Reformas a la LOSEP: ¿Avance hacia la integridad pública o retroceso en derechos laborales?

 Introducción

El 26 de junio de 2025 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que introdujo 26 reformas significativas a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Bajo el argumento de fortalecer la ética, la eficiencia y la transparencia en el sector público, esta ley ha generado un intenso debate sobre su verdadero alcance. ¿Estamos ante una modernización del aparato estatal o frente a un proceso de regresión de derechos laborales consolidados?

Entre las reformas más controversiales destacan la obligatoriedad de pruebas de confianza, la evaluación semestral como base para la estabilidad laboral, la eliminación del artículo sobre acoso laboral, y la flexibilización de los contratos ocasionales, afectando directamente la seguridad jurídica del servidor público. Además, se trasladan aspectos claves, como las indemnizaciones, a una futura reglamentación, lo que introduce márgenes de discrecionalidad y vacíos legales.

Este artículo analiza las modificaciones más relevantes, sus implicaciones para el Estado, los servidores públicos y la ciudadanía, así como el debate constitucional que han provocado. En un contexto de tensión entre eficiencia institucional y derechos laborales, resulta fundamental evaluar si estas reformas constituyen un verdadero avance hacia la integridad pública o una precarización institucional del empleo público en Ecuador.

PRINCIPALES REFORMAS A LA LOSEP

1. Pruebas de confianza (Art. 22)

Los servidores públicos deberán someterse, además de evaluaciones periódicas, a pruebas de confianza obligatorias (polígrafo, evaluaciones psicológicas, psicométricas, toxicológicas, entre otras).

2. Derechos laborales condicionados (Art. 23)

• Estabilidad laboral supeditada a calificaciones de “excelente” o “muy buena”.
• Indemnizaciones sujetas a reglamentación futura.
• Restitución laboral tras fallo judicial se amplía de 5 a 15 días, sin pago de intereses por el proceso.
• Reingreso preferente solo para quienes tengan calificaciones excelentes y sin sanciones.

3. Eliminación del artículo sobre acoso laboral (Art. 24.1)

Se elimina una disposición clave que protegía a los trabajadores frente al acoso, debilitando los mecanismos de defensa laboral.

4. Restricciones a comisiones de servicio (Art. 31)

Solo se concederán comisiones de servicio si el servidor obtuvo calificación de excelente el año anterior.

5. Nuevas causales de destitución (Art. 48)

Un servidor podrá ser destituido si obtiene dos calificaciones insuficientes o tres calificaciones de “satisfactorio”, eliminando el requisito de dos insuficientes consecutivas.

6. Flexibilización de contratos ocasionales (Art. 58)

• Se elimina la conversión automática a nombramiento tras un año de servicio.
• Los contratos podrán terminarse discrecionalmente.
• El porcentaje de personal con contratos ocasionales será definido en el reglamento, ya no limitado al 20%.

7. Evaluación semestral obligatoria (Art. 80)

• Todos los servidores serán evaluados dos veces al año con seis criterios (cumplimiento de metas, la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia, la responsabilidad y los aportes al mejoramiento institucional), siendo estas evaluaciones vinculantes:
• Dos calificaciones insuficientes o una reevaluación negativa derivarán en la destitución.

8. Retiro y jubilación (Art. 81)

El retiro voluntario con compensación será aceptado solo desde los 65 años, con requisitos más restrictivos que los anteriormente vigentes.

9. Indemnización por supresión de partidas (Disposición General Primera)

El monto ya no será fijo según el Art. 29 de la LOSEP, sino determinado por el reglamento.

10. Derogación del artículo 89 de la LOSEP

Se elimina la disposición que garantizaba la estabilidad en el servicio público como principio general.

Impacto para los actores involucrados

PARA EL ESTADO

Ventajas:

• Mayor capacidad de control institucional.
• Eliminación de procesos largos para desvinculación.
• Mejora potencial en eficiencia y atención al ciudadano.

Desventajas:

• Posibles juicios por despidos sin indemnización.
• Pérdida de personal calificado y conflictos sindicales.

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Ventajas:

• Incentivos para la profesionalización y mejora del desempeño.
• Claridad en metas y procesos de evaluación.

Desventajas:

• Reducción de la estabilidad laboral.
• Evaluaciones frecuentes sin garantías sólidas de defensa.
• Desvinculaciones discrecionales y sin indemnización.

PARA LA CIUDADANÍA

Ventajas:

• Posible mejora en la calidad del servicio público.
• Mayor rendición de cuentas.

Desventajas:

• Inestabilidad en la atención por alta rotación de personal.
• Riesgo de decisiones burocráticas guiadas por el temor y no por vocación.

Debate constitucional y propuestas para una implementación responsable

Organizaciones como la UNE, CEOSL y CONASEP han cuestionado la constitucionalidad de las reformas, al considerar que violan el principio de estabilidad laboral, el debido proceso y la unidad de materia legislativa. Ante la posibilidad de demandas ante la Corte Constitucional, surgen propuestas para una aplicación más justa:

• Evaluaciones técnicas y auditables: basadas en indicadores objetivos y adaptados a cada función.
• Garantías de debido proceso: derecho a apelar y a defensa adecuada.
• Formación continua: inversión estatal previa a exigir altos rendimientos.
• Desvinculaciones responsables: evitar despidos masivos e implementar de forma progresiva.
• Participación ciudadana: incorporar encuestas de satisfacción en la evaluación institucional.

Conclusión

Las reformas introducidas a la LOSEP mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública marcan un cambio profundo en la forma en que el Estado regula y controla a sus servidores. Aunque se promueve un discurso de eficiencia y lucha contra la corrupción, muchas de estas reformas se traducen en una disminución de las garantías laborales, una flexibilización institucional y una concentración del poder discrecional en las autoridades.

La eliminación del principio de estabilidad, la ambigüedad sobre las indemnizaciones y la eliminación de protecciones frente al acoso laboral plantean serias dudas sobre la constitucionalidad y legitimidad de esta nueva normativa.

Más que elegir entre integridad o derechos laborales, el verdadero reto consiste en construir un modelo de servicio público donde ambas dimensiones coexistan y se refuercen mutuamente. Solo así será posible garantizar un Estado eficaz, profesional y verdaderamente justo para sus trabajadores y para la ciudadanía a la que sirve.