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Después de tres años de inactividad, la empresa QueenWater S.A., de la esposa de alias ‘Fito’, cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, se reactivó en 2024 y ese año reportó ingresos por más de USD 200.000, dinero cuya procedencia se atribuyó a la venta de bienes y productos.

La información de esa compañía y de sus movimientos económicos consta en los expedientes judiciales y financieros de las investigaciones de la Fiscalía a la red de empresas vinculadas a la familia de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, en los casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por estos delitos, la esposa, hermanos, cuñados y hasta los familiares de una segunda pareja de alias ‘Fito’ han sido procesados por la justicia desde 2020. En la última indagación, en el caso denominado Blanqueo Fito, por lavado de activos, esta empresa y otras tres fueron intervenidas en allanamientos el 2 de junio de 2025.

Agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional resumieron que en ese operativo se incautaron 47 propiedades, entre casas y terrenos, además de 10 vehículos y dos motocicletas, bienes a nombre de tres estructuras ligadas a ‘Fito’: sus padres y hermano; su esposa, hermanos e hijos; y su novia y sus parientes.

Entre los bienes de su esposa, Inda Mariela P., consta la empresa QueenWater, dedicada a la “fabricación, elaboración, distribución y comercialización de hielo purificado para consumo humano, helados de frutas saborizados en diferentes presentaciones”.

Momentos del operativo en el que fueron detenidos los familiares de José Adolfo Macías, en el caso Blanqueo Fito, el 2 de junio de 2025.Fiscalía de Ecuador
Creada legalmente en mayo de 2018, QueenWater S.A., funcionaba desde varios años atrás, según los peritos financieros que declararon que Inda Mariela le compró a su suegro la marca del agua en 2015 y que le pagó por ella la cantidad de “USD 50.000 de contado y en efectivo”.

“Respecto de la empresa QueenWater se ha determinado que la misma opera en dos cantones, en Manta, en la lotización Altamira, y en el cantón El Empalme, en la parroquia El Rosario”, señala el expediente judicial, en el que constan los seguimientos que los agentes hicieron a esta empresa.

En allanamientos realizados a las dos sedes de la compañía, en julio de 2020, los agentes decomisaron USD 8.167 en la de Manta y USD 3.305 en la de El Empalme. Incluso, entrevistaron a un empleado de la embotelladora “que no quiso dar nombres por temor a represalias”, pero que dijo que la planta de agua se encontraba funcionando con normalidad.

Evidencias de este y otros allanamientos de esta investigación fueron incinerados por la Policía ante una orden judicial dispuesta en enero y ejecutada en marzo pasado. Entre lo quemado constaron indicios como talonarios de facturas, laptops, escrituras de compraventas, celulares.

Inactiva tres años
QueenWater se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y no tiene deudas, según los registros de la Superintendencia de Compañías, entidad a la que le reportó ingresos de USD 222.947 durante el año 2024, después de tres años de inactividad.

Esta firma había sido declarada como disuelta por la Supercias en abril de 2024 debido a que no había presentado la información económica en más de dos años. Al mes siguiente, los socios resolvieron reactivarla y presentar toda la documentación.

Los informes financieros señalan que los ingresos de 2024 correspondieron a la venta de bienes, aunque no se menciona si se trata de productos, servicios o propiedades. Pese a ello, el 17 de marzo de 2025, la gerente de esta firma, Inda Mariela P., señaló que QueenWater no obtuvo utilidades en 2024 y que “presentó un resultado negativo de USD 76.549”.

La esposa de alias ‘Fito’ administra esta empresa y posee el 80% de las 10.000 acciones, mientras que su hermano figura como presidente y dueño del 20% de las acciones. A nombre de Inda Mariela, el Servicio de Rentas Internas, SRI, le registraba cinco actividades comerciales.

Entre ellas la crianza de ganado vacuno, en una hacienda, en el cantón Pichincha; la comercialización de agua embotellada, con la empresa QueenWater, en Manta y El Empalme; el servicio de taxis, la venta de todo tipo de carnes y el transporte de carga pesada.

