Zamora Chinchipe, Ecuador. — Desde las primeras horas del domingo 11 de mayo de 2025, intensas lluvias volvieron a azotar la provincia de Zamora Chinchipe, provocando nuevas inundaciones que afectaron gravemente a los sectores de Chamico, Zumbi, Namírez, La Saquea y otros sectores. Lo que en apariencia podría entenderse como un desastre natural recurrente, se revela en profundidad como una tragedia provocada y sostenida por una combinación peligrosa: el extractivismo irresponsable, la permisividad institucional y el abandono estructural del Estado hacia la Amazonía sur.
En Chamico, las aguas del río Zamora se elevaron hasta alcanzar la mitad de las viviendas, afectando a camas, cocinas, alimentos y pertenencias de numerosas familias. Entre los damnificados hay adultos mayores que, en medio de la desesperación, apenas lograron ponerse a salvo. Una vez más, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores, el agua entró sin pedir permiso, y el esfuerzo de años se desvaneció en minutos. El corazón del problema: la actividad minera ilegal e informal río abajo del sector, a pocos metros del barrio, ha generado un verdadero cuello de botella en el cauce.
Los mineros —impulsados por la codicia del oro— excavan, remueven y depositan gigantescas montañas de arena y piedra sobre el lecho del río, alterando violentamente su curso natural. Esta estrechez artificial ocasiona embalses que terminan por desbordarse, rebotando hacia zonas habitadas. A pesar de que esto ocurre a vista y paciencia de todos, las autoridades competentes no exigen la ampliación del cauce ni implementan controles técnicos rigurosos. La denuncia de los habitantes es clara: “las autoridades solo vienen para la foto, prometen soluciones, pero nunca regresan”.
En La Saquea, la situación no es menos alarmante. La planta de la empresa pública VIALZACHIN amaneció completamente anegada. Las máquinas sumergidas en el agua, el personal sin saber que hacer y la planta de asfalto inactiva. Sin embargo, tanto la prefecta provincial como el gerente de la empresa guardan un silencio absoluto. No hay pronunciamientos, evaluaciones ni estrategias públicas visibles. El mutismo institucional se convierte en una forma más de violencia, una que invisibiliza la tragedia de la población mientras normaliza la incompetencia.
Zumbi, por su parte, suma ya su cuarta inundación reciente. En una visita anterior, la gobernadora provincial se comprometió a ampliar y limpiar el cauce del río, pero los trabajos fueron claramente insuficientes. Esta vez, las aguas no solo afectaron a decenas de viviendas, sino que afectó a un establecimiento educativo, dejando daños estructurales y comprometiendo la educación de niños y docentes. La desesperanza se instala entre los habitantes que, sin saber a quién acudir, rescatan lo que pueden y observan cómo el resto se convierte en recuerdo.
En el barrio Namírez, otro símbolo de decisiones mal ejecutadas: un muro de contención que fue construido para impedir la entrada del río, terminó por agravar la situación. El agua ingresó con más fuerza y, al no tener por dónde escapar, quedó estancada, afectando los cimientos y dejando un nuevo problema. “Son construcciones sin mirar las consecuencias futuras”, dicen los moradores, que ya no creen en promesas sino en acciones que nunca llegan.
La ciudadanía no solo denuncia la ausencia de soluciones reales, sino también la doble moral institucional frente a la minería: se sanciona a un grupo de mineros, pero se permite que otros, con maquinaria de gran escala, sigan operando sin controles. La población está cansada. Lo dicen con rabia contenida: “Mientras unos se enriquecen con oro, nosotros lo perdemos todo. En Zumbi y Zamora, las autoridades locales brillan por su ausencia”.
El trasfondo de esta crisis es estructural y político. El extractivismo mal regulado, sumado a la indiferencia de los gobiernos locales y provinciales, ha empujado a comunidades enteras a una situación de vulnerabilidad permanente. Zamora Chinchipe, una provincia rica en agua, minerales y vida, es tratada como un botín, no como un territorio con derechos. La historia de estas inundaciones no es natural: es una consecuencia directa de la negligencia y del lucro por encima de la vida.
Hoy, los pueblos amazónicos piden respuestas. Piden planificación, regulación ambiental, infraestructura pensada con criterio técnico y humano. Y sobre todo, exigen dignidad. Como lo hizo Yantzaza en su momento, no descartan un levantamiento cívico, una voz unida que rompa el silencio y la indiferencia de las autoridades. Porque la Amazonía no resiste más promesas. Exige justicia.
