Nacionales
Incertidumbre por suspensión de fondos de Estados Unidos; cuatro proyectos revelan el impacto en Ecuador
Unos 30 millones de dólares dejarían de recibir este año decenas de fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones cuyos proyectos estaban financiados en el Ecuador por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esto ha generado gran incertidumbre tras el congelamiento de los recursos de la USAID, ordenado por Donald Trump al día siguiente de su toma de posesión. La web de la Agencia para Ecuador ha dejado de funcionar y no hay contacto ya con sus funcionarios.
Más de 500 emprendedoras recibían acompañamiento
Poco después de recibir el mail de USAID Ecuador, que le informaba sobre la suspensión de sus actividades, Daniela Peralvo colgó en redes sociales un mensaje de auxilio: pedía ayuda para que los profesionales que trabajaban con Impaqto, en un proyecto fin
La empresa, dedicada a impulsar el emprendimiento, había contratado a ocho técnicos para ejecutar -desde el 2023- el proyecto ‘Poder’ con un aporte de dos millones de dólares provenientes de la USAID, explica Peralvo, cofundadora de Impaqto.
Con los fondos, se ofrecía apoyo a mujeres emprendedoras en situaciones de violencia, en siete ciudades del país; y desde inicios de este año, en tres ciudades más para ampliar la cobertura del proyecto enfocado en generación de capacidades: apoyo socioemocional, acompañamiento para mejorar el negocio y la creación de comunidades.
Más de 500 mujeres, dice Peralvo, han participado en ‘Poder’; y estaba previsto alcanzar a un centenar adicional. «Debíamos oficialmente continuar hasta el 2026 y teníamos una extensión prevista hasta el 2028; ahora, hay incertidumbre».
La situación no ha dejado inmóvil a Impaqto. Para mantener el acompañamiento a las emprendedoras, busca alianzas con organizaciones locales; es momento, dice la cofundadora, de “plantearse un rediseño de la forma en que ha funcionado hasta ahora la cooperación”.
En vilo 13 millones de dólares para monitoreo de tiburones
Dos proyectos están suspendidos en Galápagos como resultado directo del congelamiento de fondos de la USAID, afirma el director del Parque Nacional Galápagos, Arturo Izurieta.
El primero, a cargo de la Fundación Charles Darwin, tenía un periodo de ejecución de cinco años con un fondo de 13 millones de dólares para investigación y monitoreo de tiburones, además de apoyo al sector de pesca artesanal en Galápagos. ‘Habla Tiburón’ llevaba casi dos años de ejecución; «nos servía mucho para entender la dinámica de migración de tiburones».
El objetivo del segundo proyecto era el apoyo a un sistema de monitoreo para evitar la pesca incidental o captura involuntaria del albatros en la zona de la reserva marina de Galápagos; «esperábamos tener mayor información para tomar acciones sobre la incidencia que tiene la pesca industrial y artesanal en estas especies únicas en el mundo».
El Parque no recibía directamente fondos de la USAID, pero sí sus organizaciones aliadas; “la cooperación es fundamental para el mantenimiento de los valores únicos y universales de Galápagos”, dice el director, confiado en que, si se cierra esta puerta, se abrirá otra.
“Creo que Estados Unidos estaría perdiendo una oportunidad de enlazarse con países que tienen la necesidad de conocer más la biodiversidad, que es el futuro de la vida en el planeta”.
Se intensifica la búsqueda de nuevo presupuesto
A Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), el congelamiento temporal de los recursos provenientes de la USAID le ha restado el 40% del presupuesto contemplado para este año. “Se pensaba trabajar en 2025 con un presupuesto de 450.000 dólares, este rato debemos trabajar con 250.000 dólares, aproximadamente”, explica Mauricio Alarcón, director Ejecutivo de la FDC.
¿Qué implica esto? “Que toda nuestra área que venía trabajando los temas de derechos digitales, privacidad, protección de datos personales, ha quedado sin financiamiento porque todos los proyectos en la materia se financiaban con recursos estadounidenses”, responde Alarcón, aclarando que afortunadamente no han prescindido de ninguna persona de su equipo porque han logrado diversificar sus recursos, pero una vez cumplidos los 90 días (24 de abril próximo) deberán reunirse para analizar de nuevo la situación.
La FDC está presente en el país desde 2009, como una organización que trabaja en la promoción y defensa de la democracia, así como el estado de derecho y la transparencia. Entre sus últimos trabajos constan la “Auditoría sobre las libertades económicas en Ecuador: situación actual y propuestas para impulsarlas” y la presentación del “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024”.
Por su tipo de trabajo, la organización se ha autoimpuesto no recibir recursos públicos nacionales porque esto comprometería su independencia. Por ahora la nueva tarea que han sumado para este año es destinar tiempo a la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento.
Sin fondos para programas de diversidad
La falta de financiamiento internacional no solo ha obligado a la organización Diálogo Diverso a dejar de atender a la población LGBTIQ+, migrante y mujeres en sus diversos proyectos, que incluyen asesoría médica, legal, psicológica y trabajo social, sino que también tuvo que cerrar dos oficinas, en Guayaquil y Tulcán, lo que resultó en el despido de 45 personas.
Diálogo Diverso ha aplicado en consorcio a los llamados de financiamiento de los diferentes programas de los Estados Unidos y su director y cofundador, Danilo Manzano, enfatiza que estas propuestas siempre “han estado basadas 100% en las necesidades de la gente (…). Ningún cooperante internacional viene al Ecuador a entregar dinero para que las organizaciones puedan gastarlo a criterio individual”, enfatiza.
Pero el presidente Donald Trump, posesionado en el cargo el pasado 20 de enero, firmó varios decretos entre los que se incluía la eliminación de los Programas de Diversidad, Equidad e Inclusión y con ello terminó la inyección de fondos a programas como los de Diálogo Diverso.
“Teníamos un programa para poder solventar económicamente desde aparatos auditivos, lentes -en su gran mayoría- muletas, etcétera para personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que las atenciones de Diálogo Diverso llegaban a más de 7.000 personas al año, pero las organizaciones sin fines de lucro no tenemos recursos para poder solventar a este nivel”, dice Manzano.
A más del cierre de sus dos oficinas, redujeron la atención en Cuenca. El espacio no ha sido cerrado porque aún cuentan con el apoyo de la Cooperación Española.
“El impacto en este momento, lastimosamente, para Diálogo Diverso ha sido fuerte, pero lo más triste de todo esto es la enorme cantidad de población LGBTQ+ que ahora no tiene acceso a espacios seguros de atención porque reiteramos, si es que el Estado ecuatoriano garantizara esta atención, no sería necesaria nuestra existencia como organizaciones de la sociedad civil”. Fuente: Vistazo
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero
Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
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