Nacionales
Fusión del Ministerio del Ambiente y Energía: Riesgos Constitucionales y Ambientales Bajo la Lupa
El Dr. Freddy Aguilera, abogado y reconocido defensor de derechos colectivos, emitió un pronunciamiento desde la ciudad de Loja alertando sobre los potenciales efectos adversos de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo No. 60 por parte del presidente de la República.
“No se puede ser juez y parte”: Riesgo de conflicto institucional
Aguilera cuestionó la compatibilidad jurídica y técnica de unificar funciones de promoción de actividades extractivas con las de control y fiscalización ambiental dentro de una misma cartera de Estado. Afirmó que esta medida vulnera el principio constitucional de separación de funciones y puede comprometer la imparcialidad en la evaluación ambiental.
“Un mismo ministerio no puede autorizar y fiscalizar simultáneamente las actividades extractivas. Es un contrasentido técnico y jurídico que puede derivar en arbitrariedades y afectaciones graves a los derechos constitucionales”, sostuvo.
Vulneración a la consulta ambiental y derechos de la naturaleza
El jurista señaló con preocupación que esta reestructuración administrativa podría profundizar el debilitamiento de procesos de consulta ambiental, como ya ha ocurrido en recientes concesiones mineras en Palanda, Quinara y El Ingenio (Loja y Zamora Chinchipe), donde se habría omitido este proceso obligatorio.
Recordó que el artículo 398 de la Constitución exige la realización de consultas ambientales previas a la entrega de licencias, con participación libre e informada de las comunidades afectadas. “Decir que la minería es de bajo impacto para justificar la omisión de consulta ambiental es una falacia. El derecho a la consulta no es negociable”, manifestó.
Impactos en la soberanía alimentaria y economía campesina
Aguilera denunció que se están otorgando concesiones mineras en territorios de vocación agrícola y de producción sostenible, afectando directamente a pequeños agricultores que no pueden legalizar sus tierras ni acceder a créditos o inversión debido a la superposición de títulos mineros. “El Ecuador no puede sentarse sobre su riqueza mineral y morirse de hambre. La soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible deben ser prioridades constitucionales”, expresó.
Tráfico de concesiones y minería ilegal: una cadena de impunidad
El abogado alertó sobre una práctica sistemática en la que empresas con escaso capital social obtienen concesiones extensas sin capacidad técnica ni financiera, facilitando su transferencia informal y fomentando la minería ilegal y el involucramiento de estructuras delictivas organizadas.
“Estas empresas promueven la ocupación ilegal de las concesiones por parte de terceros, y cuando ya se ha generado una producción significativa, solicitan al Estado el desalojo. Con ello se expone a las fuerzas del orden, y el Estado termina actuando como cómplice indirecto del tráfico de concesiones”, explicó.
Crítica a la concentración de poder y debilitamiento institucional
Aguilera también expresó su inquietud por la falta de independencia técnica en el otorgamiento de licencias ambientales, al concentrar en una sola institución las funciones de ejecución de proyectos y su control. Rechazó cualquier intento de debilitar a la Corte Constitucional o someterla a presiones políticas.
“Debilitar la independencia de la Corte Constitucional sería gravísimo. Ha sido este organismo el que ha garantizado el respeto a la consulta previa y al derecho de la naturaleza. Sujetarla a juicio político es una amenaza directa al Estado de derecho”, advirtió.
Finalmente, el Dr. Aguilera instó a los ciudadanos y organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a las reformas estructurales que afectan el orden democrático, los derechos colectivos y el medio ambiente, señalando que no se puede justificar una modernización del Estado al margen de los principios constitucionales.
Nacionales
En exclusiva: Xavier Jordán es un «extranjero ilegal criminal» y estará preso hasta ser deportado, dice Estados Unidos
Luego de ser detenido la tarde del 16 de septiembre de 2026, Xavier Jordán fue trasladado a más de 1.600 kilómetros de distancia.
La detención se produjo específicamente en la intersección de la Avenida 84 y la Calle 58, en la ciudad de Doral, en el sur de Florida. Y, según el sistema del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue enviado al Winn Correctional Center en Winnfield, Luisiana.
Ese centro, operado por un contratista privado y ubicado en una zona rural, está ubicado a 1.600 kilómetros de distancia de la residencia de Jordán, un viaje de 14 a 15 horas por carretera o un vuelo que puede tomar unas dos horas.
Los sistemas oficiales de Estados Unidos, tanto del ICE como de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), todavía no muestran más detalles sobre la situación de Jordán en Estados Unidos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió, a través de su vocero, con un correo electrónico a PRIMICIAS, que el arresto fue ejecutado por agentes del ICE.
El DHS calificó a Jordán como un «extranjero ilegal criminal con arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, así como una orden de arresto por crimen organizado desde su país de origen, Ecuador».
Además, el Gobierno de Estados Unidos explicó que, según sus registros, Jordán ingresó a ese país el 3 de febrero de 2020 y tenía permiso para quedarse únicamente hasta el 2 de agosto de ese año. Por lo que permaneció de manera irregular en ese país durante más de seis años, agregó.
