Nacionales
“Nunca hubo tantas demandas contra una ley”: Corte choca con defensa de la Asamblea por Ley de Integridad Pública
«No recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley», dijo el juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán, en la primera jornada de la audiencia pública por las 26 acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. La primera parte de esta diligencia tomó ocho horas y media en modalidad telemática este 27 de agosto de 2025.
Con la impresión de Terán, quien se encarga de sustanciar las demandas contra esta norma, no estuvo de acuerdo la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla: «Me sorprende que diga nunca. En la época de (el expresidente Guillermo) Lasso pasó lo mismo con el Código Monetario».
Mediavilla atribuyó estas acciones a que se trata de «reformas estructurales» impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. «Debido a la situación del país, evidentemente van a haber disidencias, pero es necesario», sostuvo.
Dudas de los jueces
Sin embargo, esa respuesta no satisfizo a los jueces, quienes increparon si la norma cumple con el objetivo y la unidad de materia para la que fue planteada, así como si se garantizó la participación de la sociedad civil, de autoridades de la Judicatura y de la Fiscalía en el trámite.
En principio, esta Ley ingresó al Parlamento con el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio público y mejorar los procesos de compras públicas, pero terminó incluyendo reformas penales como parte del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Noboa, o la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, lo que centró las interrogantes de los jueces.
¿Se invitó a organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades de la Fiscalía, de la Judicatura, para el análisis del proyecto? ¿Cómo contribuyen las reformas penales a la eficiencia del servicio público? Fueron las preguntas de los jueces Alí Lozada, Claudia Salgado y Jorge Benavides.
Mediavilla dijo que los asambleístas son los representantes del pueblo, que el proyecto de ley sí fue difundido y que para la ciudadanía «se vuelve un tema propositivo», pues tiene la opción de solicitar a la comisión legislativa que se reciba su criterio, durante el tratamiento de una norma.
«No queremos intervenir para nada en la Función Judicial», apuntó el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, al tiempo de remarcar que «la justicia no deja de ser un servicio público».
Terán suspendió la audiencia pública al cabo de ocho horas y media, y dijo que se retomará este jueves 28 de agosto, a las 10:00, cuando las partes podrán replicar, los jueces volver a preguntar y dar paso a las decenas de solicitudes de amicus curiae, antes de que el Pleno de la Corte adopte una resolución.
Puntos polémicos de la Ley
Esta normativa causó revuelo entre los funcionarios públicos de todo el país, cuyos gremios presentaron más de dos decenas de demandas en su contra, en vista de que contempla despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras. Sin embargo, en el caso 52-25-IN, que llega a audiencia, se acumularon otras 25 causas. Restan otras cinco por tramitar.
Por ejemplo, esta Ley quitó inicialmente la compensación por retiro voluntario entre los 60 y 65 años, pero el oficialismo echó marcha atrás, cuando los sindicatos amenazaron con movilizaciones.
Sin embargo, se mantienen aspectos como las nuevas evaluaciones, de las que dependerá la estabilidad laboral; la modificación del pago por despido intempestivo, la eliminación de la temporalidad de los contratos ocasionales, entre otras.
Pero la Ley de Integridad terminó incluyendo temas como la polémica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al Código de la Niñez para juzgar como adultos a los menores de edad.
La audiencia, liderada por el juez José Luis Terán, empezó de manera telemática alrededor de las 10:30. Cada demandante tuvo 10 minutos para exponer sus argumentos y las autoridades de la Presidencia y la Asamblea 20 minutos para defenderla.
Los funcionarios judiciales acusan al Ejecutivo
En la audiencia telemática participaron los representantes del Colectivo Fiscalía Unida, de la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador y de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Los abogados rechazaron la propuesta legal aprobada por el presidente Daniel Noboa y el oficialismo en la Asamblea Nacional.
