En representación de la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, el delegado y responsable de riesgos del Gobierno Provincial, Ing. Raúl Romero León, participó en la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal desarrollada el 13 de mayo, donde abordó con firmeza la crítica situación que enfrentan varios sectores del cantón debido a las afectaciones por la temporada invernal y las actividades mineras no reguladas.

Durante su intervención, Romero León expresó su solidaridad con las familias perjudicadas en diferentes zonas de la provincia, particularmente en el cantón Zamora, e indicó que la Prefectura solicita formalmente que se declare en emergencia el cantón, especialmente las zonas aledañas a las riberas de los ríos Zamora, Yacuambi y otros afluentes afectados por la intervención humana.

“No estamos aquí para señalar culpables, sino para encontrar soluciones efectivas que beneficien a los moradores de los sectores afectados”, subrayó el delegado provincial, quien también recordó que, en una anterior reunión del COE, celebrada en el sector Nambija Bajo, se establecieron compromisos que no se han cumplido.

Romero León hizo un llamado urgente a todas las autoridades competentes a asumir responsabilidades en el control de los recursos naturales, especialmente en torno a la extracción de áridos y pétreos. Enfatizó la necesidad de emitir ordenanzas municipales que regulen el uso de suelos y el aprovechamiento de materiales de los ríos, destacando que estas prácticas están siendo utilizadas como pretexto para actividades mineras que provocan graves daños ambientales y estructurales.

“No estamos en contra de la minería, pero sí de la irresponsabilidad con la que se la ejecuta. Lo que ocurre en las riberas del Zamora es alarmante: hay obras públicas como puentes y muros de contención en riesgo de colapso, lo cual compromete recursos millonarios y pone en peligro vidas humanas”, advirtió.

Durante la sesión, también mencionó las afectaciones directas a sectores como Namirez y Chamico, donde los desbordamientos fluviales han provocado daños significativos. Romero valoró la existencia de un muro de protección en Namirez que impidió una tragedia mayor, pero insistió en la necesidad de ampliar estas obras y contar con informes técnicos actualizados de gestión de riesgos para respaldar una declaratoria de emergencia formal y movilizar recursos provinciales.

Además, el delegado provincial cuestionó la falta de articulación con instituciones como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), señalando que su ausencia en las mesas técnicas se debe a la falta de invitación formal desde las instancias cantonales.

“Debemos pulir los mecanismos de convocatoria. Si las instituciones rectoras no son llamadas a participar, difícilmente podrán actuar. Es momento de superar los protocolos y tomar decisiones claras y contundentes”, enfatizó Romero León.

El funcionario reiteró el pedido a las autoridades municipales para que dispongan un control más estricto de los usuarios de materiales áridos, estableciendo sanciones ejemplares a quienes incumplen las normativas y provocan daños estructurales y ambientales.

Por otra parte, alertó sobre las consecuencias sanitarias que se avecinan tras la temporada de lluvias, como la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, debido a la acumulación de agua en zonas intervenidas sin planificación.

“Actuar con decisión es nuestra responsabilidad como autoridades. No se trata de cálculos políticos, sino de proteger la vida, el territorio y los recursos de nuestra provincia”, concluyó.

La presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Panguintza, Mónica Álvarez, expuso con firmeza la crítica situación que atraviesa su jurisdicción como resultado de las intensas lluvias y, de manera más alarmante, por las actividades mineras desarrolladas sin control técnico ni legal en el territorio.

Durante su exposición, Álvarez expresó su profunda preocupación ante los múltiples impactos ambientales y sociales que se han agudizado en las últimas semanas, subrayando que, si bien las precipitaciones han sido intensas, los daños ocasionados se deben, en mayor medida, a la actividad minera irresponsable que se desarrolla en zonas no permitidas. “Lo que pasó en nuestra parroquia no fue un desastre natural producto exclusivo del invierno. Si fuera solo por lluvias, sectores como Playa Rica en Yantzaza, ya se hubieran inundado. Pero eso no ocurrió. En Panguintza el problema tiene nombre: minería sin control”, afirmó.

Minería en zonas urbanas: una violación a la normativa vigente

La presidenta denunció públicamente que en su parroquia se ha permitido la ejecución de actividades mineras en zonas urbanas, lo cual constituye una infracción directa a la legislación ecuatoriana. “La normativa es clara: no se puede hacer minería en zonas urbanas. Sin embargo, las autoridades competentes han hecho caso omiso”, enfatizó. Añadió que no existen los permisos adecuados para estas actividades y que tampoco se ha sancionado a los propietarios de los terrenos involucrados. “Con una sola multa ejemplar, esta situación se hubiera detenido a tiempo”, lamentó.

Emergencia atendida sin competencias directas

A pesar de no contar con las competencias para gestionar riesgos ni emergencias, el GAD Parroquial ha estado presente desde el primer momento en las zonas afectadas. “Estuvimos desde temprano asistiendo a las familias en el CRAI Belén, donde el río ingresó a las viviendas. Más tarde llegó el alcalde, pero solo para tomarse la foto”, señaló con indignación.

