo, que fue designado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t), por lo que corresponde su renovación parcial.
Para escoger a los jueces que terminarán sus funciones, el presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes, instalará el próximo lunes, a las 11:00, un pleno para realizar el sorteo público, con ese efecto.
Hasta el momento, ninguno de los nueve jueces ha anunciado la posibilidad de su renuncia por lo que entrarán en este sorteo: Hernán Salgado, la vicepresidenta Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Teresa Nuques, Carmen Corral, Karla Andrade, Agustín Grijalva, Alí Lozada y Enrique Herrería.
La Comisión Calificadora, presidida por Vanesa Aguirre, inició el concurso público con nueve candidatos: Richard Ortiz, Bárbara Terán y Jhoel Escudero, postulados por la Presidencia de la República.
Alejandra Cárdenas, Luis Sarango y Salim Zaidán, por la Asamblea Nacional; y, Ana Donoso, Carlos Vásquez y Jorge Sosa, por la función de Transparencia.
De ellos, renunciaron Zaidán, Terán, Vásquez y Sosa, quedando el proceso con cinco postulantes.
La noche del 2 de febrero, la Comisión anunció en una resolución final que no aceptó los pedidos de recalificación de los méritos y exámenes orales y escritos sobre 100 puntos obtenidos por los cinco concursantes.
Ortiz tiene 54 años y alcanzó un puntaje de 94/100: 18 en méritos, 39 en su prueba escrita y 37 en la oral.
Catedrático, fue asesor en la Asamblea Constituyente del 2008. Luego secretario del Tribunal Contencioso Electoral que se instaló en la transición, entre el 2008 y 2011; exsecretario de la Comisión de Justicia de la Legislatura, al ser cercano al exasambleísta correísta Mauro Andino, de quien también fue su asesor.
Jhoel Escudero, de 42 años, tuvo 93 puntos. De ellos, 20 en méritos, 38 la prueba escrita y 35 en la oral. Docente, fue asistente, asesor y coordinador constitucional académico de la Corte Constitucional cuando la presidió Patricio Pazmiño.
Alejandra Cárdenas, con 47 años, obtuvo 89,5. Por méritos 16,5; en su examen escrito 35 y en el oral 38. Es catedrática y ha sido consultora de grupos de la sociedad civil.
Donoso, que estará en el banco de elegibles, obtuvo 75/100, de los que en sus méritos tiene 20, en el examen escrito 23 y, 32 en el oral. Catedrática y abogada en libre ejercicio, fue jefa de despacho de la actual vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar.
Luis Sarango, de 59 años, tiene 58,9 puntos: 14,5 en méritos, 15 en su prueba escrita y 29,4 en la exposición oral. Indígena kichwa Saraguro es catedrático y exasesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de otras organizaciones sociales indígenas.
Estas autoridades serán posesionadas en la Legislatura para iniciar sus funciones, y la primera sesión en la que participarán será para la elección de las nuevas autoridades de la Corte.
Esto porque al cumplirse el primer periodo, el pleno debe elegir a un nuevo presidente y vicepresidente, en lugar de Salgado y Salazar. Aunque la Ley de Garantías Jurisdiccionales no descarta la reelección. (I)
Nacionales
Antes de una reforma de pensiones, se deben vender USD 2.000 millones en activos para dar liquidez al IESS, dice Presidente Noboa
El Presidente Daniel Noboa dijo este 28 de agosto de 2026, que antes de ir a una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cuanto a aportes y pensiones, es necesario que primero la entidad consiga liquidez vendiendo sus activos, entre ellos, bienes raíces como terrenos, lotes, edificios, entre otros, que estarían valorados en USD 2.000 millones.
Noboa dijo esto al ser consultado en una entrevista en Radio Centro Digital sobre qué pasó con la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la que había hablado el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en 2025.
De ahí que Noboa enfatizó que una reforma que implique, por ejemplo, un aumento en los aportes, podría afectar en la generación de empleo en Ecuador.
«Antes de cualquier reforma al IESS debemos generar USD 2.000 millones en liquidez. Así aguantas el bache y sostienes este proceso de mayor generación de empleo. Si tenemos que vender activos para generar caja y sostener el proceso, hay que hacerlo», dijo.
Y añadió que ha pedido a Bernardo Cordovez, el delegado de la Función Ejecutiva y presidente del Consejo Directivo del IESS, que los venda.
