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La Fiscal Diana Salazar cumple seis años en el cargo: ‘No solo peleamos contra el delito, sino contra grandes billeteras’

Asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy sería su último día de funciones . Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Así que Diana Salazar Méndez tiene dos opciones: quedarse hasta que haya un reemplazo, lo que podría tomar meses o años, o dejar al mando de la institución al fiscal subrogante Wilson Toainga . Hoy debe comunicar su decisión. Vistazo reproduce a continuación una entrevista en exclusiva que se publicó en su edición de marzo.
La fiscal general Diana Salazar explica los alcances de tres casos emblemáticos que investigó durante sus seis años de gestión al frente de esa entidad. Se refiere a los expedientes Sobornos, Las Torres y Defensor del Pueblo . Su período al frente de esa institución termina en abril: ella anticipa que habrá una transición ordenada . Y en tono personal, relata el costo que pagó su familia por su trabajo, pero también la bendición de ver a la llegada de su niña Julia Victoria . Por sus dos hijas, el esfuerzo realizado valió la pena.
El ocho de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional la flamante fiscal general del Estado. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplió 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Este abril termina el período para el cual fue elegida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha debido enfrentar en su gestión?
Sin duda, han sido muchas las decisiones difíciles a lo largo de mi gestión. La primera y más trascendental fue asumir el cargo de fiscal general. Presentarme al concurso significó una decisión de gran magnitud, pues implicaba asumir una enorme responsabilidad con el país, con mi familia y conmigo misma.
Ya en funciones, cada decisión ha conllevado un alto grado de responsabilidad, pues en el ámbito penal se trata de la libertad de las personas. Siempre insistimos en que la Fiscalía debe intervenir lo mínimo indispensable, ya que no estamos para resolver todos los conflictos, sino para actuar cuando la ley lo exige. No hay una decisión fácil en este trabajo. Incluso cuando se logra una sentencia, la Fiscalía no «gana». Quitarle la libertad a un ser humano no es motivo de celebración. Si bien detrás de cada persona sentenciada hay un delito, también hay una familia, y ningún hogar educa a sus hijos con la intención de que se conviertan en delincuentes. Sin embargo, cuando llevamos adelante un proceso, lo hacemos por el bienestar de la sociedad. Y cuando enfrentamos críticas o ataques, somos conscientes de que, aunque la justicia prevalezca, para algunas familias el dolor seguirá ahí.
¿Qué casos le marcaron?
Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.
Procesar a un ex Presidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos.
El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos. En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena.
En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.
Usted tuvo la valentía de investigar casos de corrupción que involucraron al poder. Reveló los tentáculos de la mafia enquistados en el Estado. Ninguno de sus antecesores llegó tan lejos. ¿Qué atributos tuvo que expuso tanta podredumbre?
Es difícil hablar de una misma, pero puedo hablar de lo que he visto las personas que conforman mi equipo: la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas, el trabajo incansable por un país mejor y libre de delincuencia; el valor para luchar contra la impunidad de gente que se ha creído intocable por tanto tiempo. He visto la frustración en sus rostros, cuando después de jornadas incansables se han encontrado con infamias en las redes sociales, cuando se menosprecia el trabajo de los servidores públicos, porque nosotros no cobramos cientos de miles de dólares y no somos afamados “abogados”, entonces tenemos que aguantar insultos en silencio. Pero también he visto rostros de satisfacción, porque saben que lo hacemos por nuestras familias, y eso no tiene precio. No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado.
Cuando supo del contenido del celular del narcolavador Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, ¿sospechaba los niveles de conexiones que destaparía?
Cuando empezamos cualquier caso, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estábamos hablando de un personaje grande en la historia del narcotráfico del país, entonces sabíamos que sería una investigación compleja.
¿Cree que haya otros Noreros operando en la sombra?
No me asombraría.

¿Este cargo de fiscal ha sido demasiado corto o demasiado largo para usted, tomando en cuenta que lo asumió siendo muy joven?
A veces pienso que seis años son demasiados para ser fiscal general, es un puesto muy demandante. El Derecho Penal no se detiene, no hay noches, no hay fines de semana, no hay feriados, los plazos siempre están corriendo, entonces es desgastante. Sin embargo –y por otro lado–, parece que fue ayer que asumimos el reto y queda tanto por hacer que parecería que seis años han sido cortos. Como lo dije frente a la Asamblea Nacional, sé que la deuda es grande y quedan cosas por hacer en el ámbito del acceso a la justicia. Entonces, con satisfacción puedo decir que cuando se entrega todo, el tiempo es el justo.
¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos años, desde que asumió como fiscal?
Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero esa perspectiva nos da la experiencia de haber tomado las decisiones que tomamos con la experiencia que teníamos en ese momento. Por eso no soy una persona de arrepentirme, creo más en aprender las lecciones.
Cuando se cumpla su período, usted ¿se quedará en funciones prorrogadas mientras se designe su sucesor? O ¿dejará un fiscal encargado mientras se designa al titular?
Al concluir el período para el cual fui elegida, mi actuar se regirá por el marco legal y el respeto a la institucionalidad. Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
¿Qué desafíos debe cumplir el Fiscal que le suceda?
En su momento, Metástasis fue una radiografía. Plaga y Purga fueron los efectos de esa radiografía. También tenemos casos como Independencia Judicial, Pantalla y otros. Le hemos mostrado al país cómo el narcotráfico y la política le han metido la mano a la justicia; el desafío está en no dejar que se vuelvan realidad los sueños de impunidad de todos esos grupos que se creen intocables.
¿Qué consejo le daría a su sucesor?
A la persona que venga, que actúe con sabiduría, es lo único que le deseo, porque se necesita conocimiento y prudencia para actuar en todos los momentos.
¿Quién debe temerle a Diana Salazar?
Nadie. Son los delincuentes quienes le tienen miedo a la acción de la justicia, cuando hay quienes nos convertimos en un instrumento para que funcione en bien de la sociedad.
Si hoy pudiera hablar con Diana Salazar, la niña, la joven que entró a estudiar Derecho porque creyó en la Ley y en la Justicia. ¿Qué consejo le daría?
Que siga, que nada la detenga. Que cada noche en vela, cada madrugada, cada sacrificio valdrán la pena. Que soñar y, sobre todo, trabajar por esos sueños, tendrá sus recompensas. Me gusta mirar con cariño a esa niña, a esa jovencita que fui y decirle “mira dónde estamos, mira cómo llegamos”, porque hay algo que valoro y es la paz de poder dormir tranquila todas las noches. A eso le llamo éxito.
¿Cómo se ve en cinco años? ¿En diez?
En paz. Viendo crecer a mis hijas, disfrutando de mi familia.
¿Qué precio personal pagó usted por ejercer el cargo de fiscal general?
El tiempo que dejé de dedicarle a mi hija, pero sé que ella entiende, porque es una niña muy inteligente, que lo hice por el bien de todos. Hay días, todavía, que siento que he expuesto a mi familia, que me pregunto si todo esto vale la pena, pero es en ese mismo cansancio en el que me respondo que por supuesto que sí, porque serán mis hijas quienes vean el fruto de todo lo que estamos haciendo.
¿La vida le gratificó con la oportunidad de recomponer su hogar, en respuesta al sacrificio que usted hizo al entregar su profesionalismo y juventud al país?
Como creyente, sé que el plan de Dios es perfecto y que Julia Victoria llegó en el momento correcto a completar nuestro hogar, y somos nosotros los agradecidos con esa bendición.
¿Qué país espera para sus hijas?
El país por el que trabajamos todas las mamás y todos los papás del Ecuador, porque, todos los días, millones de personas nos despertamos ilusionadas a trabajar por dejarles lo mejor a nuestras pequeñas y pequeños. Esas semillas no caen en tierra infértil, si perdemos la esperanza todo está perdido, entonces, hay que mantener la fe de que mientras cada uno de nosotros haga lo correcto, estaremos en el camino adecuado.
¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted a un ejemplo y una inspiración de lucha por la verdad y la Ley?
Primero, debo agradecerles a todas esas personas que han sido generosas conmigo, he recibido siempre una palabra de aliento y respaldo: ¡Muchísimas gracias! Después, les diría que la lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesaria. Ser mujer en espacios de poder y toma de decisiones implica enfrentar desafíos adicionales, desde cuestionamientos hasta ataques personales, pero también nos da la oportunidad de demostrar que la integridad y la determinación pueden marcar la diferencia. A quienes me ven como un ejemplo, les diría que no hay un solo camino para abrirse paso. La clave está en prepararnos, en mantenernos firmes en nuestros principios y en no permitir que el miedo o las dificultades marquen nuestros destinos. La verdad y la justicia requieren valentía y fortaleza interna, y cada una de nosotras tenemos la capacidad de contribuir a construir un país más justo. Fuente: Primicias
Nacionales
Multas a los asambleístas suman USD 70.000 por faltar o llegar tarde al Palacio Legislativo

El monto de multas por atrasos o inasistencias de los asambleístas va en aumento, dos meses después de que el presidente de esta Función, Niels Olsen, anunciara un control estricto a la jornada laboral de los parlamentarios.
