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Sin acceso a más financiamiento externo, Noboa encuentra en Sacha su salvavidas financiero

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Sin acceso a financiamiento en los mercados internacionales y con urgencias económicas crecientes, el Gobierno de Daniel Noboa ha optado por concesionar el campo petrolero Sacha para obtener $1.500 millones de inmediato. La operación busca paliar la crisis fiscal, atender la emergencia invernal y sortear los millonarios atrasos del Estado, mientras el alto riesgo país y la incertidumbre política bloquean otras fuentes de financiamiento.

El Gobierno de Daniel Noboa, enfrentando millonarios atrasos por más de $5.600 millones al cierre de 2024, la devastación del invierno y una segunda vuelta electoral en el horizonte en 2025, ha encontrado en la concesión del campo Sacha la vía más rápida para conseguir recursos inmediatos.

El anticipo de $1.500 millones que recibirá el Estado antes de la firma del contrato de concesión por 20 años se presenta como una solución urgente ante la imposibilidad de acceder a financiamiento en los mercados internacionales.

El acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecía que Ecuador buscaría retornar a los mercados en 2025 para emitir bonos por al menos $1.500 millones y financiar parte del presupuesto estatal. Sin embargo, la elevada incertidumbre política y un riesgo país superior a los 1.300 puntos han cerrado esta posibilidad, ya que colocar bonos en esas condiciones implicaría tasas de interés de hasta el 18%, volviendo inviable la estrategia de financiamiento.

Ante este escenario, el gobierno anunció, durante el feriado de carnaval, la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo del país. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, enfatizó que esta adjudicación no es una privatización, sino un contrato de delegación con el consorcio internacional Sinopetrol ( que incluye a Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec).

La operación permitirá recibir $1.500 millones como prima inicial, que será utilizada para atender la emergencia invernal y gastos sociales, evitando con ello recurrir a nuevas emisiones de deuda externa en condiciones desfavorables.

«La salud y los damnificados no pueden esperar, y esos recursos son fundamentales para la inversión social», justificó Manzano. Además, el ministro de Economía, Luis Alberto Jaramillo, defendió la operación como una «negociación extremadamente conveniente» que, según sus declaraciones, no representará un riesgo fiscal para el país.

Sin embargo, la adjudicación sin concurso ha generado cuestionamientos en la Asamblea Nacional y entre organizaciones sociales, como el movimiento indígena, que ha anunciado acciones legales para frenar la concesión. Además, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (Antep) sostiene que la base legal utilizada para justificar la adjudicación directa fue revocada por la Corte Constitucional.

Pese a la controversia, el gobierno insiste en que la concesión es la mejor alternativa disponible ante la falta de liquidez y la imposibilidad de emitir bonos. Con una economía golpeada por el estancamiento y la crisis de seguridad, Ecuador se enfrenta a una encrucijada fiscal que obliga al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes, aunque no exentas de críticas y riesgos políticos.

El Ordeño niega vinculación con consorcio concesionario del Campo Sacha

Ante la información falsa que circula en redes sociales sobre una supuesta vinculación de El Ordeño S.A. con Amodaimi Oil Company u Overseas Petroleum and lnvestment Corporation,  esta empresa vinculada al sector ageroindustrial y lechero desmiente categóricamente dicha afirmación

«El Ordeño nunca ha tenido ni tiene ninguna relación societaria, contractual o de cualquier otro tipo con las compañías mencionadas. No nos hacemos responsables por información registrada por otras compañías, más aún cuando se trata de datos que pueden ser registrados sin verificación alguna», acotó El Ordeño

En este sentido, El Ordeño aseveró que «la información publicada en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que supuestamente nos vincula con dichas empresas es incorrecta. Por ello, estamos solicitando formalmente esclarecer el origen de dicho registro y exigir su inmediata corrección»

Principales datos y cifras de la concesión del Campo Sacha

1. Adjudicación del campo Sacha:

-El 1 de marzo de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa confirmó la adjudicación directa y sin concurso del campo Sacha.

-La operación fue concedida al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company S.L (filial de la china Sinopec) y Petrolia Ecuador (filial de la canadiense New Stratus Energy).

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, explicó que está de acuerdo con que se concesione Sacha, pero a través de un concurso o licitación y no a dedo (entrega directa) como está haciendo el Gobierno de Noboa.

Además, aseguró que se h desnaturalizado el contrato que se quiere firmar. «En el mundo petrolero, hay países que tiene campos en producción y que creen que pueden incrementarla. En esos casos, se adjudica a una compañía especializada por licitación y se le dice que traiga capital y tecnología para incrementar la producción. De la producción incremental, se beneficia la compañía y el Estado», acotó.

Sin embargo, el contrato que se quiere firmar incluye entregarle parte de la producción existente a Sinopetrol y no solo parte de la producción incremental como debería ser.

2. Producción y relevancia del campo Sacha:

-Sacha es el campo petrolero más productivo de Ecuador. En 2024, produjo 76.980 barriles diarios, lo que representa el 20% de la producción estatal y el 16% de la producción total del país.

-Su petróleo es de alta calidad (25-26 grados API), superior al promedio nacional de 23 grados API.

