Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Jurista Pablo Cordero destaca el uso ético y crítico de la inteligencia artificial en la docencia y el análisis jurídico
En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el jurista, mediador, docente universitario y conferencista Pablo Cordero desarrolló una amplia exposición sobre las herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas al aprendizaje, la docencia y el análisis jurídico, enfatizando que estas tecnologías deben utilizarse con responsabilidad, criterio ético y verificación permanente de la información.
Al iniciar su intervención, Cordero compartió aspectos de su trayectoria profesional, destacando su experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual, la mediación, la función judicial y el servicio público. Recordó su paso por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), los centros de mediación de la Función Judicial y su actual desempeño como servidor público en la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
Durante la conferencia explicó que la inteligencia artificial constituye una herramienta tecnológicamente neutra, cuyo impacto dependerá exclusivamente del propósito con el que sea utilizada. En este sentido, sostuvo que su aplicación debe orientarse a fortalecer la justicia, la educación, la investigación y la solución de problemas, evitando prácticas que puedan afectar derechos, difundir información falsa o generar perjuicios a la sociedad.
El expositor estructuró su análisis en siete conceptos fundamentales: ética, verificación, valor de verdad, análisis crítico, fichas mnemotécnicas, fuentes de información y aplicación práctica.
Respecto a la dimensión ética, señaló que la IA no posee valores propios, sino que estos dependen del uso que realiza el ser humano. Desde una perspectiva deontológica, afirmó que el empleo responsable de estas herramientas debe estar alineado con los principios de justicia, equidad y protección de los derechos fundamentales.
En cuanto a la verificación, Cordero insistió en que toda información generada por inteligencia artificial debe contrastarse con fuentes oficiales, repositorios académicos, publicaciones científicas, jurisprudencia y documentos institucionales, advirtiendo que estos sistemas pueden producir respuestas inexactas o «alucinaciones» cuando carecen de información suficiente o reciben instrucciones imprecisas.
Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue el denominado valor de verdad, concepto desarrollado desde la filosofía clásica de Aristóteles y Platón. Explicó que una respuesta generada mediante inteligencia artificial no debe limitarse a presentar una estructura lógica correcta, sino que debe corresponder con la realidad y estar respaldada por evidencia verificable.
Asimismo, destacó la importancia del análisis crítico, señalando que la inteligencia artificial no reemplaza el razonamiento humano. Indicó que corresponde al investigador, docente o profesional del Derecho evaluar, cuestionar y validar los resultados obtenidos antes de incorporarlos en informes, investigaciones, artículos científicos o decisiones jurídicas.
En materia de investigación académica, el conferencista resaltó el valor de las fichas mnemotécnicas como instrumento tradicional para organizar información y referencias bibliográficas, indicando que actualmente estas metodologías pueden potenciarse mediante herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar la gestión del conocimiento.
Sobre las fuentes de información, explicó que la calidad de las respuestas depende directamente de la calidad de los documentos utilizados, recomendando trabajar con bibliografía especializada, legislación vigente, sentencias, doctrina, publicaciones universitarias y repositorios oficiales.
En la parte final de su intervención abordó la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y educativo. Explicó que herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y NotebookLM permiten procesar grandes volúmenes de información en pocos segundos, facilitando la elaboración de investigaciones, análisis doctrinarios, informes jurídicos, presentaciones académicas y materiales de apoyo para la docencia.
No obstante, enfatizó que estas plataformas deben entenderse como instrumentos de apoyo y no como sustitutos del conocimiento profesional. «El ser humano continúa siendo quien dirige, interpreta y toma las decisiones; la inteligencia artificial simplemente ejecuta las instrucciones que recibe», manifestó.
Finalmente, Cordero sostuvo que el desafío para abogados, docentes, investigadores y estudiantes consiste en desarrollar competencias para utilizar estas tecnologías de manera ética, responsable y técnicamente adecuada, aprovechando sus ventajas sin renunciar al pensamiento crítico, la investigación científica y la verificación permanente de las fuentes.
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Niels Olsen se pronuncia tras la precandidatura de Cynthia Viteri por ADN en la alcaldía de Guayaquil
Un día después del sorpresivo anuncio de que Cynthia Viteri será la carta del movimiento ADN para la alcaldía de Guayaquil, el expresidente de la Asamblea Niels Olsen se refirió este 16 de julio sobre esta designación de cara a las elecciones seccionales de noviembre en Ecuador.
Olsen, que había sido anunciado como precandidato de ADN para la alcaldía guayaquileña, confirma que «el partido tomó una decisión distinta», y aseguró que la respeta.
«He recibido un montón de mensajes de personas que quieren saber qué está pasando», dijo Olsen en su video de casi dos minutos divulgado este jueves.
El correísmo dice que sus candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Esmeraldas serán ‘en consenso’ con Aquiles Alvarez y Vicko Villacís
Según afirmó Olsen, en sus planes políticos no está la intención de «acumular cargos», y por ello, reiteró que «estará donde el lugar que le toque estar, y hoy cumplo mi palabra».
«Amo Guayaquil y eso no cambiará (…) pero en los últimos días el partido tomó una decisión distinta dentro del marco de las precandidaturas, la decisión está tomada, vamos para adelante». Niels Olsen, precandidato de ADN
Por otra parte, Olsen también confirmó en su video que será ahora precandidato para terciar por la alcaldía de Samborondón, e incluso dijo que este cantón forma junto a Guayaquil ‘una sola casa grande».
Cuando falta poco para que los partidos y movimientos sellen sus ‘alianzas’ ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el tablero político cambia para ciudades como Guayaquil o Samborondón.
