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La Fiscal Diana Salazar cumple seis años en el cargo: ‘No solo peleamos contra el delito, sino contra grandes billeteras’

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Asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy sería su último día de funciones . Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Así que Diana Salazar Méndez tiene dos opciones: quedarse hasta que haya un reemplazo, lo que podría tomar meses o años, o dejar al mando de la institución al fiscal subrogante Wilson Toainga . Hoy debe comunicar su decisión. Vistazo reproduce a continuación una entrevista en exclusiva que se publicó en su edición de marzo.

La fiscal general Diana Salazar explica los alcances de tres casos emblemáticos que investigó durante sus seis años de gestión al frente de esa entidad. Se refiere a los expedientes Sobornos, Las Torres y Defensor del Pueblo . Su período al frente de esa institución termina en abril: ella anticipa que habrá una transición ordenada . Y en tono personal, relata el costo que pagó su familia por su trabajo, pero también la bendición de ver a la llegada de su niña Julia Victoria . Por sus dos hijas, el esfuerzo realizado valió la pena.

El ocho de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional la flamante fiscal general del Estado. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplió 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al cumplirse seis años en el cargo para el cual fue nombrada, en entrevista exclusiva con Vistazo reflexiona sobre esa trayectoria. Sus bemoles y aprendizajes. Cuando empezó su trabajo tenía una hija. Hoy, casi al término de su misión, la vida le ha dado la oportunidad de ser madre por segunda vez .
$!Diana Salazar cumple su periodo como Fiscal General.

Este abril termina el período para el cual fue elegida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha debido enfrentar en su gestión?

Sin duda, han sido muchas las decisiones difíciles a lo largo de mi gestión. La primera y más trascendental fue asumir el cargo de fiscal general. Presentarme al concurso significó una decisión de gran magnitud, pues implicaba asumir una enorme responsabilidad con el país, con mi familia y conmigo misma.

Ya en funciones, cada decisión ha conllevado un alto grado de responsabilidad, pues en el ámbito penal se trata de la libertad de las personas. Siempre insistimos en que la Fiscalía debe intervenir lo mínimo indispensable, ya que no estamos para resolver todos los conflictos, sino para actuar cuando la ley lo exige. No hay una decisión fácil en este trabajo. Incluso cuando se logra una sentencia, la Fiscalía no «gana». Quitarle la libertad a un ser humano no es motivo de celebración. Si bien detrás de cada persona sentenciada hay un delito, también hay una familia, y ningún hogar educa a sus hijos con la intención de que se conviertan en delincuentes. Sin embargo, cuando llevamos adelante un proceso, lo hacemos por el bienestar de la sociedad. Y cuando enfrentamos críticas o ataques, somos conscientes de que, aunque la justicia prevalezca, para algunas familias el dolor seguirá ahí.

¿Qué casos le marcaron?

Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.

Procesar a un ex Presidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos.

El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos. En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena.

En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.

Usted tuvo la valentía de investigar casos de corrupción que involucraron al poder. Reveló los tentáculos de la mafia enquistados en el Estado. Ninguno de sus antecesores llegó tan lejos. ¿Qué atributos tuvo que expuso tanta podredumbre?

Es difícil hablar de una misma, pero puedo hablar de lo que he visto las personas que conforman mi equipo: la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas, el trabajo incansable por un país mejor y libre de delincuencia; el valor para luchar contra la impunidad de gente que se ha creído intocable por tanto tiempo. He visto la frustración en sus rostros, cuando después de jornadas incansables se han encontrado con infamias en las redes sociales, cuando se menosprecia el trabajo de los servidores públicos, porque nosotros no cobramos cientos de miles de dólares y no somos afamados “abogados”, entonces tenemos que aguantar insultos en silencio. Pero también he visto rostros de satisfacción, porque saben que lo hacemos por nuestras familias, y eso no tiene precio. No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado.

Cuando supo del contenido del celular del narcolavador Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, ¿sospechaba los niveles de conexiones que destaparía?

Cuando empezamos cualquier caso, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estábamos hablando de un personaje grande en la historia del narcotráfico del país, entonces sabíamos que sería una investigación compleja.

¿Cree que haya otros Noreros operando en la sombra?

No me asombraría.

$!Diana Salazar podría prorrogarse hasta que el CPCCS elija a un nuevo fiscal.

¿Este cargo de fiscal ha sido demasiado corto o demasiado largo para usted, tomando en cuenta que lo asumió siendo muy joven?

