Nacionales
El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional
Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.
Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.
En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.
En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.
Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.
JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO
El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.
Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.
De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.
LA DEFENSA DE LAS MINERAS
¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.
Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.
Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.
Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.
¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?
La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.
Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.
“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.
Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.
Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.
No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.
¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.
¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?
Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.
Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció un nuevo proceso para fortalecer el abastecimiento de medicamentos en sus hospitales y centros de salud a escala nacional.
La entidad informó la recepción de 3 millones de unidades correspondientes a órdenes de compra pendientes y la activación de una adquisición centralizada que contempla 124 medicamentos esenciales, con una inversión superior a USD 29 millones.
La medida busca garantizar el acceso continuo a tratamientos para asegurados, jubilados y sus familias.
Entrega de más de 3 millones de unidades pendientes
De acuerdo con el boletín oficial, el IESS recibió 3’026.040 unidades de medicamentos que corresponden a 14 órdenes de compra emitidas en 2025, cuyo cumplimiento estaba pendiente.
El monto de estas adquisiciones supera los USD 38 mil.
Las entregas se distribuyeron en hospitales de la red pública a escala nacional, en función de las necesidades de cada establecimiento.
Compra centralizada de 124 medicamentos por USD 29,5 millones
Paralelamente, la institución inició un segundo proceso de compra mediante catálogo electrónico y modalidad de compra centralizada. Este contempla 124 medicamentos que serán entregados en ocho fases hasta finales de marzo de 2026, con una inversión total de USD 29,5 millones.
La primera entrega, prevista para finales de febrero, alcanzará 212’294.307 unidades. Estos medicamentos están destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas como trastornos cardiovasculares, infecciosos, endocrinos, inflamatorios y metabólicos, además de patologías relacionadas con el sistema inmunológico.
Antirretrovirales para pacientes con VIH por seis meses
En el marco de la atención integral a personas con VIH, el IESS gestionó la adquisición de medicamentos antirretrovirales para los diez establecimientos de salud que brindan este servicio especializado. Con esta compra se cubren los esquemas completos de tratamiento por un periodo de seis meses.
La entidad señaló que estas acciones responden a una estrategia para fortalecer la prevención, el control y la atención bajo un enfoque de derechos humanos.
Nacionales
El 95 % de los asesinatos en Ecuador están relacionados a la violencia criminal y esta es la explicación
Solo dos de las cuatro personas asesinadas dentro de un taxi en Machala, fueron identificadas. El crimen ocurrió el viernes 6 de febrero de 2026 cuando sicarios en una camioneta interceptaron el vehículo donde iban las víctimas.
Uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por asociación ilícita y robo, pero el otro no. Según la información preliminar de la Policía, el asesinato múltiple estaría relacionado a la violencia criminal o microtráfico.
Pero aunque no todas las víctimas de esos ataques tenían antecedentes penales, eso no significa que podrían estar relacionadas a organizaciones delictivas. Así lo señaló el ministro del Interior John Reimberg, durante una entrevista en el programa Políticamente Correcto.
Reimberg sostuvo que no es posible establecer que “porque tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes, la persona puede estar o no vinculada a un grupo delictivo”. Agregó que en los ataques armados, hay gente de todas las edades y son un 85 % los que podrían haber tenido algún tipo de relación.
Por ejemplo el caso del joven extranjero reportado como desaparecido, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en una hostería de Sangolquí, en Pichincha. La víctima no tenía antecedentes penales pero uno de los dos detenidos sí, por receptación.
En Guayaquil, dos jóvenes fueron acribillados en el sector de Malvinas sur. Sus cadáveres estaban en la vereda donde fueron interceptados por sujetos en una tricimoto. Según la Función Judicial, las víctimas no tenían antecedentes.
Un caso similar ocurrió en la provincia de Orellana. Dos hombres fueron baleados cuando iban en una motocicleta. Tampoco tenían procesos judiciales.
La Policía -en su Plan Operativo Anual- reconoce que el aumento de los asesinatos está vinculado al fortalecimiento de las estructuras criminales en Ecuador. Los enfrentamientos se han dado por el control de territorios estratégicos, puertos, rutas de movilidad y hasta zonas de producción ilícita.