«Ya son más de USD 70.000 que la Asamblea Nacional ha dejado de pagar a los asambleístas por ser impuntuales o por simplemente no presentarse», dijo Olsen en una entrevista para el canal RTS.
Aunque Olsen no detalló el número de legisladores sancionados o bancadas, la cifra tuvo un incremento de USD 20.000, si se toma en cuenta que hasta el 2 de junio se registraba USD 50.000 por esta causa.
Según el titular de la Asamblea, al inicio del periodo legislativo, era común esperar hasta hora y media para instalar una sesión por falta de cuórum.
Para corregir esta situación, dijo, se implementaron sanciones: se multa a quienes no llegan puntualmente, no asisten o no titularizan a sus alternos.
«A las personas que no asisten, se las multa también. Y a quienes no titularizan a su alterno —que muchas veces prefieren dejar la silla vacía que titularizarlo, ya sea porque no hay buenas relaciones interpersonales o por cualquier otra razón— también se los sanciona».
Niels Olsen, presidente de la Asamblea
La medida busca ordenar la Asamblea y evitar que el hemiciclo se convierta en un circo o un show, añadió.
La multas para cada caso quedaron definidas de este modo:
Retrasos: USD 55,52 que serán descontados del rol de pagos a quienes no registren su asistencia puntualmente en las curules electrónicas.
Inasistencias: USD 158,63 igualmente descontados del rol de pagos a quienes no registren su asistencia durante todo el día de la sesión del Pleno.
Las sanciones económicas a los legisladores, que se ausenten del Pleno de la Asamblea toda una jornada, no son nuevas.
El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo informó que entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 unos 100 asambleístas, del anterior periodo, fueron multados.
Eso significó que la Asamblea Nacional descuente de sus roles de pago algo más de USD 52.000 en conjunto. Fuente: Primicias
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¿Cuáles son los artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad suspendidos provisionalmente?

El plazo para la transformación de cooperativas en bancos, requerimiento a telefónicas para que entreguen información de usuarios, indulto presidencial diferido, entre otros, son los textos suspendidos provisionalmente de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional, por la Corte Constitucional.
En el caso de la Ley de Integridad Pública, la Corte suspendió el plazo de 90 días que daba la norma a la Junta Monetaria para transformar cooperativas en bancos, tras una demanda del gremio. Eso consta en la disposición transitoria número 11.
Respecto a la Ley de Inteligencia, señalada por varias organizaciones por contener mecanismos de «espionaje y censura» son 12 artículos suspendidos. Entre esos, figura todo el capítulo que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información al Gobierno sobre comunicaciones telefónicas.
Artículo 5: Definiciones de la Ley, como amenazas, anticipación, ciberespacio, ciberinteligencia, contrainteligencia.
Art. 13: Fondo permanente de gastos especiales, que no estará sujeto a las normas de la Ley que rige el Sistema Nacional de Contratación Pública ni a la legislación tributaria.
Art. 22: De la protección de los especialistas de inteligencia, donde señala que el personal operativo y técnico de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia puede usar técnicas de cobertura, mimetización u otras pertinentes para llevar a cabo sus actividades operativas y proteger su seguridad, dentro del ámbito de sus competencias.
Art. 41: Protección de la identidad. Para proteger la vida y la integridad de los servidores públicos que realizan operaciones de inteligencia y contrainteligencia, el Gobierno, a través de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, les proporcionará documentos con una nueva identidad que deben usarse exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y actividades.
Art. 42: Fachada de los medios logísticos del Sistema Nacional de Inteligencia. Las unidades operativas de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y de los subsistemas militar y policial pueden, sin necesidad de autorización judicial o administrativa, hacer que su personal adapte sus medios logísticos con fachadas que permitan la mimetización en el lugar donde se desarrolle la actividad de inteligencia.
Art. 43: Para el cumplimiento de las operaciones de inteligencia. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, junto con los subsistemas militar y policial, pueden usar técnicas y elementos tecnológicos (software y hardware) en el espectro electromagnético y ciberespacio para recopilar, analizar y utilizar información. El objetivo es generar inteligencia y contrainteligencia para tomar decisiones oportunas y efectivas en relación con la seguridad integral del Estado.
