Nacionales
Un militar es el punto de encuentro entre el narcotráfico y la corrupción en CNEL, durante la pandemia

El 25 de julio de 2020, Galo Litardo García, capitán de Corbeta de la Armada del Ecuador, fue condecorado por la Alcaldía de Guayaquil, durante la sesión solemne por la Fundación de esa ciudad.
La Comisión Permanente de Calificación para el Otorgamiento de Preseas del Municipio de Guayaquil recomendó el nombre de Litardo, quien era jefe Operaciones del Comando 2 Occidental, por su accionar durante marzo, abril y mayo de 2020 durante la fase más complicada de la pandemia por el Covid-19.
Por esa misma época, según la Fiscalía, Litardo trabajaba de manera clandestina para vender insumos médicos, de manera irregular, a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). En 2023 fue llamado a juicio por peculado en este caso.
Pese a su vinculación con la corrupción en la pandemia, Litardo nunca fue arrestado. Además, continuó en funciones en la Armada. Hasta el 12 de noviembre de 2024, cuando fue detenido en medio del caso Gibraltar, sobre narcotráfico.
La Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a ocho personas y las procesó por delincuencia organizada, con fines de tráfico de drogas hacia Europa. Además de Litardo, fue apresado Julio Miño, excoronel de la Policía, y alias ‘Carlitos’, un narcotraficante con conexiones en España que era un objetivo de alto valor para las autoridades.
Pese a estos antecedentes, el 15 de diciembre de 2024, la jueza Karol Zambrano dictó prisión preventiva contra todos los procesados, a excepción de Litardo, quien se seguirá presentando periódicamente ante la justicia, como lo ha hecho desde 2022.
Tras el destape del caso Gibraltar, la Armada del Ecuador emitió un comunicado ratificando su «posición cero tolerancia a hechos reñidos con la justicia, disciplina, afectación a la imagen institucional». La institución agregó que Litardo deberá someterse a los procesos administrativos disciplinarios.
Peculado en CNEL
El caso empezó el 6 de julio de 2022. Ese día se formuló cargos contra cinco personas por presunto peculado. Entre los investigados apareció el nombre de Galo Litardo.
La indagación se había iniciado por una denuncia de Kevin Leonardo P. J., en calidad de gerente y representante de LifePharma. Este hombre denunció una suplantación de identidad, ya que esta compañía solo había operado hasta finales de 2018.
Esta empresa se dedica a la compra y venta de fármacos. Según el denunciante, debido a que se reportaron pérdidas, en agosto de 2019, el inventario de la empresa fue vendido a una cadena de farmacias.
Sin embargo, la Contraloría le notificó que en abril de 2020, en plena pandemia por el Covid-19, LifePharma había suscrito un contrato de emergencia con la CNEL. La compañía vendió insumos médicos por USD 470.881.
En el contrato, por parte de CNEL, firmó Donald C., uno de los procesados en el caso por peculado y exinterventor de la entidad pública. Mientras que Kevin Leonardo P. J., como gerente General, firmó a nombre LifePharma. Las pericias determinaron que la segunda firma era falsa.
Mientras la Fiscalía investigaba esa suplantación de firma, la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) sobre ese contrato. La entidad de control determinó, entre otras cosas, que las otras dos cotizaciones presentadas en el proceso eran falsas y los productos tenían sobreprecio.
La figura de Litardo García
En Ecuador, la Ley de Contratación Pública, exige que los contratistas entreguen garantías para asegurar que las empresas proveedoras cumplan con las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato. En este caso, LifePharma entregó una fianza a través de una aseguradora.
Según la Fiscalía, esta fianza se suscribió el 10 de abril de 2020. Este valor lo cubrió Galo Litardo García, agente de la Armada Nacional en servicio activo y ahora vinculado al narcotráfico en el caso Gibraltar.
Además, en esa época, María Verónica Ll., otra de las procesadas y exasesora de Donald C., intercambió cerca de 40 llamadas telefónicas con Litardo García. También el uniformado habló habitualmente con Edwin M., quien también es parte del caso y fue el administrador del contrato. Litardo, además, entregó los insumos médicos en las bodegas de CNEL, en Durán.
En 2020, Galo Litardo recibió USD 108.347 a través de transferencias bancarias. Según el Ministerio Público, es el monto más alto que el militar ha recibido en su vida. El principal ordenante de pagos fue LifePharma, pese a que legamente no tenían ninguna relación. Aunque en su versión dijo que era proveedor de mascarillas.
Tras su procesamiento en el caso por peculado, en junio de 2022, la Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de Litardo. Sin embargo, el juez Kléber López negó ese pedido y dispuso que el militar se presentara cada 15 días ante la Judicatura de Manta, en Manabí.
En abril de 2023, la Fiscalía acusó a Litardo y a otras seis personas por peculado. Sin embargo, el magistrado López los sobreseyó a todos, ya que consideró que no había suficientes elementos que supongan el cometimiento de un delito. Fiscalía, Contraloría y CNEL apelaron ese fallo.
Por lo que cuatro meses después, un Tribunal de la Corte del Guayas corrigió parcialmente esa decisión y llamó a juicio por peculado a Litardo y a dos personas más. El juicio ha sido convocado cuatro veces: en diciembre de 2023 y en febrero, junio y agosto de 2024. Sin embargo, la audiencia aún no se ha instalado. Fuente: Primicias
Nacionales
Rafael Correa sobre la propuesta de Noboa: «¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas!»

La propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre una Asamblea Constituyente generó la reacción del exmandatario Rafael Correa, a través de su cuenta de X este 18 de septiembre de 2025.
Si bien Correa no dice que apoya directamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, sí indica lo siguiente:
«¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas! No para una nueva Constitución -tenemos una de las mejores del mundo, aunque siempre se puede actualizar-, sino para mandar a la casa a un Gobierno evidentemente mentiroso». Rafael Correa, expresidente de Ecuador
Según Correa, la Constitución y las leyes no son el problema del país, «sino los tres últimos gobiernos nefastos».
El actual texto de la Carta Magna de Ecuador fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada precisamente por Correa y en su gobierno.
¿Qué dice la bancada legislativa del correísmo?
Antes del pronunciamiento del líder de la Revolución Ciudadana (RC), una parte de bancada correísta en la Asamblea había mostrado su rechazo a la idea de Noboa, aunque algunos legisladores dijeron que ‘no tenían miedo’ de ir a las urnas.
El asambleísta del correísmo, Fernando Molina, señaló en una entrevista radial este jueves que la propuesta de Noboa es “una falta de respeto”, y una estrategia para desviar la atención de otros problemas en el país como la crisis en el sistema sanitario.
La propuesta de Noboa de una Asamblea Constituyente llega después de que la Corte Constitucional (CC) ha rechazado varias reformas propuestas por el mandatario, al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual Carta Magna.
«Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente», dijo Noboa en sus cuentas de redes sociales cuando anunció el planteamiento.
También la posible convocatoria de la Constituyente arriba en un momento en que Noboa decretó el fin del subsidio al diésel, lo cual ha provocó manifestaciones dispersas por tres días en el país.
Por otra parte, la Asamblea Constituyente fue una de las promesas de Noboa durante la campaña electoral para su reelección en 2025.
Incluso, cuando estaba en funciones, el exministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que la actual Constitución de Montecristi no respondía a la realidad del país, y que llamar a una Asamblea Constituyente ‘exprés’ era el camino. Fuente: Primicias
Nacionales
Conaie anuncia paro en Ecuador y estos son los puntos resueltos en la asamblea de Riobamba

Tras poco más de tres horas, la Conaie convocó este 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional, inmediato e indefinido en Ecuador, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel que ha provocado ya protestas aisladas.
El titular de la Conaie, Marlon Vargas, ya había anticipado a su arribo a la sede indígena de la organización en Riobamba que el único punto del día era analizar si irían a «una movilización nacional o no».
La resolución de plegar al paro nacional se tomó en la asamblea extraordinaria de la Conaie, realizada en Riobamba, donde el presidente ecuatoriano Daniel Noboa también tuvo agenda oficial en el mismo día.
Ratificar la unidad de los pueblos para enfrentar los ajustes económicos.
Exigir la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
Denunciar y rechazar persecución del Gobierno nacional y se acogen al derecho a la resistencia.
Revocar licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
Declarar estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente que «no resuelve los problemas del país».
Exhortar a los medios de comunicación a tratar la información con responsabilidad.
Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no se ha resuelto el problema de la inseguridad en Ecuador.
Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.
Instalación del parlamento plurinacional.
Un equipo de PRIMICIAS pudo constatar que los asistentes a la reunión de la Conaie gritaban consignas en favor de la movilización y en contra de la Asamblea Constituyente, propuesta el 17 de septiembre por el mandatario ecuatoriano.
«Viva el paro» y «No a la Constituyente» eran los gritos que se salían desde el interior de la casa indígena en Riobamba.
A la decisión de la Conaie se suman la de organizaciones como la Confeniae y campesinos de Cotacachi que también se declararon en resistencia en sus territorios indígenas.
Incluso, la Confeniae declaró la emergencia en la Amazonía y anticipó que no dejará ingresar a las Fuerzas Armadas.
El último gran paro nacional en Ecuador ocurrió en junio de 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, y cuando Leonidas Iza era presidente de la Conaie. Duró 18 días y las manifestaciones se concentraron en Quito.
En aquel entonces, los grupos indígenas pedían el congelamiento de los precios de los combustibles, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, no ampliar la frontera para la minería, mayor presupuesto a la educación, entre otros puntos. Fuente: Primicias
Nacionales
Allanan sede del Comité de Trabajadores de CNEL en Guayaquil por presunto desvío de fondos

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la noche del miércoles 17 de septiembre la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ubicada en el norte de Guayaquil.
La diligencia se ejecutó tras un acto urgente solicitado por la directiva provisional, en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de un millón de dólares pertenecientes a los aportes de los trabajadores, reportó Ecuavisa.
Previamente, el secretario general del Comité, Daniel Garcés, denunció al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada y mal manejo de los fondos.
Según la acusación, en agosto de 2025 se registraron 205 transferencias que sumaron USD 933 605 y cinco cheques por USD 71 964, lo que representa más de USD 1 millón en movimientos sospechosos.
El Ministerio de Trabajo también señaló a Gómez, quien se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, y denunció un presunto desfalco en la cuenta de ahorro de la organización, la cual pasó de más de USD 800.000 a apenas centavos.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que el exdirigente era el único autorizado para firmar las transacciones.
De su lado, el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Adrián Castro, también pidió al fiscal general, Wilson Toainga, que inicie acciones contra Gómez, quien también fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por las presuntas irregularidades.
Richard Gómez, quien viajó a Estados Unidos por supuestos motivos médicos, aseguró que el 85 % de los recursos se destinó al pago de proveedores por un contrato de 13.000 botas industriales, aunque estas aún no han sido entregadas a los trabajadores. Fuente: Vistazo
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