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Crisis energética: ¿Es posible que este año termine sin apagones y que pasará el próximo?

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“Vamos a terminar el año con cero horas de apagones”, es la nueva promesa del Gobierno de Daniel Noboa tras varios meses de cortes continuos de energía eléctrica. Sin embargo, los expertos son menos optimistas y creen que la falta de servicio seguirá en el 2025. ¿Cuál es el panorama del sistema energético del país?

A finales de octubre, el mandatario ecuatoriano anunció en cadena nacional que “ya no debería haber apagones en diciembre”, pero llegó el último mes del año y los cortes continuaron. Eso sí, los cronogramas se han reducido significativamente, al inicio de la nueva etapa de la crisis bordeaban las 14 horas, hoy entre cinco y tres horas.

La apuesta del régimen es terminar el 2024 sin apagones, para ello se han hecho varias gestiones como la compra de energía a Colombia, la contratación de barcazas, la potenciación de centrales térmicas y la reactivación de la hidroeléctrica Toachi Pilatón.

Sin embargo, Jorge Luis Hidalgo, experto energético, considera que será complicado que a finales de diciembre se eliminen completamente los apagones porque este mes aumenta el consumo debido a las festividades y el calor en la región Costa. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhami) ha advertido niveles muy altos de radiación ultravioleta en provincias como Guayas y Los Ríos.

“Estos días ha aumentado la demanda en la Costa por las altas temperaturas, mientras que Coca Codo y Mazar siguen en niveles de estiaje. Si bien las lluvias empiezan a recuperarse de manera paulatina, este mes seguirá siendo de estiaje”, menciona el analista a Vistazo.

Lo que sí cree posible es que se suspendan los cortes de electricidad en días clave de las fiestas como el 24, 25, 31 de diciembre y primero de enero. Para ello, recomienda que haya ahorro de embalses y sigan los racionamientos programados en las semanas previas.

Hidalgo describe al sistema hidroeléctrico del país como un paciente en terapia intensiva, el cual “no puede correr de la noche a la mañana”, sino que debe estabilizarse poco a poco para volver a la normalidad. En este sentido, el experto también cree que en enero seguirán los racionamientos, “quizás con menos horas, pero se mantendrán los cortes”, apunta e incluso podrían extenderse hasta abril del 2025.

La propia Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) había emitido en septiembre un informe en el que se hablaba sobre la posibilidad de falta de servicio hasta marzo o el primer cuatrimestre de 2025.

$!Apagones afectan al comercio en Guayaquil y otras ciudades.

PANORAMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PAÍS

Según el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032, el Sistema Nacional Interconectado (SNI) cuenta con unos 7.473 megavatios instalados en 139 centrales de generación, pero esta capacidad no opera al 100%.

Las hidroeléctricas son las que más aportan con una capacidad de más de 5.100 megavatios en 71 centrales, sin embargo, solo estaban aportando con 1.415 megavatios hasta el mes pasado. Esto principalmente por la intensa sequía, nunca antes vista en los últimos 60 años, según ha dicho el Gobierno.

Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, explica que el sistema Paute-Integral tiene una potencia de 1.757 megavatios divididos principalmente en las siguientes plantas: Mazar (170 mw), Paute-Molino (1.100 mw) y Sopladora (487 mw).

No obstante, aquel sistema ha registrado niveles extremadamente inferiores. Acuña explica que la estrategia del Gobierno ha sido apagar todo el complejo para llenar los embalses y prenderlo cuando se necesite suplir la energía que otras hidroeléctricas no pueden dar.

Que los embalses se llenen tampoco es fácil, depende netamente de las lluvias. “Necesitamos por lo menos 15 días seguidos de intensas lluvias para que alcance un nivel de recuperación adecuado”, apunta el experto.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en cambio, es fluctuante. Al ser una central de pasada, no se puede acumular el agua. Por lo tanto, cuando el caudal del río Coca es alto, hay un gran repunte en la producción eléctrica, pero si ocurre lo contrario se provoca un desplome total. En promedio provee entre 300 y 1.200 mw, de un potencial total estimado en 1.500 mw.

También hay otras centrales como Agoyán y Minas-San Francisco que aportan en menor medida a la electricidad del país.

$!Centrales hidroeléctricas aún no logran recuperar sus caudales normales.