Art. 47: Requerimientos de información específica. La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia o su delegado puede solicitar a sus subsistemas, organismos de apoyo y entidades públicas información específica o datos por cualquier medio (físico o digital).
Art. 48: Requerimientos de bases de datos e información de la cual dispone cada entidad. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, puede solicitar a las entidades públicas la entrega y actualización permanente de sus bases de datos e información.
Art. 50: Obligación de entregar información. Las instituciones públicas y organismos de apoyo están obligados a proporcionar, de manera oportuna y completa, cualquier información solicitada por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia.
Art. 51: Requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones. Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia, los operadores de servicios de telecomunicaciones están obligados a proporcionar a la entidad rectora, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, la información requerida para el desarrollo de actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
Art. 52: Coordinación para obtener documentos o comunicaciones. La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia puede solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones por razones de seguridad integral del Estado.
Art. 55. Información Clasificada. La máxima autoridad del órgano rector y las máximas autoridades de los subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia tienen la competencia de clasificar la información que resulte de sus actividades mediante una resolución motivada.
Igualmente, fueron suspendidos provisionalmente los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera del Reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia.
En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, quedan suspendidas las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, bienes que se presumen como objetivos militares y el indulto presidencial diferido.
Art. 6: Del Conflicto Armado Interno. El conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades y, para la aplicación de esta ley, necesita el reconocimiento oficial del Presidente de la República a través de un Decreto Ejecutivo.
Art. 9: Definición de Grupos Armados Organizados. Se entenderá por grupo armado organizado a toda agrupación estructurada de tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada contra el Estado, la población y los bienes civiles.
Art. 13: Bienes que se presumen como objetivos militares. Para efectos del planeamiento y ejecución de operaciones de las fuerzas del orden, se presumirán como objetivos militares los siguientes bienes o zonas, lo que autoriza a las fuerzas del orden a aplicar la fuerza de manera directa y legítima, siempre en sujeción a los principios del Derecho Internacional Humanitario y de esta Ley.
Art. 14: Indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno. En el contexto de un conflicto armado interno reconocido por Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República puede conceder un indulto con efecto diferido por razones humanitarias o de interés público excepcional a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto.
«Estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales», señaló el organismo en un comunicado, al defender la medida adoptada por dos tribunales de admisión.
El organismo puntualizó que «continuará con el procesamiento y análisis de las demandas restantes conforme su ingreso en orden cronológico y en estricto cumplimiento de los procedimientos constitucionales». Fuente: Primicias
Nacionales
Corte Constitucional suspende varios artículos de tres leyes clave de Daniel Noboa

Tras varios días de incertidumbre, la Corte Constitucional anunció su postura respecto a las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad, Inteligencia y Solidaridad.
Con respecto a la Ley de Integridad, el Primer Tribunal de la Sala de Admisión, mediante auto del Caso Nro. 60-25-IN, dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria décimo primera, la cual disponía que las cooperativas se transformen en bancos. Además, aceptó otras demandas interpuestas contra esa ley.
La institución también se pronunció sobre el caso Nro. 86-25-IN, relacionado con la Ley Orgánica de Inteligencia. La Sala aceptó las medidas cautelares solicitadas respecto de los artículos 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55; así como de los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera del reglamento de esta ley.
Por ejemplo, el artículo 13 habla sobre los gastos especiales de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Las críticas surgieron porque el control de estos gastos solo lo haría el Contralor General de Estado y luego de eso la ley obliga a incinerar la documentación, borrando cualquier registro.
Mientras los artículos 50 y 51 hablaban de requerir información a cualquier entidad o persona sin orden judicial y que las operadoras de telefonía deben entregar datos de los usuarios.
Sobre la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, el Segundo Tribunal de la Sala de Admisión, mediante auto en el Caso Nro. 57-25-IN, dispuso la suspensión provisional de los artículos 6, 9, 13 y 14.
Esos apartados hablaban sobre el reconocimiento del conflicto armado interno a través de decreto, la intervención a inmuebles sin orden judicial y el tema del indulto presidencial con efecto diferido.
“Estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de actuaciones técnicas y jurídicas, que precautelan el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituyan aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento”, recalcó la Corte Constitucional.
Agregó que continuará con el procesamiento y análisis de las demandas restantes conforme su ingreso en orden cronológico y en estricto cumplimiento de los procedimientos constitucionales. Fuente: Vistazo
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