En el sistema financiero, señalaron los peritos, la esposa de Macías Villamar había reportado ingresos por USD 2,1 millones en el periodo 2013-2019, sin embargo, en ese lapso sus ingresos en relación de dependencia fueron de USD 116.711, según los oficios del IESS.

La Fiscalía le atribuyó a Inda Mariela un patrimonio de USD 4,8 millones y unas siete propiedades, media docena de vehículos y acciones en empresas. Ella, una enfermera de 49 años, notarizó en 2011 la disolución conyugal de su matrimonio, para separar sus bienes de los de su esposo, alias ‘Fito’.

La empresa embotelladora de agua se reactivó el año pasado, después de que en 2021, 2022 y 2023 no registró operaciones o actividades. “La empresa permaneció inactiva, por tal motivo no existen ingresos ni gastos”, señaló la gerente Inda Mariela.

En 2021, sin embargo, los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, señalan que recibió contrataciones de ínfimas cuantías de parte de dos entidades públicas, la CELEC EP y la central Marcel Laniado.

En 2020, QueenWater si presentó ingresos, por USD 212.695, y se debieron también a la venta de bienes o productos. Los años anteriores, en 2019 y 2018, QueenWater reportó ingresos por USD 336.144 y USD 55.381, respectivamente, según los documentos financieros de la Fiscalía.

En estos años -2018 y 2019-, la empresa reportó utilidades de USD 4.566 y USD 1.983, y pagó los aportes de sus trabajadores correspondientes al IESS. Fuente: Primicias 

Una propuesta de reforma al Código Monetario y Financiero, que se encuentra en tratamiento en la Asamblea Nacional, plantea que el Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE) sea designado por el Presidente de la República.

Actualmente, esta autoridad es designada por la Junta de Política y Regulación Monetaria para un período de cuatro años, renovables por una sola vez. Además del cambio en la designación, el artículo propuesto ya no hace referencia al lapso de tiempo que debería durar el Gerente en su cargo.

La reforma al artículo 50 del Código fue incluida en el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, el 12 de junio de 2025.

La exgerente del Banco Central, Verónica Artola, cree que la designación por parte del Presidente podría ser una ventaja al ser un proceso más ágil. «No creo que tenga impacto en la autonomía del Banco porque igual los miembros de la Junta ya son elegidos de la terna que manda el Presidente de la República  a la Asamblea», recuerda.

Artola añade que el Banco Central es una entidad que debe dar cumplimiento a la política monetaria delineada por el Ejecutivo.

«Esta opción da la flexibilidad al Presidente de que si el Gerente del Banco Central no está funcionando, pueda ser cambiado en el momento que se necesite para reactivar la economía. Actualmente, la Junta Monetaria lo elige por cuatro años, eso es una camisa de fuerzas», señala la extitular del BCE.

Por el contrario, al exministro de Economía, Mauricio Pozo, le preocupa que este cambio en la elección del Gerente se materialice, pues considera que con esto la institución se pueda volver dependiente del Ejecutivo, lo que contraviene con su autonomía.

Para Pozo,  lo ideal es que sea una entidad independiente de cualquier gobierno, como ocurre en otros países de la región como Perú y Chile.

«Me preocupa el objetivo que se busque sea controlar un poco más otra instancia. Una institución como esta debe ser proveedora de información económica para la toma de decisiones, por tanto, no puede ser ni parte del Gobierno ni del sector privado; debe ser una entidad de alta credibilidad», explica Pozo.

Problema de base
Sin embargo, los dos analistas coinciden en que la forma en que se elige actualmente, por designación de la Junta Monetaria, tampoco es la más idónea, pues -según ellos- parte de un error de base: la existencia de dos juntas de regulación, una monetaria y otra financiera, como lo determinó la Ley de Defensa de la Dolarización, en abril de 2021.

Pozo considera que esa división ha creado un conflicto de facultades y competencias, y por ende, también ha limitado las funciones del Gerente del Banco Central.

Por otro lado, la exgerente del Central, Verónica Artola, recuerda que la división de la anterior junta en dos fue resultado de una asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI). El multilateral además era partidario de que la elección del Gerente del Central sea independiente a los períodos de Gobierno.

Por ello, Artola considera que el cambio que se está planteando podría generar ruido en el FMI. Fuente: Primicias