Esto ha ocasionado que la violencia deje de ser un fenómeno aislado y se convierta en una dinámica. Justamente en ataques múltiples o en hechos como los antes mencionados, se ha detectado que no todas las víctimas tenían antecedentes penales. Aunque eso no significa que no puedan estar vinculados a los grupos delictivos.
¿Por qué? El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos, explicó a Ecuavisa.com que en México tras la caída del Mayo Zambada, las bandas rivales no iban solo contra la persona, sino también tras la familia.
“Se rompieron los códigos. Antes veíamos que las muertes eran muy selectivas. Hoy no solo buscan a la cabeza de la organización o el mando medio, buscan a toda la estructura y muchas de ellas no tienen antecedentes porque fueron reclutadas tempranamente”, Roberto Santamaría.
Santamaría detalló que las investigaciones de las unidades como Dinased determinan posteriormente si las víctimas tenían algún tipo de relación a pesar de no tener antecedentes penales. Agregó que actualmente, en Ecuador, se están evidenciando casos de testaferrismo.
Las mafias reclutan a personas que tienen empresas legales, empresarios, con estudios, sin problemas judiciales para poner bienes a sus nombres o lavar dinero. Un ejemplo de ello, dijo, es el caso de alias Marino, asesinado en enero de 2026 en una zona exclusiva de Samborondón.
También el crimen de Bryan Soria, que murió acribillado en la vía La Puntilla, cuando manejaba un vehículo de alta gama. Ambas víctimas supuestamente estarían vinculadas.
El coronel Santamaría además indicó que con la caída o captura de cabecillas como Fito, Negro Willy, Tulio, Pipo, entre otros, los grupos criminales se han reconfigurado y buscan generar más violencia y reclutar más personas a sus filas, que podrían ser las que mueren en las disputas de territorio.
Los asesinatos en Ecuador disminuyeron en enero de 2026
Ante las cifras de 2025 que catalogaron a ese año como el más violento de Ecuador, en 2026 el Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad. El presidente Daniel Noboa comentó las nuevas acciones para enfrentar al crimen organizado, al igual que sus ministros Reimberg, Gian Carlo Loffredo y José Julio Neira.
Desde enero, la Policía y las Fuerzas Armadas intensificaron más los operativos en territorio. Y pese a casos como las cinco cabezas colgadas halladas en una playa de Puerto López, en Manabí, las cifras de enero evidencian una disminución en comparación al mismo periodo del año pasado.
De acuerdo a los datos a los que accedió Ecuavisa.com, enero terminó con 769 casos. Esto muestra una reducción de 64 casos, pues en enero de 2025 hubo 823 crímenes. (Ver cuadro).
Una de las zonas más conflictivas es la 8 que congrega Guayaquil, Durán y Samborondón. Los tres cantones de Guayas tuvieron también una reducción de asesinatos: 262 versus los 309 que hubo en 2025.
Lo mismo pasó con Manabí. La provincia acumuló 131 muertes violentas en enero del año pasado y en el primer mes de 2026 tuvo 96.
Pero hay otras provincias que se mantienen con cifras altas, como El Oro. En este año se registraron 85 asesinatos y en enero de 2025 se contabilizaron 65. Los Ríos cerró enero con 100 casos y Quito con 24.
El coronel Santamaría manifestó que hay una reducción importante de crímenes que obedece a la estrategia que se está implementando en territorio por parte del Estado. Pero mantener la tendencia a la baja, puntualizó, depende del comportamiento paralelo del mundo del crimen.
Explicó que una captura, la muerte de un cabecilla, podría desencadenar un aumento de asesinatos y violencia. Santamaría enfatizó que un Estado no puede hacer un proceso de pacificación con pandillas o grupos criminales, sino atacar sus economías.
“Las consecuencias (de una pacificación) son a futuro y esto lo podemos ver en en en todos los países cuando se ha intentado hacer tratados de paz con estos grupos directivos. Lo que estamos dando es fuerza, reconocimiento social, sobre todo, a estas estructuras que se dedican al mal y las consecuencias las estamos pagando ahora”, Roberto Santamaría.
Contó que hace 10 años, las autoridades de ese entonces hicieron un proceso de pacificación y ahora “estamos pagando las consecuencias”. Esto porque, si bien en esa época bajaron las muertes violentas, causó una reconfiguración y los grupos adopten nuevas economías criminales.
