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La Fiscal Diana Salazar cumple seis años en el cargo: ‘No solo peleamos contra el delito, sino contra grandes billeteras’

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Asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy sería su último día de funciones . Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Así que Diana Salazar Méndez tiene dos opciones: quedarse hasta que haya un reemplazo, lo que podría tomar meses o años, o dejar al mando de la institución al fiscal subrogante Wilson Toainga . Hoy debe comunicar su decisión. Vistazo reproduce a continuación una entrevista en exclusiva que se publicó en su edición de marzo.

La fiscal general Diana Salazar explica los alcances de tres casos emblemáticos que investigó durante sus seis años de gestión al frente de esa entidad. Se refiere a los expedientes Sobornos, Las Torres y Defensor del Pueblo . Su período al frente de esa institución termina en abril: ella anticipa que habrá una transición ordenada . Y en tono personal, relata el costo que pagó su familia por su trabajo, pero también la bendición de ver a la llegada de su niña Julia Victoria . Por sus dos hijas, el esfuerzo realizado valió la pena.

El ocho de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional la flamante fiscal general del Estado. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplió 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al cumplirse seis años en el cargo para el cual fue nombrada, en entrevista exclusiva con Vistazo reflexiona sobre esa trayectoria. Sus bemoles y aprendizajes. Cuando empezó su trabajo tenía una hija. Hoy, casi al término de su misión, la vida le ha dado la oportunidad de ser madre por segunda vez .
$!Diana Salazar cumple su periodo como Fiscal General.

Este abril termina el período para el cual fue elegida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha debido enfrentar en su gestión?

Sin duda, han sido muchas las decisiones difíciles a lo largo de mi gestión. La primera y más trascendental fue asumir el cargo de fiscal general. Presentarme al concurso significó una decisión de gran magnitud, pues implicaba asumir una enorme responsabilidad con el país, con mi familia y conmigo misma.

Ya en funciones, cada decisión ha conllevado un alto grado de responsabilidad, pues en el ámbito penal se trata de la libertad de las personas. Siempre insistimos en que la Fiscalía debe intervenir lo mínimo indispensable, ya que no estamos para resolver todos los conflictos, sino para actuar cuando la ley lo exige. No hay una decisión fácil en este trabajo. Incluso cuando se logra una sentencia, la Fiscalía no «gana». Quitarle la libertad a un ser humano no es motivo de celebración. Si bien detrás de cada persona sentenciada hay un delito, también hay una familia, y ningún hogar educa a sus hijos con la intención de que se conviertan en delincuentes. Sin embargo, cuando llevamos adelante un proceso, lo hacemos por el bienestar de la sociedad. Y cuando enfrentamos críticas o ataques, somos conscientes de que, aunque la justicia prevalezca, para algunas familias el dolor seguirá ahí.

¿Qué casos le marcaron?

Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.

Procesar a un ex Presidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos.

El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos. En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena.

En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.

Usted tuvo la valentía de investigar casos de corrupción que involucraron al poder. Reveló los tentáculos de la mafia enquistados en el Estado. Ninguno de sus antecesores llegó tan lejos. ¿Qué atributos tuvo que expuso tanta podredumbre?

Es difícil hablar de una misma, pero puedo hablar de lo que he visto las personas que conforman mi equipo: la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas, el trabajo incansable por un país mejor y libre de delincuencia; el valor para luchar contra la impunidad de gente que se ha creído intocable por tanto tiempo. He visto la frustración en sus rostros, cuando después de jornadas incansables se han encontrado con infamias en las redes sociales, cuando se menosprecia el trabajo de los servidores públicos, porque nosotros no cobramos cientos de miles de dólares y no somos afamados “abogados”, entonces tenemos que aguantar insultos en silencio. Pero también he visto rostros de satisfacción, porque saben que lo hacemos por nuestras familias, y eso no tiene precio. No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado.

Cuando supo del contenido del celular del narcolavador Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, ¿sospechaba los niveles de conexiones que destaparía?

Cuando empezamos cualquier caso, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estábamos hablando de un personaje grande en la historia del narcotráfico del país, entonces sabíamos que sería una investigación compleja.

¿Cree que haya otros Noreros operando en la sombra?

No me asombraría.

$!Diana Salazar podría prorrogarse hasta que el CPCCS elija a un nuevo fiscal.

¿Este cargo de fiscal ha sido demasiado corto o demasiado largo para usted, tomando en cuenta que lo asumió siendo muy joven?

A veces pienso que seis años son demasiados para ser fiscal general, es un puesto muy demandante. El Derecho Penal no se detiene, no hay noches, no hay fines de semana, no hay feriados, los plazos siempre están corriendo, entonces es desgastante. Sin embargo –y por otro lado–, parece que fue ayer que asumimos el reto y queda tanto por hacer que parecería que seis años han sido cortos. Como lo dije frente a la Asamblea Nacional, sé que la deuda es grande y quedan cosas por hacer en el ámbito del acceso a la justicia. Entonces, con satisfacción puedo decir que cuando se entrega todo, el tiempo es el justo.

¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos años, desde que asumió como fiscal?

Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero esa perspectiva nos da la experiencia de haber tomado las decisiones que tomamos con la experiencia que teníamos en ese momento. Por eso no soy una persona de arrepentirme, creo más en aprender las lecciones.

Cuando se cumpla su período, usted ¿se quedará en funciones prorrogadas mientras se designe su sucesor? O ¿dejará un fiscal encargado mientras se designa al titular?

Al concluir el período para el cual fui elegida, mi actuar se regirá por el marco legal y el respeto a la institucionalidad. Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

¿Qué desafíos debe cumplir el Fiscal que le suceda?

En su momento, Metástasis fue una radiografía. Plaga y Purga fueron los efectos de esa radiografía. También tenemos casos como Independencia Judicial, Pantalla y otros. Le hemos mostrado al país cómo el narcotráfico y la política le han metido la mano a la justicia; el desafío está en no dejar que se vuelvan realidad los sueños de impunidad de todos esos grupos que se creen intocables.

¿Qué consejo le daría a su sucesor?

A la persona que venga, que actúe con sabiduría, es lo único que le deseo, porque se necesita conocimiento y prudencia para actuar en todos los momentos.

¿Quién debe temerle a Diana Salazar?

Nadie. Son los delincuentes quienes le tienen miedo a la acción de la justicia, cuando hay quienes nos convertimos en un instrumento para que funcione en bien de la sociedad.

Si hoy pudiera hablar con Diana Salazar, la niña, la joven que entró a estudiar Derecho porque creyó en la Ley y en la Justicia. ¿Qué consejo le daría?

Que siga, que nada la detenga. Que cada noche en vela, cada madrugada, cada sacrificio valdrán la pena. Que soñar y, sobre todo, trabajar por esos sueños, tendrá sus recompensas. Me gusta mirar con cariño a esa niña, a esa jovencita que fui y decirle “mira dónde estamos, mira cómo llegamos”, porque hay algo que valoro y es la paz de poder dormir tranquila todas las noches. A eso le llamo éxito.

¿Cómo se ve en cinco años? ¿En diez?

En paz. Viendo crecer a mis hijas, disfrutando de mi familia.

¿Qué precio personal pagó usted por ejercer el cargo de fiscal general?

El tiempo que dejé de dedicarle a mi hija, pero sé que ella entiende, porque es una niña muy inteligente, que lo hice por el bien de todos. Hay días, todavía, que siento que he expuesto a mi familia, que me pregunto si todo esto vale la pena, pero es en ese mismo cansancio en el que me respondo que por supuesto que sí, porque serán mis hijas quienes vean el fruto de todo lo que estamos haciendo.

¿La vida le gratificó con la oportunidad de recomponer su hogar, en respuesta al sacrificio que usted hizo al entregar su profesionalismo y juventud al país?

Como creyente, sé que el plan de Dios es perfecto y que Julia Victoria llegó en el momento correcto a completar nuestro hogar, y somos nosotros los agradecidos con esa bendición.

¿Qué país espera para sus hijas?

El país por el que trabajamos todas las mamás y todos los papás del Ecuador, porque, todos los días, millones de personas nos despertamos ilusionadas a trabajar por dejarles lo mejor a nuestras pequeñas y pequeños. Esas semillas no caen en tierra infértil, si perdemos la esperanza todo está perdido, entonces, hay que mantener la fe de que mientras cada uno de nosotros haga lo correcto, estaremos en el camino adecuado.

¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted a un ejemplo y una inspiración de lucha por la verdad y la Ley?

Primero, debo agradecerles a todas esas personas que han sido generosas conmigo, he recibido siempre una palabra de aliento y respaldo: ¡Muchísimas gracias! Después, les diría que la lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesaria. Ser mujer en espacios de poder y toma de decisiones implica enfrentar desafíos adicionales, desde cuestionamientos hasta ataques personales, pero también nos da la oportunidad de demostrar que la integridad y la determinación pueden marcar la diferencia. A quienes me ven como un ejemplo, les diría que no hay un solo camino para abrirse paso. La clave está en prepararnos, en mantenernos firmes en nuestros principios y en no permitir que el miedo o las dificultades marquen nuestros destinos. La verdad y la justicia requieren valentía y fortaleza interna, y cada una de nosotras tenemos la capacidad de contribuir a construir un país más justo. Fuente: Primicias 

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Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa

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Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:

21% de los ingresos permanentes  del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.

El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:

15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.

De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.

«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.

¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.

El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración.  En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.

Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.

En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.

¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.

Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.

Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.

Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949  millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.

Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.

Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.

El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.

Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.

Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.

«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.

Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.

¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.

Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.

Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD  —  no solo de la asignación estatal—  sea para inversión y obra pública.

«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista

Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias

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Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal

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Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.

Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.

En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).

Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.

Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

$!Comisión que designará al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?

Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.

Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.

Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.

En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.

Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

$!Cynthia Jacho fue designada como presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal.

CUESTIONAMIENTOS

Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.

Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.

El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

$!Cuadro presentado por Luis Fernando Molina.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:

  • Convocatoria y postulación
  • Admisibilidad y reconsideración
  • Méritos y recalificación
  • Escrutinio público e impugnación
  • Oposición y recalificación.

Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo 

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Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero

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El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.

Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.

El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.

La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.

Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.

En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.

Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.

La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.

La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo

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