A veces pienso que seis años son demasiados para ser fiscal general, es un puesto muy demandante. El Derecho Penal no se detiene, no hay noches, no hay fines de semana, no hay feriados, los plazos siempre están corriendo, entonces es desgastante. Sin embargo –y por otro lado–, parece que fue ayer que asumimos el reto y queda tanto por hacer que parecería que seis años han sido cortos. Como lo dije frente a la Asamblea Nacional, sé que la deuda es grande y quedan cosas por hacer en el ámbito del acceso a la justicia. Entonces, con satisfacción puedo decir que cuando se entrega todo, el tiempo es el justo.

¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos años, desde que asumió como fiscal?

Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero esa perspectiva nos da la experiencia de haber tomado las decisiones que tomamos con la experiencia que teníamos en ese momento. Por eso no soy una persona de arrepentirme, creo más en aprender las lecciones.

Cuando se cumpla su período, usted ¿se quedará en funciones prorrogadas mientras se designe su sucesor? O ¿dejará un fiscal encargado mientras se designa al titular?

Al concluir el período para el cual fui elegida, mi actuar se regirá por el marco legal y el respeto a la institucionalidad. Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

¿Qué desafíos debe cumplir el Fiscal que le suceda?

En su momento, Metástasis fue una radiografía. Plaga y Purga fueron los efectos de esa radiografía. También tenemos casos como Independencia Judicial, Pantalla y otros. Le hemos mostrado al país cómo el narcotráfico y la política le han metido la mano a la justicia; el desafío está en no dejar que se vuelvan realidad los sueños de impunidad de todos esos grupos que se creen intocables.

¿Qué consejo le daría a su sucesor?

A la persona que venga, que actúe con sabiduría, es lo único que le deseo, porque se necesita conocimiento y prudencia para actuar en todos los momentos.

¿Quién debe temerle a Diana Salazar?

Nadie. Son los delincuentes quienes le tienen miedo a la acción de la justicia, cuando hay quienes nos convertimos en un instrumento para que funcione en bien de la sociedad.

Si hoy pudiera hablar con Diana Salazar, la niña, la joven que entró a estudiar Derecho porque creyó en la Ley y en la Justicia. ¿Qué consejo le daría?

Que siga, que nada la detenga. Que cada noche en vela, cada madrugada, cada sacrificio valdrán la pena. Que soñar y, sobre todo, trabajar por esos sueños, tendrá sus recompensas. Me gusta mirar con cariño a esa niña, a esa jovencita que fui y decirle “mira dónde estamos, mira cómo llegamos”, porque hay algo que valoro y es la paz de poder dormir tranquila todas las noches. A eso le llamo éxito.

¿Cómo se ve en cinco años? ¿En diez?

En paz. Viendo crecer a mis hijas, disfrutando de mi familia.

¿Qué precio personal pagó usted por ejercer el cargo de fiscal general?

El tiempo que dejé de dedicarle a mi hija, pero sé que ella entiende, porque es una niña muy inteligente, que lo hice por el bien de todos. Hay días, todavía, que siento que he expuesto a mi familia, que me pregunto si todo esto vale la pena, pero es en ese mismo cansancio en el que me respondo que por supuesto que sí, porque serán mis hijas quienes vean el fruto de todo lo que estamos haciendo.

¿La vida le gratificó con la oportunidad de recomponer su hogar, en respuesta al sacrificio que usted hizo al entregar su profesionalismo y juventud al país?

Como creyente, sé que el plan de Dios es perfecto y que Julia Victoria llegó en el momento correcto a completar nuestro hogar, y somos nosotros los agradecidos con esa bendición.

¿Qué país espera para sus hijas?

El país por el que trabajamos todas las mamás y todos los papás del Ecuador, porque, todos los días, millones de personas nos despertamos ilusionadas a trabajar por dejarles lo mejor a nuestras pequeñas y pequeños. Esas semillas no caen en tierra infértil, si perdemos la esperanza todo está perdido, entonces, hay que mantener la fe de que mientras cada uno de nosotros haga lo correcto, estaremos en el camino adecuado.

¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted a un ejemplo y una inspiración de lucha por la verdad y la Ley?

