Por Mario Paz

Introducción

La provincia de Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo suroriental del Ecuador, se ha consolidado como una de las regiones con mayor riqueza mineral del país, especialmente en oro. Sin embargo, esta abundancia de recursos ha atraído no solo la minería legal y regulada, sino también prácticas extractivas informales e ilegales que generan graves impactos sociales, ambientales y económicos. La minería ilegal en Zamora Chinchipe se ha convertido en un problema de creciente preocupación, debido a la destrucción de ecosistemas sensibles, la contaminación de fuentes hídricas, el deterioro del tejido social y la vulneración de derechos colectivos, especialmente de comunidades rurales e indígenas. En este contexto, es fundamental comprender las causas, consecuencias y acciones necesarias para enfrentar esta problemática desde un enfoque integral y sostenible, que involucre tanto a las autoridades competentes como a la ciudadanía y sectores productivos locales.

Problemática:

La expansión acelerada de la minería ilegal en Zamora Chinchipe ha superado las capacidades de control y respuesta de las instituciones estatales, generando un escenario de alta conflictividad social y degradación ambiental. Las zonas más vulnerables se han convertido en focos de explotación desordenada, donde operan redes de minería ilegal sin respetar normas ambientales, laborales y de seguridad, afectando directamente la biodiversidad, las fuentes de agua y la calidad de vida de las comunidades locales. Además, esta actividad fomenta la economía informal, la inseguridad y la presencia de actores vinculados a actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, la falta de coordinación, recursos y mecanismos efectivos de control gubernamental han permitido que estas prácticas persistan y se expandan en el territorio, convirtiéndose en una amenaza directa al desarrollo sostenible de la provincia. La minería ilegal ha destruido en días lo que la naturaleza tardó siglos en crear.

La factura de la indiferencia:

El precio que la provincia de Zamora Chinchipe paga por la destrucción de la naturaleza, a través de la minería ilegal es muy alto. Las lluvias torrenciales han dejado tras de sí un panorama desolador: ríos desbordados, campos arrasados, viviendas destruidas y familias enteras sumidas en la angustia. Pero estos desastres naturales no son únicamente producto del invierno. Son también el reflejo amargo de décadas de destrucción silenciosa, de acciones irresponsables que, en nombre del lucro fácil, han destruido los delicados equilibrios de nuestros ecosistemas.

Las imágenes de inundaciones no son solo fenómenos naturales; son las cicatrices visibles de un problema más profundo. Las riveras de nuestros ríos han sido devastadas por actividades como la minería ilegal, que, sin control y sin respeto por la vida, ha talado árboles que servían como barrera natural contra las crecientes. Han destruido los suelos, contaminado las aguas y desplazado comunidades enteras, todo por el oro que se extrae a costa de nuestro futuro.

Este llamado no es solo a las autoridades, sino a toda la humanidad. Cada árbol que cae, cada río que se contamina, cada comunidad que pierde sus puentes, es una herida que nos afecta a todos. No podemos seguir actuando como si el daño a la naturaleza fuera un problema ajeno. Es hora de asumir responsabilidad colectiva, de exigir a los gobiernos acciones firmes y de frenar el avance de actividades ilegales que arrasan con la vida y la infraestructura.

La minería ilegal no solo roba los recursos del suelo; nos roba el agua, el aire limpio, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el futuro de las nuevas generaciones. No podemos permitir que por la ambición de unos pocos, toda la provincia pague este alto precio. Que lo acontecido este año nos sirvan como un grito de alerta. No esperemos más tragedias para entender que no hay desarrollo posible si destruimos la casa común que es la Tierra.

Instituciones responsables de evitar la expansión de la minería ilegal en Zamora Chinchipe

Es pertinente señalar la grave omisión de autoridades que, teniendo las competencias para frenar estos delitos ambientales, han optado por el silencio, la indiferencia o, peor aún, por la complicidad. Las autoridades locales y nacionales tienen el deber de proteger nuestros territorios, de hacer respetar las leyes, de velar por el bienestar de quienes habitan las zonas afectadas. El control de la minería ilegal involucra varias instituciones del Estado, que tienen competencias tanto preventivas como correctivas, estas son:

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR): Es el organismo técnico encargado de regular, controlar y vigilar la actividad minera, incluyendo la prevención y sanción de actividades mineras ilegales. Realiza operativos de control, fiscalización y clausura de actividades mineras no autorizadas.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE): Supervisa y controla el cumplimiento de la normativa ambiental en actividades mineras. Puede iniciar procedimientos sancionatorios por afectación ambiental provocada por la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas del Ecuador y Policía Nacional, apoyan las acciones operativas para controlar y erradicar la minería ilegal, en coordinación con otras instituciones. Participan en operativos de decomiso, desalojo y destrucción de maquinaria utilizada en minería ilegal.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Deben participar en la vigilancia ambiental y en la coordinación territorial de acciones contra la minería ilegal. Tienen competencia en ordenamiento territorial y pueden identificar zonas de riesgo o impacto ambiental.