También criticó la pasividad de ciertos actores vinculados con la actividad minera. “Mientras nosotros evacuábamos a personas y rescatábamos animales, los mineros se dedicaban a proteger sus zonas de explotación, sin mostrar la más mínima empatía por la comunidad”.

Pérdidas humanas y materiales: un daño irreparable

Álvarez relató con pesar cómo muchas familias han perdido sus bienes y ahora se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Mencionó específicamente el caso de Rubén Ordóñez, un emprendedor local que perdió toda su maquinaria, adquirida mediante un crédito. “Todo se perdió, y eso no se recupera con promesas”, expresó con contundencia.

La presidenta también cuestionó la ineficacia de las entidades estatales encargadas de regular y controlar estas actividades. Indicó que, a pesar de haber acudido en varias ocasiones a San Miguel de la Hueca junto con ARCOM, el Ministerio del Ambiente y la Gobernación, las promesas de remediación nunca se concretaron. “Dijeron que retirarían un codo que desvie el cauce del río, pero no hicieron nada. Todo se queda en palabras”, sostuvo.

Reacciones institucionales desiguales y ausencia del COE Cantonal

Álvarez manifestó su indignación ante el trato desigual recibido por parte del Gobierno cantonal. A diferencia de lo ocurrido en Yantzaza, donde la alcaldesa encabezó acciones inmediatas, en Panguintza no hubo ni siquiera una invitación a la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. “Nosotros, los directamente afectados, quedamos fuera. Eso es terrible. El alcalde actúa como si Panguintza no existiera”, denunció.

Además, rechazó la versión oficial que atribuye la caída de la planta de tratamiento de aguas residuales únicamente a las lluvias, cuando existen evidencias claras de intervención minera en la zona. “Llevo 51 años viviendo aquí y sé cuándo es un fenómeno natural y cuándo no”, afirmó.

Intromisión política y amenazas a la cooperación

Álvarez también reveló presiones políticas sobre organizaciones no gubernamentales que han trabajado en la zona. Mencionó que, tras agradecer públicamente a la Fundación Humana Pueblo a Pueblo y a Vida y Salud por su colaboración, una funcionaria de una ONG fue obligada a pedirnos que se retiremos una publicación que se realizó desde el GADP de Panguintza, aduciendo que si no lo hace, llamaría a la ONG y pediría el despido y que no le den trabajo, ante ello, y “por solidaridad con ella, accedimos a retirarla. Pero esto demuestra cómo se obstaculiza la cooperación cuando no se alinea con ciertos intereses políticos”, explicó.

Comunidades organizadas y medidas inminentes

Ante la falta de respuestas, la comunidad ha empezado a organizarse para exigir soluciones reales. La noche anterior a la entrevista, (ayer martes 13 de mayo) se firmó una carta compromiso con el intendente de Policía de Zamora y el comandante del distrito Centinela del Cóndor, en la que se acordó realizar una reunión técnica de alto nivel en la cancha cubierta de la parroquia con la participación de la Gobernación, el MIES, ARCOM y el Ministerio del Ambiente. La dirigencia parroquial advirtió que, de no cumplirse este acuerdo, se tomarán otras medidas de presión ciudadana.

Un llamado a la conciencia colectiva y a la responsabilidad institucional

La presidenta Mónica Álvarez finalizó su intervención con un mensaje enfático y reflexivo: “La minería genera trabajo, sí, pero ¿a cambio de qué? Hoy hay comida, pero mañana puede que haya hambre. ¿Y si el puente que costó millones se cae, quién ayuda a recuperar? ¿Quién devuelve las casas, los animales, los emprendimientos arruinados?”. Enfatizó que el GAD Parroquial de Panguintza está comprometido con el bienestar de su gente, aun cuando esto implique recibir críticas de quienes se benefician de la minería ilegal.

“Nos debemos a la comunidad, no a intereses particulares. Hay que velar por el interés de la mayoría, por la vida, por el futuro de nuestras familias”, concluyó.

Zamora, Ecuador – En el marco de las acciones estratégicas para frenar la minería ilegal en el país, el Ejército Ecuatoriano, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ejecutó una operación militar en la confluencia de los ríos Yacuambí y Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

La intervención se realizó como respuesta a la creciente actividad minera ilegal y antitécnica en esta zona, la cual ha generado el desbordamiento de los cauces naturales de ambos ríos, provocando severos impactos en el ecosistema ribereño y en la calidad del entorno natural.

Durante el operativo, se logró la inhabilitación de importantes recursos utilizados en la extracción ilícita de minerales, entre ellos:

7 retroexcavadoras

15 motores extractores de agua

10 clasificadoras de material aurífero tipo Z

4 campamentos temporales con capacidad para 30 personas cada uno

3750 galones de combustible diésel

Esta acción reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de los recursos naturales y la defensa del orden jurídico ante actividades extractivas que operan al margen de la ley.

El Ejército Ecuatoriano subrayó su decisión de mantenerse firme y vigilante frente a estas amenazas, reafirmando su rol en la custodia del medio ambiente y el respeto a la normativa nacional.