Primero, debo agradecerles a todas esas personas que han sido generosas conmigo, he recibido siempre una palabra de aliento y respaldo: ¡Muchísimas gracias! Después, les diría que la lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesaria. Ser mujer en espacios de poder y toma de decisiones implica enfrentar desafíos adicionales, desde cuestionamientos hasta ataques personales, pero también nos da la oportunidad de demostrar que la integridad y la determinación pueden marcar la diferencia. A quienes me ven como un ejemplo, les diría que no hay un solo camino para abrirse paso. La clave está en prepararnos, en mantenernos firmes en nuestros principios y en no permitir que el miedo o las dificultades marquen nuestros destinos. La verdad y la justicia requieren valentía y fortaleza interna, y cada una de nosotras tenemos la capacidad de contribuir a construir un país más justo. Fuente: Primicias 

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Un año del caso Malvinas | Familias exigen la verdad, mientras se acerca el veredicto contra 17 militares

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Katy Bustos, madre de dos de las víctimas del caso Malvinas, cuenta que su hijo Josué Arroyo, de 14 años, soñaba con ser militar y vestir el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Pero fueron los uniformados a los que admiraba los presuntos responsables de su desaparición, en medio de una serie de revelaciones sobre insultos racistas, golpes y disparos durante la detención.

 

«Tengo una niña de nueve años que todas las noches pasa llorando, me dice ‘mamá, ¿por qué los militares le hicieron todo eso a mis hermanos?’”, señaló Bustos tras una reciente audiencia por la revisión de un habeas corpus en la Corte Constitucional.

El caso deja una estela de dolor irreparable en las familias. “Nos han destruido la vida. Yo tampoco soy la misma de antes. Necesitamos saber la verdad, por qué lo hicieron”, agrega Bustos.

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron luego de ser interceptados -tras un supuesto robo- por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.

Las versiones recogidas en el proceso indican que habrían sido abandonados por los militares a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos fueron encontrados calcinados en un paraje aislado y de difícil acceso en esa misma parroquia rural de Naranjal, en la provincia del Guayas.

Entre actos de memoria y la reinstalación del juicio
Las familias y organizaciones de Derechos Humanos organizan una serie de actos de memoria al conmemorarse un año de la desaparición, que incluyen caminatas, marchas y vigilias en el barrio Las Malvinas y en el punto de aprehensión, la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.

En una ceremonia simbólica de reparación, a las 17:00, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado con el nombre de ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’. Se trata del parque donde las víctimas jugaron fútbol por última vez, antes de retomar el camino a casa, que terminó con su detención a las afueras de un conocido centro comercial del sector.

El primer aniversario de la desaparición de los menores coincide con el juicio contra 17 militares en su etapa final, cerca al veredicto tras el cierre formal de la etapa de prueba, y luego de 12 jornadas de audiencia desarrolladas a lo largo del último mes, desde el 5 de noviembre.

El Tribunal Penal de Guayaquil que conoce el caso convocó a la reinstalación de audiencia para este lunes 8 y martes 9, cuando se tiene previsto escuchar los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones-.

Pero se trata de un juicio que valora solo el presunto delito de desaparición forzada, mientras que el caso de secuestro con resultado de muerte sigue en etapa de sustentación en Fiscalía y registra poco avance a un año de los hechos, según Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.

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Un año de investigaciones
El voluminoso expediente fiscal del caso lo integran 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas. Se trata de un acervo documental que recoge testimonios, reconstrucciones de hechos, informes antropológicos y forenses, videos de cámaras públicas y privadas, pericias sobre los restos, cuerdas y prendas parcialmente carbonizadas y declaraciones que muestran la secuencia de la detención.

Las pruebas documentales han sido matizadas y enriquecidas durante las declaraciones e interrogatorios a peritos, testigos y procesados durante las audiencias de juicio, iniciadas el 5 de noviembre de 2025. A continuación algunas de las principales revelaciones del proceso:

Estas son las 10 principales revelaciones expuestas en la audiencia de juicio

Las autopsias

¿Qué pasó?: Los cuerpos se hallaron en reducción esquelética y carbonizados. La autopsia determinó que presentaban impactos de bala en la cabeza, al menos en tres de los cuatro menores. Se determinó muerte violenta y se evidenciaron fracturas.

Versiones contradictorias

¿Qué pasó?: Se expusieron relatos de violencia: golpes, amenazas y disparos durante el traslado de las víctimas. Según la Fiscalía hubo intención de causar daño. Cinco militares acusan la violencia; el resto la niega.

Les dimos «una paliza»

¿Qué pasó?: Durante la revisión de los teléfonos, un perito presentó audios de militares. En uno, un uniformado decía que los cuatro menores asaltaban a una mujer en la 25 de Julio y que “les dieron durísimo”. En otro, reiteraba que les dieron “una paliza”.