Uno de los abogados de los demandantes advirtió sobre la pérdida de derechos a la que están quedan sometidos los funcionarios judiciales con esta Ley, que afirmó tienen el objetivo de permitir la intervención del poder judicial y el control político, permitiendo la acumulación de poder por parte del Ejecutivo.
Los demandantes calificaron a la normativa como una leguleyada e incluso como una «Barney bolsa» o bolsa «de Doraemon», haciendo alusión a los programas infantiles en los que los personajes tienen bolsas mágicas de las que pueden sacar cualquier objeto.
También pidieron a los jueces que tengan en cuenta el contexto en el que el Gobierno emitió la Ley de Integridad Pública, durante un estado de violencia nunca antes visto y en el cual acusaron al Ejecutivo de «ser responsable por omisión».
«En el terror, que justificadamente siente la ciudadanía, el Gobierno Nacional ha generado un escenario perfecto para ejecutar una campaña agresiva e incluso falaz en contra de los funcionarios públicos y especialmente en contra de los funcionarios judiciales», afirmaron.
La calificaron de una práctica deshonesta, que se lleva a cabo en contra de los operadores de justicia e incluso recordaron la campaña en contra de la misma Corte Constitucional. Una de las funcionarias preguntó ¿qué gana el Gobierno con la salida de los funcionarios judiciales?
La funcionaria habló de los peligros de los despidos de los funcionarios de carrera sin el debido proceso y sin respeto a sus derechos; la posibilidad de que ingresen personas sin concurso de méritos y «solo con la venia de las autoridades de turno»; la inestabilidad que tendrían estos nuevos funcionarios y su vulnerabilidad a la violencia y las injerencias en el sector judicial.
La representante del colectivo incluso afirmó que la familia del Primer Mandatario se benefició de la Ley de Integridad con un descuento de la deuda que tenían sus empresas con el Servicio de Rentas Internas por alrededor de USD 95 millones y que bajó a 21,7 millones.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también participó y criticaron que se abra la puerta a declarar la emergencia en el poder judicial, simplemente por decisión del titular de la Judicatura y una minoría simple en el pleno.
A la vez, dijo que la idea de una emergencia judicial es ficticia, puesto que los problemas se deben a la reducción del presupuesto de la Función por parte del Ejecutivo y a la precarización del Consejo de la Judicatura, envuelta en constantes polémicas.
El abogado de la Asociación rechazó los cambios en el régimen disciplinario, con normas abiertas y ambiguas que perjudicarán a los funcionarios, al igual que la regresión de derechos laborales.
Los argumentos de las otras 25 demandas ciudadanas
Las demandas planteadas por sindicatos, gremios, ciudadanos individuales, sociedad civil acusan a la Ley de Integridad Pública de inconstitucional por la forma, es decir, por el trámite que recibió y las materias que trata, y por el fondo, haciendo referencia al contenido específico de decenas de artículos.
Los abogados afirman que se vulneró el trámite parlamentario en la Asamblea Nacional y que la normativa no cumple con la unidad de materia, con temas que entraron «por la ventana» y una votación plenaria que no contó con los textos definitivos que supuestamente se aprobaron.
Por ejemplo, recuerdan que en el segundo debate, el legislador Andrés Castillo «metió por la rendija» la reforma penal sobre los menores de edad, que no estaba contemplada en el proyecto, con lo que incumplió el requisito constitucional de que todos los temas pasen por dos discusiones plenarias.
Uno de los abogados acusó a los legisladores de intentar convertir las leyes urgentes en «cajas de sastre», para incluir todos los temas que quepan en su contenido, sin importar la desconexión entre las materias. A esto sumaron también el impedimento de que ciertos legisladores participen en el debate.
Los demandantes consideran que la Ley restringe derechos, debilita la independencia judicial, afecta el interés superior de los niños, afectan la seguridad jurídica, impiden el debido proceso, crea figuras no previstas en la Constitución y va en contra de tratados internacionales. La calificaron de un contrabando de normas, que ejemplifica el caos legislativo.
