Zamora, 25 de agosto de 2025. – La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Zamora Chinchipe informa a la ciudadanía que este lunes recibió una denuncia formal presentada por el Ministerio del Interior para iniciar una investigación disciplinaria en contra de la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Yantzaza.

La denuncia se fundamenta en la resolución adoptada el pasado 22 de agosto, en la que la magistrada negó la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra un ciudadano procesado por tentativa de homicidio, detenido en un operativo policial. En su lugar, la jueza dispuso la inmediata liberación del procesado, imponiendo medidas alternativas tales como la presentación periódica y la prohibición de salida del país.

El hecho reviste gravedad al tratarse de un delito cometido con violencia y con el uso de arma de fuego, lo que, según el pronunciamiento del Ministerio del Interior, compromete la seguridad ciudadana, limita la acción de las fuerzas del orden y deteriora la confianza en la administración de justicia.

En el marco de sus competencias y con estricto apego al debido proceso, el CJ dará trámite a la denuncia e iniciará una investigación disciplinaria para determinar si la actuación de la servidora judicial constituye una falta en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con los principios de legalidad, responsabilidad y ética que deben guiar la función judicial. Asimismo, enfatiza que no se tolerará que la impunidad se imponga ni que se desnaturalice el deber de la justicia en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, siempre desde el respeto al marco jurídico vigente.

Con encuentros deportivos y demostraciones culturales, la Alcaldía de El Pangui inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario, además de la remodelación integral de las baterías sanitarias y del estadio en el barrio El Remolino, parroquia El Guismi.

Este importante proyecto fortalece la infraestructura comunitaria, mejora los servicios y apoya al deporte en beneficio de más de un centenar de habitantes del sector. Para su ejecución, el municipio invirtió USD 34.403,05.

Máximo Rolando Vicente, morador del sector, señaló “al recorrer las instalaciones confirmamos que el eslogan ‘Sí Cumplimos’ se hace realidad. Las acciones y las obras hablan más que mil palabras, y hoy podemos constatar su trabajo señor alcalde”.

Por su parte, Rolando Wampusar, presidente del barrio, agradeció el apoyo municipal “esta obra es sumamente importante. Gracias al señor alcalde y a la directiva por la gestión. No es la primera vez que recibimos su ayuda, esperamos que siga adelante junto a su equipo”.

José Luis Torres, en representación del Concejo Municipal, destacó el compromiso de las autoridades, “como concejo hemos distribuido obras para todas las comunidades, buscando que todos los habitantes se sientan atendidos por esta administración”.

Finalmente, el alcalde Jairo Herrera con el corte de cinta inaugural reafirmó el compromiso de la municipalidad “ese voto de confianza que recibimos se convierte en obras. Hoy entregamos un centro comunitario y la remodelación de las baterías sanitarias. Seguiremos trabajando y gestionando para llegar con más proyectos a este barrio y a todo el cantón”, enfatizó.

El nuevo Centro de Desarrollo Comunitario, con 108 metros cuadrados de construcción, cuenta con oficina, salón de sesiones y bodega. A ello se suman la adecuación de las baterías sanitarias y el mantenimiento del estadio de la comunidad.

Con esta entrega, la municipalidad completa tres Centros de Desarrollo Comunitario en la parroquia El Guismi (centro urbano, El Remolino y San Andrés), promoviendo la inclusión, la participación ciudadana y el fortalecimiento social.

El espacio académico “Tertulia Jurídica”, conducido por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, desarrolló en su más reciente edición un análisis profundo sobre la figura de la cooperación eficaz en los procesos penales. Para este diálogo se contó con la participación del Dr. Richard Ítalo Villagómez Cabezas, jurista de reconocida trayectoria y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.

La cooperación eficaz: doble naturaleza y fundamento internacional
Villagómez explicó que la cooperación eficaz constituye una institución jurídica de doble naturaleza: por un lado, un componente sustantivo vinculado a la teoría del delito y, por otro, un aspecto procesal o adjetivo que permite su aplicación en sede judicial.

Recordó que esta figura se incorpora al marco normativo ecuatoriano como consecuencia de la Convención de Palermo —instrumento internacional orientado a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional— y que, desde el 2014, se encuentra regulada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Alcances y riesgos de la figura
El expositor detalló que el cooperador eficaz es aquel procesado que, a cambio de una reducción significativa de su pena, aporta información relevante y pruebas para desarticular estructuras criminales. No obstante, advirtió que su sola declaración no basta para condenar, ya que debe estar respaldada por pruebas de corroboración de calidad y sustancia.

De lo contrario —señaló— podrían generarse “falsos positivos” o desvíos en las investigaciones, como ha ocurrido en otras realidades latinoamericanas. Por ello, subrayó que el rol del fiscal y el control judicial resultan decisivos para garantizar la eficacia y legitimidad de este mecanismo.

Beneficios y aplicación procesal
Villagómez puntualizó que el artículo 493 del COIP establece dos escenarios de reducción de pena:
• Hasta el 20% del mínimo previsto en el tipo penal, aplicable de forma general.
• Hasta el 10% del mínimo legal, en casos de alta relevancia social.

Estos acuerdos, indicó, deben celebrarse entre el fiscal y el procesado en la etapa investigativa, para luego ser sometidos a control judicial en audiencia preliminar y consolidarse definitivamente en la sentencia del tribunal de juicio.
Reflexión final

La tertulia concluyó resaltando que la cooperación eficaz es un instrumento útil y positivo en la lucha contra la delincuencia organizada, siempre que se maneje con rigor técnico y jurídico. Los organizadores reiteraron su compromiso de seguir generando espacios de análisis crítico y formación ciudadana sobre temas de actualidad jurídica en el Ecuador.