El chat de las culpas

¿Qué pasó?: Los militares crearon un chat donde discutían y se culpaban. El subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla, sentía que lo responsabilizaban. “Nadie puso que usted disparó -le responden-, solo decimos la verdad”.

¿Encubrimiento?

¿Qué pasó?: Un testigo afirmó que el subteniente a cargo ordenó borrar videos comprometedores grabados durante la detención. Un video sobrevivió -con insultos racistas y amenazas- porque el militar que lo grabó lo envió antes a su hermana como respaldo.

Manipulación de evidencias

¿Qué pasó?: Un sargento denunció una presunta cadena de encubrimiento que involucraría a un general y tres coroneles, quienes habrían ordenado borrar un video incriminatorio al subteniente a cargo de la patrulla.

Sangre en camionetas

¿Qué pasó?: Las pruebas de luminol reactivo dieron positivo en las dos camionetas de los militares. Se hallaron rastros de sangre en el piso del balde de un vehículo y en una estructura metálica del balde de otra.

Orden de Acción

¿Qué pasó?: En la Orden de Acción Táctica de la patrulla de militares involucrados se determinó que estaba integrada por 15 hombres y no constaba en ella el subteniente que la lideró, señalado por abandonar y maltratar a las víctimas.

Hallazgo de los cuerpos

¿Qué pasó?: Fuentes humanas alertaron sobre el posible lugar de incineración de los cuerpos de las víctimas. Se trata de claro entre manglares y lodo en el Estero Chabelo, cerca al río Taura, 11 kilómetros al sur de Taura.

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A un año de los fallidos contratos de Progen, los motores no funcionan y Celec ha recuperado un valor mínimo

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Ha pasado un año de que la empresa estadounidense Progen Industries LLC incumplió los plazos de los millonarios contratos de generación eléctrica que recibió de la empresa pública Celec. Los motores debían entrar en funcionamiento en noviembre de 2024, pero nunca llegaron a funcionar y, en cambio, se convirtieron en un problema que no se ha podido solucionar.

 

Progen Industries fue adjudicada con dos contratos, para la generación de 150 MW en total, en las centrales de Salitral y Quevedo. Ambos contratos suman USD 149,1 millones, y contemplaban el pago del 70% del monto contrato contra la presentación del packing list, el informe de inspección y la supervisión técnica de Celec.

Progen efectivamente presentó esos documentos y envió los motores a Ecuador, por lo que Celec llegó a pagar el 70%, que ascendía a USD 104 millones. Los pagos se hicieron hasta marzo de 2025, a pesar de que para ese entonces ya se había registrado atrasos e incumplimientos.

Los pagos a Progen Industries por los contratos con Celec

Tabla con 4 columnas y 7 filas. Ordenado de forma ascendente
Salitral 01/10/2024 Estados Unidos 69 580 000
Quevedo 28/01/2025 Estados Unidos 6 958 000
Quevedo 06/02/2025 Estados Unidos 6 958 000
Quevedo 14/02/2025 Estados Unidos 6 958 000
Quevedo 20/02/2025 Estados Unidos 6 958 000
Quevedo 07/03/2025 Estados Unidos 6 958 000
TOTAL 104 370 000

PRIMICIAS consultó el 2 de diciembre de 2025 a Celec y al Ministerio de Energía si se han ejecutado ya las garantías presentadas por Progen en ambos contratos, y cuánto se ha podido recuperar de lo pagado. Hasta las 18:30 del 4 de diciembre de 2025, no se recibió ninguna respuesta.

Sin embargo, PRIMICIAS ha logrado verificar que parte de las garantías sí se ejecutaron. La información consta en un proceso judicial en Estados Unidos, que sigue Seguros Confianza contra Progen Industries LLC, y que es público.

Celec recuperará poco, porque tiene los motores
De acuerdo con las liquidaciones económicas de los contratos, Progen debía devolver a Celec poco más de USD 30 millones, incluido el valor de las garantías. Este valor es apenas el 28% de lo pagado, dado que sí se reconoce una buena parte de la ejecución de los contratos.

Los contratos de Celec con Progen Industries

Montos en millones de dólares

Tabla con 4 columnas y 3 filas. Ordenado de forma ascendente
Quevedo 49,70 34,79 19
Salitral 99,40 69,58 12
TOTAL 149,10 104,37 31

El saldo se contabiliza así porque, según Celec, los contratos sí fueron ejecutados satisfactoriamente: en el caso de Salitral, consideran una ejecución del 73,58%, y en el caso de Quevedo, del 67,58%. Es decir, lo que se cobra son multas más garantías y repuestos, y Celec se queda con los motores que no funcionan.