Por lo que cuestionaron si un nuevo régimen penal para los menores de edad, las reformas para declarar emergencia en la Función Judicial o las reformas laborales al sector público tienen relación con la estabilidad fiscal, como para incluirlos en una ley económica urgente.
Además, señalan que las alteraciones al servicio público representan una violación a los derechos adquiridos por los funcionarios del Estado, y que generaría precariedad, vulnerabilidad y dejaría la puerta abierta a la arbitrariedad y discrecionalidad administrativa.
Otro punto polémico es la inclusión de una reforma transitoria que ordena que las cooperativas se conviertan en bancos y fue calificada como «una cura improvisada para un mal diagnóstico».
Los demandantes la califican como una regresión de derechos, una afectación a la libertad de asociación y al pluralismo económico, una desnaturalización del propósito colectivo de las cooperativas y como un desconocimiento del sistema económico reconocido por la Constitución y el derecho internacional.
La respuesta de la Asamblea y el Ejecutivo
La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica, defendió el tratamiento y contenido de la Ley de Integridad Pública, argumentando la paralización de servicios públicos y la pérdida de unos USD 930 millones en corrupción y mala gestión.
La funcionaria hizo alusión a una sentencia de la Corte Constitucional en la que se estableció que el principio de unidad de materia no debe ser excesivamente rígido. Sin embargo, afirmó que todo el articulado, que reforma 22 otras normativas, sí tiene relación con la integridad en el sector público.
Como respuesta a las denuncias de regresión de derechos, Mediavilla se limitó a explicar los conceptos de eficiencia y eficacia. Tras lo cual argumentó «la necesidad urgente de limpiar nuestras instituciones públicas», por lo que esta reforma implica una reestructuración de todo el servicio público.
Nada dijo la abogada de la Asamblea sobre las acusaciones de que se incluyeron nuevos temas en el segundo debate, que Niels Olsen no permitió la participación de ciertos legisladores en el debate o que el texto que se votó no tenía los cambios finales que se hicieron en el pleno.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, dijo que la Ley de Integridad busca que la ciudadanía se reactive a través de una administración pública oportuna y de calidad. Y agregó que no se trataba inicialmente «solo» de una ley de contratación pública.
Además, el funcionario dijo que la misma Corte ha dictaminado que las leyes no pueden ser declaradas inconstitucionales solamente por una ausencia de unidad de materia, ya que esa acusación debe argumentar también la afectación a un precepto constitucional.
Andino argumentó que los únicos competentes para determinar si una ley es económica urgente son el Presidente de la República y el Consejo de Administración Legislativa, como ha dictaminado previamente la Corte Constitucional. Y que si el pleno de la Asamblea votó por incluir temas en el proyecto, eso no puede declararse inconstitucional.
Sobre la intención de convertir las cooperativas en bancos, el secretario Jurídico afirmó que no todas estas entidades tratan a sus socios como tales, sino como clientes, por lo que no existe el cooperativismo, lo que implica un fraude constitucional. Y dijo que esto se comprueba con los niveles de pobreza que se mantienen en los sectores donde están dichas cooperativas.
Y agregó que «hay algunos pillos que están utilizando este mecanismo para lavar dinero, para simular que son cooperativas y no transformarse en bancos y tener los controles adecuados.
Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos presentados por la Asamblea y la Presidencia. Y afirmó que los legisladores no pueden tipificar en cada norma todas las infracciones y sanciones administrativas, por lo que estas pueden ser elaboradas en un reglamento o resolución de las autoridades competentes.
El abogado de la Procuraduría también recordó que el principio de la estabilidad laboral no es absoluto, como tampoco lo es el derecho al trabajo, puesto a que están sujetos a prescripciones de carácter general, establecidas en el ordenamiento jurídico, y restricciones de índole concreta, por parte de las autoridades administrativas.
