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“Ley de Estado de Guerra vulnera derechos ciudadanos”, alerta asambleísta Héctor Valladares

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En una rueda de prensa desarrollada este lunes 2 de junio, el asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, explicó de forma técnica y detallada los motivos por los cuales la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la denominada Ley Económica Urgente, propuesta por el Ejecutivo bajo el argumento de combatir el crimen organizado.

El legislador inició señalando que dicha ley, más allá del nombre, presenta un carácter marcadamente punitivo y poco relacionado con objetivos económicos reales. “De los múltiples artículos que conforman este proyecto, solo uno tiene relación directa con asuntos económicos, y se refiere a exoneraciones tributarias a cambio de supuestas donaciones por parte de empresarios”, indicó Valladarez.

Una ley con tintes de estado de guerra

Uno de los aspectos más críticos destacados por el asambleísta fue el intento del Ejecutivo de instaurar, a través de esta ley, una especie de “estado de guerra” de carácter permanente. “La Corte Constitucional ya ha señalado que los decretos de estado de excepción deben ser excepcionales, y no una norma de gobierno. Como respuesta, el presidente busca legalizar por la vía legislativa lo que ya no puede decretar”, advirtió.

Según explicó Valladarez, esta normativa otorgaría poderes supraconstitucionales al presidente y al denominado bloque de seguridad, permitiendo acciones como allanamientos sin orden judicial, una grave afectación a las garantías ciudadanas y a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

“El argumento de que ‘el que nada debe, nada teme’ es peligroso y falaz, más aún cuando ya hemos visto casos como el de los niños asesinados en Las Malvinas, en el que se ha demostrado la participación de efectivos militares”, enfatizó.

Vulneración de derechos y debilitamiento institucional

El legislador advirtió que esta ley podría abrir las puertas a la impunidad y a la persecución política. Como ejemplo, mencionó el caso de la asambleísta Esther Cuesta, quien enfrenta un juicio penal por ejercer su rol como presidenta encargada del Legislativo.

Asimismo, denunció que, mientras se pretende endurecer la represión, las instituciones encargadas de controlar el lavado de activos y la criminalidad financiera han sido debilitadas deliberadamente. “La UAFE pasó de tener un presupuesto de casi cinco millones de dólares en 2017 a solo 2.8 millones en 2023, y ni siquiera se ejecutó todo ese monto. No hay interés real en vigilar el lavado de activos”, recalcó.

Propuestas alternativas desde la Revolución Ciudadana

Contrario a las críticas del oficialismo, Valladarez manifestó que su bancada no se ha limitado a la oposición, sino que ha presentado propuestas concretas para combatir la economía criminal. Estas incluyen:

  • Fortalecimiento institucional: dotar de mayor presupuesto y personal a la Fiscalía y al sistema judicial, actualmente colapsado por falta de fiscales y jueces.
  • Control a sociedades empresariales irregulares: evitar que sectores estratégicos como la minería y los combustibles sean manejados por Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), como el caso de Petro Novoa, empresa vinculada familiarmente al presidente y sospechosa de evasión y enriquecimiento ilícito.
  • Uso de tecnología avanzada: implementación del sistema blockchain para que la UAFE, la Superintendencia de Bancos y el sistema financiero realicen cruces de información en tiempo real y prevengan el lavado de activos.
  • Depuración de la fuerza pública: combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones como la Policía, Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.
  • Políticas de prevención social: enfrentar el fenómeno de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas criminales, mediante el fortalecimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y el desarrollo de políticas públicas efectivas.

“Hay una agenda para aparentar la lucha contra la delincuencia, mientras se protege a los verdaderos responsables”

Valladarez concluyó que esta ley no tiene como objetivo auténtico combatir al crimen organizado, sino consolidar un modelo autoritario y encubrir a quienes, desde las élites del poder, se benefician de actividades delictivas. “Cinco casos penales contra el expresidente Guillermo Lasso fueron archivados justo antes de la salida de la fiscal general. Y ahora, tras la detención del líder de la mafia albanesa, se revelan vínculos que pretenden ser ocultados con esta narrativa de guerra”, afirmó.

Finalmente, aunque reconoció que en la Asamblea actual no existe una mayoría opositora consolidada, reiteró que su bancada continuará defendiendo propuestas técnicas y legales, orientadas a la protección de los derechos ciudadanos y al combate real de las economías delictivas en el país.

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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada

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El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

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Juntos modernizan infraestructura para el Seguro Social Campesino en Pachicutza

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El Seguro Social Campesino cumple un rol fundamental en la atención primaria de salud en las comunidades rurales, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y sus familias. Bajo esta premisa y en un ambiente cargado de alegría, unidad y compromiso con la comunidad, Jairo Herrera, alcalde del cantón El Pangui, realizó el viernes último, el acto oficial de entrega del mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la casa de salud del Seguro Social Campesino en la comunidad de Pachicutza, una obra que fortalece de manera significativa los servicios en el sector rural.

Este importante proyecto, se ejecutó mediante un convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Pangui, el GAD Parroquial de Pachicutza y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con una inversión total de USD 34,995.32, demostrando que el trabajo interinstitucional permite alcanzar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

La intervención contempló la construcción de una cubierta, adecuación de gradas y mantenimiento general de la infraestructura, mejorando de manera integral los espacios físicos del establecimiento. Estas acciones optimizan las condiciones para la atención médica y garantizan mayor comodidad, seguridad y funcionalidad tanto para el personal de salud como para los afiliados.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron la importancia de continuar impulsando proyectos que prioricen el acceso equitativo a servicios básicos, con mayor relevancia en zonas rurales. Asimismo, destacaron que este tipo de alianzas estratégicas, permiten optimizar recursos y trabajar de manera articulada para lograr un desarrollo sostenible y solidario.

“Cuando trabajamos de manera conjunta es posible ejecutar este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo hacemos con compromiso y cariño porque nacimos para servir nacimos para construir” aseveró el burgomaestre a la vez que indicó para este año tiene previsto entregar más de 100 obra en todo el cantón.

Con acciones como esta, la Alcaldía de El Pangui, reafirma su compromiso de gestionar y ejecutar obras que fortalecen los derechos de cada ciudadano, mirando hacia un futuro con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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Zamora Chinchipe destaca en la elección nacional de la Reina del Cacao Ecuador

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El pasado 28 de febrero se llevó a efecto la elección nacional de la Reina del Cacao Ecuador, certamen que reunió a representantes de ocho provincias del país, en un espacio orientado a resaltar la importancia productiva, económica y cultural del cacao como uno de los principales productos agrícolas del Ecuador.

En representación de la provincia de Zamora Chinchipe participó Paola Susana Quiroga Unup, de 21 años de edad, actual Reina del Cacao de la provincia. La joven es auxiliar de enfermería y estudiante de la Academia de Formación Militar ACADEMIL, en la ciudad de Cuenca, formación que refleja disciplina, vocación de servicio y compromiso con su desarrollo profesional.

Tras una destacada participación, Paola Quiroga obtuvo el título de Primera Finalista – Virreina del Cacao Ecuador, reconocimiento que posiciona a Zamora Chinchipe dentro de los primeros lugares del certamen nacional y fortalece la proyección de la provincia en este tipo de espacios de integración y promoción productiva.

Durante el evento, el mensaje central estuvo enfocado en generar conciencia sobre el valor que se otorga al cacao como producto y materia prima estratégica para el desarrollo del sector agrícola. Se destacó la necesidad de reconocer el esfuerzo de los productores, impulsar la calidad del cultivo y promover una mayor valoración social y económica de este recurso emblemático.

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