PARQUE TÉRMICO Y OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

Usualmente, cuando no hay lluvias y las hidroeléctricas bajan su capacidad, entran a funcionar las centrales térmicas, que generan electricidad a partir de combustibles. Ecuador tiene una capacidad instalada de 2.100 mw, pero solo contribuye 680 mw, el resto no funciona por falta de mantenimiento.

“Algunas centrales térmicas tienen turbinas dañadas por eso no proveen su capacidad completa. Por ejemplo, Termogas Machala posee 230 mw, pero solo produce unos 90 mw, también porque no tiene el gas necesario. Otra parte de esta central está embodegada, son 200 mw sin instalarse ya hace algunos años”, comenta Marco Acuña.

Por su parte, el Gobierno ha instaldado la nueva central térmica Salitral, ubicada en Guayaquil, la cual brindará 100 mw. Para ello, se contrató a la compañía Progen, que trasladó 23 generadores desde Estados Unidos. Sin embargo, aún faltan algunos equipos por lo que se espera que empiecen a producir energía a finales de diciembre.

Asimismo, se han hecho contrataciones para centrales térmicas en Quevedo y Esmeraldas. La primera dará unos 50 mw y la segunda 91 mw, pero los equipos aún no llegan al país.

Por otro lado, desde septiembre, empezó a operar la barcaza de la empresa turca Karpowership en el sur de Guayaquil. Esta tiene un potencial de 100 mw, pero tiene intermitencias y solo entrega en promedio 85 mw.

El Gobierno también invertirá en dos barcazas más, que darían 220 mw. La primera llegaría la próxima semana y el contrato fue adjudicado a la misma empresa turca antes mencionada, mientras que la segunda aún está en proceso de adjudicación.

Otra acción para paliar la crisis energética es la compra de energía a Colombia, lo cual ha permitido reducir las horas de los cortes de luz. En promedio se adquiere entre 420 y 430 mw, según informó la ministra Inés Manzano. El precio depende del día, pero son alrededor de 18 centavos por megavatio.

$!Central termo gas de Machala y barcaza.

¿TODO ESTO SOLUCIONA LA CRISIS?

Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, menciona que lo contratado por el Gobierno apenas resolvería el 15% del déficit, estimado en 1.800 megavatios, aunque en horas pico puede superar los 2.000 mw.

El experto considera que los primeros meses del próximo año podrían seguir los cortes de luz, pero “todo dependerá de las lluvias”. Agrega que para resolver la crisis hay que recuperar los parques termoeléctricos, hacer campañas masivas de ahorro energético y evitar pérdidas de energía por parte de las empresas distribuidoras.

“Las pérdidas técnicas (imperfecciones en equipos) y no técnicas (contrabando, robo de energía, falta de control en las planillas) en algunos casos bordean el 30% de energía, esto significa más o menos 300 megavatios que podrían ocuparse”, apunta el analista.

De su lado, Jorge Luis Hidalgo, subraya que Ecuador “es un país enormemente bendecido” en recursos hídricos, eólicos, solares, biomasa, geotérmica, gas natural, entre otras fuentes. “La buena noticia es la abundancia de recursos, pero la mala es que no hemos logrado gestionar esos recursos que no ha dado la naturaleza”.

“Necesitamos un plan de desarrollo de seguridad energética nacional que no es nada más que aprovechar nuestros recursos energéticos por sobre los intereses de los importadores. El gran problema es que este país está secuestrado por los importadores de combustibles y electricidad”, apunta.

Por ejemplo, detalla que el año pasado el país importó siete mil millones de dólares y desde hace 12 años más de 68 mil millones de dólares en combustibles, mientras los recursos naturales del país siguen desaprovechándose. Fuente: Vistazo

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Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

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El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».

Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.

Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.

Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas 

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Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

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Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.

Para su ejecución, se establece prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en el país. El proyecto plantea crear un sistema unificado de información para las organizaciones en mención, clasificándolas por riesgo.

“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.

Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.

El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.

Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.

Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.

El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.

El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo

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Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración

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El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

  • Cotopaxi: 1
  • El Oro: 7
  • Tungurahua: 1
  • Los Ríos: 8
  • Bolívar: 2
  • Manabí: 3
  • Guayas: 8
  • Esmeraldas: 3
  • Chimborazo: 4
  • Pastaza: 1
  • Santa Elena: 1
  • Loja: 1
  • Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.

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