El abogado del Ministerio del Trabajo, Andrés Castillo, señaló que la Ley de Integridad responde a los vacíos normativos que garantizaban estabilidad laboral sin eficiencia ni resultados, lo que ha generado distorsiones en el sector público.
Entre los problemas mencionados por este funcionario están: la permanencia de personal con bajo desempeño; el abuso de figuras contractuales, como los contratos de servicios ocasionales; y vacíos en las modalidades especiales, como el teletrabajo.
Según Castillo, la Ley y su Reglamento buscan que la estabilidad laboral de los servidores públicos estarán ligados a los resultados y metas, luego de una evaluación de desempeño, bajo el debido proceso. Y que los objetivos son fortalecer la profesionalización del servicio público, erradicar la ineficiencia e improductividad y reformar la ética pública y la meritocracia.
Las preguntas de los jueces constitucionales
El presidente de la Corte, Alí Lozada, abrió el espacio de preguntas de los magistrados y pidió a los abogados del Estado que amplíen sus argumentos sobre los vicios de forma, como la unidad de materia y de si realmente se trata de un proyecto económico urgente.
A ojos del magistrado, el tiempo de intervención pudo haber limitado las respuestas de los abogados, que inicialmente hablaron del fin social de la Ley y después argumentaron que el objetivo era la integridad pública.
Además, Lozada comentó que «con alguna imprecisión» el secretario Andino citó dictámenes previos de la Corte y le pidió que aclaré su argumento de que sería infructuoso declarar que no habría unidad de materia.
La jueza Alejandra Cárdenas insistió el ámbito de aplicación de la Ley de Integridad Pública, según los propios artículos de la normativa, se refiere a la administración pública, a las personas naturales y jurídicas que mantengan un vínculo con ella y sobre los servicios a la ciudadanía.
Por lo que cuestionó qué relación podrían tener los artículos sobre adolescentes infractores, reformas de movilidad humana y de cooperativas. Cárdenas también pidió mayor precisión en cuanto a cómo cumple esta normativa con la unidad de materia.
El juez Raúl Llasag consultó a los abogados cómo se garantiza una administración pública libre de corrupción libre de corrupción con la remisión del 100% de intereses en el pago de las deudas tributarias hasta el cierre de 2024, que establece la Ley en la disposición transitoria decimotercera. Fuente: Primicias
Nacionales
Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados
Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.
Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.
Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.
Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.
Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.
DESAPARICIÓN FORZADA
Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.
Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.
Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.
En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.
“Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.
LO QUE SALIÓ A LA LUZ EN EL JUICIO
Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.
Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.
ERROR DE PROCEDIMIENTO
Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.
Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.
Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.
“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.
Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.
LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO
En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.
En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.
Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.
Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.
Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.
GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.
Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.
Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.
Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.
Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.
Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.
Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.
Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.
De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo
Nacionales
Lundin Gold lidera el sector minero e ingresa por primera vez al top 100 de reputación corporativa de MERCO en el Ecuador
Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte, ingresó por primera vez al top 100 del ranking Merco de empresas con mejor reputación del Ecuador en su primera década de presencia en el país. Además, alcanzó el primer lugar en el sector minero, un doble hito que consolida su liderazgo en la industria y evidencia la madurez de un modelo de gestión alineado con estándares de transparencia, responsabilidad y excelencia. Merco evalúa, a través de una rigurosa metodología, la percepción de líderes empresariales, analistas, periodistas especializados, academia, ONG, consumidores y otros grupos de interés, lo que refuerza la legitimidad y alcance de este resultado.
“Figurar en el top 100 de este ranking con solo seis años de operaciones en el país es un logro especialmente significativo considerando el modelo Business to Business de nuestro giro de negocio. Este resultado en Ecuador es reflejo de nuestra sólida Estrategia de Sostenibilidad y de los impactos positivos que ha generado de manera consistente a lo largo de los años. Esta Estrategia está construida sobre una serie de alianzas que permite que nuestros grupos de interés conozcan a fondo la forma en la que trabajamos.”, señaló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.