En septiembre de 2025, la entonces vocera Carolina Jaramillo anunció que Celec se haría cargo de los motores y de ponerlos en funcionamiento. PRIMICIAS consultó a Celec y al Ministerio de Energía sobre los valores recuperados de los contratos con Progen Industries, y sobre si ya se ha tomado posesión de las obras y los motores. Sin embargo tampoco ha habido respuesta.

PRIMICIAS también contactó por correo electrónico a Progen y a Alberto Paredes, su apoderado en Ecuador. Este último respondió: «no manejo temas comunicacionales ni técnicos de la compañía Progen».

Progen enfrenta una demanda en EE.UU.
El 17 de noviembre de 2025, Seguros Confianza presentó una demanda civil contra Progen ante la Corte del Distrito Medio de Florida, en Tampa. La aseguradora ecuatoriana exige que la empresa estadounidense, con sede en Florida, reembolse los valores de las garantías ejecutadas por Celec, tras la terminación de los contratos.

Según los anexos a la demanda, que son públicos en el sistema judicial estadounidense, Seguros Confianza emitió las garantías para Progen y, después de la terminación unilateral de los contratos, ejecutó las garantías e hizo dos pagos a Celec, por USD 7,43 millones:

Un pago por USD 2,48 millones por el contrato de Quevedo.
Otro pago por USD 4,97 millones por el contrato de Salitral.
Seguros Confianza asegura que el acuerdo con Progen para la emisión de las garantías incluía una cláusula que establecía que, de ejecutarse las garantías, Progen debía reembolsar los valores en 24 horas, pero no lo había hecho. El caso sigue abierto hasta la publicación de esta noticia.

PRIMICIAS contactó Brett Divers, abogado de Confianza en Estados Unidos, para hablar sobre este caso, pero declinó cualquier comentario.

Las denuncias de Celec siguen en investigación previa
Celec ha presentado dos denuncias en contra de Progen Industries. La primera fue por el delito de estafa, interpuesta el 20 de junio de 2025, y la segunda por el delito de delincuencia organizada, el 31 de julio de 2025. Pero los casos no han avanzado.

Unos días antes de que Celec presente la segunda denuncia, la Fiscalía allanó las oficinas de dicha empresa pública y varias viviendas, en el caso Apagón. La Fiscalía anunció que se ingada el presunto delito de peculado, y entre los investigados estaba Fabián Calero, ex viceministro de Energía y exgerente de Celec.

El allanamiento se dio días después de que la Contraloría aprobó un informe de auditoría efectuado a los contratos de Celec con Progen. Según el examen, habría un perjuicio para el Estado de USD 100 millones por los pagos realizados a esta empresa: USD 70 millones corresponden a El Salitral, ubicado en Guayaquil, provincia de Guayas, y USD 30 millones a Quevedo, en Los Ríos.

Sin embargo, el caso sigue en investigación previa y no hay procesados. Según Celec, se solicitó una asistencia penal internacional a Estados Unidos en agosto de 2025.

Además, la ministra Inés Manzano anunció que el Gobierno de Ecuador impulsa un proceso contra Progen en Estados Unidos. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense no aparece ninguna denuncia a nombre de Ecuador contra Progen. Esto podría deberse a que el caso todavía esté como reservado.

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Nuevo incidente en la cárcel de Machala deja reos fallecidos: lo que se sabe

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Un nuevo hecho violento se registró este domingo 7 de diciembre de 2025 en la cárcel de Machala, apenas tres semanas después de la última masacre ocurrida en el centro penitenciario.

Según información difundida por El Universonueve personas privadas de libertad fueron encontradas sin vida durante una intervención policial motivada por un ataque explosivo ocurrido en los exteriores del Centro de Privación de Libertad No. 1 El Oro.

El incidente habría ocurrido en horas de la tarde, cuando un individuo dejó un objeto sospechoso en la intersección de las calles San Martín y Juan Montalvo, a pocos metros del penal. Según testigos citados por el medio, el artefacto detonó segundos después, lo que activó protocolos de emergencia y el cierre de accesos.

En el sitio, unidades de Criminalística y del GIR levantaron indicios, incluida una nota intimidante dirigida al director del centro penitenciario. Fuente: Vistazo

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