El vocero añadió que Jordán, en contra de las leyes de Estados Unidos, se quedó más tiempo de lo permitido. Por lo que «permanecerá bajo la custodia de ICE en espera del resultado de sus procedimientos de deportación».
«Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos». Vocero del DHS sobre Xavier Jordán
En Ecuador, Xavier Jordán tiene tres órdenes de prisión vigentes por tres casos. El primero se inició en 2020, justo cuando este sujeto se fue a Estados Unidos, y se relaciona con la corrupción en la provisión de insumos médicos para hospitales de Guayaquil durante la pandemia de Covid-19. Por este proceso tiene pendiente un juicio por delincuencia organizada.
El segundo caso es el denominado Metástasis, en el que Jordán también tiene un juicio pendiente por delincuencia organizada por supuestamente haber formado parte de la red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero. Por este proceso, además, tiene una orden de búsqueda de Interpol y un pedido de extradición.
Finalmente, según los registros judiciales, Jordán es parte de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato presidencial. En ese caso, está pendiente la resolución de llamado a juicio. Fuente: Primicias
Nacionales
Lucio Gutiérrez marca distancia del correísmo: “No auspiciamos candidatos delincuentes”
A través de un video en su cuenta de X, Lucio Gutiérrez salió a poner distancia entre Sociedad Patriótica (PSP) y la Revolución Ciudadana (RC5).
El expresidente reaccionó a versiones que presentan a su organización como parte de los acuerdos electorales del correísmo y lanzó una frase con munición política: “No auspiciamos candidatos delincuentes”.
Contexto electoral
La reacción se produce luego de que RC5 presentara sus cartas para varias alcaldías de Guayas. Entre los nombres divulgados aparece Cristian Moreta para Naranjal, cuya candidatura fue reportada bajo una alianza entre Sociedad Patriótica y el Partido Socialista Ecuatoriano.
“Podría compararles con ‘buitres’ o ‘hienas’ que están esperando que su presa cometa el mínimo error para lanzarse y despedazarlo, pero no lo voy a hacer”, expresó.
Luego dirigió el reclamo hacia quienes difundieron esas versiones: “Solo voy a decirles que antes de publicar mentiras, consulten con la fuente”, enfatizó.
Alianzas «sin resultados»
El correísmo llega a estas elecciones con «limitaciones». La Revolución Ciudadana permanece suspendida por nueve meses, por lo que varias de sus figuras han tenido que buscar espacio electoral a través de otras organizaciones.
En Manabí, Luisa González intentó competir mediante una alianza con Pachakutik y Jaime Estrada buscó llegar a la papeleta por Sí Podemos, pero ninguna de las dos candidaturas fue aceptada.
Ese escenario ha obligado a RC a explorar respaldos externos y alianzas puntuales, lo que ha generado fricciones con otras fuerzas políticas.
Nacionales
Tribunal ratifica condena de tres años de prisión a Aquiles por ‘Caso Grillete’
La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas desechó de forma unánime el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Con esta decisión, los magistrados dejaron en firme la condena de tres años de pena privativa de libertad dictada en primera instancia el pasado 3 de agosto de 2026.
El tribunal ratificó que Alvarez es autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La Fiscalía General del Estado demostró que el funcionario violó la disposición judicial que lo obligaba a portar de manera permanente un dispositivo de vigilancia electrónica.
El origen de la infracción
El proceso penal independiente se desprendió de una diligencia ejecutada el 10 de febrero de 2026. Durante un allanamiento en su domicilio vinculado al caso ‘Goleada’, agentes policiales y fiscales descubrieron que el burgomaestre no tenía puesto el grillete electrónico, el cual le había sido impuesto previamente como medida cautelar dentro del caso ‘Triple A’. De acuerdo con las pruebas testimoniales presentadas por la Fiscalía, el dispositivo fue encontrado cargándose cerca de su cama, confirmando el retiro del mismo sin autorización de un juez.
Multa y reparación integral
Además del tiempo en prisión, la resolución ratificada obliga al sentenciado a cumplir con las siguientes disposiciones de primera instancia:
- Sanción económica: Pago de una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a USD 4.820.
- Reparación simbólica: Obligación de ofrecer disculpas públicas.
- Difusión del fallo: Publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.
Complejo panorama jurídico
El abogado defensor de Alvarez, Julio César Cueva, cuestionó activamente la validez de la carga probatoria de la Fiscalía durante la audiencia virtual, argumentando que no se demostró una intención deliberada de incumplimiento. Sin embargo, la Sala validó los argumentos de la acusación pública.
Actualmente, Aquiles Alvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena. Este dictamen complica significativamente el frente legal del funcionario, quien además acumula una condena en primera instancia de seis años y ocho meses de cárcel por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso ‘Triple A’, sumado al trámite vigente del caso ‘Goleada’ por presunto lavado de activos.
Tras este revés en la apelación, la defensa del alcalde tiene como última instancia legal la interposición de un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia para intentar revertir el fallo. (I)
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