Las instituciones encargadas de regular, controlar y vigilar la actividad minera se han mostrado débiles, con poca capacidad operativa y voluntad política para frenar la minería ilegal. La presunta corrupción y  complicidad de funcionarios públicos que permiten o incluso facilitan la actividad ilegal. Los  Gobiernos locales con autoridades omisas, permisivas que incluso han facilitado el avance de la minería ilegal a cambio de beneficios económicos o políticos y la sociedad civil, han permitido o incluso participado en estas prácticas ilegales.

¿Qué hacer para controlar la minería ilegal en Zamora Chinchipe?

Para evitar la minería ilegal en la provincia de Zamora Chinchipe, es fundamental aplicar un enfoque integral y coordinado que involucre acciones preventivas, correctivas y de desarrollo alternativo.

• Operativos conjuntos: Realizar operativos interinstitucionales liderados por la ARCERNNR, MAATE, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fiscalía.
• Uso de tecnología: Monitoreo satelital, drones, y sistemas de georreferenciación para detectar actividades mineras ilegales.
• Control de insumos: Regular y vigilar el transporte de maquinaria, combustibles, explosivos y sustancias químicas que se usan en minería ilegal.
• Fortalecimiento de las capacidades de respuesta rápida de las entidades estatales en la provincia.
• Organización comunitaria: Impulsar redes de vigilancia comunitaria que colaboren en la denuncia y control social.
• Fomentar actividades productivas alternativas: como la agroecología, turismo sostenible, piscicultura, entre otras.
• Apoyo financiero y técnico a asociaciones locales que impulsen emprendimientos sostenibles.
• Campañas educativas locales, involucrando a niños, jóvenes y líderes comunitarios de sensibilización sobre los impactos de la minería ilegal en la salud, el ambiente y el tejido social.
• Aplicar todo el rigor de la ley a autoridades corruptas que permiten la minería ilegal a cambio de beneficios económicos. Sancionar conforme a la Ley de Minería, COIP y normativa ambiental a quienes incursionen en la minería ilegal.
• Revisión de concesiones mineras para evitar superposiciones y conflictos, asegurando que toda actividad minera cumpla con la normativa vigente.
• Mesas provinciales de lucha contra la minería ilegal, con participación activa de autoridades, GADs, comunidades y organizaciones sociales.
• Protocolos claros de actuación frente a actividades ilegales, asegurando la protección de derechos humanos.
• Apertura del catastro minero: El catastro minero de Ecuador fue cerrado oficialmente el 24 de enero de 2018 mediante la Resolución Nº 001-DE-ARCOM-2018, emitida por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Esta medida suspendió temporalmente el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en todos los regímenes: minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. El objetivo era permitir una planificación adecuada del sector y depurar el sistema de concesiones.

Desde entonces, el catastro ha permanecido cerrado, impidiendo la adjudicación de nuevas zonas mineras, la formalización de la minería y la implementación de procesos de remediación ambiental en áreas concesionadas. Esta situación ha generado preocupación debido al aumento de la minería ilegal, que ha afectado áreas protegidas como el Parque Nacional Podocarpus, la cuenca del río Yacuambi y el Rio Zamora.

Conclusión:

La codicia de unos pocos condena el futuro de muchos. Y lo que es más repugnante ver a estos personajes codiciosos que destruyeron la naturaleza y la vida de muchas personas, ponerse botas amarillas y llevarles mendrugos de pan a los perjudicados de la minería ilegal, como pretendiendo curar sus conciencias del mal causado y habrán muchos perjudicados que los vean como redentores, algo así como como si Drácula les llevara una pinta de sangre a sus víctimas.

La minería ilegal ha ganado terreno en la Provincia de Zamora Chinchipe por la combinación de inacción estatal, corrupción, debilidad institucional, mafias organizadas, alta demanda de oro y pobreza local. La minería ilegal representa uno de los desafíos socioambientales más urgentes del sur del Ecuador. Su abordaje exige soluciones integrales que combine medidas de control y sanción efectiva, el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la promoción de actividades productivas sostenibles y el involucramiento activo de las comunidades locales. Solo a través de la articulación de esfuerzos entre el estado, la sociedad civil, los gobiernos locales y las comunidades, será posible frenar el avance de esta actividad ilícita y garantizar la protección de los ecosistemas y derechos de las poblaciones afectadas. La minería ilegal es perjudicial desde todo punto de vista y no es sostenible ni ética.