En las próximas seccionales adelantadas para el 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán a nuevos alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Fuente: Primicias
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¿Por qué la gasolina Súper en Ecuador está más cara que la Premium de Estados Unidos y de Panamá?
El precio referencial de la gasolina Súper Premium (de 95 octanos) bajó desde el domingo 12 de julio de 2026 en Ecuador. Esto, luego de alcanzar el pico récord de hasta USD 5,85 en algunas gasolineras en junio, aunque el precio sugerido era USD 5,70.
Así, hasta el 11 de agosto de 2026, el precio sugerido de la Súper en Ecuador será de USD 5,61 en la red de la comercializadora estatal Petroecuador.
Eso ocurre porque el precio de la gasolina Súper Premium está liberalizado y no tiene subsidio estatal como sí tiene el diésel y las gasolinas de bajo octanaje Extra y Ecopaís.
Pero, pese a la reducción frente al mes pasado, ha surgido un debate sobre por qué en Ecuador la gasolina de mejor calidad tiene un precio superior al que se registra en otros países, como Estados Unidos.
¿Cuánto cuesta en Estados Unidos?
En Estados Unidos, la gasolina Premium tiene precios que varían en cada Estado. Además, el octanaje varía entre 91 y 94 octanos en cada sitio.
Así, por ejemplo, en Oklahoma, la gasolina Premium costaba USD 4,24 por galón el 15 de julio de 2026, el valor más bajo en ese país. En cambio, el precio más alto es el de Hawái, en donde el galón de la gasolina Premium estaba en USD 5,92.
En promedio, el precio de la gasolina Premium en todo Estados Unidos fue de USD 4,74 el 15 de julio de 2026.
¿Cómo está la gasolina Premium en Latinoamérica?
PRIMICIAS consultó con periodistas de la región, especializados en la cobertura económica de sus países, quienes detallaron cómo están los precios de la gasolina premium al 15 de julio de 2026:
El precio promedio de la gasolina Premium en México es de USD 6,17 por galón. Es el más alto de los consultados.
En Chile, la gasolina de mejor calidad tiene 97 octanos y se vende a unos USD 6,06 por galón.
Le sigue la gasolina Premium en República Dominicana, que tiene unos 95 octanos y un precio de USD 5,79 por galón.
Por otro lado, en Argentina la gasolina Premium es de 98 octanos. En la ciudad de Buenos Aires, el valor de la principal petrolera, YPF, equivale a aproximadamente USD 5,68 por galón.
Paraguay, en cambio, tiene una gasolina de 97 octanos, que se vende en alrededor de USD 4,54 por galón.
Al igual que en Ecuador, en el país vecino, Perú, la gasolina de mejor calidad es de 95 octanos. Esta se vende en alrededor de USD 5,29 por galón.
Mientras que en Panamá, una economía dolarizada como la de Ecuador, la gasolina de mejor calidad tiene 95 octanos también, pero el precio se fija de manera oficial y varía por provincia. En promedio, este combustible cuesta USD 4,51 por galón a nivel nacional.
Este promedio contempla desde las zonas con tarifas más baratas como Colón (USD 4,44 por galón) hasta las regiones más alejadas como Changuinola (USD 4,63 por galón).
Y en Bolivia, el precio de la gasolina de más calidad, de 95 octanos, es de USD 3,89, de los más bajos de la región.
¿Por qué el precio difiere con el de Ecuador?
Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, explica que los precios no son comparables con los de Estados Unidos, porque hay otros valores que se deben sumar al galón que se vende en Ecuador, como el flete o transporte, así como el de almacenamiento del combustible.
A este costo también se debe sumar el margen de ganancia que cada gasolinera establece para que su negocio sea rentable, añade Reinoso.
Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe) coincide con Reinoso y añade que aunque el precio de la gasolina Súper está liberalizado en Ecuador, el Gobierno calcula el precio sugerido para cada mes con una fórmula que el gremio no conoce a detalle.
El 12 de cada mes, el Gobierno difunde el precio sugerido para la Súper que se vende en las gasolineras de la estatal Petroecuador. Sin embargo, ese precio referencial es tomado por la mayoría de gasolineras, ya que Petroecuador es la principal abastecedora de este combustible en el país.
De ahí que la mayoría de las gasolineras no se distancian mucho del precio sugerido para Petroecuador, añade Rosero.
Según Rosero, el gremio de gasolineros preveía que el precio de la Súper iba a ser menor a los USD 5,61 sugeridos por el Gobierno para julio. Y es que Camddepe había estado monitoreando los marcadores referenciales para Ecuador.
«Desde el 6 de junio estuvimos monitoreando los marcadores de la Costa Este del Golfo, que son los de referencia para Ecuador y vimos que hubo una reducción de USD 0,22 al menos hasta antes del 12 de julio. Solo el lunes 13 tuvo incremento de USD 0,06», añade.
La demanda de Súper ha caído en Ecuador
Rosero explica que con la subida de los precios registrada desde marzo de 2026, en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, el consumo de gasolina Súper ha estado cayendo.
Entre enero y febrero de 2026, antes de que los precios de la Súper comiencen a subir, Rosero explica que había conductores que dejaron de comprar el combustible de menor octanaje (Extra y Ecopaís) y prefirieron la de 95 octanos, porque la diferencia de precios era muy baja.
«La participación de la gasolina Súper en ese momento llegó a ser de alrededor del 5% en el total de consumo de combustible en el sector automotriz, pero ha comenzado a bajar por el alza registrada por la guerra en Medio Oriente», añade.
Según datos de Petroecuador, en mayo de 2026, el consumo de Súper representó el 3% del total del sector automotriz. Fuente: Primicias
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