La presencia de Lundin Gold en este reconocido monitor internacional demuestra la coherencia entre su desempeño operacional, su filosofía corporativa y su Estrategia de Sostenibilidad.
Nacionales
“Defensa jurídica desmonta denuncias y advierte: la remoción de concejales en Morona carece de sustento legal”
Morona, Santiago — En una entrevista en un medio digital de Macas, la abogada Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral y defensa técnica de autoridades locales, informó a la ciudadanía sobre el proceso de remoción que enfrentan la vicealcaldesa y tres concejales del cantón Morona. El caso, activado a partir de denuncias ciudadanas y una acusación de supuesta arrogación de funciones en territorio perteneciente al cantón Sevilla Don Bosco, ha generado amplias reacciones en la provincia.
Según explicó la abogada Jaramillo, las denuncias que buscan la remoción de las autoridades municipales no fueron presentadas por el exconsejero destituido Juan Escobar Guarderas, como se ha difundido públicamente, sino por Jorge Paucar Heredia y por el GAD Municipal de Sevilla Don Bosco, en tres acciones distintas:
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Una contra los tres concejales.
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Otra contra la vicealcaldesa y los concejales.
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Y una tercera exclusivamente contra la vicealcaldesa.
El eje de las denuncias se basa en varias resoluciones adoptadas por el Concejo Municipal en noviembre de 2025, entre ellas, las resoluciones 9.16, 9.20 y 9.27— relacionadas con cupos y regulación de taxis en el cantón Morona.
Un proceso con tintes políticos y vicios de procedimiento
La defensa sostiene que el proceso presenta vicios sustanciales, especialmente en la convocatoria a la Comisión de Mesa, las excusas presentadas, la principalización de vocales, y elementos de procedimiento que son obligatorios conforme al artículo 336 del COTAD.
Jaramillo recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido claro en varias absoluciones de consulta entre 2023 y 2025: la mayoría de procesos de remoción en el país no han prosperado por fallas procedimentales y por su evidente carácter político.
“Macas es la nueva víctima de una narrativa de conmoción”
La abogada cuestionó la presencia en el cantón del exconsejero Guarderas, a quien señaló por “vender humo” y generar una narrativa que confunde a la ciudadanía, sin tener legitimidad ni participación formal en las denuncias.
“Una persona que no pertenece al cantón ni eligió a las autoridades no puede venir a imponer una agenda política. La remoción debe basarse en hechos verificables, no en espectáculos mediáticos”, afirmó.
Requisitos para la remoción y votación necesaria
Jaramillo precisó que la remoción no es lo mismo que una destitución y que únicamente puede concretarse mediante:
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Una denuncia ciudadana debidamente fundamentada y reconocida ante notario.
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La tramitación del proceso por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y la Comisión de Mesa.
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La votación del Concejo Municipal, que requiere las dos terceras partes, es decir, cuatro votos.
En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la abogada informó que se recurrirá al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una absolución de consulta, mecanismo que ha revertido múltiples decisiones en el país por incumplir garantías y solemnidades legales.
Expectativa jurídica
“Honesta y jurídicamente esperamos que estas denuncias no pasen de la Comisión de Mesa y sean archivadas. Si llegaran al pleno, sustentaremos con pruebas que no existe incumplimiento de funciones”, declaró.
Llamado a la ciudadanía
Para finalizar, Jaramillo exhortó a la comunidad a informarse con rigor jurídico y a no permitir que intereses externos afecten la institucionalidad del cantón:
“La remoción es un mecanismo ciudadano que debe ejercerse con legitimidad, fundamentos técnicos y responsabilidad democrática. Cuando hay tintes políticos y no bases jurídicas, estos procesos no prosperan y solo generan inestabilidad en la gestión pública.”
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