Por: Alonzo Cueva Rojas
Analista Social y Político
Zamora Chinchipe vive una paradoja tan indignante como dolorosa que nos obliga a reescribir ese viejo dicho popular: “somos el mendigo sentado en un banco de oro”. Mientras el subsuelo de nuestra tierra sostiene con firmeza la economía nacional a través de la minería a gran escala, consolidándose como una de las regiones que más tributos aporta a las arcas del Estado, en la superficie los ciudadanos seguimos mendigando un derecho tan básico y elemental como la salud. El nuevo y sistemático revés que sufre el proyecto para la consultoría del Hospital General Julius Döpfner de Zamora no es un simple tropiezo administrativo; es una muestra flagrante de la falta de compromiso y la indolencia de quienes manejan el destino de la contratación pública.
Resulta inaceptable que un presupuesto de USD 618.405,83 para los estudios definitivos de una infraestructura que superó su vida útil hace décadas vuelva a estar en la cuerda floja. Estamos a las puertas del cierre del año fiscal y el SERCOP suspendió el proceso. Llueve sobre mojado: hace meses, la negligencia de las autoridades hospitalarias echó abajo un primer intento al no responder a tiempo las aclaraciones de los proveedores. Hoy, las sospechas de direccionamiento o la simple incapacidad técnica vuelven a congelar el portal institucional.
¿Hasta cuándo soportaremos que nuestros recursos financien el desarrollo de otras latitudes mientras nuestros enfermos padecen condiciones deplorables? Exigimos la devolución justa, en obras y servicios dignos, de la inmensa riqueza que esta tierra entrega al Ecuador día tras día. Si aportamos como los primeros, no merecemos ser tratados como los últimos de la fila.
Ante este escenario de desidia, la mirada se posa con urgencia sobre nuestros asambleístas provinciales. Ellos son los llamados por mandato constitucional a fiscalizar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a levantar la voz en el pleno legislativo. No pueden ser espectadores pasivos de cómo la impericia o las agendas ocultas ponen en riesgo los fondos de la provincia. Su rol es vigilar implacablemente que los recursos asignados no regresen a las cuentas del centralismo por culpa de la burocracia.
Dejar que los fondos públicos expiren el 31 de diciembre por no saber o no querer llevar adelante un concurso transparente es un acto de desidia inadmisible. Detrás de cada trámite suspendido hay pacientes que no reciben atención a tiempo, traslados de emergencia y una población desamparada.
Zamora Chinchipe no puede seguir condenada a la miseria hospitalaria. Es hora de que las autoridades de salud reaccionen con urgencia fiscal y que nuestros fiscalizadores en la Asamblea Nacional actúen con el rigor encomendado. La paciencia de una provincia que sostiene al país llegó a su límite.
