Nacionales
La Corte Constitucional ‘hala las orejas’ a las autoridades de seguridad y ahora supervisará sus tareas
La Corte Constitucional (CC) dio un golpe sobre la mesa. Después de que el presidente Daniel Noboa mantuviera al país en estado de excepción los dos primeros meses del año, los magistrados ordenaron la creación de una «comisión interinstitucional» para ejecutar acciones contra la inseguridad.
En su último dictamen, la Corte exige al Ejecutivo que, si decide declarar nuevos estados de excepción, estará obligado a justificar que ya «ha implementado las medidas disponibles en el régimen ordinario y demostrar que aquellas que no están disponibles y son necesarias, no responden a su inacción o negligencia, sino que se encuentran en proceso ‘de ejecución'».
Con el documento, los magistrados declararon inconstitucional la recurrente excusa del conflicto armado interno para decretar el estado de excepción en siete provincias y tres cantones. Porque el decreto «devela que el Presidente de la República no ha justificado de manera adecuada la necesidad de la declaratoria del estado de excepción».
Pero permitieron que la medida se mantenga bajo el argumento de la conmoción interna provocada. De todas formas, los jueces enfatizan la ausencia de políticas de Estado y planes de seguridad que fijen directrices claras frente a las amenazas y daños a la convivencia pacífica de la ciudadanía.
Por eso, todas las instituciones a las que la Corte ya ha exhortado a actuar en sus dictámenes previos, deberán formar parte de esta nueva comisión interinstitucional obligatoria, con delegados propios:
Por la Función Ejecutiva: la Presidencia, los ministerios del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica, de Economía, el Servicio Penintenciario (SNAI), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Por la Función Legislativa: un representante de cada bancada y un delegado de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Por la Función Judicial: Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado.
Por la Función de Transparencia: Defensoría del Pueblo.
Pero los jueces constitucionales no van a dejar la actuación de estas autoridades a su voluntad. Esta comisión sesionará en las instalaciones de la misma Corte, que actuará como facilitadora. Las sesiones serán obligatorias cada dos meses, sin contar las convocatorias extraordinarias que puedan existir.
En cada sesión, los delegados de estas instituciones deberán presentar sus avances y propuestas, así como obstáculos y problemas de implementación. Y discutirán los informes presentados, así como las medidas a ejecutar de forma coordinada, «siempre con información de sustento».
Y para que nadie se rezague, los magistrados determinaron que, en la primera sesión que convoque la Corte, la comisión «deberá elaborar un cronograma de trabajo con actividades claras y concretas que implementará cada institución para alcanzar el objetivo de desarrollar e implementar herramientas para afrontar el problema estructural desde el régimen constitucional ordinario».
Es decir, sin recurrir al régimen extraordinario que son los estados de excepción.
Pero, ¿por qué? La respuesta de la Corte es sencilla, porque «es claro que la Función Ejecutiva dispone de un amplio aparataje para llevar a cabo sus deberes constitucionales y legales para brindar seguridad a sus ciudadanos de manera ordinaria».
En este dictamen 1-25-EE/25, del 21 de febrero, los jueces también establecieron el «seguimiento y evaluación de los esfuerzos de las autoridades para transitar al régimen constitucional ordinario y contar con herramientas para responder al problema estructural de la violencia y crimen organizado».
Para esto la Corte abrió de manera inmediata la fase de seguimiento de su dictamen, durante el cual podrá modular, eliminar o dictaminar nuevas medidas o mecanismos de seguimiento.
La terquedad de los gobernantes
En este dictamen, la Corte Constitucional recuerda que, pese a todas sus advertencias, los gobernantes insisten en recurrir a los estados de excepción. Sucedió en 2021, 2022, 2023 y continuó en 2024, cuando Ecuador vivió en un estado de excepción permanente, con 10 decretos de Daniel Noboa.
Por eso, los jueces recalcan que en todos sus dictámenes previos, el organismo «ya le ha recordado al presidente, en múltiples ocasiones, que los problemas estructurales como el incremento de la criminalidad deben tratarse con medidas estructurales y que, para ello, no se debe abusar de los estados de excepción”.
«La Corte Constitucional ha identificado que la recurrencia de los estados de excepción pone en evidencia la carencia de políticas de Estado y planes de seguridad».
¿Dónde queda el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) es la máxima entidad del país en la materia y tiene como función asesorar al Presidente de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos.
Así mismo, debe recomendar la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado.
Este Consejo está conformado, en teoría, por 14 altos funcionarios del área, que incluyen a las máximas autoridades de cuatro funciones del Estado o sus delegados: el Primer Mandatario, los presidentes de la Asamblea, Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Función de Transparencia.
A ellos se suman los titulares de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Inteligencia Estratégica (CIES), y Atención a Privados de Libertad (SNAI). Y los comandantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Es decir, casi las mismas autoridades a las que la Corte Constitucional acaba de reprender en su último dictamen. Sin embargo, como la CC no puede evaluar las actuaciones del Cosepe, tuvo que crear una comisión paralela, a la que pueda obligar a sesionar y presentar acciones, así como avances de gestión.
Por eso los magistrados explican que «ante la falta de capacidad, voluntad política y coordinación de estas instituciones, esta Corte se ve en la necesidad de adoptar, como medida para evitar la desnaturalización del estado de excepción, la creación de un “mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado”. Fuente: Primicias
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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