» He dado la orden a Bernardo, le he dicho: ‘hermanito, vende todos los activos, ¿qué haces con tantos edificios, terrenos, macro lotes, cuando necesitas atender salud y pensiones?’ …Ya se comenzaron a vender, pero hay mafias que no quieren que se venda nada», explicó.
El catastro de bienes del IESS, con fecha del 19 de marzo de 2026, está compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades.
El seguro campesino cuenta con 676 inmuebles, el 48,7% del total de los predios, mientras que el de pensiones tiene 389 bienes, el 28,05%. Le siguen en la cartera inmobiliaria los seguros de salud (9,37%) y de la Dirección General del IESS (13,7%).
Ahí constan oficinas administrativas, edificaciones, terrenos. Entre ellos, dispensarios del Seguro Campesino como Barabón, de 912 metros en Azuay, hasta hospitales de tercer nivel como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, de una extensión de 82.150 metros cuadrados.
Menos colocación de crédito hipotecario del Biess
Noboa enfatizó que el IESS requiere liquidez con urgencia y puso como ejemplo que el banco del IESS, (Biess) ha tenido que reducir la colocación de créditos hipotecarios, para atender al sector de salud.
«Ha tenido que reducir sus inversiones en créditos hipotecarios para atender salud; menos créditos de vivienda a 2,99% para arreglar un hospital» Daniel Noboa.
A junio de 2026, la cartera de crédito hipotecario del Biess sumó USD 6.627 millones; esto es una caída de 2,37% frente a junio de 2025. Fuente: Vistazo
El presidente Daniel Noboa aseguró que prefectos, alcaldes y asambleístas son dueños de dializadoras con derivaciones. Además, habló sobre los cambios ejecutados en el sistema de salud para mejorar la atención.
En entrevista con Radio Centro, el mandatario detalló que se han realizado más de 24 auditorías en hospitales, muchas de las cuales terminaron en detenciones, pero hay “estructuras grandes” que siguen obstaculizando el trabajo.
Agregó que incluso hay periodistas que tienen medios digitales e insultan al gobierno, pese a que son proveedores del Estado.
“Cómo puedes salir a criticar si eres proveedor del sistema de salud y al mismo tiempo tu pareja está en todas las mafias eléctricas desde hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, arremetió sin especificar nombres.
Noboa comentó que se está trabajando en repotenciar varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero eso requiere una alta inversión.
Por ello, indicó que esa institución ha implementado un plan para vender “bienes ociosos” como terrenos, edificios y oficinas desocupadas.
“Antes de hacer una reforma debemos generar USD 2.000 millones en liquidez en venta de activos”, detalló el jefe de Estado.
Tecnología para la atención en salud
La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, avanzó que se está implementado telemedicina para descongestionar la demanda de atención física en hospitales.
En cuanto a medicamentos, el presidente Noboa informó que trabajan en fortalecer el sistema de atención primaria para que las personas obtengan más rápido los fármacos sin necesidad de trasladarse a hospitales de especialidades.
Dedalus es una plataforma líder en Europa y referente mundial en servicios de salud digital para historias clínicas electrónicas y diagnóstico médico. Fuente: Vistazo
Nacionales
Contratos a la carta: Así Celec modificó las reglas para pagar USD 104 millones a Progen sin generar un megavatio
En el caso Apagón, la Fiscalía sigue revelando detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Ministerio de Energía habrían operado para desembolsar fondos a la firma estadounidense Progen de forma irregular.
La trama involucró dos contratos de emergencia por USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios de potencia en las centrales Salitral (100 megavatios) y Quevedo (50 megavatios).
Según el Ministerio Público, mediante un contrato complementario y cambios de reglas que flexibilizaron los hitos de pago originales, se transfirieron USD 104,4 millones a la contratista de forma injustificada.
Los desembolsos se pagaron pese a que la proveedora entregó motores usados y fabricados en 2009. Al día de hoy, los equipos no han generado un solo megavatio de energía y el país todavía intenta cubrir el déficit de generación eléctrica a puertas de un nuevo estiaje.
Los contratos y el primer ‘retraso’
El 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron dos contratos por USD 149,1 millones: Salitral, por USD 99,4 millones y 120 días de plazo, y Quevedo, por USD 49,7 millones y 95 días.
En lugar del anticipo de ley al que Progen renunció, las partes acordaron pagar el 70% del monto total del contrato en el extranjero contra la presentación del listado de empaque, omitiendo requerir garantías
de buen uso de fondos públicos. Ese mecanismo quedó establecido en el Hito 1 de los contratos.