En una entrevista académica y técnica, Wilman Merino, director de la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), abordó la importancia de comprender el territorio como un elemento fundamental para la planificación, la gestión pública y la reducción de riesgos frente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales.
Durante el diálogo, Merino explicó que el territorio constituye el espacio donde se desarrollan todas las actividades humanas: productivas, sociales, económicas y organizativas. Sin embargo, también es el escenario donde se manifiestan con mayor intensidad los impactos del cambio climático y los riesgos de desastres, como inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales y afectaciones a la infraestructura vial y a los servicios básicos.
“El territorio no solo nos condiciona, sino que también nos impulsa o limita en la toma de decisiones. Pensar la gestión del riesgo y el cambio climático de manera transversal, integrándolos en los ámbitos productivo, social, económico y de asentamientos humanos, es clave para enfrentar los desafíos actuales”, señaló el académico.
Falta de planificación y país multiamenaza
Merino enfatizó que el Ecuador es un país multiamenaza, expuesto a fenómenos como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y deslizamientos. A ello se suma la variabilidad climática cada vez más extrema. Recordó que en el año 2024 el país enfrentó una escasez de lluvias, lo que generó serias afectaciones en la producción de energía, la economía y el sector productivo; mientras que en la actualidad se registran lluvias intensas que han provocado colapsos viales, inundaciones, caída de puentes y cortes en el suministro de agua potable.
“Los riesgos de desastres no deben ser tratados como un tema aislado o exclusivo de una institución. Es una variable transversal que debe incorporarse en la planificación territorial, en las políticas públicas y en los proyectos de desarrollo”, afirmó.
El rol estratégico de la academia
En este contexto, el director destacó el papel de la Universidad Técnica Particular de Loja, que cumple sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. En el ámbito formativo, la UTPL es pionera en el país con la creación de la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático, una oferta académica innovadora, con una duración de cuatro años y modalidad 100 % en línea, orientada a formar profesionales capaces de interpretar, gestionar y anticipar los riesgos asociados al cambio climático y los desastres.
En investigación, la universidad desarrolla estudios sobre reducción de riesgos, monitoreo territorial y cambio climático, incluyendo herramientas como visores de incendios forestales. En cuanto a la vinculación, estudiantes y docentes trabajan directamente en territorio con comunidades, gobiernos autónomos descentralizados cantonales, parroquiales y provinciales, así como con el sector público y privado, fortaleciendo capacidades locales y comités comunitarios de gestión de riesgos.
Articulación del conocimiento técnico y saberes ancestrales
Merino subrayó la importancia de integrar el conocimiento técnico con el saber comunitario y ancestral, especialmente en zonas rurales. Las comunidades, a partir de su experiencia histórica, conocen las épocas lluviosas, las zonas inundables, las formas adecuadas de construcción y las medidas de prevención, conocimientos que, al articularse con la ciencia y la técnica, permiten resultados más efectivos en la reducción del riesgo de desastres.
Cambio climático y evidencia científica
El académico señaló que la evidencia científica demuestra un incremento sostenido de la temperatura global y de la concentración de gases de efecto invernadero, producto principalmente de las actividades humanas. Esto ha alterado los patrones climáticos tradicionales, generando sequías más prolongadas y lluvias más intensas y frecuentes, con impactos directos en la agricultura, la infraestructura, la energía y la seguridad de las poblaciones.
“Debemos prepararnos con planes de mitigación, adaptación y prevención. No basta con reaccionar cuando ocurre el desastre; es indispensable planificar con base en diagnósticos territoriales”, puntualizó.
Problemática vial y necesidad de prevención
Finalmente, Merino se refirió a los problemas recurrentes en la red vial del sur del país, como los registrados en sectores de Loja, Vilcabamba, Yangana, Chaguarpamba y vías de conexión con la Costa y la Amazonía, donde los deslizamientos y aluviones continúan afectando la movilidad y la economía regional. Insistió en que los períodos de menor precipitación deben ser aprovechados para realizar diagnósticos y obras preventivas que reduzcan los impactos durante la época lluviosa.
Al cierre de la entrevista, el director invitó a la ciudadanía a informarse sobre la Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático a través de la página web de la UTPL, destacando que esta carrera representa una respuesta académica y técnica a los desafíos actuales del territorio, el cambio climático y la gestión integral del riesgo.
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