3. Inversiones de Petroecuador en el campo Sacha:

-Entre 2013 y 2023, Petroecuador invirtió $1.743,8 millones en el campo (promedio de $158,5 millones anuales).
En 2024, se tenía previsto invertir $160,1 millones.

4. Razones del Gobierno para la adjudicación:

-Se argumentó que Petroecuador no tiene los recursos para aumentar la producción de Sacha.

-Se utilizó el artículo 2 y 19 de la Ley de Hidrocarburos, que permite concesiones sin concurso cuando hay empresas estatales involucradas. El Gobierno afirmó que el campo es una «joya oxidada» y requiere inversión para su modernización.

5. Condiciones de la concesión del campo Sacha:

Se firmará, durante este mes de marzo de 2025, un contrato de participación de 20 años.

-El consorcio se llevará entre el 73,5% y 87,5% de la producción, dependiendo del precio del petróleo. Cuando el petróleo esté en $62 o menos, el Estado solo recibirá 12,5% de la producción. Si el precio del petróleo sube a $120 o más, el Estado recibirá hasta 26,5% de la producción.

Según Santos Alvite, entregarle al consorcio más del 80% de la producción es un despropósito. » Sacar un barril de petróleo en Sacha actualmente cuesta $7. Perfecto, que se le dé al consorcio esos $7 e incluso $1 o $2 más si invierte en mejorar los equipos del Campo; pero no se le puede dar hasta más del 80% de la producción total», aseveró el exministro de Energía.

6. Beneficios y críticas a la concesión del campo Sacha:

-El consorcio ofreció incrementar la producción a 100.000 barriles diarios en tres años.

-Se comprometió a una inversión total de $1.750 millones en 20 años ($87,5 millones anuales).

Ante la pregunta de ¿Cómo financiará el consorcio los $1.700 millones prometidos invertir en Sacha con el contrato de participación?, Darío Dávalos, investigador en el sector energético ecuatoriano, asegura el consorcio espera financiar una parte con el flujo de caja de las operaciones del propio Campo Sacha, una vez firmado el contrato de participación.

«Con la suscripción, el Estado ecuatoriano pasará de controlar el 100% de la producción, a tener una participación del 18%, el restante 82% será para el consorcio, según ha sido señalado en esta comunicación del 03 de marzo de 2025», acotó Dávalos.

-El consorcio entregará un bono o anticipo de $1.500 millones al Estado antes firmar el contrato de concesión.

-Críticos advierten que el Estado entregará petróleo sobre producción ya existente, no solo sobre la que aumente el consorcio. Se estima que Sacha podría generar hasta $14.941 millones, pero el Gobierno solo recibiría $6.314 millones.

-Expertos del Grupo Transformación Energética han criticado la falta de licitación y la alta participación del consorcio.

-La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) advirtió que el contrato es perjudicial para el Estado. Se cuestiona la capacidad financiera de New Stratus Energy, que reportó pérdidas de $4,8 millones en 2024.

6. Intentos previos de concesión del campo Sacha:

Gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron concesionar el campo sin éxito.

-En 2016, Ecuador buscó un anticipo de $1.500 millones de la china Cerg, pero no se concretó.

-En 2020, Petroamazonas suspendió un proceso de licitación que inició en 2019 a través de una auditoría internacional. En este proceso, Arthur D’ Little calificó a 12 posibles concesionarias de este acmpo. Solo cinco cumplieron los requisitos : Baker Hughes de los Estados Unidos; Pluspetrol de Argentina; Tecsip / Techint de Argentina; Cerg / Mie de China; Geopark y Vista Oil de México y Argentina. Sinopec fue descalificada por no contar con los requisitos financieros y operativos mínimos.

Santos Alvite aseguró que la concesión del Campo Sacha debería haberse dado a Baker Hughes en 2025 y no al consorcio liderado por Sinopec.

-En 2023, la Corte Constitucional bloqueó la reforma, aprobada en el Gobierno de Lasso, que permitía la concesión del campo Sacha.

7. Impacto en las refinerías y recursos del Estado:

-Sacha aporta 37.300 barriles diarios a las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Con la concesión, una gran parte del petróleo será destinado al consorcio extranjero.

Esta situación, de acuerdo con Santos Alvite, si se le entrega hasta más del 80% de la producción de Sacha al consorcio Sinopetrol, podría provocar «la locura» de que se tenga que importar petróleo para que funcione la refinería de Esmeraldas.

-El Gobierno justifica la concesión como una forma de obtener ingresos para la emergencia por lluvias y gasto social. (JS) Fuente: La Hora

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Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

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El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».

Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.

Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.

Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas 

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Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

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Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.

Para su ejecución, se establece prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en el país. El proyecto plantea crear un sistema unificado de información para las organizaciones en mención, clasificándolas por riesgo.

“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.

Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.

El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.

Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.

Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.

El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.

El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo

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Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración

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El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

  • Cotopaxi: 1
  • El Oro: 7
  • Tungurahua: 1
  • Los Ríos: 8
  • Bolívar: 2
  • Manabí: 3
  • Guayas: 8
  • Esmeraldas: 3
  • Chimborazo: 4
  • Pastaza: 1
  • Santa Elena: 1
  • Loja: 1
  • Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.

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