Eso significa que, en lugar de que ese pago estuviera condicionado a que los equipos llegaran, fueran instalados y demostraran que funcionaban, solo se exigió un documento que señala qué equipos se están enviando; la cantidad de unidades; la descripción de cada equipo, peso, número de serie.
Los plazos de 120 y 95 días, respectivamente, de cada contrato debían contarse desde la fecha de la firma del contrato. Sin embargo, un retraso administrativo, que hoy la Fiscalía investiga, alteró los contratos por primera vez, en un evidente beneficio para Progen.
Cristian Dahik, hoy uno de los vinculados al caso Apagón, entonces subgerente de Termopichincha, habría retrasado la protocolización de ambos contratos por 33 días en la Notaría 47 de Quito.
Con base en esta demora, se postergó el inicio del plazo de Quevedo al 3 de septiembre de 2024, otorgándole a la contratista un beneficio de 32 días de gracia en el cronograma.
La adenda y la flexibilidad
Tras esta demora, el plazo original del contrato de Quevedo venció el 10 de diciembre de 2024.
Sin embargo, pese a que el vínculo principal ya estaba extinto, el 11 de enero de 2025 Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron el contrato complementario TPI-CON-0001-25. Este instrumento, que contó con el informe favorable de Daniela Gordillo, fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones. Todos están siendo procesados por peculado.
Además, el contrato complementario de Quevedo concedió 62 días adicionales de plazo, impidiendo la aplicación de multas por mora.
Y las nuevas reglas se cumplieron. De forma sucesiva, entre enero y marzo de 2025, se procesaron las cinco órdenes de pago numeradas de la 340943 a la 344891 a favor de la cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama, acumulando una transferencia neta por un valor de USD 34,79 millones.
En Salitral, en cambio, el exadministrador Marlon Casilla negó una prórroga de 55 días por falta de justificativos. Sin embargo, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un nuevo criterio a Daniela Gordillo. Con este informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas por 57 días (Resoluciones TPI-RES-0014-25 y TPI-RES-0020-25).
Estas ampliaciones de plazo en Salitral viabilizaron que la contratista Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,9 millones o 70% del contrato, dinero transferido el 1 de octubre de 2024.
Al vencerse el cronograma de ese contrato, el 27 de febrero de 2025, se certificó que los 29 grupos electrógenos jamás llegaron a la central, quedando el proyecto con un 0% de puesta en marcha. Y sin que retorne el dinero.
LA RUTA DE LOS USD 104,4 MILLONES
Celec pagó a Progen más de USD 104 millones sin que la empresa haya generado un megavatio.
Central Salitral (100 MW)
Central Quevedo (50 MW)
Ficha técnica inicial (TPI-CON-0062-24)
Objeto del contrato: Adquisición de 29 grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha.
Monto original: USD 99.400.000
Plazo original: 120 días calendario.
Fecha de firma: 2 de agosto de 2024.
Fecha real de inicio: 3 de septiembre de 2024 (tras 33 días de retraso en protocolización notarial).
Hito de pago: El desembolso del 70%
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Fuente: Satje/Fiscalía/Sercop
Esta visualización fue creada con Gemini, inteligencia artificial de Google.
Gráfico: PRIMICIAS
¿Un modus operandi?
La investigación judicial del caso Apagón evidencia, además, que la trama de Progen era similar al patrón operativo empleado con el caso ATM.
En este proceso, Ecuador firmó con la firma uruguaya Austral Technical Management para la central Esmeraldas III.
Ambos proveedores desistieron de recibir el anticipo legal. Según la Fiscalía, esto podría haber buscado evadir la entrega de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos
En ambos casos, además, las adendas permitieron a las empresas cobrar millones de dólares en el extranjero mediante simples embarques, sin que los desembolsos dependieran de la instalación física o de la generación eléctrica.
Mientras Austral cobró USD 71,4 millones con motores viejos e incompatibles con el sistema nacional, Progen recibió USD 104,4 millones sin generar un megavatio.
Los peritajes técnicos demuestran que las dos firmas entregaron motogeneradores usados del año 2009 en lugar de equipos nuevos de última tecnología. Varias de estas unidades presentaban placas limadas y números de serie alterados.
El país pagó USD 175,8 millones en total a ambas firmas, pero continúa apagado y sufriendo cortes de energía por la falta de generación. Pero en el caso de ATM, el holding estatal Celec ni siquiera había terminado unilateralmente el contrato hasta el 29 de julio de 2026. Fuente: Primicias
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